Termina 2016. Vargas Llosa nos dijo que había una crisis de occidente y Guatemala, este pequeño país cuyo nombre significa “el lugar de muchos árboles”, este que fue ejemplo mundial en 2015 por las protestas pacíficas que empujaron a la renuncia de un presidente ahora preso junto a casi todo su gabinete, no escapa a ella.
Luego de inéditos avances en la depuración del Estado y de lograr el nombramiento de algunos funcionarios con verdadero deseo de construir instituciones creíbles, se ha gestado una contraofensiva liderada desde los sectores involucrados en los casos de corrupción de los últimos años, que aún ostentan increíble poder político y económico, y son capaces con él de nombrar a los funcionarios más altos o vetar leyes trascendentales.
La última muestra se dio el 28 de noviembre: el Congreso rechazó parcialmente una propuesta de reforma constitucional en materia judicial salida de un diálogo nacional en el que la mayoría de conglomerados sociales discutieron los cambios necesarios en mesas realizadas en el todo el país durante cuatro meses. El proyecto de reforma había sido presentado por los presidentes de los tres órganos de Estado, y promovido por una Secretaría Técnica liderada por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Son estas dos últimas, según las encuestas, las entidades que cuentan hoy con más credibilidad en Guatemala. Un ochenta por ciento de personas dice estar dispuesto a salir a las calles para defender su trabajo. Sus cabezas, Thelma Aldana al frente del MP e Iván Velásquez en la CICIG, afirman que sin esta reforma el sistema de Justicia se paralizará, pues entre las modificaciones hay una que busca eliminar las facultades administrativas de la podrida Corte Suprema de Justicia, mediante la creación de un nuevo órgano llamado el Consejo Nacional de Justicia.
Esta reestructuración no agrada a quienes mandan. A quienes aún después de 2015 mandan en el país.
En una sesión plenaria de ocho horas, los parlamentarios conocieron dos puntos de posible reforma y ambos fueron rechazados. El primero buscaba permitir que los funcionarios pudieran ser investigados sin necesidad de proceso de antejuicio. Un diputado dijo públicamente que aceptar eso sería “dispararse en el pie”. El rechazo a la reforma busca claramente protección para un Congreso en el que al menos quince diputados han sido acusados de tener en su equipo de funcionarios plazas fantasma.
La otra propuesta, que no se aprobó por solo dos votos –se necesitaban 105 y se lograron solo 103 del total de 158- buscaba el reconocimiento legal de la justicia indígena. Ya antes de que se instaurara el actual sistema jurídico, en Guatemala existían formas de organización ancestrales en las que la reparación es un principio fundamental. Se ha visto que en los lugares en los que se aplica este sistema los índices de criminalidad descienden. Pero por desconocimiento y discriminación generalizada en contra de los pueblos indígenas -más de la mitad de los habitantes de Guatemala- esta reforma se ha cuestionado insistentemente por las voces empresariales, que temen que en la práctica se amplíe la competencia de esta jurisdicción y conflictos de tierras o laborales en las fincas agrícolas, que afecten a grandes terratenientes, se diriman por esta vía.
Los diputados del sector privado y aliados a las viejas fuerzas militares guatemaltecas, que como un residuo de la guerra interna de los 70 y los 80 ven como enemigo cualquier avance relacionado con los pueblos indígenas, se atrincheraron y soportaron los gritos del palco del Palacio Legislativo, desde donde colectivos urbanos junto a autoridades ancestrales indígenas con sus varas levantadas –su símbolo de autoridad- pedían la aprobación.
Entre los legisladores que se abstuvieron de votar -ni siquiera se manifestaron en contra de la reforma-, estaban varios del partido de gobierno FCN-Nación, un partido de militares cuyo líder, Edgar Ovalle, se encuentra imputado por crímenes de guerra durante el conflicto armado, presuntamente cometidos en un destacamento militar donde ejerció funciones y en el que han sido hallados cementerios clandestinos.
Esta misma alianza de diputados, comandados por el presidente Jimmy Morales, pactaron con las bancadas más cuestionadas durante un fin de semana en una casa de campo presidencial, para tomar el control de la Junta Directiva del Congreso, ahora liderada por Oscar Chinchilla, compañero de secundaria del presidente Morales y desplazar a Mario Taracena, quien abanderó las reformas constitucionales y liberó las listas de las plazas fantasma en el Congreso. Algo impensable en un Congreso acostumbrado a la corrupción, la opacidad y la pereza.
Esto se suma a otra jugada del presidente Morales para influir en el nombramiento de la nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Silvia Patricia Valdés, declarada amiga del presidente que ya una vez como jueza se excusó públicamente de conocer un caso que lo involucraba, y quien está en contra de la reforma constitucional porque esta supondría arrebatar a la Corte que dirige, entre otras facultades, la capacidad de nombrar y trasladar jueces, herramienta habitual para el pago de deudas políticas.
Estos lances en el tablero -el presidente Morales dijo públicamente que apoyaba las reformas pero su partido actúa contra ellas, y él se fue de viaje justo cuando se iban a discutir- es parte de una defensa que busca atacar, y que pretende responder básicamente a cuatro acciones lideradas por la alianza MP-CICIG y por la Superintendencia de Administración Tributaria:
Una, en enero se capturó a quince altos oficiales del ejército acusados de crímenes de lesa humanidad. En la lista estaba el candidato a ministro de Gobernación del presidente Morales y su mano derecha, el ya mencionado diputado Ovalle. Con esta acción se desarticulaba además la cabeza de varias organizaciones que han controlado las aduanas y las han puesto al servicio del crimen organizado.
Dos, en mayo fueron detenidos más de cincuenta contratistas del Estado entre los que estaban banqueros, dueños de medios de comunicación, exfuncionarios e influyentes empresarios acusados de financiamiento electoral ilícito entre otros delitos. Se trata del caso de corrupción más grande de la historia del país, bautizado por las autoridades como “Cooptación del Estado”.
Tres, la Administración Tributaria, varios de cuyos exdirectores están en la cárcel por corrupción, empezó a funcionar y eso llevó a la intervención de empresas cercanas a la élite económica. Estas acciones condujeron a que las empresas pagaran varios millones de dólares y a cerrar como nunca, en solo semanas, la brecha fiscal del país.
Y cuatro, el hermano y el hijo del presidente Morales están siendo investigados por el MP y la CICIG porque entregaron facturas falsas a empresas contratistas del Estado.
Son estos avances, esta presión, los que llevaron a crear una alianza entre políticos, ciertos empresarios, mafias locales, militares, a cerrar filas con exfuncionarios y operadores que guardan prisión y empezar a atacar mediática y jurídicamente al jefe de la CICIG, Iván Velásquez, y a sus aliados. Una de las prófugas de la justicia es Alba Lorenza, esposa del empresario mexicano Ángel González, dueño del monopolio televisivo nacional y de más de cien cadenas mediáticas en toda América Latina, cuyos canales mantienen al aire estos días campañas que intentan deslegitimar los procesos judiciales abiertos en Guatemala y calificarlos como injerencia extranjera. Estas fuerzas quieren atacar la reforma constitucional para que la justicia no logre dar pasos hacia su independencia y con ello golpear a la CICIG.
Los grupos civiles saben ahora que el muro de la impunidad en Guatemala es más alto de lo que se creía y no protege únicamente a figuras políticas, sino que éstas son solo alfiles de quienes llevan mucho tiempo dirigiendo las políticas públicas. Por la cárcel Mariscal Zavala, un cuartel en el que guarda prisión la gente más poderosa vinculada a estos casos, acuden estos meses en peregrinaje diputados, políticos diversos, para recibir instrucciones.
El reto, en 2017, será robustecer el bloque sólido que en los últimos dos años han conformado la sociedad urbana, los movimientos indígenas, algunos empresarios y ciertos políticos, junto al MP y la CICIG. Solo desde esa plataforma amplia se podrán seguir impulsando las reformas constitucionales necesarias para fortalecer cada vez de mejor manera esa voz estruendosa que ya una vez hizo tambalear en Guatemala los cimientos de un Estado fundamentado en la corrupción.
*Álvaro Montenegro es periodista. Es uno de los siete guatemaltecos que crearon el movimiento #RenunciaYa, después rebautizado como #JusticiaYa, central en las protestas que impulsaron la renuncia del presidente de Guatemala Otto Pérez Molina.
