“Un desaparecido, mientras no aparezca vivo, sigue desaparecido. Con la muerte viene la resignación, pero con esto no vives, no te deja vivir. Tenemos esa esperanza de encontrarlos. Si nosotros nos rendimos, si decimos que a lo mejor ya están muertos, es como matarlos nosotros mismos ”.
[Mayra, tía de Christian, uno de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa]
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La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa supuso, en el tema de la desaparición forzada y de la impunidad, un aldabonazo en la conciencia de México y del mundo entero. La noche del 26-27 de septiembre de 2014 no solo fueron desaparecidos por agentes de la Policía Municipal de Iguala (Guerrero, México) los 43 estudiantes, sino que también fueron ejecutadas seis personas y hubo más de 40 heridos, incluyendo heridos graves. En total, 120 personas –estudiantes, maestros, personas que les auxiliaron y miembros del equipo de fútbol de Los Avispones– sufrieron diferentes formas de persecución y atentados contra sus vidas. Estos hechos violentos ocurrieron de manera coordinada, durante más de cinco horas, en doce escenarios diferentes, en un radio de más de 80 kilómetros, con el conocimiento y presencia en distintas escenas del crimen de fuerzas de policías estatales y federales, así como de militares de inteligencia destacados en el 27 Batallón de Infantería.
Dada la magnitud de los hechos y su gravedad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió las medidas cautelares 409/14, dentro de las cuales se suscribió el acuerdo de asistencia técnica con el Estado mexicano y los representantes de las víctimas, que creó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). El GIEI lo integramos Ángela María Buitrago, Francisco Cox Vial, Alejandro Valencia Villa, Carlos Martín Beristain y Claudia Paz y Paz.
Tuvimos dos períodos de trabajo de seis meses cada uno, con un mandato dirigido a coadyuvar con la investigación, hacer recomendaciones sobre los planes de búsqueda de los desaparecidos, sobre la atención integral a las víctimas y sobre el problema de desapariciones forzadas en México. Presentamos dos informes, en septiembre de 2015 y en abril de 2016. Nuestras principales conclusiones mostraron una verdad que contradecía lo que la Procuraduría General de la República (PGR) de México había llamado la “verdad histórica”; es decir, su versión del caso.
Según la “verdad histórica”, los hechos habrían sido responsabilidad de un cartel local llamado “Guerreros Unidos”, con auxilio de Policía Municipal de Iguala, quienes habrían actuado para repeler la incursión de un cartel rival llamado “Los Rojos”. Los estudiantes habrían llegado a la ciudad infiltrados para boicotear un acto político de la esposa del alcalde municipal, José Luis Abarca. De acuerdo con esa versión oficial, los estudiantes, luego de ser detenidos por la Policía Municipal, habrían sido entregados a miembros de los Guerreros Unidos, asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, y sus restos lanzados en bolsas al río San Juan.
Sin embargo, de acuerdo con nuestras investigaciones, los jóvenes no estaban infiltrados ni llevaban armas ni efectuaron ningún disparo. No fueron confundidos con un cartel rival, puesto que las fuerzas de seguridad estatales, federales y militares sabían claramente que se trataba de estudiantes, y les habían dado seguimiento desde su salida de la escuela, y monitoreado sus movimientos a través del sistema de comunicación C4. Tampoco iban a boicotear un acto político, dado que a su ingreso en la ciudad el mismo había concluido hacía tiempo.
Asimismo, en la investigación se omitió la existencia de un quinto autobús, detenido a la salida de Iguala y escoltado hacia las afueras de la ciudad por policías federales, que había sido tomado también por otro grupo de estudiantes que sobrevivieron y sufrieron persecución durante varias horas. Este bus es el único que no fue agredido esa noche, y no existía en el expediente cuando llegamos al país. La identificación posterior del bus y el chofer mostró profundas incoherencias. Una hipótesis que no fue investigada por la PGR, a pesar de nuestras reiteradas recomendaciones, es que este bus podría haber transportado heroína o dinero, y que los estudiantes lo tomaron ignorando este hecho. Según esta hipótesis, la acción coordinada entre las distintas policías estaba encaminada a cercar la ciudad y sus alrededores, para evitar la salida de los autobuses.
El GIEI hizo del conocimiento de las autoridades mexicanas la existencia de una investigación por la Fiscalía de Chicago (Estados Unidos), en contra de la célula de Guerreros Unidos que opera en esta ciudad, por trasiego de heroína en autobuses de pasajeros.
En el operativo no solo participaron dos policías municipales de Iguala y Cocula, sino que descubrimos la implicación de la Policía Municipal de Huitzuco y de policías estatales y federales en diferentes escenarios. Nuestro informe también señaló que dos agentes de inteligencia militar estuvieron en los dos escenarios donde se llevaron a cabo las desapariciones. A pesar de nuestra petición, no se nos permitió entrevistar a los militares del 27 Batallón, ni se ha investigado con la profundidad su rol esa noche.
El GIEI también concluyó que no existían evidencias de que los estudiantes hubieran sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula. Esta versión presentada por la PGR se sostenía únicamente en declaraciones de presuntos integrantes de Guerreros Unidos, personas que presentaban serios indicios de haber sido torturadas. Sus testimonios se contradecían con evidencia científica producida tanto por el perito del GIEI, el doctor José Torero, como por el estudio realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense, que mostraron que un incendio de esa magnitud no pudo realizarse en ese lugar, y que los 43 cuerpos no fueron quemados allí.
Como parte de nuestro mandato, hicimos del conocimiento de las autoridades serias irregularidades en la investigación. Pérdida de videos y pruebas, ocultamiento de información, retraso y obstaculización a la práctica de muchas diligencias... y constatamos que los informes médicos oficiales sobre el estado físico de 17 detenidos mostraban serias señales de tortura.
Finalmente, realizamos hallazgos sobre una bolsa con restos óseos que, según la versión oficial y la documentación del expediente, habría sido encontrada por buzos de la Marina a las 9:54 horas del 29 de octubre en el río San Juan. Pero un día antes, el 28 de octubre, el director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomas Zerón, estuvo presente en el lugar llevando a un detenido con fuertes indicios de tortura, sacando la seguridad previamente, y los servicios periciales alteraron la escena, inspeccionando y tomando muestras del cauce del río sin ningún registro legal. Y exactamente en ese mismo espacio del río, con apenas 40 centímetros de profundidad, al día siguiente se habría encontrado dicha bolsa con restos humanos, donde apareció el resto óseo de uno de los normalistas desaparecidos, Alexander Mora.
A pesar de todas esas revelaciones, el GIEI sufrió una obstaculización a su tarea en la segunda parte de su mandato, y los antiguos gestores del caso siguieron teniendo control de la investigación, a pesar de haberse creado una nueva unidad. Mientras tanto, el GIEI se convirtió en el último eslabón de la institucionalidad, ayudó a crear puentes de diálogo entre las víctimas y las instituciones del Estado, y generó nuevas condiciones para la atención a los heridos y el acompañamiento a los familiares, uniendo dos cosas que tantas veces están separadas: la investigación y el trabajo con los familiares. También mostró un ejemplo de cómo puede llevarse a cabo una asistencia eficaz y una investigación imparcial basada en pruebas.
Después de agotar el periodo del segundo mandato de seis meses, el Estado mexicano consideró que debíamos terminar nuestro trabajo. Para los integrantes del GIEI, los hechos ocurridos la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 pueden ser plenamente esclarecidos, así como puede ser determinado el destino final de los 43 estudiantes desaparecidos, y solo depende de si se tiene la voluntad para hacerlo.
Mientras el paradero de los estudiantes no se determine y todos los responsables sean llevados a la Justicia, el caso permanecerá como una herida abierta para los familiares, para México y para el mundo entero. Es indispensable la plena colaboración de las autoridades con el mecanismo de seguimiento establecido por la CIDH. Las familias deben tener respuestas claras tanto sobre los hechos, el destino de sus hijos y sobre la posible obstrucción a la Justicia.
Los logros de este trabajo han constituido un paso clave para la lucha contra la impunidad y la impotencia aprendida que viene con ella. Cuando el GIEI presentó su último informe, una multitud de gente gritó: ¡No se vayan! Ese grito muestra la indignación y la esperanza. Lo más importante es acompañarles, no dejarles solos. Una verdad incómoda puede también ser transformadora, y es la única alternativa a la oscuridad que propone la impunidad.
*Carlos Beristain, médico español, trabaja en atención a victimas de violaciones de derechos humanos desde hace 25 años. Coordinó el informe “Guatemala: Nunca Más” y ha trabajado con víctimas y Comisiones de la Verdad en Colombia, Perú, Paraguay y Ecuador. Claudia Paz y Paz, abogada experta en derecho penal, fue jueza y Fiscal General de Guatemala. Actualmente es profesora residente de la Universidad de Georgetown. En 2015 ambos fueron parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar las desapariciones de Ayotzinapa.
*Emily Pederson, estadounidense, es fotógrafa y documentalista. Durante los últimos cuatro años se ha dedicado a documentar violaciones de Derechos Humanos en México.
