El Salvador / Transparencia

El viceministro de Prevención no sabe nada de la oenegé de la esposa de Gallegos

APDEMES, la asociación de la esposa del diputado Guillermo Gallegos, dice haber ejecutado algo que en la práctica parece imposible: desarrollar proyectos de prevención de la violencia en la vorágine del plan El Salvador Seguro, que desde hace dos años exige coordinaciones entre gobierno central, alcaldías, empresa privada y sociedad civil. Luis Flores Hidalgo, viceministro de Prevención Social, dice que no sabe de esa organización a la que Gallegos y la Asamblea le regalaron 550 mil dólares. 


Martes, 6 de diciembre de 2016
Daniel Valencia Caravantes

El viceministro Luis Flores Hidalgo, al centro, en una conferencia de prensa posterior al lanzamiento de la Fase II del plan El Salvador Seguro. 6 de diciembre de 2016. Foto de Daniel Valencia
El viceministro Luis Flores Hidalgo, al centro, en una conferencia de prensa posterior al lanzamiento de la Fase II del plan El Salvador Seguro. 6 de diciembre de 2016. Foto de Daniel Valencia

Este martes 6 de diciembre, en el parque central de Quezaltepeque, Luis Flores Hidalgo, el viceministro de Prevención Social del gobierno de Salvador Sánchez Cerén, dijo que desconoce cuál es la organización fundada por la esposa del presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, beneficiada vía presupuestos generales de 2015 y 2016 con más de medio millón de dólares para desarrollar supuestos proyectos de prevención de la violencia en el departamento de San Salvador.

“Desconozco totalmente. Desconozco qué organización es esa y todo el proceso que han hecho para asignar esos fondos”, dijo Flores Hidalgo, cuando El Faro le preguntó si conocía el trabajo de la Asociación para el Desarrollo Económico y Social de las Municipalidades en El Salvador (APDEMES).

El 29 de noviembre pasado, este periódico reveló que APDEMES, fundada en octubre de 2008 por Julia Nora Romero de Gallegos, la esposa del actual presidente de la Asamblea Legislativa, ganó en 2015 un cuarto de millón de dólares a través del presupuesto general, en un dictamen firmado y votado por el propio diputado Gallegos. Un año más tarde, esa misma asociación, en la que la esposa del diputado Gallegos además de fundadora ocupa un cargo directivo, fue beneficiada en el presupuesto 2016 con otros 300 mil dólares, de los cuales a la fecha el Ministerio de Hacienda asegura haber desembolsado 100 mil dólares.

La asignación de fondos de la cual se benefició APDEMES se trata de una práctica habitual en la Comisión de Hacienda del parlamento, que cada año incluye en el presupuesto partidas de fondos para que se entreguen de forma directa a organizaciones privadas, y da forma legal a esa práctica al votar en plenaria el presupuesto, puesto que este se convierte automáticamente en Ley de la República. No hay convocatoria pública previa. No hay reglamento que avale esa asignación de fondos ni requisitos técnicos por escrito que regulen a quién se otorga ese dinero.

Según la presidenta actual de APDEMES, Ana Dolly Valiente -una asesora de Gallegos y excandidata a diputada de Gana por La Paz-, los fondos que recibieron a través del Ministerio de Hacienda fueron utilizados para la ejecución de proyectos de prevención de la violencia en siete municipios del departamento de San Salvador: San Salvador, Mejicanos, Ciudad Delgado, San Marcos, Apopa, Soyapango e Ilopango. Sin embargo, en esos siete municipios no hay rastro de los proyectos ejecutados por APDEMES, pese a que desde enero de 2015 el gobierno ha puesto en marcha un ambicioso plan que llama a las alcaldías, instituciones de gobierno, empresa privada y de la sociedad civil a trabajar en conjunto para desarrollar planes de prevención de la violencia en los 262 municipios del país.

Desde abril de este año, a la cabeza de ese plan de prevención, que en la práctica crea mesas locales de prevención de la violencia, se encuentra el viceministro Flores Hidalgo, un exdirector del Cuerpo de Agentes Metropolitanos de la Alcaldía de San Salvador. Entre sus labores está la coordinar un comité técnico que evalúa, investiga, observa y recluta a los actores relacionados con la prevención de la violencia en el país. Al mismo tiempo, ese comité se nutre de la información que envían los municipios que ya están dentro del plan nacional de prevención de la violencia.

El Faro le explicó a Flores Hidalgo que del trabajo que APDEMES dice haber desarrollado no hay rastros en siete municipios que ya trabajan en el plan El Salvador Seguro. “Desconozco. Lamentablemente hubiéramos querido que llegaran a estas comunidades esos fondos”, dijo Flores Hidalgo.

Cuando El Faro le preguntó si él, como cabeza principal del gobierno en materia de prevención, pedirá una investigación para saber qué fue del uso de esos fondos públicos, Flores Hidalgo se desmarcó: “Ahí están las instituciones que deben verificar si esos fondos han sido utilizados para lo que fueron solicitados”.

“Nosotros tenemos nuestros propios planes. Y cada centavo y cada dólar están siendo fiscalizados y llevamos cuentas cabales para que la Asamblea tenga los informes de qué estamos invirtiendo, cómo y dónde queda el trabajo que estamos desarrollando”, añadió.

El viceministro dio estas palabras a la salida del lanzamiento de la segunda fase del plan El Salvador Seguro, la política gubernamental que arrancó en enero de 2015, el mismo mes en el que Hacienda desembolsó los primeros 125 mil dólares para APDEMES. El plan gubernamental busca sentar a todos los actores relacionados con la prevención en una sola mesa a nivel municipal, en cada uno de los 262 municipios del país. Este 6 de diciembre, la segunda fase del plan arrancó con la inclusión de otros 16 municipios que ya cuentan con comités locales de prevención de la violencia, unas mesas alrededor de las cuales se sientan a diseñar políticas de prevención alcaldes, policías, militares, maestros, médicos, empresarios, cooperación internacional y oenegés dedicadas a la prevención de la violencia.

Las mesas locales de prevención son una copia, en pequeño, del Consejo de Seguridad Ciudadana y Convivencia, una mesa más amplia, en la que se sienta el ministro de Justicia y Seguridad Pública, el coordinador del gabinete de gobierno, el vicepresidente de la República, embajadores, empresarios, iglesias, universidades…

Aunque el plan El Salvador Seguro busca apuestas de prevención que reduzcan la violencia, que prevengan la incorporación de jóvenes a las pandillas y que reduzcan los homicidios, sus alcances distan mucho de lograr los objetivos deseados. En la lista de los 25 municipios más violentos del país (por número bruto de homicidios registrados hasta el 30 noviembre de 2016), Ciudad Delgado aparece en la posición número ocho, con 103 asesinatos. Ciudad Delgado es el municipio insignia del plan El Salvador Seguro, ya que fue ahí donde surgió el primer comité municipal de prevención de la violencia.

Este municipio, además, fue uno de los beneficiados con los proyectos de prevención que APDEMES dice haber realizado. La municipalidad, sin embargo, desconoce a esa asociación. “Si no está en este comité de prevención es porque el trabajo de esa asociación no existe”, dijo a El Faro Leticia de Oviedo, la coordinadora de la mesa de prevención de Ciudad Delgado.

Al respecto, el 8 de noviembre pasado, el diputado Gallegos dijo 'desconocer' que su esposa había fundado esa asociación y que esta estuviera dirigida por algunos de sus amigos y asesores. 22 días más tarde, el 30 de noviembre, un día después de que El Faro revelara el reportaje en el que consta que Gallegos firmó y votó los dictámenes mediante los cuales la asociación ganó 550 mil dólares de fondos públicos, él dijo estar enterado de la existencia de APDEMES, e incluso dio la cara por esta asociación: “Esa asociación existe y en cualquier momento se les puede dar a conocer todos los proyectos y obras que tienen”.

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