Tegucigalpa, HONDURAS. Analistas y empresarios alertan que la intención de Hernández de aspirar a la reelección podría desatar movilizaciones sociales como las de los “indignados” que el año pasado tomaron las calles contra las denuncias de corrupción en el gobierno, tanto el actual como anteriores.
“Con la voluntad del pueblo hondureño y con el apoyo de mi partido voy a ser el próximo presidente de Honduras”, proclamó Hernández, del derechista Partido Nacional (PN), el domingo ante unos 10.000 simpatizantes.
El PN invoca que la Sala de lo Constitucional declaró “inaplicable” el artículo 239 de la Constitución vigente desde 1982, que prohíbe la reelección, ante un recurso presentado el 9 de diciembre de 2014 por 16 diputados de ese partido.
Difícil gobernabilidad
“Aunque sea reelegido, no va a poder gobernar tranquilamente”, advirtió a la agencia AFP el connotado dirigente empresarial Adolfo Facussé. “Empezarán a estallar las marchas, como las de los 'Indignados' del año pasado, y van a venir los militares a golpear a la gente, a lanzarles gases”, alertó.
Decenas de miles de personas marcharon durante más de tres meses el año pasado exigiendo ‘Fuera JOH’ (las iniciales del presidente), luego de que admitiera que unos 84,000 dólares de un desvío de más de 330 millones de dólares del Seguro Social fueron a la campaña que lo llevó al poder, aunque alega que ello ocurrió sin su conocimiento.
Facussé indicó que el tribunal de justicia olvidó el artículo 4 de la constitución, según el cual “la alternabilidad en el poder es obligatoria”, así como el 272, que delega a las Fuerzas Armadas la defensa de esa alternabilidad.
Los aspirantes tienen que presentar planillas el próximo viernes al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para las elecciones primarias del 12 de marzo próximo, con vistas a los comicios generales de noviembre de 2017.
La última encuesta, de Cid-Gallup, publicada por el diario La Tribuna en mayo, ubicaba a Hernández como el político más popular con 64 %, seguido del líder del Partido Anticorrupción (PAC), el presentador de televisión Salvador Nasrala.
Fernando Anduray, dirigente del PN y allegado al gobernante, dijo a la AFP que la Sala constitucional reconoció que el artículo 239 viola la Convención Americana de Derechos Humanos, por lo que el PN pide al Congreso que convoque a un plebiscito para reglamentar la reelección.
Manuel Zelaya fue derrocado en 2009 por un golpe militar tras llamar a una consulta popular para convocar una constituyente que permitiera la reelección presidencial.
Anduray alegó que ese caso fue distinto al del actual presidente, por cuanto Zelaya “pretendía establecer el socialismo del Siglo XXI del presidente de Venezuela, Hugo Chávez”, lo que justificó su derrocamiento.
El general retirado Romeo Vásquez, quien encabezó el golpe contra Zelaya, declaró a Radio Cadena Voces que “hay que levantar al pueblo” contra los planes del presidente Hernández, y “si no lo hacemos, vamos a ser cómplices de una dictadura”.
“Traición a la patria”
Rasel Tomé, un abogado militante del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), interpuso el lunes una denuncia ante la Fiscalía pidiendo “juicio político” contra el presidente y su “suspensión en el ejercicio del cargo” por “los delitos de traición a la patria y violación del artículo constitucional de prohibición de la reelección”.
El Departamento de Estado de Estados Unidos cuestionó los planes de Hernández. “Las reglas del proceso democrático, como los límites de lo mandatos, no deben modificarse para el beneficio inmediato de quien está en el poder”, dijo su portavoz adjunto Mark Toner.
Sin embargo, la embajada de Washington en Tegucigalpa aseguró en un comunicado que las declaraciones del portavoz sobre el proceso electoral en Honduras “han sido malinterpretadas” y que “el gobierno de Estados Unidos no se opone a que Hernández u otros se presenten a la reelección”.
Facussé explicó que desde la independencia, muchos presidentes hondureños han querido perpetuarse en el poder, provocando “guerras fratricidas, golpes de Estado y derrames de sangre”. Los constituyentes de 1982 dejaron artículos “pétreos” contra la reelección para evitar esos conflictos, dijo el empresario.
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