Thelma Aldana Hernández, 62 años, llegó al cargo de fiscal general en 2014, cuando aun estaba fresco el freno que los sectores más conservadores impusieron al período de la exfiscal Claudia Paz y Paz, luego de que ella impulsara el juzgamiento por genocidio en contra del exdictador Efraín Ríos Montt. En ese contexto, el nombramiento de Aldana, con una trayectoria ligada a la derecha, promovió la idea de un triunfo para esos sectores empecinados en bloquear los casos de la guerra. En Guatemala, quien nombra al fiscal general es el presidente de la República después de un proceso de evaluación. A Aldana la nombró Otto Pérez Molina, ahora procesado por corrupción por el MP y por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), entidad a la que estuvo a punto de clausurar. Dos años y una quincena de casos destapados después , Aldana y el comisionado de la CICIG Iván Velásquez siguen granjeándose enemigos.
En Guatemala se ha desatado una campaña mediática contra ambos. Aldana dice que no le presta atención, pero cuando se le pide su opinión sobre los sectores más conservadores del país, responde que deben flexibilizar sus posturas, poner al centro de su estrategia económica, al ser humano.
En esta entrevista también habla de la contaminación de la política en la justicia, de que la ciudadanía debería estar más activa –así como hace un par de años cuando exigían la destitución de Baldetti y Pérez Molina-, del aborto, de la libertad de expresión…
Aldana estuvo de visita en El Salvador por un encuentro con fiscales del Triángulo Norte. Tuvo la agenda llena: múltiples entrevistas con medios locales, un conversatorio sobre impunidad... En algún momento de su encuentro con El Faro, su asistente le dice que debe revisar su teléfono celular, que es urgente. “Hay una emergencia, siempre ocurre”, dice. Y en seguida revisa sus chats en Whatsapp. ¿Todas las unidades se le reportaron?, preguntamos. “Sí –bromea- hasta mis hijos”.
Por estas fechas, hace dos años, el entonces presidente Otto Pérez Molina hacía lobby en Guatemala para que el mandato de la CICIG no fuera renovado. Dos años más tarde, usted presentó cargos contra el hermano e hijo del presidente Jimmy Morales por gastos injustificados en el Registro de Propiedad. ¿Cómo describiría, en este momento, la relación de usted y el Gobierno del presidente Morales quien mencionó hace unos días que le parecía irrelevante apoyar en público la CICIG?
Yo me siento cómoda porque nuestras investigaciones en el MP-CICIG son transparentes, no buscamos a nadie en particular en las investigaciones sino que las personas salen producto de esta tarea de investigación. Habría que preguntarle al presidente de la República. Él ni siquiera ha preguntado sobre del caso y no ha habido ninguna interferencia, eso hay que reconocerlo.
La exfiscal Claudia Paz y Paz terminó abruptamente su mandato. ¿Usted percibe que haya fuerzas interesadas en que clausure su mandato antes de tiempo?
La historia nos da la respuesta, yo debería ser la fiscal general número cinco desde que fue creado el MP; soy la número 12. Cuando asume un nuevo presidente de la República, de los primeros puestos que se tenía la costumbre de destituir era al fiscal general, y eso nos motivó a modificar la Ley orgánica del MP pues la destitución se podía justificar con solo presentar un informe sobre la mora de casos. Con la norma actual, esa posibilidad es nula. Muchos afectados con nuestras investigaciones han de estar deseosos de que yo entregue lo antes posible el cargo, pero yo fui nombrada para cuatro años y yo pretendo, si Dios me concede vida, estar los cuatro años.
Sintió la necesidad de blindarse.
Así es, claro: para proteger al MP de los vaivenes de la política que desafortunadamente siempre trata de manipular, particularmente, las entidades del sector justicia.
Pero se supone que la justicia tuvo avances. ¿Sigue siendo igual que hace 15, 20 años atrás?
El sistema es el mismo, y en consecuencia el manipuleo es igual, si no hay cambio constitucional el manipuleo va a seguir por siempre.
Todo indica que se necesita hacer un cambio sustancial en la forma en cómo el sistema judicial se depura. ¿Debería haber una herramienta más expedita para lograr que los jueces ‘malos’ sean expulsados cuanto antes?
Sí, por esa razón creamos una secretaría técnica para trabajar una reforma constitucional. Varias instituciones trabajamos el diálogo nacional, fuimos al interior del país, hicimos consultas y finalmente los tres presidentes de los poderes del Estado presentaron la iniciativa de reforma constitucional. Me da la impresión de que los diputados no tienen voluntad política de aprobar esa reforma y me da la impresión de que no lo quieren hacer porque se les quita la posibilidad de interferencia en el sistema de justicia. Actualmente, la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones es nombrada por el Congreso y con nuestra reforma, las cortes estarían funcionando alrededor de una carrera judicial. Es quitarle buena parte de la injerencia política al poder judicial porque sabemos que la política debe estar muy lejos del sistema de justicia, no debe de interferir para garantizar la autonomía y el fortalecimiento del poder judicial
Entonces, ¿en realidad ha habido cambios? La injerencia de la política en la justicia sigue. Las consultas no han sido suficientes. Se necesita algo más.
Claro, voluntad política del Congreso.
¿Cómo cambiar eso?
No tengo idea.
¿Persiguiendo a todos los diputados?
No, para nada, de ninguna manera, de hecho, dos diputados han querido manejar de que si hay algunas investigaciones es para obligarlos a aprobar la reforma constitucional. No, son cuestiones total y absolutamente separadas. Son ellos los que deciden. Los diputados del Congreso y la historia se encargará de establecer si actuaron bien o no.
¿No debería estar la plaza pidiendo también estas cosas?
No sé si la ciudadanía está tan consciente de la necesidad de la reforma constitucional, o de que los magistrados de la Corte de Apelaciones no deben de ser electos por el Congreso, o si comprenden la necesidad de separar las funciones administrativas de la Corte Suprema de Justicia para que se dediquen solo a la función jurisdiccional, no sé. Creo que la prensa ahí juega un papel fundamental.
Y hablando de la prensa, ¿qué opinión le merece la censura del artículo de Contrapoder?
Yo creo en la libertad de prensa, y en la libertad de expresión y creo que la censura a la prensa, en ninguna época de la historia de Guatemala es correcta, menos en esta época en la que hay tanta apertura a través de las redes sociales, de todas formas, ese artículo lo leímos todos. La censura ya no funciona.
Hay diputados que señalan que el MP-CICIG violenta la presunción de inocencia en las ruedas de prensa.
Cuando hacemos la conferencia no damos a conocer una sentencia, damos a conocer la investigación y es realmente un resumen. Lo que pasa es que nuestras pruebas son tan contundentes que cualquiera se da cuenta de la posible responsabilidad de las personas a las que les vamos a imputar
Con la “plaza vacía”, ¿estamos en un escenario peor al año 2015?
Lo que sucede es que ahora la población guatemalteca está a la expectativa del trámite de los procesos judiciales. Ya nosotros como MP hemos hecho las imputaciones en los casos, seguimos con otras investigaciones, y estamos a la espera de que avances los procesos penales para obtener sentencias, porque eso es lo que pretendemos como MP, y asumo que eso es lo que quiere la población. La población guatemalteca está a la expectativa. Pero yo estoy segura que si algún tribunal resuelve contrario a los medios probatorios, fácilmente la población guatemalteca sale otra vez a las calles. Ya Guatemala no es la misma.
En Guatemala, hemos visto nuevas presiones de los medios contra el trabajo que el MP y la CICIG. ¿Quiénes son los que están detrás de este acoso?
Yo, la verdad, no pierdo mi tiempo en estar pensando ni viendo quiénes son los de las campañas negras, para mí es perder el tiempo. Yo avanzo en mi trabajo y la única herramienta que tengo para defenderme de esas campañas negras es mi trabajo, de manera que ni siquiera le doy importancia. No me afecta, no me asusta, no me perjudica en lo personal.
En el reportaje censurado por la revista Contrapoder se identificó que detrás de las presiones contra usted e Iván Velásquez están empresarios, dueños de medios, agroexportadores, gente vinculada a los militares. ¿Su opinión sobre la derecha guatemalteca, siendo una mujer de pensamiento de derechas, ha cambiado en estos años que ha sido fiscal?
No, sigue siendo igual. La derecha guatemalteca debe flexibilizarse, debe de avanzar más hacia el ser humano, y de tener en su estrategia económica a la persona como lo más importante de una sociedad. Se debe flexibilizar, se debe luchar contra el racismo, contra la discriminación, contra la pobreza, contra la violencia que sufre la mujer guatemalteca y ser más de avanzada para la mujer guatemalteca. Yo creo que esa confrontación derecha-izquierda, en estos tiempos, ya no debería de tener sentido. Deberíamos de pensar en el desarrollo humano, deberíamos de poner a la persona en el centro de nuestra atención. No todos los sectores son tan radicales, y yo conozco muchísimos empresarios que piensan en la justicia, que están dispuestos a ayudar. Tenemos un ejército diferente, un ejército en tiempos de paz. Quizás los militares de la vieja guardia deberían de flexibilizarse o de repente ya no se puede, pero la juventud guatemalteca de todos los sectores debe avanzar hacia la construcción de un país diferente.
A propósito, vimos hace unas semanas lo del 'barco del aborto'. ¿La ciudadanía en de nuestros países está preparada para un debate serio sobre lo que tiene que ver con los derechos de la mujer, un aborto seguro?
Guatemala tiene una cultura patriarcal, a partir de ahí podemos ir sacando conclusiones. La violencia contra la mujer es natural: 'la mujer se lo buscó', 'si está embarazada es culpa de ella', 'que tenga el hijo, mira qué hace', y si es violada, se le obliga a tener al hijo, luego es olvidada por el Estado y despreciada por su familia y su comunidad, esa es la realidad de la mujer guatemalteca. Desde luego, en ese ambiente no se puede ni siquiera hablar de que una mujer que ha sido violada no debería seguir con el embarazo. En todo caso, pues habrá que respetar la ley guatemalteca que penaliza el aborto.
¿No está favor de ciertas causales por las cuales podrían practicarse abortos?
Claro, yo estoy en contra de que una niña que ha sido violada sea obligada a la maternidad, me parece inhumano, me parece aberrante, y peor aun la indiferencia del Estado ante la realidad de estas niñas.
¿Cómo califica la actitud del Estado con el 'barco del aborto' el cual fue expulsado por órdenes migratorias?
Es que también para nuestra cultura que llegue un barco y que diga: '¡Vengan, hagan aborto!' No, no... no puede funcionar así, nuestra cultura no es para eso. Quizás en otros países, quizás en Europa o en la luna, o en cualquier otro lugar pero que a Guatemala, El Salvador, Honduras llegue el barco, noooo, no puede funcionar y nos oponemos todos.
¿Le pareció excesivo?
Claro, a mí me pareció absolutamente fuera de lugar. Y qué sé yo si llegaban 15 jóvenes y se las llevaban, o cualquier riesgo, podían morir, y creo que es incorrecto.
Pero contra leyes extremas quizás lo que queda son acciones extremas.
No, yo creo más en la prevención. Creo que la educación, la prevención es un mecanismo importante que en Guatemala no se trabaje adecuadamente.
¿Usted está a favor de la educación sexual temprana en las escuelas?
Claro, y lo viví con mi hija: cuando yo le hablaba de la cigüeña, estando ella en párvulos, con cinco años, me saca su libro y me dice: ¿Cuál cigüeña? Si aquí está todo el proceso de ovulación y tal. Entonces yo dije que realmente tenemos que cambiar y hablarle a nuestra niñez a la luz de estos tiempos. El Estado el que debe ayudar a la juventud con campañas que eduquen sexualmente a la población, darle los mecanismos de prevención y apoyar a la juventud, pero los servicios de salud dejan mucho que desear en Guatemala.
¿La vida es desde el instante de la concepción?
La personalidad civil empieza con el nacimiento y termina con la muerte, sin embargo, a los que están por nacer, se les considera como nacidos, de acuerdo con la ley guatemalteca. Esa es la teoría en la que yo creo, la de la viabilidad del nacimiento.
