Óscar Ortiz inicia la conferencia impetuoso, rotundo: “Tenemos importantes buenas noticias: la ruta que llevamos es la correcta”. Es lunes 7 de noviembre y Ortiz, vicepresidente de la República y coordinador del gabinete de seguridad, preside la concurrida mesa en la que se hablará sobre el rumbo de la seguridad pública en El Salvador. “Vamos a profundizar estos logros”, dice. “Con las medidas extraordinarias asestamos golpes profundos a las estructuras criminales”, dice.
En los próximos 45 minutos hablarán el vicepresidente Ortiz, enfático y triunfalista; y el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, más sobrio y comedido, fieles ambos a sus estilos personales. Son dos tonos diferentes, pero los dos unidos por la misma idea: El Salvador, en materia de seguridad pública, va bien.
Para respaldar esa idea, uno y otro se apoyan en las cifras oficiales de los delitos que más afectan a los salvadoreños: homicidios, extorsiones, violaciones, robos, hurtos…
Es cierto que entre el 1 de enero y el 31 de octubre los homicidios han bajado un 18 % respecto al mismo período del año pasado. También es cierto que los hurtos –siempre según las cifras de la Policía Nacional Civil (PNC)– han disminuido un 3 %; y los robos, un 8 %; las violaciones, un 1 %. Y que las extorsiones –solo las denunciadas, obvio– han caído un 9 %. Y así en nueve de los once delitos relevantes o “los conocidos como de eficacia”, apunta Ramírez Landaverde. Los hurtos de vehículos y los homicidios culposos en accidentes de tránsito han aumentado.
La estrategia del gobierno es simple y efectiva: compararse con 2015, el año más violento del siglo en El Salvador, con una tasa de homicidios de 103 homicidios por cada 100,000 habitantes, tasa que no incluye a los cientos de salvadoreños desaparecidos.
Los números de 2016 están siendo alarmantes, pero los de 2015 fueron aún peor. En los diez primeros meses de 2016, la PNC contabiliza 4,585 asesinatos. El año, a menos que ocurran vaivenes mayúsculos en noviembre y diciembre, terminará con unos 5,300 homicidios, por lo que la tasa por cada 100,000 habitantes se fijará entre 80 u 82, la segunda más elevada en los 17 años transcurridos desde que inició el siglo XXI.
Honduras, considerado hasta 2014 el país más violento del mundo sin guerra abierta, espera concluir el año 2016 en torno a 58 homicidios por cada 100,000 habitantes. La cifra de Guatemala, el tercer integrante del llamado Triángulo Norte, se situará alrededor de 30. Salvo que Venezuela dé la sorpresa, El Salvador retendrá en 2016 el deshonroso título de país más violento del mundo. Por segundo año consecutivo.
“Ya hemos logrado un importante control del sistema penitenciario, que nos ha permitido que no se sigan multiplicando desde ahí las extorsiones y que no sigan saliendo órdenes para incrementar la violencia”, dice enérgico el vicepresidente Ortiz.
Si se pasa la lupa a los número gruesos, el descenso en los homicidios desde abril, que el gobierno atribuye inequívocamente a las medidas extraordinarias, ha sido más acusado en los departamentos de La Paz, Cuscatlán, San Salvador y Usulután, en efecto los más militarizados, mientras que la situación se ha complicado en Morazán, San Miguel y Ahuachapán, lo que permite suponer un trasvase de pandilleros dentro del territorio nacional.
Entre las 14 cabeceras departamentales, San Salvador es de largo la más afectada por la epidemia de violencia.
¿A qué llaman medidas extraordinarias?
El vicepresidente Ortiz y Ramírez Landaverde enfatizan la implementación de las medidas extraordinarias como punto de inflexión. A finales de marzo de 2016 se decretó el estado de emergencia en las siete cárceles con presencia mayoritaria de pandilleros. Antes, a inicios de febrero, se habían presentado las Fuerzas de Intervención de Recuperación del Territorio (FIRT), integradas por policías y soldados altamente cualificados, con vocación de arrebatar el control territorial a las maras. A mediados de abril, se presentó la Fuerza Especializada de Reacción (FES), para el combate frontal y armado en las zonas rurales. En mayo arrancó el programa de los 100 pandilleros más buscados. Y en junio se desplegó la Fuerza de Tarea Centro Histórico.
Todas estas iniciativas forman parte de las medidas extraordinarias, además de una serie de reformas legales, un relajamiento en los controles que impiden violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, y una mayor coordinación con la Fiscalía.
“Tenemos un incremento del 39 % en las detenciones con orden administrativa, y un 8 % en las detenciones con orden judicial, que son indicadores de mayor eficacia en materia investigativa, porque son detenciones de mayor calidad”, dice Ramírez Landaverde.
Las medidas extraordinarias son de este año, pero es en enero de 2015 cuando la Administración Sánchez Cerén optó por la represión como estrategia única para afrontar el fenómeno de las maras. Más de 11,200 salvadoreños han sido asesinados desde entonces.
Pero en esta conferencia no cabe el pesimismo. “Debido al alto nivel de actuación de nuestra Policía Nacional Civil y de nuestras fuerzas armadas, también hemos retirado (sic) a un importante número de cabecillas con una alta experiencia de años, muchos de ellos muertos en enfrentamientos con nuestros policías y soldados”, dice el vicepresidente Ortiz.
En octubre hubo 406 asesinatos, un 18 % más que los 344 de septiembre, pero no hay dato que parezca inquietar al gabinete de seguridad. Las gráficas que se proyectan han sido manipuladas para que descensos menores luzcan como grandes barrancos, y la propia configuración de la mesa es un mensaje: un vicepresidente, dos ministros, dos viceministros, el subdirector de la PNC y el director de Centros Penales, aunque solo intervienen dos.
Tampoco luce involuntario que, en tres cuartos de hora y a pesar de que solo se habla de seguridad pública, no se pronuncian ni una sola vez las palabras ‘pandilla’ o ‘mara’; mucho menos los nombres de los grupos delincuenciales ‘Mara Salvatrucha-13’ o ‘Barrio 18’.
Ofensiva contra las fuerzas de seguridad
La conferencia tiene lugar en medio de lo que parece ser una fuerte ofensiva de las pandillas contra el Estado y la sociedad salvadoreñas, con sus policías y militares como objetivos prioritarios.
“Nosotros desde el principio sabíamos que enfrentar de manera frontal a las estructuras criminales iba a tener en algunos momentos una reacción, pero estamos en el camino correcto, vamos por el camino correcto, estamos obteniendo resultados”, dice el vicepresidente Ortiz.
A esta hora, suman 37 los policías y 18 los militares asesinados en 2016, todos ellos “héroes y heroínas, porque son los que están en la primera trinchera”, dice. Incluso se anima como portavoz del estado de ánimo de un colectivo que engloba a miles de personas: “La Policía está con una moral alta”.
El Faro pregunta si las negociaciones que en 2014 el FMLN mantuvo con las tres pandillas –los compromisos adquiridos por el partido y no cumplidos– podrían haber influido en la violencia se desbocara a partir desde enero de 2015.
“Si hay algo que se definió o se estableció en el período anterior –evade el tema el vicepresidente Ortiz–, y que es un campo en el cual está actuando la Fiscalía, pues ya sabremos en su momento el desenlace; nosotros no nos vamos a distraer, y vamos a seguir en la ruta que hemos asignado”. Aunque no aplica lo del “período anterior”. En los videos que se han filtrado los líderes pandilleros se reúnen con Arístides Valencia, actual ministro de Gobernación; y Benito Lara, ministro de Seguridad hasta enero de 2016 y actual asesor presidencial.
En lo que podría señalarse como la única fisura en el tono triunfalista del vicepresidente Ortiz, vaticina entre líneas que aún se derramará mucha sangre en El Salvador, también entre las fuerzas de seguridad: “Esta cruzada por la paz la tenemos que ganar; no va a ser fácil, nos va a tomar un tiempo, y siempre habrá que pagar una alta cuota de sacrificios, como ya la estamos pagando, pero lo que no podemos permitir es que esta amenaza se consolide en los próximos años, y que se presente como uno de los factores más desestabilizadores de nuestra democracia”.
En las 24 horas posteriores al fin de esta conferencia de prensa, dos policías y un soldado se habrán sumado al listado de funcionarios de nivel básico asesinados desde que el gobierno optó por declarar la ‘guerra’ a las pandillas.
