La sede del Grupo Rubio y Asociados no luce como la oficina donde despacha un hombre capaz de sacarse 126 mil dólares para prestárselos a un amigo. Ubicada en la colonia Miramonte de San Salvador, en realidad es una casa clasemediera, con cochera y portón, sin rótulo, sin apariencia de despacho contable. En el interior navegan desperdigadas algunas sillas, una mesa en la sala y dos refrigeradoras; también una asistente y Edwin Royland Rubio, quien se presenta como gerente del lugar. Edwin Royland dice que en el año 2012 entregó a un diputado, de a poco, pequeñas cantidades de dinero que al cabo de dos años sumaron 126 mil dólares. Su amigo, dice, tenía apuros económicos. Ese amigo se llama Douglas Avilés, un político que ahora navega, sin cargo público, como capitán del partido político Cambio Democrático (CD).
El 24 de noviembre de 2016, Avilés fue enviado a juicio de enriquecimiento ilícito. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) no creyó la historia de ese préstamo con el cual el exdiputado intentó justificar el incremento desmesurado de su patrimonio. Un día después del fallo, CD emitió un comunicado en defensa de su secretario general. El partido dijo que confiaban en que Avilés demostraría que no se enriqueció con fondos públicos. A la CSJ, no obstante, Avilés no logró demostrar la veracidad de su versión, y por eso le congeló cuentas y carros, y envió el caso a una Cámara de lo Civil, donde se estudiará y se dictaminará si debe devolver dinero al Estado. La Corte también envió a juicio a la esposa de Avilés, Brenda Cecilia Quezada, asesora de la Corte de Cuentas de la República.
El caso contra Avilés inició en mayo de 2016 en la sección de Probidad de la CSJ, cuatro años después de aquel préstamo por 126 mil dólares. Probidad encontró indicios de enriquecimiento ilícito en las finanzas de la pareja por más de medio millón de dólares; 528 mil, para ser exactos. Tras recibir algunas explicaciones, Probidad redujo el monto a 315 mil 222 dólares con 46 centavos. Sin embargo, la cifra enviada a juicio fue por 307,990.93 dólares, ya que los magistrados detectaron que algunos reparos de Probidad (por siete mil dólares) no constituían necesariamente indicios de enriquecimiento ilícito.*
La Corte resumió los reparos así: 150 mil 660 dólares en depósitos bancarios con dinero cuyo origen es desconocido, y 101 mil 816 dólares en abonos a tarjetas de crédito con dinero cuya procedencia también es desconocida. Estos rubros suman un total de 252 mil 476 dólares. Probidad concluyó que todos los pagos de tarjeta de crédito y depósitos en unas cuentas no fueron hechos con el dinero que ellos tenían en sus otras cuentas bancarias. El sistema bancario no encontró huellas de movimientos en las cuentas registradas a sus nombres, con lo cual no se puede vincular el dinero que el matrimonio tenía en sus cuentas con los desembolsos y pagos hechos.
Otros 35 mil 116 con 49 centavos, Probidad los encontró mediante otro tipo de análisis: comparó ingresos y gastos de la pareja entre los años 2012 y 2014, y descubrió que, lejos de ahorrar, gastaron más de lo que tenían. Por último, Probidad y la Corte repararon que en el periodo 2009-2011, Avilés tuvo ingresos de origen desconocido por 20 mil 398 dólares.
Douglas Avilés fue comunicador antes de escalar como político en CD. En 2006 fue coordinador administrativo de la fracción en la Asamblea Legislativa, y en las legislaturas que hubo entre 2009 y 2015, fue diputado suplente y diputado propietario, respectivamente. Brenda Quezada fue asesora de la presidencia de la Corte de Cuentas entre 2012 y 2014.
Los Avilés intentaron desvanecer los reparos diciendo que los pagos a las tarjetas y los depósitos a cuentas fueron hechos con salarios y viáticos de la Asamblea y de la Corte de Cuentas. Probidad primero, y la Corte Plena después, concluyeron que esa información contradecía el historial de movimientos en cuentas reportado por los bancos.
La otra mitad de los fondos cuestionados dijeron haberlos obtenido a través de dos préstamos hechos por dos amigos: los 126 mil dólares que prestó Edwin Royland, el gerente de una oficina contable que parece a punto del abandono; y 19 mil dólares que les prestó una empleada de CD llamada Cyntia Molina, excandidata a diputada en 2012. En total, los Avilés dijeron haber recibido 145 mil 855 dólares de sus amigos. La Corte rechazó estas explicaciones porque los esposos no entregaron suficiente documentación de respaldo.
En enero de 2012, durante la recta final de la campaña en la que buscaba ser diputado propietario, Avilés dice que buscó amigos para que le ayudaran a financiar sus actividades políticas. Fue así como acudió a Edwin Royland, a quien había conocido unos 15 años antes –según cuenta– en un pasillo de la Alcaldía de San Salvador.
Edwin Royland dice que dio el dinero a Avilés sin condiciones ni obligaciones, como quien entrega un regalo. “No lo vi como una inversión; la palabra de Dios dice que hay que tratar a los otros como uno quiere que lo traten”, dice. Avilés dice que el dinero fue porque Edwin Royland comulga con su pensamiento político y “fue un préstamo que en algún momento voy a pagar”.
El favor del vendedor de jugos
En sus últimos tres años como diputado, Avilés fue un voto clave para el gobernante partido FMLN. Sin él, los 56 votos de la mayoría calificada que necesitó el gobierno cuando pidió reorientación de presupuestos, o la aprobación de préstamos nunca se habrían alcanzado.
El 16 de noviembre de 2013, 32 millones de dólares provenientes de una reorientación presupuestaria se lograron a última hora con el voto de Avilés. Él se había abstenido de votar dos horas antes en la misma sesión plenaria, pero luego cambió de opinión de forma súbita. En abril de 2015 también participó en la polémica votación por los 900 millones de dólares en bonos que solicitó la Administración Salvador Sánchez Cerén, decisión que meses después fue congelada por la Sala de lo Constitucional debido a vicios en el proceso de aprobación en la Asamblea. Acaso por esta correlación favorable al gobierno, el FMLN y no Cambio Democrático fue el que más peleó con uñas y dientes los votos para ganar la candidatura de Avilés en el conteo final de las elecciones de marzo de 2015, cuando Arena también disputaba ese último escaño en San Salvador.
El peso del voto de Avilés en ese periodo legislativo nunca se habría manifestado sin el apoyo de Edwin Royland. Según Avilés, el préstamo de 126 mil dólares comenzó a materializarse en enero de 2012, cuando Edwin Royland salió en su auxilio dándole plata para enfrentar los costos de la campaña electoral. En la casa a la que también llama oficina, Edwin Royland narra cómo fue que nació la amistad entre un joven comunicador y un joven contador.
—Fíjese que yo conocí al caballero en tiempos en que el señor Héctor Silva era alcalde de San Salvador, me parece –dice.
Edwin Royland cuenta que se cruzó con Avilés por primera vez en un pasillo de la alcaldía a principios del año 2000, cuando Héctor Silva Argüello estaba en su segundo período como alcalde capitalino y Avilés trabajaba en la oficina de prensa. Edwin Royland recuerda que se lo cruzó por casualidad, le preguntó si trabajaba ahí y que si le podía ayudar con un trámite. Avilés, dice el contador, lo condujo hacia la puerta del empleado que le podía ayudar. Y a partir de ahí, dicen ambos, la amistad se forjó.
—¿Y se recuerda del trámite en el que le ayudó el señor Avilés?
—No, no me acuerdo. Imposible, pero él me dijo a quién ir a buscar.
—¿A quién le recomendó ir a buscar?
—Mire, tuvo que haber sido alguien que veía los trámites de solvencias, pero no me acuerdo.
—Si usted ya era asiduo de la alcaldía, ¿cómo es que no sabía a dónde ir para pedir ayuda?
—Es que siempre hay problemas en los trámites, y no siempre la misma persona le resuelve. Entonces, me acuerdo que fui donde el que digitó, ¿sí? ¿Me entiende? O probablemente, me mandaron donde otra persona, pero alguien ahí lo desentrampó.
—¿Y cómo fortalecieron su amistad?
—Nos reunimos a tomarnos un café, a platicar. Yo tengo varios amigos, no necesariamente los frecuento, ni ellos a mí, pero cuando nos reunimos es una gran felicidad, pero una felicidad de cinco minutos, porque no tenemos tiempo.
El exdiputado y Edwin Royland se contradicen las razones por las que profundizaron la amistad. Avilés dice que su amigo lo apoyó siempre por el proyecto político que él representaba como miembro de CD, pero Edwin Royland dice que fue más una cosa de amigos: “Yo no me fijé en la política, sino en sus valores… es que yo en política no me meto”.
Y así fue como en enero de 2012, Edwin Royland dice haber acordado prestar dinero a Avilés para sus gastos de campaña. Los desembolsos de aquel préstamo se darían a lo largo de casi dos años, hasta diciembre de 2014, según el acuerdo. Y así fue. Entregó 75 mil dólares a Avilés en 2012 (a razón de 6 mil 250 al mes) y 53 mil dólares en 2013 (a razón de 4 mil 416 dólares con 66 centavos al mes).
—Decidí dar el dinero en desembolsos mensuales porque no me podía quedar descapitalizado, era mejor así –explica Edwin Royland, desde el otro lado de un escritorio de madera.
A finales de noviembre, las declaraciones de dos exfuncionarios han confirmado la existencia de pagos de sobresueldos a distintos funcionarios durante las administraciones del expresidente Mauricio Funes y el actual presidente Salvador Sánchez Cerén. Entre los que admiten haber recibido pagos extras está el exfiscal general de la República Luis Martínez, quien argumentó de esa manera un incremento irregular en sus cuentas bancarias, en un caso que también ha sido enviado a juicio por la CSJ. Luego, en una entrevista en un programa de radio, la exministra de Salud, María Isabel Rodríguez, también confesó haber recibido esos sobresueldos, un estipendio por fuera del salario de ley, por el que no se declaran impuestos, y que se pagaba desde Casa Presidencial a ministros, diputados de oposición, periodistas, columnistas...
En una de varias entrevistas concedidas a El Faro en octubre pasado, Avilés puso este tema sobre la mesa, en un intento por desestimar la credibilidad de los reparos hechos a su patrimonio. Sugirió que la sección de Probidad cuestiona el préstamo que le hizo Edwin Royland en un afán por relacionar su caso con irregularidades similares a las de los sobresueldos.
—Ellos parten siempre de la sospecha. Si Probidad lo que está buscando conmigo es demostrar que hay un maletín negro detrás de este préstamo; mire, yo no tengo miedo, le puedo asegurar de frente al país, nunca me he escondido.
La casa donde funcionan las oficinas del Grupo Rubio y Asociados tiene habitaciones que hacen las veces de pequeños despachos. El cuarto desde el que despacha Edwin Royland tiene pegado en su puerta una hoja de papel bond en el que se lee “Gerencia”. Él dice que su firma se ha dedicado a varios negocios desde la década de los noventa, rubros tan disímiles como el envasado y la venta de jugos de naranja, la venta de rollos de papel higiénico, y la venta de servicios legales y de contabilidad. Según Edwin Royland, la diversificación de sus actividades le ha permitido declarar ingresos a Hacienda por 1 millón de dólares en los años 2014 y 2015.
—Yo me he construido a mí mismo, en base a mi propia creatividad y mi propio ingenio -dice, detrás de unos anteojos de aro grueso, camiseta oscura y saco.
Su primer negocio fue la contabilidad, con la que arrancó en 1998. Después incursionó en servicios legales y de asesoría empresarial.
—Después vino lo bonito, se me ocurrió vender juguetes. ¿Te acordás? -pregunta Edwin Royland a su asistente
Ella acerca unos documentos a su jefe. La chica, de unos treintipocos, asiente, entre risas: “Sí, robots y muñecas”, responde.
Luego, Edwin Royland dice que comenzó a vender papel higiénico que compraba al mayoreo en el mercado Central de San Salvador. Y años más tarde, mientras desayunaba con su esposa, dice que tuvieron la idea de vender jugos naturales. Llegó a la oficina y dice que ordenó a sus empleados que comenzaran a comprar y revender jugos de la marca V8. Compraron 25 unidades y, en el mismo día, se vendieron todas. Después de tres meses comenzó a exprimir naranjas y envasar el jugo por su propia cuenta.
—Fue un gran problema porque se me arruinaba. No sabía yo que había que pedir permiso para meter en una botella el jugo que se saca de una naranja. Ya después pedimos los permisos.
—¿Usted tiene una embotelladora?
—No, es un proceso manual. Se compraron seis o siete extractores industriales. Esos sí son caros, valen como 350 dólares cada uno. Se compraron unas recámaras, congeladores, aquí hay dos refris para mantenerlos.
—¿Y quiénes son sus clientes?
—No le puedo decir nombres, por respeto a ellos, pero son casas, restaurantes y ventas de jugo.
La marca de jugos “Roy” fue inscrita el 9 mayo de 2013, según el Diario Oficial.
—¿Cuál de todos sus negocios es el más rentable?
—Yo diría que todos, porque todos me ayudan a pagar las facturas.
—¿Por qué usted, siendo contador, entregó un préstamo sin mayores garantías?
—Yo soy de las personas que no me gusta hacer contratos, ni letras ni nada. Tengo amigos a los que solo les llamo y les digo: 'Necesito cinco mil' y me los vienen a dejar. Ellos saben que después se los pago. Dice la palabra de Dios que hay que tratar a los demás como te gusta que te traten.
—Me llama la atención que usted se fíe de las palabras, siendo un contador que sabe la importancia de los documentos y firmas.
—Lo que pasa es que yo no lo vi como un negocio, sino yo hubiera puesto todas las restricciones habidas y por haber. Sino que lo vi como un favor a un amigo.
—¿Lo piensa cobrar?
—Mire, pienso que lo voy a recuperar cuando lo necesite, no necesariamente ahora o mañana.
Para la Corte Suprema de Justicia, una de las irregularidades fue que Avilés nunca reportó esos préstamos a Probidad: ni el de Edwin Royland ni el de 19 mil dólares que le dio Cintya Molina. Avilés dice que fue una omisión involuntaria, un error, algo que le ocurre a la gran mayoría de funcionarios públicos cuando presentan sus declaraciones patrimoniales. 'Quiero decir al país que no me he robado nada, y les pido que no juzguen antes de tiempo', dijo a El Faro. Tampoco la esposa de Avilés, asesora de la presidencia de la Corte de Cuentas, informó de los préstamos a Probidad.
Avilés y Brenda Quezada tuvieron cuatro oportunidades idénticas para reportar las deudas a la Sección. La primera, cuando Avilés dejó el cargo de diputado suplente el 30 de abril de 2012. La segunda, cuando asumió como propietario el 1 de mayo siguiente. La tercera, cuando terminó su período como diputado, el 30 de abril de 2015. Y la cuarta, la tuvo Brenda Quezada cuando tomó posesión del cargo de asesora en la CCR. Brenda entregó su declaración patrimonial 1 año, 7 meses y 17 días después de la fecha límite. El retraso lo subsanó a finales de octubre de 2013, pero sin la información de los préstamos. Durante todo ese tiempo, lo préstamos fueron suscritos y desembolsados total o parcialmente, según la información que los mismos esposos Avilés presentaron a Probidad hasta mediados de 2016.
Cuando la sección entrevistó a Edwin Royland y a Cyntia Molina, ninguno de los dos llevó documentos que respaldaran lo que ellos habían narrado en las declaraciones juradas. “No me pidieron que llevara nada, pero después yo les hice llegar documentos”, dice Edwin Royland.
Uno de los documentos que envió fue una carta, fechada 6 de junio de 2016 y autenticada por el notario José Ángel Pérez Chacón, en la que él decía haber hecho entrega de un total de 126 mil dólares a Avilés en concepto de préstamo. En la carta, Edwin Royland también decía que Avilés podría pagarle cuando tuviera la disponibilidad de hacerlo. Lo único que agregó Avilés para sustentar el préstamo fue la copia simple de un pagaré.
Cintya Molina, la otra prestamista, también envió a la Corte una declaración jurada en la que aseguraba haber dado 19 mil 585 dólares a su jefe, el entonces diputado Avilés. Su carta fue autenticada por el notario José Antonio Morales Ehrlich quien, al igual que Molina, es miembro de Cambio Democrático.
En la declaración, de fecha 30 de mayo de 2016, Molina dice que ella había hecho unas consultorías por su propia cuenta y que de ahí sacó el dinero para prestar el dinero, el cual fue entregado a Avilés en seis cuotas entre abril de 2011 y el 12 de noviembre de 2013. Molina también dijo en su carta que Avilés no quedaba sujeto a pagarle en un plazo determinado, sino solo cuando él pudiera, y que todo fue de palabra, que nunca firmaron nada.
'No conozco nada del caso, solo me dijeron que eran cosas de antes. Yo no he sido parte de ese asunto. Solo me dijeron que había existido un préstamo y, para saber si el préstamo existe, tenés que preguntarle a ella o a Douglas Avilés. Lo que estoy autenticando yo como notario es la firma', dijo Morales Ehrlich a El Faro.
Según la prestamista, “dicho préstamo tiene su origen en ingresos propios por consultorías, las cuales están declaradas en mi impuesto sobre la renta. El préstamo fue otorgado de buena fe porque conozco al exdiputado y sé que es un hombre de palabra”, dijo Molina a El Faro. Ella no quiso responder más preguntas. “Todo ya se lo he dicho a Probidad”, dijo.
Sobre este préstamo de 19 mil dólares, la Corte concluyó: “No existe prueba adicional que soporte las afirmaciones de los declarantes, más que la mencionada declaración jurada [lo cual] no es suficiente para justificar el ingreso de tales cantidades a la cuenta bancaria del señor Mejía Avilés”.
Para la Corte Suprema, las declaraciones juradas solo dan fe de que existe ese documento, fechado y firmado, pero no de la veracidad de las declaraciones que en ese documento están plasmadas.
La Corte también señala que el pagaré que presentó Avilés para respaldar la declaración de Edwin Royland es inválido por falta de requisitos establecidos por el Código de Comercio. Los magistrados se refieren a la falta de dos fechas importantes: la de suscripción del documento, y la de la época en la que se pagará. El Faro tuvo a la vista una copia de ese pagaré (mostrada por Avilés) y constató que no tenía ninguna de las dos fechas, con lo que incumplía el artículo 788 del Código de Comercio.
Avilés justificó la falta de fecha y suscripción porque creía que Edwin Royland tenía el pagaré original. Edwin Royland, a consultas de El Faro, dijo que no podía mostrarlo porque quien lo tenía era su abogado. Días después, Avilés dijo a este periódico que el documento no tenía fecha pues no hacía falta, ya que era “un pagaré abierto”.
Douglas Avilés es el segundo funcionario del órgano legislativo que debe enfrentar un juicio de enriquecimiento ilícito por el incremento de su patrimonio durante sus funciones como diputado. El primero que fue enviado a una Cámara de lo Civil, en toda la historia de El Salvador, fue el actual diputado del PCN, Reynaldo López Cardoza, cuyo expediente tiene en estudio la Cámara desde octubre de 2015. En total, Probidad ha estudiado los patrimonios de unos 60 funcionarios desde que la Corte decidió comenzar a usar la Ley de Enriquecimiento ilícito, una normativa que no se aplicaba desde hace más de medio siglo. De todos los expedientes, solo 10 han sido enviados a juicio, incluyendo el de Avilés y su esposa. De esos 10, solo uno ha concluido ya: eLeonel Flores, exdirector del Seguro Social durante la presidencia de Mauricio Funes, fue condenado a principios de diciembre de 2016 a devolver más de 800 mil dólares al Estado.
*Fe de errata: En la primera versión de este artículo se consignó que el exdiputado Douglas Avilés y su esposa fueron enviados a juicio de enriquecimiento ilícito al no poder justificar un monto global de 315 mil 222 dólares con 46 centavos. La versión correcta es que el monto cuestionado y que pasó a juicio, según el fallo de la Corte Suprema de Justicia, asciende a 307,990.93 dólares.
