“El hecho de que le sirvan en las manos los alimentos es… inhumano. El hacinamiento… ¡en la misma celda las 24 horas! Es como… centros de torturas de épocas pasadas, se supone que eso ya está superado, se supone que lo de Hitler ya está superado. Al abrir esas puertas ¿qué nos vamos a encontrar?”.
Quien habla es Raquel Caballero, la procuradora de Derechos Humanos en El Salvador, que se queda sin palabras al intentar adjetivar lo que su institución ha podido ver en las cárceles afectadas por las medidas extraordinarias.
En abril de 2016, entraron en vigencia una serie de disposiciones especiales para las siete cárceles destinadas exclusivamente a pandilleros. El objetivo era aislar a los presos en el entendido de que son ellos el motor criminal de las pandillas. Por ello, eliminaron las visitas familiares, les obligaron a permanecer en sus celdas las 24 horas del día, les impidieron recibir paquetes con productos higiénicos como jabón, papel higiénico y pasta de dientes, suspendieron las diligencias judiciales y restringieron al máximo las salidas a centros hospitalarios.
La disposición, que fue aprobada por los diputados de todos los partidos políticos, tiene un año de vigencia, con la posibilidad de ser prorrogada, y permite al gobierno ir alargando mes a mes el estado de emergencia en las cárceles.
El informe de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) –que fue elaborado durante los últimos meses de la administración anterior– describe algunas de las situaciones más graves que esa institución observó entre abril y julio de este año.
En el Centro Penal de Chalatenango, que alberga a pandilleros de la Mara Salvatrucha-13, la PDDH da cuenta de un interno que no recibía ninguna atención médica pese a tener una herida de bala –y la bala- alojada en la cadera; o a otro que tampoco recibía ningún tratamiento para atender la hipertensión, diabetes y obstrucción en vena del corazón que padece. Tampoco se daba atención médica a un preso que es parapléjico producto de un balazo en su espalda y que tiene una colostomía, es decir que defeca a través de un trozo de su intestino que asoma por una hendidura en su vientre. Este último, dice el informe, tenía “múltiples lesiones en la piel por falta de curación”.
En la cárcel de San Francisco Gotera, Morazán, donde están encerrados miembros del Barrio 18 Revolucionarios, la PDDH dio cuenta de un brote de tuberculosis, sin que las autoridades hicieran nada al respecto. En el penal de Ciudad Barrios, San Miguel, exclusivo para la MS-13, no había atención médica para un hombre que tiene dos tumores en la cabeza; ni para otro que tenía intestinos plásticos cuya vida útil había expirado hacía un año; ni para el que tenía una hernia de testículo ni el que padecía cáncer ni el hemofílico; tampoco para uno que padecía distrofia muscular, poliomielitis aguda y osteoporosis.
En el penal de Izalco, Sonsonate, donde hay reclusos del Barrio 18 Sureños y de la MS-13, tampoco era tratados los infectados con VIH; ni uno que padecía úlceras cancerosas; ni otros dos que tenían colostomías y que, según la Procuraduría, “presentaron supuración en las heridas”. Otro interno debía asistir a que le retiraran una “maya” que le colocaron luego de una cirugía en el abdomen, pero que su cuerpo rechazaba, y a otro tenían que retirarle un aparato ortopédico instalado en su pie que, al haberse vencido el plazo en el que debía estar instalado, había inflamado el pie, lo hacía supurar y oler de forma “fétida”, según pudieron atestiguar empleados de la PDDH.
El informe subraya además cómo las históricas condiciones de insalubridad de las cárceles se habían agravado por el encierro de 24 horas y por la falta de acceso a productos de limpieza y agua potable.
Un exreo, salido recientemente del penal de San Francisco Gotera, narró en una entrevista el pasado 4 de noviembre su experiencia con las medidas extraordinarias: “En el sector uno, donde hay como 350 personas, había un solo baño, pero se tapó, así que la gente ocupa una pila pequeña que hay dentro de la celda, ahí se va acumulando la mierda, ahí se va llenando la pilita, hasta que cae agua para irla evacuando. A la par de esa pila duerme alguien… En ese sector tenés que hacer cola para usar la pilita cuando todavía no tenés ganas de ir al baño, porque si esperás a tener ganas de orinar, te vas a mear en la cola. Afuera de la celda sí hay varios baños, pero no se pueden usar porque estamos encerrados”.
Este exinterno aseguró que hay celdas que están en mejores condiciones, como la más pequeña de ese penal, conocida como “la celdita”, donde explicó que hay camas para 28 personas, pero conviven 130. Con la fortuna de que ahí sí hay un agujero para orinar y defecar: se trata de un hoyo en el suelo, que conectaba una taza de inodoro que alguna vez estuvo ahí, pero que fue rota en una requisa hecha por la Unidad de Mantenimiento del Orden de la Policía.
Cuentó además cómo algunos objetos de uso cotidiano se han convertido en lujos durante este tiempo: “¿El que tenga un vaso o un plato? ¡N'ombre, esa es una gran bendición!”. El informe de la PDDH confirma su versión: “En general ningún interno tenía recipientes para tomar sus alimentos. Lo único con lo que contaban era con envases de refresco partidos a la mitad o retazos de bolsas de plástico, por lo que la comida se les derramaba. La mayoría recibía los alimentos en sus propias manos”.
Otros internos con los que El Faro ha conversado relatan cómo algunos de sus compañeros de celda han tenido episodios de histeria producto de las permanentes condiciones de encierro en celdas con hacinamiento extremo.
El 16 de junio fue clausurado el centro penitenciario de Cojutepeque, Cuscatlán, considerado el peor recinto dentro los parámetros carcelarios salvadoreños. Los reos -del Barrio 18 Sureños- fueron trasladados a las cárceles de Quezaltepeque e Izalco. Sin embargo, ese traslado, según el informe de la PDDH, “agravó mucho más las condiciones de hacinamiento en que se encontraban los centros penales mencionados”. La Procuraduría asegura que la Policía despojó de sus pertenencias a las 1,282 personas que fueron trasladadas, que no se les permitió movilizarse con su ropa ni con sus zapatos y que por ello permanecían solo en calzoncillo. El informe asegura que todos debían acomodarse para dormir en el suelo, pues no se les permitió tener colchonetas o mantas. Denunciaron que dentro de las personas trasladadas había algunas enfermas de VIH, tuberculosis e insuficiencia renal, sin que recibieran ningún tratamiento. También atestiguaron que “muchos” padecían graves afectaciones en la piel producto de hongos, y que por ello tenían “úlceras infectadas” supurantes.
Durante los primeros cuatro meses que estuvieron en vigor las medidas extraordinarias, cuatro reos murieron por falta de atención médica, dos de ellos por padecimientos que no se detallan en el informe; uno por neumonía y otro por desnutrición. En ese mismo período de tiempo, pese a las medidas extraordinarias, 11 reos fueron asesinados al interior de las cárceles, producto de purgas internas en las tres pandillas.
“Están en condiciones infrahumanas. Totalmente violatorias de los derechos humanos y a la ley”, resume la procuradora Caballero, y se pregunta en voz alta si todo esto es realmente necesario.
El director general de centros penales, Rodil Hernández, reconoció que las condiciones generadas por las medidas extraordinarias han agravado la ya paupérrima situación de las cárceles salvadoreñas: “Las condiciones que tenemos ahorita prácticamente desbordan todo el accionar que podamos tener como centros penales”.
También admitió que el problema de tuberculosis tiene el potencial de convertirse en “una bomba”, pero que “no es anormal, considerando la condición de hacinamiento que tenemos. Pudiera ser peor”. Aseguró que tienen pensado invertir más de un millón de dólares para construir seis clínicas, incluyendo una en la cárcel de Quezaltepeque y otra en la de Chalatenango.
Hernández dijo que el gobierno hará inversiones millonarias para ampliar cupos y reducir el hacinamiento carcelario en el corto plazo.
Las cárceles salvadoreñas son las más hacinadas del continente americano, su sobrepoblación normalmente orbita el 300 %. Las medidas extraordinarias no han sido las responsables de llenar hasta el rebalse el interior de los penales destinados a pandilleros, pero sí de que el hacinamiento se viva de la forma más dura posible. Según datos oficiales, hasta el martes 8 de noviembre, la sobrepoblación carcelaria salvadoreña era del 270 %
Niños en medidas extraordinarias
El procurador adjunto para poblaciones vulnerables, Gerardo Alegría, aseguró además que los niños menores de cinco años, que permanecían con sus madres en el sector “materno” de la cárcel de Quezaltepeque, también viven el rigor de las medidas. Han permanecido bajo encierro permanente las 24 horas del día en las celdas que comparten con sus madres.
El director Hernández confirma esta versión: “Toda la población en esa cárcel está bajo el efecto de las medidas, pero si no me equivoco solo tenemos tres niños, y además los niños tienen permiso de salida: si tienen familiares fuera, pueden salir con ellos los fines de semana”.
Desde que se implementaron las medidas extraordinarias, ninguna organización no gubernamental puede entrar a verificar las condiciones en las que viven los presos, ni el trato que reciben. Ni siquiera lo han logrado prestigiosos organismos de derechos humanos como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), con quien el Gobierno de El Salvador tiene un convenio que le faculta el ingreso a centros penales.
En noviembre de 2012, el entonces ministro de Justicia y Seguridad Pública, David Munguía Payés, firmó un acuerdo con el CICR en el que se facultaba a este organismo como entidad verificadora de derechos humanos al interior de las cárceles, y se garantizaba su acceso a los recintos penitenciarios. Sin embargo, desde la implementación de las medidas extraordinarias en abril, el Gobierno ha negado el acceso al CICR a las cárceles afectadas por esas disposiciones.
Según el director general de Centros Penales, la decisión de negar el acceso a la Cruz Roja al interior de estas cárceles no viola el convenio firmado, puesto que el acuerdo, asegura, “no decía a qué centros podían entrar y a qué centros no”.
El representante del CICR en El Salvador, Dereck Spranger, prefirió no comentar esta situación y se limitó a decir que el diálogo con el Gobierno de El Salvador es “directo y confidencial”.
Las medidas extraordinarias son la punta de lanza en la política de combate al crimen del gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén. La actual administración se ha caracterizado por polìticas de corte represivo y por el relajamiento de los controles que previenen las violaciones de derechos humanos y el uso excesivo de la fuerza de parte de la policía y el ejército.
