23 años después de que el caso por las masacres de El Mozote fuera cerrado debido a la entrada en vigencia de la Ley de Amnistía General, el Juez Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera ha ordenado no solo su reapertura, sino también la persecución penal contra los autores materiales y el Alto Mando del ejército salvadoreño que conducía la guerra en diciembre de 1981, cuando soldados de tres destacamentos y de un batallón especial, dirigidos por el teniente coronel Domingo Monterrosa, asesinaron a unos mil pobladores en ocho caseríos del norte del departamento de Morazán.
'Decrétase la reapertura de este proceso penal registrado con Referencia 238/1990 'Masacre El Mozote y lugares aledaños', como efecto de la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía de 1993', dice la resolución emitida este 30 de septiembre de 2016 por el juez Jorge Guzmán Urquilla, que reabre la investigación penal contra uno de los crímenes más emblemáticos de la guerra civil salvadoreña, considerado como uno de los peores atentados contra civiles perpetrado por un ejército en los tiempos modernos de América Latina.
Dos meses y medio después de que la ley de amnistía fuera abolida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el juez Guzmán Urquilla justificó su fallo haciendo eco de esa sentencia, en la cual se concluyó que aquella ley, que cerró la investigación de El Mozote en el gobierno de Alfredo Cristiani (el primer gobierno del partido de derechas, Arena) es “incompatible con la obligación constitucional e internacional de protección efectiva de los derechos fundamentales, manifestada en la exigencia de investigación, enjuiciamiento, sanción y reparación de las graves y sistemáticas violaciones al DIDH (Derecho Internacional de los Derechos Humanos) y al DIH (Derecho Internacional Humanitario)'.
Según el juez Guzmán Urquilla, la ley de amnistía 'coartó toda posibilidad de principiar, continuar y concluir las investigaciones encaminadas a conocer la verdad sobre los graves hechos violatorios de los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado, y someter a la justicia a los responsables de los mismos”, dijo en su resolución.
La investigación por la masacre de El Mozote fue impulsada por un grupo de campesinos -víctimas, testigos y sobrevivientes- en 1990, pero fue clausurada el 1 de septiembre de 1993 por el juez Federico Portillo (ya fallecido), quien aplicó al caso de las masacres de El Mozote la ley de amnistía aprobada en marzo de ese año. Todos los imputados recibieron sobreseimiento definitivo.
23 años después, el juez Guzmán Urquilla también hace eco de la resolución condenatoria emitida contra el Estado salvadoreño en diciembre de 2012 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para el caso de 'la masacre de El Mozote y caseríos aledaños'. Según el juez, la reapertura del caso se justifica también con esa sentencia “Por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal y a la propiedad privada (...) En perjuicio de las victimas ejecutadas”. La Corte Interamericana había ordenado al Estado salvadoreño reabrir los procesos de investigación de la masacre contra los autores materiales e intelectuales, pero poco se ha hecho a la fecha para cumplirla.
En este nuevo proceso, en el que se mantendrían vigentes todas las pruebas testimoniales y científicas recabadas entre 1990 y 1993, Guzmán Urquilla también pide que se someta a juicio al alto mando de la Fuerza Armada de la época: el general José Guillermo García, exministro de Defensa desde 1979 a 1983, deportado en enero de 2016 por los Estados Unidos, por haber sido encontrado culpable de graves violaciones a los derechos humanos; el general Rafael Flores Lima, exjefe del Estado Mayor Conjunto, coronel Jaime Flores Grijalva, Comandante de la Tercera Brigada de Infantería, coronel Alejandro Cisneros y el general Juan Rafael Bustillo, excomandante de la Fuerza Aérea Salvadoreña.
También son imputados el mayor Natividad de Jesús Cáceres Cabrera, capitán Juan Ernesto Méndez Rodríguez, capitán José Antonio Rodríguez Molina, capitán Walter Oswaldo Salazar y capitán José Alfredo Jiménez. A estos miembros de la Fuerza Armada, el juez les atribuye los delitos de asesinato, violación agravada, privación de libertad agravada, violación de morada, robo, daños agravados e incluso actos de terrorismo. Los delitos imputados a los miembros de la FAES son pertenecientes al Código Penal de 1973.
El comandante del Batallón de Infantería de Reacción Inmediata Atlacatl, un comando especial que dirigió la operación que devino en una masacre, el teniente coronel Domingo Monterrosa, falleció en 1984 en el poblado de Joateca, Morazán, cuando el helicóptero en el que se transportaba cayó a tierra minutos después de haber despegado, al cierre de un operativo militar. Según la versión oficial del ejército, el siniestro fue producido por desperfectos mecánicos, pero el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), uno de los brazos armados más fuertes de la exguerrilla se atribuyó un atentado que provocó la caida de la aeronave. Según la guerrilla, colocaron una bomba en un radio-transmisor decomisado por las tropas de Monterrosa. Desde su muerte, la Fuerza Armada ha homenajeado cada octubre a su comandante caído, e incluso desobedeció una orden del expresidente Mauricio Funes para que el ejército deje de honrar a militares señalados de graves violaciones a los derechos humanos.
El juez también resolvió solicitar al presidente de la República y comandante general de Fuerza Armada, Salvador Sánchez Cerén, una certificación de los libros de operaciones militares del mes de diciembre de 1981 de las siguientes unidades militares: Tercera Brigada de Infantería, Centro de Instrucción de Comandos de la Fuerza Armada, Fuerza Aérea de El Salvador y Brigada de Artillería “Teniente Coronel Oscar Osorio”. Guzmán Urquilla también pidió a Sánchez Cerén que le proporcione la identidad de quien fungiera como comandante de la Brigada de Artillería “Teniente Coronel Oscar Osorio” en el momento en que se cometió la masacre. En reiteradas ocasiones, el actual ministro de la Defensa, David Munguía Payés ha declarado que en los archivos de la Fuerza Armada no se encuentran registros de las operaciones militares en donde se cometieron graves violaciones a los Derechos Humanos.
La reapertura del caso responde a una petición de la organización Tutela Legal “María Julia Hernández” y representantes del Centro por la Justicia y Derecho Internacional (CEJIL), un grupo de abogados que ha acompañado a las víctimas desde que el caso fuera elevado a la Comisión Interamericana, primero, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en diciembre de 2012 falló en contra del Estado salvadoreño por El Mozote.
El 19 de agosto, los abogados pidieron al juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera la reapertura del caso. “Esta petición de reapertura la solicitamos por primera vez cuando la CIDH en el 2012 emitió la sentencia en contra de El Salvador cuando ordena que se deje sin efecto la Ley de Amnistía y que no admite excepción alguna como la prescripción, cosa juzgada o cualquier otra figura que favorezca a los imputados”, declaró Wilfredo Medrano, abogado de Tutela Legal “María Julia Hernández” en agosto de 2016. Medrano recuerda que en el 2012 el mismo juzgado rechazó la reapertura del caso amparándose en la existencia de la Ley de Amnistía y que el caso ya era “cosa juzgada”.
Por estrategia, los abogados no pidieron la reapertura en el juzgado de Meanguera, en donde la Fiscalía General de la República había abierto en 2013 una nueva causa que derivó en la exhumación y restitución de osamentas de victimas asesinadas en el cantón La Joya, jurisdicción de Meanguera, uno de los ocho caseríos atacados por el ejército en el opeartivo de 1981. Según los abogados de las víctimas, la reapertura en un juzgado y no en el otro radica en el hecho de que con la abolición de la amnistía, del juzgado en Gotera, en el que se abrió el caso histórico en 1990, puede recabarse toda la prueba testimonial que brindaron los sobrevivientes, así como las pericias científicas que hizo el Equipo Argentino de Antropología Forense, que recolectó 492 osamentas en el caserío El Mozote, la mitad de ellas pertenecientes a menores de edad.
Sobre la otra causa que había abierto la Fiscalía en el juzgado de Meanguera, y que no estipula una persecución penal, el juez de primera Instancia de Gotera solicitó a su par, Mario Díaz Soto, el envío de los resultados de las exhumaciones de restos óseos que tuvieron lugar en el año 2013. Valentina Ballestas, representante de CEJIL, afirmó que las exhumaciones que la Fiscalía empezó en 2013 solo han sido parte de un proceso de recabación de pruebas, pero que la FGR, en realidad, no ha hecho ningún proceso de investigación en contra de los autores intelectuales y materiales de la masacre.
El proceso judicial de El Mozote fue abierto en 1990 cuando, todavía en plena guerra, un grupo de campesinos, víctimas y sobrevivientes de las masacres, llegaron hasta el juzgado de San Francisco Gotera a exigir justicia para sus víctimas, asesinadas entre el 9 y el 13 de diciembre de 1981. En aquellos años, las víctimas eran respaldadas por la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador.
Pedro Chicas, un campesino originario del cantón La Joya, jurisdicción de Meanguera, y a quien le mataron a sus familiares, lideró la causa, en la que la principal testigo era Rufina Amaya, la única mujer sobreviviente de la masacre en el caserío El Mozote. Fue Rufina Amaya la que con su testimonio dio a conocer la barbarie en enero de 1982, cuando fue entrevistada por periodistas del New York Times y el Washington Post. Rufina Amaya falleció sin ver justicia en 2007. Pedro Chicas falleció sin ver justicia en 2013. El resto de los denunciantes originales -Juan Bautista, un campesino que anduvo huyendo junto a su familia de la mitad de todos los operativos ocurridos en diciembre de 1981; Antonio Pereira, un campesino que atestiguó cómo mataron a su esposa, sus hijos y su madre; Sotero Guevara, un campesino que rescató el cuerpo calcinado de su hija y lo enterró en una fosa común- ahora son unos ancianos que sobreviven en condiciones de pobreza.
Fiscalía ve en Gotera una cosa juzgada
Cuando Tutela Legal “María Julia Hernández” y CEJIL solicitaron la reapertura del caso en agosto pasado, el juez Guzmán Urquilla pidió a la FGR una opinión para analizar la factibilidad de la reapertura del caso. La oficina fiscal de San Francisco Gotera no contestó en ninguna de las dos ocasiones la petición del juez, por lo cual este decidió pedir directamente la opinión del fiscal general, Dougla Meléndez.
Finalmente, el 16 de septiembre, el juzgado recibió la respuesta de Meléndez, en donde sugiere al juez Guzmán Urquilla cumplir con la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía pero en el marco del respeto al principio de seguridad jurídica. En el escrito de la Fiscalía, queda claro que el actual Fiscal ve en el caso histórico de El Mozote una cosa juzgada, fenecida, en la que los acusados incluso recibieron un sobreseimiento definitivo.
“Como garante del principio de legalidad y respetuoso de la mencionada sentencia, esta representación fiscal considera que dicha resolución judicial debe cumplirse con la misma en su correcta dimensión y alcance, valorando sus efectos y salvaguardando la aplicación del principio de seguridad jurídica, en virtud que el proceso de mérito se encuentra fenecido como consecuencia del sobreseimiento definitivo dictado por el juez de la causa el día uno de septiembre de mil novecientos noventa y tres”, dice el documento enviado al juzgado por el Fiscal General.
Al momento en el que caso fue judicializado (en 1990) estaba vigente el Código Penal de 1973, en donde el juez tenía la potestad de realizar la investigación penal. El Código Penal vigente en la actualidad estipula que la investigación penal es monopolio de la Fiscalìa General de República. En la resolución de este 30 de septiembre, el juez Guzmán Urquilla no ordena nada para la Fiscalía, ni la llama a mostrarse parte en el caso, aunque el abogado Wilfredo Medrano cree que la investigación deberá desarrollarse en conjunto entre ambas instancias. “La FGR debe tomar parte”, dijo Medrano a El Faro.
Salvador Martínez, jefe de prensa del ministerio público, ante la pregunta sobre si la FGR iniciará o no la reapertura de la investigación sobre el caso en el juzgado de Gotera, respondió que la prioridad de la Fiscalía está en continuar con el proceso que se abrió en el 2013 en el juzgado de paz de Meanguera. Este juzgado ordenó realizar exhumaciones a petición de la Fiscalía. A estas exhumaciones el juez de paz de Meanguera, Mario Soto, les llama “diligencias de investigación”. Soto explica que el resultado de las exhumaciones puede ser importante para configurar un delito y que en un futuro la FGR pueda comenzar formalmente una investigación penal y presentar un requerimiento fiscal ante ese juzgado. 'Las exhumaciones continuarán en alrededor de un mes y medio', dijo Martínez.
Mario Soto también fue el juez que calificó en abril de 2015 la masacre de El Mozote como un delito de “lesa humanidad” luego de que la Fiscalía de Luis Martínez lo declara como un “homicidio colectivo”, tipificación que no existe en la legislación salvadoreña.
