El exfiscal Luis Martínez reveló a la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia que durante todo su periodo recibió un sobresueldo mensual “de entre 10 mil y 20 mil dólares” que provenían de una partida de gastos reservados administrada por la Presidencia de la República. Según Martínez, estos fondos le fueron entregados de manera consecutiva durante los últimos 18 meses de la administración del expresidente Mauricio Funes y los primeros 18 meses de la gestión de Salvador Sánchez Cerén.
El exfiscal dio esta confesión el 16 de noviembre a la sección de Probidad, en un escrito con el cual intentó subsanar una investigación de enriquecimiento ilícito en su contra. Probidad le cuestiona cuatro irregularidades a sus cuentas que suman 486 mil dólares cuyo origen es desconocido. El monto mayor tiene que ver con el pago que Martínez y su familia hicieron a cuatro tarjetas de crédito del Banco Promérica hasta por 361 mil dólares.
Para justificar el origen de esos fondos, Martínez escribió a Probidad que él recibía dinero de 'delegados de Casa Presidencial' a quienes no puede identificar, y que el dinero fluyó de manera constante durante las dos administraciones presidenciales del FMLN.
“La cantidad que se me entregaba de tal origen osciló aproximadamente entre los 36 (meses) ya expuestos, de diciembre de 2012 a diciembre de 2015, entre los 10 mil hasta 20 mil dólares de los Estados Unidos de América, ya que cuando viajaba en misiones oficiales se me hacía entrega de una cantidad mayor a la normal y me eran entregados por diferentes personeros de Casa Presidencial, que nunca identifiqué, de manera mensual (sic.)”, escribió Martínez a la sección de Probidad.
Para el exfiscal, la normalidad con la cual se le entregó el dinero le hizo entender que se trataba de un pago por su trabajo y por eso nunca sospechó de su procedencia. En mayúsculas, Martínez escribió que 'EL ORIGEN DE DICHOS FONDOS ERA EL MISMO PRESUPUESTO DEL ÓRGANO EJECUTIVO, por lo que no dudé de la legalidad de los mismos'. Martínez, quien juró defender la Constitución, la cual lo revistió de independencia respecto al resto de poderes del Estado, se perfila a sí mismo como un funcionario a sueldo de los gobiernos de Funes y Sánchez Cerén.
'Dicha cantidad me fue explicada someramente, COMO UNA CONCESIÓN INHERENTE AL CARGO DE FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA como un sobresueldo, situación que no me pareció ilógica en tanto que el origen, la permanencia en las entregas y sobre todo, que sucedió durante la transición de dos regímenes diferentes sin interrupción (sic.)”, escribió.
Al leer su declaración queda claro en dos ocasiones que el sobresueldo que dice haber recibido fue entregado entre el último tramo de la gestión del primer gobierno del FMLN, de diciembre de 2012 a mayo de 2014 (18 meses); y el primer tramo de la gestión de Sánchez Cerén, de junio de 2014 a diciembre de 2015 (18 meses), periodo que se corresponde a su mandato en la FGR. En el inicio del texto, sin embargo, Martínez parece confundirse al decir que recibió fondos 'inicialmente' en 29 meses del gobierno de Funes y siete meses del gobierno de Sánchez Cerén. La sumatoria de este cálculo, aparentemente erróneo, también se corresponde con el total de meses que dura un fiscal general en el cargo.
Esta es la primera vez que un exfuncionario del Estado -ajeno al organigrama del órgano ejecutivo- revela que recibió dinero de una partida de gastos reservados a través de sobresueldos. El Faro reveló en 2013 la existencia de los sobresueldos ocultos del gabinete, una práctica que nació en el gobierno del expresidente Armando Calderón Sol (1994). Desde hace 22 años ha sido la Presidencia de la República la dependencia responsable de gestionar y de entregar estos sobresueldos, que se pagan en efectivo y sin dejar rastro en la contabilidad oficial.
En el caso del exfiscal Martínez, él explicó que el dinero que le enviaba la Presidencia a través de delegados provenía de una partida presupuestaria del Ejecutivo cuyo gasto era regulado por un reglamento. Ese reglamento, según Martínez, era citado verbalmente por esos delegados cuando le entregaban el dinero. '(...) Existía 'un reglamento interno de Casa Presidencial' y se me hizo mención de él explicándome que el destino era mi uso personal y discrecional', planteó Martínez.
Hasta esta nueva versión narrada por el exfiscal, el sobresueldo -según confirmaron una docena de exfuncionarios y funcionarios de Arena y el FMLN con los que habló El Faro en 2013- era un complemento al salario mensual de los altos funcionarios del Ejecutivo que se definía en una negociación entre la Presidencia y el beneficiario del estipendio.
Se trata de dos contadores: Francisco Rodríguez Arteaga, el jefe de la Unidad Financiera Institucional de la Presidencia de la República, y Pablo Gómez, asistente técnico financiero de la Presidencia y subalterno de Élmer Charlaix durante la gestión Saca. Ellos crearon 12 cuentas por las que circularon $251.3 millones. Ambos están acusados de peculado (desviar fondos públicos), agrupaciones ilícitas y lavado de dinero. El encargado de librar los cheques a lo largo de toda la gestión Saca, según la investigación fiscal, fue Jorge Alberto Herrera Castellanos, el jefe de Tesorería de la Presidencia. La acusación contra él es solo por los delitos de peculado y agrupaciones ilícitas. Para hacerlo, Herrera -de 71 años- debió contar con el apoyo Rodríguez Arteaga, que también tenía firma autorizada.
En septiembre de 2016, luego de analizar las declaraciones patrimoniales del exfiscal Martínez, Probidad concluyó que hubo movimientos de dinero en sus cuentas que no tenían justificación. En concreto, Probidad detectó 125 mil 408 dólares con 80 centavos que no cuadraban. Más tarde, el 27 de octubre, la Sección descubrió que los montos irregulares eran mayores, luego de que encontraron pagos a cuatro tarjetas de crédito por 361 mil 285 dólares que Martínez no había reportado en sus declaraciones.
Cuando la Sección le pidió explicaciones sobre el pago de esas cuatro tarjetas del Banco Promérica, Martínez respondió que estas le habían sido regaladas por la empresa Bolsas Desechables y Plásticos S.A. de C.V. Según dijo, le fueron entregadas para que él y su familia las utilizaran de manera discrecional durante su mandato.
¿Por qué una empresa estaría interesada en dar cuatro tarjetas de crédito a un fiscal general? Martínez señaló que entre algunos accionistas de esta sociedad había parientes suyos. “Existe nivel de parentesco entre algunas de las personas relacionadas con el capital accionario de la sociedad y mi persona, mismas que se vieron de alguna manera fortalecidos a través de la prestación de diversos servicios profesionales rendidos por mi persona y hacía aquella (sic.) desde antes del desempeño del cargo de fiscal”, escribió. El exfiscal tiene 26 años de prestar servicios de abogacía.
La Ley de Ética Gubernamental y el Código Penal prohíben a los funcionarios públicos recibir favores o dádivas de particulares cuando con estos se intenta influir en el trabajo institucional. Pero el exfiscal explicó que la entrega de las tarjetas de crédito “no obedeció a otra circunstancia que una mera concesión dado los lazos existentes ya expresados para que mi persona pudiera hacer uso de dicho beneficio sin que ello implicara pago de honorarios o prestación de naturaleza alguna y únicamente para disponer de un crédito amplio”.
Una de las cuatro tarjetas de crédito, explicó el exfiscal, fue utilizada por él. Dos tarjetas las utilizó su esposa Carla García Rossi; y la última la utilizó uno de sus hijos, Luis Carlos Martínez. El exfiscal además explicó que para amortizar el saldo de dichas tarjetas, la empresa nunca puso ni un centavo: el dinero en efectivo lo daba él mismo, aunque a veces también enviaba a empleados de la Fiscalía a entregar el dinero a la empresa para que esta hiciera los abonos.
Este ese movimiento constante de dinero es donde, según el exfiscal, entran a escena los sobresueldos de Casa Presidencial. Martínez asegura que esas tarjetas fueron manejadas con fondos entregados por la Presidencia, pero también plantea que esos fondos los ocupó para reforzar su seguridad.
“Se me hizo mención del (reglamento interno) explicándome que el destino era mi uso personal y discrecional. Circunstancias que de inmediato relacioné con la posibilidad de fortalecer mi seguridad personal y la de mi familia por el cargo de alto riesgo que acarreó mi actividad en contra de diversos grupos delincuenciales como las pandillas”, escribió.
Probidad detectó que en los estados de cuenta de las cuatro tarjetas de crédito había compras personales, aunque en el informe al que tuvo acceso El Faro no había detalle de dichos gastos.
No todos los abonos al saldo de la tarjeta de crédito los hizo Martínez con fondos de Casa Presidencial. También dijo que algunos pagos los hizo con viáticos que le entregaba la Fiscalía cuando realizaba misiones oficiales.
La Fiscalía también había otorgado a Luis Martínez una tarjeta de crédito institucional para gastos personales. El exfiscal dijo a Probidad que cuando esa tarjeta de la FGR fallaba o no era admitida, le tocaba utilizar una de las tarjetas que le entregó la sociedad Bolsas Desechables y Plásticos S.A. de C.V. “No me serví de fondos destinados a la institución (FGR) para pagar gastos relativos únicamente a mi persona o mi familia, por el contrario, mi persona utilizó la tarjeta tantas veces relacionada en auxilio a imprevistos ocasionados por la tarjeta institucional en misiones oficiales”, escribió Martínez.
Probidad pone en duda esta versión: “No se adjuntó ningún documento que respalde el uso de esas tarjetas de crédito para fines institucionales. En los estados de cuenta mensuales enviados a esta oficina por el Banco Promérica S.A. se observan compras personales cargadas a las cuatro tarjetas de crédito analizadas'.
El milagroso préstamo de Aldo Parducci
Antes de convertirse en fiscal general, Luis Martínez había sido un abogado y notario que entre sus clientes tuvo a uno de los hombres más poderosos de El Salvador. Martínez era abogado y notario del expresidente Francisco Flores, y la relación laboral que los unió duró cerca de dos décadas. Por ejemplo, cuando el expresidente Flores dejó su cargo en junio de 2004, necesitó los servicios de un abogado para presentar su declaración patrimonial ante la sección de Probidad. Quien ejerció esas funciones fue el abogado Luis Martínez, para aquellos años todo un desconocido en los pasillos públicos de la política salvadoreña.
La relación entre Martínez y el expresidente Flores era un hombre que formó parte del círculo íntimo del exmandatario. El 19 de diciembre de 2013, Martínez aceptó en una entrevista de televisión en el canal 33 que tenía una larga amistad con Aldo Parducci, el exsecretario privado de la presidencia Flores. 'Con él tengo la relación directa de trabajo por más de 25 años. He sido notario y abogado de Aldo y él estuvo desarrollando una lotificación al expresidente. De ahí viene la relación', dijo el exfiscal en la entrevista.
Cuando Probidad le detectó otras tres irregularidades al exfiscal por un monto de $125 mil dólares, él invocó a su viejo amigo para intentar desvanecer parte de esos montos. Probidad le señala a Martínez que no se puede comprobar el origen del dinero con el que pagó deudas por 27 mil 305 dólares de su esposa y de un crédito que él abrió a su nombre ante el Banco Agrícola; que tampoco se puede explicar cómo es que gastó más de lo que tenía hasta por un monto de 37 mil dólares, y que tampoco se explica de dónde salieron los fondos para abonar a cuentas de su esposa y de uno de sus hijos 45 mil 760 dólares. Estos montos suman 110,065 de un total de 125 mil dólares que le repara Probidad al exfiscal. En el documento al que tuvo acceso El Faro no hay una explicación sobre los 14 mil 935 dólares de diferencia.
Según Martínez, en febrero de 2013, su amigo Aldo Parducci le otorgó un préstamo no bancario hipotecario por 220 mil dólares. Con ese préstamo Martínez canceló una deuda hipotecaria de 194 mil 442 dólares con el Banco Davivienda. Martínez había hipotecado su casa de residencia en Joya de las Piletas, una residencial privada a la entrada de Nuevo Cuscatlán, en La Libertad. Esa deuda, según explicó a Probidad, fue saldada tres meses después de haber asumido como fiscal general con el préstamo otorgado por Parducci.
Del préstamo que le hizo su amigo, según las cuentas del fiscal, le quedaban 25 mil 558 dólares que utilizó para pagar otras deudas. En concreto abonó saldos a tres tarjetas de crédito de su esposa y pagó las últimas cuotas de un préstamo personal abierto a su nombre en el Banco Agrícola. El total de estas operaciones llegó hasta los 27 mil 305 dólares.
Pero Martínez también invocó ese mismo crédito para justificar 20 mil de los 37 mil dólares que según Probidad gastó de más.
Para Probidad, el relato de Martínez no es válido porque aunque él dice que recibió 220 mil dólares de parte de Parducci, Probidad solo ha certificado un préstamo por 200 mil dólares. Eso significa que luego de haber cancelado la hipoteca de su casa, Martínez solo pudo haber utilizado 5 mil 558 dólares -lo que le quedaba del préstamo de Parducci- para otros gastos.
El último reparo de Probidad -unos depósitos por 45 mil 760 dólares en cuentas de su esposa y su hijo- Martínez intentó subsanarlo explicando que ese dinero salió de montos que provenían de sus sueldos como fiscal, de los viáticos y gastos de representación que él obtuvo de la FGR.
Probidad cuestiona esta versión porque esos fondos, según argumentaba el mismo Martínez ante la Fiscalía, eran utilizados para necesidades de su trabajo.
“Esta oficina no puede tener como válidos esos argumentos (de Martínez) ya que según consta en la información proporcionada por la FGR, mediante oficio del 11 de julio de 2016, el fiscal general pidió en repetidas ocasiones viáticos adicionales para sus misiones oficiales y su comitiva que lo acompañaba, lo que da a entender que los asignados no le eran suficientes para sufragar sus gastos”, reza el informe de Probidad.
Manuel Cruz, el abogado del exfiscal, explicó a El Faro que su cliente no quiere dar declaraciones a ningún medio sobre ninguno de los procesos de investigación en su contra. El caso de Luis Martínez está en estudio de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes definirán si este pasa a una Cámara de lo Civil a un juicio por enriquecimiento ilícito.
*Con reportes de Nelson Rauda
