La Corte de Cuentas condenó hace 11 años a Carlos Perla y a otros exfuncionarios de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) a reponer 18 millones de dólares perdidos por corrupción en la ejecución de dos proyectos para llevar agua potable al Gran San Salvador, pero el incumplimiento de plazos por parte de la cúpula de la misma institución fiscalizadora está a punto de frustrar la posibilidad de recuperar ese dinero.
El Estado invirtió más de 30 millones de dólares en dos proyectos que permitirían la construcción de dos obras para abastecer a 1.5 millones de habitantes de la ciudad capital y sus alrededores. Uno era la construcción de un reservorio de agua en Nejapa y el otro, Río Lempa II, implicaba construir una estación para recoger agua del río, depurarla y bombearla hacia San Salvador. Las obras se pagaron a pesar de que nunca fueron terminadas y el 12 de diciembre de 2003, la Corte inició sendos juicios de cuentas y a partir de entonces tenía dos años para emitir un fallo. Pero en ambos casos, la Cámara que los depuró ignoró el plazo de caducidad.
Perla y su gerente general, Mario Orellana, más otros 11 funcionarios de la ANDA, fueron acusados penalmente de recibir sobornos de parte de los contratistas que debían construir la Estación Nejapa y Río Lempa II. Paralelamente, la Corte de Cuentas determinó una serie de irregularidades que se saldaron con resoluciones que habrían obligado a los exfuncionarios a reponer 17.9 millones de dólares y a pagar multas por más de 146 mil dólares.
De los dos casos, el más voluminoso es Río Lempa II, por el cual la ANDA emitió una certificación de que la obra había sido concluida en un 100 %, pero en realidad solo había avanzado en un 54 %, según determinó la Corte de Cuentas.
En este caso, la mayor parte de la responsabilidad recayó en Perla y Orellana (16 millones 618 mil dólares), mientras que a los 11 funcionarios restantes les atribuyeron en conjunto una responsabilidad de 22 mil 979 dólares, debido a que estuvieron involucrados en la venta de bases de la licitación a empresas salvadoreñas, aunque ya se había establecido que en el concurso solo podían participar empresas españolas. En Nejapa la responsabilidad atribuida a Perla y los acusados fue de 1.4 millones de dólares.
En ambos proyectos, el personaje relevante era el español Joaquín Alviz, quien fue acusado de pagar sobornos millonarios a Perla, Orellana y a otros gerentes de la institución.
El problema es que la Cámara Cuarta de Primera Instancia rebasó el plazo para terminar ambos juicios de cuentas, que era el 12 de diciembre de 2005. En el caso Río Lempa II, la Cámara resolvió el 14 de diciembre de ese año que Perla, Orellana y los otros involucrados eran responsables de una trama que incluyó pagar por obras que no se habían ejecutado; en el caso de la Estación de Nejapa, resolvió contra los acusados con un mes de retraso, el 10 de enero de 2006.
Del proyecto Río Lempa II, un informe de auditoría concluyó que ANDA emitió una certificación para dejar constancia de la ejecución del 100 % de la obra cuando el avance era del 54 %. En el caso del reservorio de Nejapa, la Corte de Cuentas ha declarado como información reservada los informes correspondientes.
El trabajo de la Corte de Cuentas pasa por un proceso de tres etapas. La primera es la del levantamiento de información, que termina con un informe de auditoría. Si hay indicios de culpabilidad, se abre un juicio de cuentas que transita en dos etapas. La primera etapa es la de las cámaras de primera instancia, y finalmente el caso llega hasta la cámara de segunda instancia, que es la elegida por la Asamblea Legislativa y que está formada por el presidente de la Corte de Cuentas y dos magistrados.
A diferencia de un partido de fútbol, donde un árbitro puede decidir si se juega más tiempo que los 90 minutos del reglamento, la Ley de la Corte de Cuentas precisa que un juicio caduca si tarda más de dos años calendario. En un encuentro futbolístico lo que pueda ocurrir después de 90 minutos de juego corridos puede tener validez, pero al menos en el papel la Ley de la Corte de Cuentas no da prórrogas.
Cuando caducaron los dos juicios sin fallo alguno, el presidente de la Corte era el dirigente partidario Hernán Contreras. Y ocho meses más tarde, en septiembre de 2006, Contreras fue informado por un subalterno sobre la falla de la Cámara Cuarta de Primera Instancia. 'Al respecto de los casos de ANDA, con fecha 13 de septiembre del 2006 le remití nota bajo número de referencia 370, a través de la cual le informaba que los casos JC-33-03-01 y JC-34-03-3 ambos con responsabilidad patrimonial y administrativa por la suma de $1,435,674.79 y $16,641,010.79, respectivamente, se encontraban caducados pues la Cámara Cuarta de Primera Instancia, emitió la sentencia fuera del término legal establecido para ello', escribió a Contreras el 10 de enero de 2007 el secretario de actuaciones de la Cámara de Segunda Instancia, Santiago Aníbal Osegueda.
Osegueda hacía ver a Contreras que era una falla adicional continuar revisando una condena que había sido emitida fuera del plazo de ley. La misma Ley de la Corte de Cuentas establece que, en estos casos, la institución debe investigarse a sí misma para detectar si esa caducidad fue producida con dolo.
Apenas en agosto de 2016, 48 expedientes de dos cámaras de la Corte de Cuentas fueron incautados por la Fiscalía, que investiga por qué el Estado perdió la posibilidad de cobrar 2.2 millones de dólares debido a presuntas negligencias de jueces de cámaras en la era de Hernán Contreras, quien dirigió la institución durante 17 años no consecutivos.
En esas investigaciones no están incluidos los casos de los que el secretario Osegueda advirtió a Contreras en 2006, pese a que el monto de esos dos casos es casi 10 veces superior a lo reclamado en los otros 48 casos denunciados ante la Fiscalía. Según la ley, los casos de la ANDA vinculados a Perla tenían que haber sido declarados como caducos por el mismo Contreras, dado que él presidía la Cámara de Segunda Instancia que revisó la sentencia tardía del tribunal inferior.
En la carta de enero de 2007, el secretario de actuaciones le recomendó a Contreras abrir expediente contra los dos jueces de ese tribunal inferior, denunciarlos a la Fiscalía General de la República y declarar la caducidad. En el caso del proyecto Río Lempa II, Contreras decidió no declarar la caducidad, no denunciar a la Fiscalía y procedió a admitir el juicio en apelación en la Cámara de Segunda Instancia. Contreras ratificó en octubre de 2011 que Perla y Orellana debían restituir 16.6 millones de dólares al Estado.
En el caso de la Estación de Nejapa, Contreras también recibió el juicio en apelación el 23 de enero de 2006, pero a diferencia del otro juicio, esa cámara nunca ratificó ni descartó el fallo de 1.4 millones de dólares y el caso ha estado en una especie de limbo durante los últimos 11 años.
En la cámara que falló extemporáneamente laboraban los jueces Manuel Arístides Bonilla y Rosa Guadalupe Jiménez Larín. El Faro intentó obtener una reacción de ambos, pero solo Jiménez Larín aceptó responder las preguntas de este periódico. Bonilla dijo que ya no labora como juez de cuentas. “Cualquier solicitud de información y de entrevista puede dirigirla a la Corte de Cuentas”, dijo Bonilla. Jiménez Larín, en cambio, opinó sobre el reparo que hizo el secretario de actuaciones: “La opinión del secretario de actuaciones o la del director jurídico de la Corte de Cuentas no es vinculante'.
En el caso del reservorio de Nejapa, El Faro pidió copia del expediente a la Corte de Cuentas, pero esta rechazó entregarlo, con la justificación de que la condena extemporánea del 10 de enero de 2006 'se encuentra en sustanciación', lo que significa que la Cámara de Segunda Instancia, que es la formada por el presidente de la institución y los dos magistrados, no ha terminado la revisión del fallo condenatorio a pesar de los casi 11 años transcurridos. En este lapso han sido presidentes de la Corte, aparte de Contreras, otros tres funcionarios: Gregorio Sánchez Trejo, Rosalío Tóchez y Johel Valiente.
La corrupción en la ANDA durante la administración Perla es uno de los más ventilados en los medios de comunicación, no solo por el volumen de los recursos defraudados, sino por las circunstancias en que se produjo. Perla fue extraditado de Francia en 2006 y en 2007 fue condenado a 15 años de cárcel por los delitos de peculado y asociaciones ilícitas. Esta condena, sin embargo, no está relacionada directamente con las obras de Nejapa o Río Lempa II, sino que fue la conclusión de la acusación por desviar recursos de la ANDA para construir su residencia en el volcán de San Salvador, y por otorgar contratos a una empresa aceptando sobornos.
'Yo no firmé porque habría sido ilegal'
Respecto de Río Lempa II, Contreras devolvió ratificado el fallo condenatorio por 16.6 millones de dólares y ordenó a la Cámara Cuarta de Primera Instancia que redactara la 'ejecutoria', que es el documento que puede enviarse a la Fiscalía para que esta pueda proceder a hacer el cobro.
El Faro consultó a la jueza Jiménez si la Cámara Cuarta de Primera Instancia redactó la ejecutoria. La funcionario dijo tener la certeza de que esa ya no era su responsabilidad y señaló implícitamente a la presidencia de la Corte y los dos magistrados. 'A quien le compete determinar lo relativo a las sentencias de primera instancia es única y exclusivamente a la segunda instancia y eso ya ocurrió', djio.
Ni el equipo de comunicaciones de la Corte de Cuentas ni el de la Fiscalía respondieron a El Faro si la ejecutoria había sido emitida.
Cuando el 17 de noviembre pasado El Faro preguntó al fiscal general, Douglas Meléndez, si cree que hay alguna responsabilidad legal de los jueces de la Cámara Cuarta de Primera Instancia por haber sentenciado tarde, y de Hernán Contreras por haber ratificado una condena emitida extemporáneamente, el funcionario dijo no recordar si es uno de los casos bajo investigación. 'No recuerdo si está incluido en la investigación por los juicios caducados de la Corte de Cuentas', respondió Meléndez, quien pidió que se tramitara la entrevista por medio de su encargado de comunicaciones, Salvador Martínez. Una semana después, Martínez comunicó que no era posible dar una entrevista sobre ese tema.
Cuando el 11 de agosto la Fiscalía secuestró 48 expedientes como parte de una investigación contra cuatro jueces de la Corte de Cuentas por incumplimiento de deberes que le costó al Estado 2.2 millones de dólares, el señalamiento es que estos funcionarios sentenciaban después de expirado el plazo. Uno de los señalados, Mauricio López Ardón, accedió a hablar con El Faro.
López Ardón fue integrante temporal -durante mes y medio- de la Cámara Cuarta en 2006, y tuvo conocimiento de los casos contra Perla y los otros funcionarios. López Ardón dice que entonces supo de las prácticas ilegales en esa cámara: se firmaba sentencias extemporáneamente, cuando por ley el Estado ya no puede cobrar. Añade que se enteró de que en la Cámara Cuarta de Primera Instancia era costumbre que a los juicios caducados se les pusiera fechas previas a las reales. 'Me reuní con los licenciados Jiménez Larín y Posada Majano -el secretario de actuaciones de la Cámara Cuarta-, a quienes expresé que no estaba en la disposición de firmar sentencias cuyos plazos estuviesen ya caducados, más aun cuando por disposición de ellos se tenía por práctica ponerles fechas anteriores al día de vencimiento', dijo López Ardón a El Faro.
Este juez fue enviado como juez interino a la Cámara de Primera Intancia, durante un mes y medio, en el año 2006, un año después de que se emitieran de manera tardía las sentencias por 18 millones contra Perla y los funcionarios de la ANDA. Según Ardón, durante el mes y medio que fue asignado a suplir a Bonilla, pidió que no le pasaran juicios caducados. Dos de esos juicios fueron los otros reparos a la administración de la ANDA de Carlos Perla por los que se le reclamaba la restitución de 150 mil dólares. Esos casos también fueron sentenciados de forma tardía y López Ardón se rehusó a firmarlos: 'En el caso de los dos juicios de ANDA yo no los firmé porque cuando llegaron a mis manos ya habían caducado. Habría sido ilegal que yo los firmara'.
Jueza defiende su posición
La jueza Jiménez Larín, que sí accedió a responder los cuestionamientos sobre su actuación, sostiene que nunca ha actuado fuera de la ley. Expone que el fallo por la estación de Nejapa no salió un mes tarde. Su explicación es que ocurrió algo en el plazo legal de dos años que paralizó la marcha del reloj: el caso fue devuelto en algún momento a auditoría y eso detuvo la cuenta de los dos años. Añadió que no puede dar más detalles porque el juicio por 1.4 millones de dólares aún está en apelación. 'Le garantizo de que no hay caducidad, porque la sentencia salió a tiempo, en tiempo reglamentario'.
El Faro intentó obtener una copia del expediente de este caso para verificar lo dicho por la jueza, pero la unidad de acceso a la información (UAIP) de la Corte de Cuentas comunicó que el juicio estaba en el archivo de la Cámara de Segunda Instancia, y debido a que esta no ha redactado sentencia final, no pueden entregar la información. Dos jueces de Cuentas, sin embargo, accedieron a hablar sobre la suspensión del plazo para caducidad de los juicios, y coincidieron en que no hay ninguna disposición legal que ampare esa medida.
Ambos accedieron a hablar solo si se mantiene en reserva sus nombres, debido a que el reglamento de la Corte les prohíbe dar declaraciones a medios de comunicación. El Faro les preguntó si la ley permite que después de iniciado un juicio de cuentas se deje en suspenso el conteo de los dos años. Los dos jueces dijeron que no. 'No, una vez el informe es recibido en una de las Cámaras de Primera Instancia comienza la cuenta regresiva de los dos años y son días calendario. No son días hábiles. Son días calendario: si recibo un juicio el 23 de diciembre de 2016, el 23 de diciembre de 2018 es mi último día para emitir sentencia', dijo el primer juez. 'No. El plazo de los dos años es fatal después de recibido el informe de auditoría. Una vez concluye ese tiempo y no ha se ha emitido sentencia, el juicio caduca', dijo el otro juez.
Sobre el fallo contra las adjudicaciones en el proyecto Río Lempa II (por 16.6 millones), Jiménez Larín insiste en que no salió dos días tarde. Su explicación es que aunque el informe de auditoría original lo recibió la Cámara Cuarta el 12 de diciembre de 2003, el 22 de diciembre del mismo año llegó un segundo informe relacionado con ese caso y a partir de ahí se debería contar los dos años calendario. Su justificación es que, debido a que era un caso similar y a que involucraba a las mismas personas, debidió unirlos en un solo juicio.
El artículo 550 del Código de Procedimientos Civiles establece las reglas para acumular juicios y contradice lo dicho por la jueza: la regla principal es que el juicio más nuevo se acopla al más antiguo y solo hay una excepción, que no aplica a los juicios de cuentas sino a los juicios entre un deudor y varios acreedores (bancos o prestamistas). 'El pleito más moderno se acumulará al más antiguo, salvo el juicio de concurso, en el cual la acumulación se hará siempre a este', dice el 550.
La jueza Jiménez Larín hizo lo contrario. 'Los juicios se acumulan. Entonces la última fecha es la entrada del segundo juicio, el más nuevo. Si la sentencia fue el 14 de diciembre de 2005 y el ingreso -del juicio más nuevo- fue el 22 de diciembre de 2003, todavía estaría en días antes de que ese juicio caducara'.
Sobre el tema de la acumulación, El Faro consultó a un juez de cuentas y a dos expertos en legislación civil que han servido a varias instituciones del Estado, quienes concluyeron lo mismo: la acumulación no debe usarse para ganar más tiempo porque su propósito es darle celeridad al proceso y en este caso debía aplicarse el 550 del Código de Procedimientos Civiles.
El Faro consultó a la jueza si ella y su antiguo compañero en la Cámara Cuarta de Primera Instancia recibieron presiones para tardarse con esos fallos.
-No le entiendo la pregunta... más que una pregunta me parece una falta de respeto. ¿Por qué no le pregunta a las autoridades superiores si tenían algún interés en eso? Porque que yo recuerde todas las sentencias fueron condenatorias.
-¿Por qué para dos casos tan importantes por los millones de dólares involucrados esperaron a elaborar el fallo cuando estaban al filo de los dos años? ¿Por qué no hacerlo meses antes?
-Si usted tiene esas dudas, yo lo siento mucho. Le hablé lo que la ley dice y eso no lo podemos cambiar ni usted ni yo. Las conjeturas que usted tiene, le voy a decir que tenga cuidado si las publica. El otro juez ya me dijo que si usted publica de forma lesiva, él va a proceder.
