La Policía detuvo en la madrugada de este domingo al presidente del último gobierno de Arena, Elías Antonio Saca González (2004-2009), a quien la Fiscalía General de la República acusa de lavado de dinero, malversación de fondos públicos -peculado- y agrupaciones ilícitas. Por los mismos delitos ha sido detenido también uno de los hombres más influyentes de la administración Saca, el exsecretario privado de la presidencia Elmer Roberto Charlaix Urquilla, por cuyas cuentas bancarias pasaron, según documentos en poder de las autoridades, más de 18 millones dólares de dinero público cuyo destino aún se desconoce.
En el mismo operativo en que fue detenido Antonio Saca, ocurrido en la fiesta de la boda del hijo mayor del expresidente, un grupo de policías encapuchados de la División de Crimen Organizado detuvo también al exdiputado y exsecretario de comunicaciones de la presidencia Julio Humberto Rank Romero y al expresidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados y exsecretario de juventud César Daniel Funes Durán. Ambos exfuncionarios, que fueron también dirigentes de Arena durante la administración Saca, serán procesados por los delitos de lavado de dinero y agrupaciones ilícitas.
Las acusaciones contra todos ellos giran alrededor de la gestión y destino de los fondos que pasaron por las manos del exsecretario privado de Saca. La Policía detuvo también a Francisco Rodríguez Arteaga, jefe de la Unidad Financiera de la Presidencia desde 1994; Jorge Alberto Herrera, tesorero de la presidencia desde hace 20 años y Pablo Gómez, contador del secretario privado de la presidencia desde la gestión Saca hasta hoy. El primero enfrentará los mismo tres delitos que el expresidente y los dos últimos serán procesados por peculado y agrupaciones ilícitas.
Las detenciones incluyen por tanto, hasta el momento, a cuatro exfuncionarios clave de la administración Saca y a tres técnicos financieros con cargos actuales en Casa Presidencial y acceso hasta el viernes pasado a las cuentas bancarias de la presidencia de la República. Estos últimos trabajaron en Casa Presidencial durante gobiernos de Arena y han permanecido en sus puestos durante los gobiernos del FMLN, en el poder desde 2009.
Esta es la primera persecución penal iniciada por la Fiscalía después de que la sección de Probidad de la Corte Suprema ordenara en los últimos meses ocho juicios civiles -contra seis exfuncionarios de distintas instituciones y dos jueces- por sospecha de enriquecimiento ilícito. Es también el primer caso en que dos fiscales expertos en delitos financieros participaron en las pesquisas desde los primeros señalamientos hechos por Probidad, que pasó su informe a la Corte Plena de la Corte Suprema el 12 de octubre pasado. Al día siguiente, el 13, la Corte envió a juicio civil a Charlaix por no justificar el uso de más de 18 millones de dólares de dinero público.
De ese dinero, 15.8 millones terminaron en las cuentas personales del exsecretario privado tras ser retirados de una cuenta de la Presidencia de la República mediante cheques emitidos en favor del entonces presidente Antonio Saca entre el 4 junio de 2004 y diciembre de 2006. Charlaix ha alegado en las últimas semanas que la disposición de esos fondos, y de otros tres millones de dólares bajo investigación, corresponde a gastos de la conocida como 'partida secreta', un fondo no identificado claramente en el Presupuesto General de la República pero de cuya existencia se ha hablado por años en la política nacional. El exsecretario Privado de Antonio Saca se amparó en esa partida secreta cuando Probidad le exigió que justificara el destino de esos fondos, y afirmó que está aún hoy obligado a resguardar la información relacionada con dicha partida.
Fuentes de la Dirección de Migración y de la Policía aseguraron a El Faro que las pesquisas ordenadas por la Fiscalía incluyen a más personas del entorno cercano del exmandatario, aunque todavía no se ha emitido orden de captura contra ellas.
El operativo nocturno
Julio Rank, exsecretario de comunicaciones de la administración Saca, fue el primero en ser capturado, a la 1:40 de la mañana de este domingo 30 de octubre. Rank asistía a la boda de Gerardo Saca, hijo del expresidente, en la Hacienda de los Miranda, un local para eventos en el municipio de Antiguo Cuscatlán. Según fuentes policiales, Rank salió a la terraza del local a hablar con oficiales* que le leyeron la orden de detención en su contra y lo detuvieron. La Policía tenía el lugar rodeado desde las ocho de la noche, según una fuente policial que participó en el operativo. “Se les notificó con gente de civil que había una orden administrativa y que no era conveniente el escándalo, que necesitábamos colaboración de ellos”, relata. Esta versión fue confirmada por dos asistentes a la boda, que hablaron a El Faro bajo garantía de anonimato.
Personal de la División Élite contra el Crimen Organizado detuvo a Saca y a César Funes cerca de las dos de la mañana y los condujo a la sede de la División Antinarcóticos de la Policía (DAN), al norte de San Salvador. Salieron de la celebración por los pasillos traseros del local y no fueron esposados, según la fuente que participó de la detención.
Élmer Charlaix, que según un testigo había asistido a la ceremonia religiosa pero no al banquete de la boda, se presentó voluntariamente en las instalaciones de la DAN a las 9:15 de la mañana del domingo. Llegó a pie, solo, vestido con una camiseta polo azul y con una botella de agua en la mano. Se escabulló entre los periodistas que esperaban afuera de la DAN, tocó el portón y preguntó a un agente: “¿puedo entrar para platicar?”. Cuando el agente le respondió que no, Charlaix replicó: “Es que yo soy Élmer Charlaix, hay una orden de captura en contra mía y vengo a entregarme”.
Cuando enraba a la DAN, El Faro le pidió que confirmara si los cheques millonarios que él firmó a nombre de Saca eran de la partida secreta. “Vengo ahorita a ver aquí”, dijo, y luego agregó: “Vengo a hacer frente a las acusaciones que me están haciendo y a ponerme en manos de la Justicia”.
Pablo Gómez fue capturado en la residencial Los Cipreses, de Santa Tecla. Francisco Rodríguez Arteaga fue capturado en San Marcos. Jorge Alberto Herrera fue detenido en San Salvador, cerca de la exembajada americana. Las tres detenciones sucedieron entre dos y tres de la mañana, de acuerdo con la Policía. La Fiscalía negó inicialmente las capturas pero las comunicó oficialmente una vez Charlaix se entregó.
A partir de estas siete capturas, la Fiscalía tiene 72 horas para presentar a los acusados ante un juez de paz -es decir, que debe presentarlos a más tardar el martes en horas hábiles- y este juez deberá celebrar una audiencia inicial en la que determinará si encuentra razones para enviar el caso a instrucción. Esta segunda etapa, prevista para la recolección de pruebas, puede durar de tres meses a un año. De pasar a instrucción el caso, el juez de paz determinará también si ordena detención provisional, arresto domiciliar o medidas sustitutivas contracada uno de los detenidos.
Saca es empresario radiofónico y fue el cuarto presidente de la República consecutivo que logró el partido de derecha Arena. En 2003, el año previo a que asumiera la presidencia, sus empresas reportaron 202,000 dólares de ganancias. En los seis años previos al inicio de su gobierno, entre 1998 y 2003, sus ganancias anuales promedio fueron de 197,000 dólares. Esto cambió cuando asumió la presidencia y dejó en manos de sus parientes las riendas de sus compañías: en 2005 sus empresas obtuvieron más de un millón de dólares en utilidades, y en 2007 superaron los 3 millones. Cuando finalizó su mandato en 2009, las ganancias acumuladas por sus empresas en 6 años fueron de 10.5 millones, 10 veces el millón de dólares acumulado en utilidades en los 6 años anteriores. Vive actualmente en una mansión que construyó en la ladera del volcán de San Salvador tras dejar su cargo.
*Fe de errata: En la versión original de este artículo se consignó que agentes fiscales habían participado del operativo de captura realizado el domingo 30 de octubre en la Hacienda de los Miranda. Lo cierto es que el operativo de capturas fue realizado por agentes de la Policía Nacional Civil. La Fiscalía General de la República asegura a El Faro, a través de su oficina de prensa, que ningún agente fiscal participó en las capturas.
