Columnas / Violencia

Sin clientes sí hay trata


Viernes, 6 de enero de 2017
Laura Aguirre

El caso abierto en contra de la red de prostitución infantil que entre sus clientes tuvo, según la Fiscalía, a un famoso conductor de la televisión nacional tiene en indignación a todo el país.

La respuesta popular a este caso ha sido una protesta en redes sociales y en la vía pública cuyo lema es “Sin clientes NO hay trata”. Esta idea, muy llamativa y fácil de aprender, es sin embargo simplista y oscurece las raíces del problema. Yo les reto a que intentemos ver más allá, que exijamos más.

La penalización y castigo a los clientes como solución a las situaciones de explotación sexual, infantil y adulta, está enraizada en la creencia que el intercambio de sexo por dinero, o la prostitución, existe porque hay hombres dispuestos a pagar. Está idea se popularizó a partir del modelo sueco. Desde 1999 Suecia decidió por ley castigar penalmente a todo aquel hombre que solicitara o pagara por sexo (comprar sexo es considerado un crimen masculino), sin penalizar a las mujeres por la venta de sexo (porque las mujeres por ser consideradas víctimas no deben ser castigadas). A partir de entonces este marco legal se ha intentado expandir como modelo. Muchos políticos y feministas suecas afirman que ha sido un éxito y un ejemplo en la lucha por la igualdad de género. Según ellos, hoy en día Suecia básicamente está libre de prostitución y de trata. Sin embargo, hay pocas pruebas de eso y los datos y varios estudios han venido desmintiendo estos maravillosos resultados.

La prostitución en Suecia ha desaparecido de las calles. Es decir que se hace en la clandestinidad, lo cual está lejos de significar que no existe. Hoy en día la mayoría de trabajo sexual se hace en las casas u otro tipo de lugares privados. De acuerdo a un reporte del Instituto de Estadística de ese país, en el 2014 alrededor el 1.4 % de la población había recibido dinero a cambio de sexo. En los jóvenes el porcentaje era alrededor del 1 %. Es decir que 15 años después de la aprobación de la ley contra los clientes, aproximadamente 20 mil jóvenes, algunos menores de edad, aceptaban que intercambiaban sexo por dinero.

Desde este punto podría discutirse múltiples cuestiones relacionadas al comercio sexual. El debate es extremadamente complejo y da para mucho, pero ciertamente no para abordarlo completamente en este espacio. Por eso voy a centrarme en la relación que tiene con la prostitución infantil, que es lo que, al menos hoy, está en la cabeza de los salvadoreños.

El discurso simple que está primando es que hay unos hombres malos que están pagando para tener sexo con niñas, si ellos no existen las niñas explotadas sexualmente tampoco. Esto hace parecer a esos hombres como la causa más importante de toda la injusticia que esas menores de edad enfrentan.

Sin embargo, numerosos estudios han demostrado que la mera existencia de leyes no garantiza una respuesta adecuada a las necesidades de los menores de edad que están en situación de prostitución. Por el contrario, lo que se ha hecho evidente es que muchas veces, aunque los proxenetas y clientes hayan sido atrapados y condenados, las niñas y jóvenes [aunque también hay hombres (niños y jóvenes) y personas de la comunidad LGTB] terminan siendo culpabilizadas por el sistema penal y las soluciones que suelen ofrecerse para ellas no pasan del internamiento en albergues y capacitaciones en oficios. Lo que también aparece, y como constante, es que muy pocas permanecen en este sistema de acogida y muchas veces al salir o escaparse regresan a la calle y a la prostitución.

Cuando se explora en la historia de estas personas, más allá del mero hecho de estar en la prostitución, y se escucha realmente lo que dicen y no lo queremos escuchar, entonces se revela un largo camino de vulneraciones en el que la prostitución aparece como un resultado y no como causa de su situación. En la investigación de Maggi O´Neill -sobre jóvenes en la prostitución en Inglaterra- resaltan las características que los menores comparten: algunos provenían de hogares de los que habían sido separados o de los que habían escapado por maltrato intrafamiliar y/o violencia sexual, otros habían sido abandonados o echados de casa por su mala conducta, todos tenían dificultades para entrar y mantenerse en el sistema escolar (algunos excluidos totalmente), dificultades para relacionarse con los adultos y confiar en ellos; la mayoría experimentaban cotidianamente otros tipos de violencia. Las políticas instauradas funcionaban para algunos, pero para muchos no pues habían escapado de los albergues porque no deseaban estar internados y/o por lo abusos que ahí también sufrían. Por lo tanto, casi todos esos jóvenes habían tenido que asumir desde muy temprano la responsabilidad sobre sí mismos en un contexto hostil hacia ellos y con pocas respuestas estatales. La prostitución (en una red o de manera independiente) aparece entonces para muchos como la posibilidad de tener ingresos para mantenerse a sí mismos, y en el caso de muchas adolescentes a sus hijos también.

Pienso en el caso de El Salvador, un país en el que ser niño, niña y adolescente pobre sigue siendo una situación de riesgo: cada año se presentan cientos de denuncias por violación a menores y violencia intrafamiliar, en su mayoría hacia mujeres. De acuerdo al estudio presentado por MINSAL-UNPFA, entre 2013 y 2015 uno de cada tres embarazos fue de una adolescente; en el 2015 hubo más de 13 mil embarazadas de 10 – 17 años y de estas uno de cada nueve tenía 14 años o menos; el 17% se encontraba con una pareja que tenía 10 o más años que ella. Del total de embarazadas, tres cuartas partes dejaron la escuela definitivamente. A esto es necesario agregar los preocupantes datos de ocupación y desempleo. La tasa de desempleo general es de 6 %, pero la juvenil ronda al 12 %; de la población joven el 23 % ni estudia ni trabaja; ocho de cada 10 “nini” son mujeres, especialmente aquellas que se encuentran viviendo en pareja o casadas. Se reconoce la población económicamente activa (PEA) desde los 16 años, pero para nadie es secreto que en nuestro país muchos niños tienen que asumir responsabilidades laborales y económicas desde muy tempranas edades. Las cifras de la DIGESTYC estiman que para el 2014 existían al menos 126,571 niños y niñas entre 5 y 17 años que realizaban alguna actividad para generar ingresos para sus hogares, además de miles que viven en estado de abandono y en la calle expuestos a todo tipo de violencias y vejámenes a su integridad.

Además, no se debe olvidar que en El Salvador el salario mínimo legal no alcanza para lo mínimo necesario; que la mayoría de personas ocupadas trabajan en el sector informal; para gran número de mujeres pobres las opciones son el comercio de calle y ambulante, el trabajo doméstico o el trabajo sexual; y si es en el sector formal suelen ser empleos precarios como los de maquilas. Esas son las oportunidades para nuestras jóvenes más vulnerables.

En un contexto de inseguridad y de abandono como este no debe resultarle extraño a nadie que existan tantas jóvenes que como Natalia, la adolescente de la que cuenta el artículo de Revista Factum, hayan ingresado a la prostitución y, aunque nos duela, hayan encontrado en ésta la manera de generar los ingresos que necesitaban.

El Salvador por ley establece que prostituir a una menor de edad es delito, que tener relaciones sexuales con una menor de 15 años es delito, haya o no consentimiento; que tener relaciones sexuales con una menor de entre 15 y 18 años prevaliéndose de una relación de superioridad es delito. Tener leyes adecuadas y eficazmente aplicadas es definitivamente una herramienta valiosa para las víctimas, pero no es suficiente y muchas veces la misma ley se vuelve contra ellas.

Si en el caso actual, los clientes de la red de prostitución llegan a ser condenados, como lo fueron los proxenetas, el sistema judicial se habrá agregado un punto, pero ¿qué habrá pasado con las adolescentes como Natalia? ¿Habrá cambiado en algo su contexto? ¿Habrán dejado de ser vulnerables a la explotación sexual? ¿Encontraran oportunidades reales de movilidad social? ¿Se habrán convertido por fin en una prioridad para el Estado? ¿O todo seguirá igual y la aspiración de las víctimas seguirá siendo que alguien las rescate de la prostitución, convertirse en testigos contra sus clientes y proxenetas y terminar internadas en un albergue para aprender costura y cosmetología?

*Laura Aguirre es estudiante de doctorado en sociología en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín. Su tesis, enmarcada dentro de perspectivas feministas críticas, está enfocada en las mujeres migrantes que trabajan en el comercio sexual de la frontera sur de México. Su trabajo también abarca la sexualidad, el cuerpo, la raza, la identidad y la desigualdad social.

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