A principios de 2009, poco antes de las elecciones presidenciales, el candidato Mauricio Funes estrenaba un nuevo spot de campaña en el que advertía el temor de “muchos corruptos” a un triunfo de la izquierda. “Entre mayor sea el robo, mayor será el castigo”, decía.
En aquellos días, Arena y el gobierno nacional eran presididos por Elías Antonio Saca, un hombre a cuya administración el FMLN directamente acusaba de corrupción. Los exguerrilleros denunciaron malversación en los contratos por el Boulevard Diego de Holguín; cuestionaron las intromisiones del primo del presidente, un oscuro empresario llamado Herbert Saca; demandaron auscultar las cuentas areneras; deploraron el irregular aumento patrimonial del propio presidente Saca. Cuestionaron incluso que Saca y Arena se valieran de un presentador televisivo llamado Jorge Hernández para lanzar una campaña sucia contra la izquierda y limpiar la cara a “la derecha corrupta”.
Siete años y medio después, Saca y su círculo más cercano han sido detenidos; acusados de desviar más de $246 millones de dólares de las arcas del Estado. Funes está asilado en Nicaragua, mientras es investigado por lavado de dinero; él y su familia compraban y vendían vehículos a Herbert Saca en irregulares transacciones; y Jorge Hernández, a través de una empresa que no tiene oficinas ni ingresos, aparece en las investigaciones como empleador de Funes y origen de algunos ingresos del exmandatario. Herbert Saca acabó haciendo negocios con Miguel Menéndez, “Mecafé”, el padrino lúdico de Funes y hombre de negocios favorecido por su administración.
Antonio Saca, quien multiplicó las ganancias de sus empresas durante su administración, el presidente al que la izquierda tildó de corrupto y amenazó con llevar a los tribunales, se encuentra detenido. Si la justicia lo declara culpable, confirmará las acusaciones que apenas hace siete años hacían Funes y el FMLN contra él y sus funcionarios.
Si los libros intentan resumir este capítulo de la historia en pocos párrafos, se volverán incomprensibles. Porque el FMLN, que lleva siete años en el poder, no celebró las detenciones, sino que acusó a la fiscalía de emprender una persecución política contra “los enemigos de Arena”.
El Frente ha aprendido a jugar a la política. Su último maestro fue Elías Antonio Saca, con quien pactó tras el cambio de gobierno. Los indicios apuntan a que juntos se encargaron de armar, nutrir y mantener a Gana, a cambio de lo que ahora los exrevolucionarios llaman “gobernabilidad”. Exactamente igual que los gobiernos de Arena hicieron con el PCN y el PDC, incluyendo el control de la Corte de Cuentas.
La polarización, que a pesar del fin de la guerra sigue colocando a Arena y al Fmln como enemigos acérrimos, ha enajenado a las bases, en ambos partidos, y desencantado al resto de la población al grado que hoy, en este país pobre, quebrado y deprimido, la fiscalía acusa a un expresidente de haberse apropiado de $246 millones de dólares y la ciudadanía no sale a la calle indignada. Son malos días para hacer revoluciones.
Es cierto: La fiscalía ha sido muy torpe en este periodo. El fiscal tiene propensión a emitir opiniones y hablar de más en momentos muy delicados, y se olvida de qué institución ha heredado: oscura, permanece siempre bajo sospecha de manipular la justicia contra quien le estorbe a su patrón político. Sospechosa de corrupción, mientras el actual fiscal no demuestre lo contrario, seguirá siendo sospechoso de manipulación de la institución. Es lo que nos ha enseñado la historia. Como está también bajo sospecha, por las mismas razones y por muchas otras, la embajada estadounidense, que es el mayor sostén del fiscal. (Por más que la embajadora actual se esfuerce hasta el populismo en expresar lo contrario, suficiente camino hemos recorrido como para saber que Estados Unidos no tiene amigos. Tiene intereses. Y no siempre coinciden con los intereses nacionales).
A diferencia de Guatemala, aquí la ciudadanía que no es parte del voto duro de las dos extremas vive asfixiada por el sistema político que no le deja ningún espacio ni pilares en los que apoyarse para ilusionar una protesta. O vive simplemente intentando sobrevivir a la violencia, al desempleo y a la falta de servicios. Ambas extremas controlan tan bien sus feudos que parece inútil exigir nada fuera de ellos.
Las redes sociales, en cambio, hierven estos días con señalamientos de uno y otro bando; repetidos con la ceguera de marabuntas de fanáticos políticos para los cuales la derrota del enemigo es más importante que el comportamiento de sus propios liderazgos. Como si siguieran en guerra. Por increíble que parezca, son muchos los que se manifiestan ofendidos por la detención de Saca y, aunque no cuestionan el desvío de $246 millones de dólares, insisten en que hay persecución política, porque eso les dicen sus líderes políticos que son también quienes hoy nos gobiernan.
Tanto Arena como el FMLN se valen de la polarización para proclamar, con cada acusación en su contra, que son víctimas de persecución política, no importa cuántas pruebas estén sobre la mesa. Ni siquiera se molestan en negar las acusaciones.
Arena, en 2009, aseguró que tenía pruebas de corrupción contra Saca. Para justificar su expulsión, el también expresidente Alfredo Cristiani dijo que Arena tenía en su caja fuerte pruebas de corrupción contra Saca y su entorno, pero nunca las dio a conocer. Sirvieron, simplemente, para lanzar una advertencia. Él también debería ser investigado; porque si tenía las pruebas y las mantuvo en la caja fuerte es cómplice por encubrimiento.
Es paradójico que las investigaciones contra Saca, Funes y varios de sus funcionarios provengan de la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, cuya atribución de pedir informes a los bancos fue bloqueada a solicitud de María Eugenia Brizuela, excanciller del gobierno de Francisco Flores. Probidad fue revitalizada recientemente y sus investigaciones están dando resultados y poniendo en evidencia la complicidad de las Cortes de Cuentas, compuestas todas a conveniencia del partido que administra el gobierno y sus cómplices (No dije socios, sino cómplices). Antes Arena, hoy el Fmln.
Cuando en este periódico denunciamos irregularidades durante la administración Saca, su ministro de Gobernación, René Figueroa, nos acusó de ser simpatizantes del Fmln, porque los diputados de la exguerrilla se hacían eco de esas notas en las plenarias legislativas para llamar corruptos a sus colegas areneros. Hoy, cuando las acciones emprendidas por la fiscalía confirman las costumbres de aquella administración, el Frente habla de persecución política. Y no hay ningún comunicado de indignación ante la presunta sustracción de casi 250 millones de dólares del erario nacional.
Nada de lo que se hizo durante la administración Saca puede modificarse. Lo que cambió fue el Fmln. Se ha convertido justo en aquello que combatía. Que era, hace apenas siete años, la Arena en manos del presidente Elías Antonio Saca.
*Carlos Dada es periodista y fundador de El Faro
