La Corte de Cuentas anunció que auditará a las organizaciones no gubernamentales que hayan recibido fondos públicos para ejecutar proyectos a través de los presupuestos generales de la nación para los años 2015 y 2016, y promete dar resultados de esas pesquizas al concluir el primer semestre de 2017. En la lista de las oenegés que serán auditadas se encuentra la Asociación para el Desarrollo de las Municipalidades (APDEMES), fundada y dirigida por asesores, amigos y la esposa del presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos.
El Faro reveló en noviembre pasado que APDEMES, fundada por Julia Nora Romero de Gallegos, y por la cual han desfilado miembros del partido GANA, recibió 250 mil dólares a través del presupuesto general de 2015 (votado en noviembre de 2014) y otros 300 mil en el de 2016 (votado en noviembre de 2015), a través de un mecanismo irregular de asignación de fondos.
La repartición que los diputados hacen de estos fondos ha sido y sigue siendo una práctica habitual: la Comisión de Hacienda incluye cada año en el presupuesto partidas de fondos para que se entreguen de forma directa a organizaciones privadas, y da forma legal a esa práctica al votar en plenaria el presupuesto, puesto que este se convierte automáticamente en Ley de la República. No hay convocatoria pública previa. No hay reglamento que avale esa asignación de fondos ni requisitos técnicos por escrito que regulen a quién se otorga ese dinero.
Con apoyo de los partidos FMLN, PCN y PDC, los dictámenes que dieron vida a esos decretos y a esas asignaciones que benficiaron a APDEMES también fueron firmados por Gallegos en la Comisión de Hacienda, y luego votados en el pleno. En aquellas fechas, Gallegos fungía como vicepresidente del parlamento salvadoreño.
El destino final que tuvieron los fondos adjudicados a APDEMES tiene varias irregularidades. Por ejemplo, la compra en 2015 de un pickup Toyota Hilux del año 2010 por 45 mil 500 dólares, más del doble del precio original con el cual fue introducido al país. Ese vehículo, en 2016, terminó en manos de la esposa del diputado Gallegos, según el Registro Público de Automotores.
Además, El Faro también reveló que en siete municipios del departamento de San Salvador no existen rastros de los supuestos proyectos de prevención de la violencia que dice haber realizado la oenegé.
Dos semanas después de la publicación, representantes de Acción Ciudadana, una asociación civil que puja por la transparencia en el uso de fondos públicos en el Estado y en el financiamiento de los partidos políticos, presentó una denuncia ante la Corte de Cuentas a través de la cual pidió una auditoría para APDEMES y el resto de oenegés patrocinadas por los diputados vía el presupuesto.
Este 24 de enero, el ente contralor emitió un comunicado en el que informa que auditará a todas aquellas entidades que hayan recibido fondos, dando prioridad en las auditorías a aquellas que hayan recibido más de 100 mil dólares. APDEMES entra en esta primera tanda.
'Considerando criterios de prioridad para realizar exámenes especiales a aquellas ONG que han recibido montos mayores a los cien mil dólares', señaló la Corte. La denuncia de Acción Ciudadana incluye un listado de 121 asociaciones que recibieron dinero en 2015 y en 2016. De dicho listado, el 42% (51 asociaciones) recibieron un apoyo del Estado que ascendió a más de 100 mil dólares.
Esta institución estimó que cuando acabé el primer semestre de 2017 ya habrá comenzado a auditar al 90% de estas asociaciones. 'En el primer semestre del año, (se estaría auditando) aproximadamente el 90% de los casos denunciados, de los cuales ya se inició con la asignación de los equipos de trabajo respectivos; y el 10% restante se incorporará en las auditorías del curso normal del Plan Anual del presente año', reza el comunicado.
Acción Ciudadana denunció que los diputados aprobaron darle dinero del Estado a organizaciones privadas sin transparentar los criterios de utilidad pública para proceder a asignar fondos públicos, también señaló que hay indicios de que el reparto de dinero obedece a criterios partidarios y que no evidencian una contraloría sobre el uso de esos fondos. 'Existen evidencias que el reparto de la mayoría esos fondos públicos se hicieron atendiendo únicamente la afinidad política del receptor', dice la denuncia.
En noviembre de 2016, pese a que firmó los dictámenes que dieron vida a los presupuestos de la nación, el diputado Gallegos respondió que 'desconocía' si su esposa o sus asesores y amigos tenían una asociación, y si esta había sido beneficiada con fondos públicos. Más tarde, Gallegos reconoció que esa asociación existía, e incluso abogó por ella, diciendo que tenían manera de justificar el uso de los fondos que habían recibido.
Este martes 24, Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana, dijo que estarán a la expectativa de las auditorías y del trabajo de la Corte de Cuentas. Dirigida por más de dos décadas por funcionarios ligados al Partido de Conciliación Nacional, la Corte de Cuentas es una institución duramente cuestionada por su falta de diligencia y de transparencia para fiscalizar el uso de fondos públicos. Más reciente, la Corte de Cuentas estuvo acéfala luego de que la Corte Suprema de Justicia destituyera a sus magistrados, entre los cuales figuraron abogados para quienes la Asamblea no logró presentar atestados que los desvincularan de los partidos PCN y GANA.
Las nuevas autoridades del ente contralor fueron electos por los partidos en la Asamblea Legislativa el 25 de noviembre de 2016, dos semanas después de que el diputado Guillermo Gallegos asumiera como presidente de la Asamblea Legislativa.
Consultado sobre estos antecedentes en la Corte de Cuentas, Eduardo Escobar dice: 'Esperamos que el actuar de los magistrados que ahora dirigen la institución sea distinto al que han realizado los otros titulares anteriores'.
En noviembre pasado, la diputada presidenta de la Comisión de Hacienda, Lorena Peña, aceptó que la asignación de fondos a oenegés vía presupuesto es irregular, y señaló que para la elaboración del presupuesto de 2017 promovería un cambio para para hacer más técnico y transparente ese proceso. Esto, sin embargo, no ocurrió. La Asamblea Legislativa aprobó la semana pasada el presupuesto para 2017, y en él la Comisión incluyó a 41 asociaciones que van a recibir un monto mayor a 100 mil dólares. El monto total que el Estado entregará a organizaciones privadas asciende a los 22.2 millones de dólares.
