El 3 de marzo, Silvia Elena Regalado convocó a una reunión a los técnicos de la dirección de patrimonio. La intención era zanjar el conflicto que se había generado entre la Alcaldía de San Salvador y la Secretaría de Cultura por la intervención y remodelación de la plaza Libertad. Al cabo de una hora y media, la secretaria de Cultura decidió actuar en favor del alcalde capitalino Nayib Bukele, contradiciendo su propio mandato, la Ley Especial de Protección al Patrimonio y la opinión de sus técnicos.
Dos días antes, Bukele había acusado a la Secultura de bloquear el proyecto de revitalización del Centro Histórico. En respuesta, decidió tomar medidas de presión: anunció que bloquearía el paso a la Secretaría de Cultura al área y dispuso al Cuerpo de Agentes Metropolitanos uniformados al mejor estilo de la Unidad de Mantenimiento del Orden de la PNC en el perímetro de la plaza. Secultura quería solucionar el problema y la ley y su reglamento los facultaban para imponerse, pero no lo hicieron.
En su despacho, además de la jefa del departamento jurídico y de comunicaciones, estaban Nolvia Ventura, jefa del departamento de Inspecciones y licencias de bienes culturales inmuebles; Hugo Díaz, jefe del departamento de Arqueología; e Irma Flores, técnico de apoyo a la dirección de Patrimonio y especialista en restauración de monumentos históricos. A la reunión también asistió Marlon Escamilla, entonces director de Patrimonio Cultural y Natural. Este arqueólogo era la cabeza de la dirección encargada de velar por la conservación del patrimonio salvadoreño, y aunque siempre ha estado consciente de que fuera de la esfera académica el interés por hacerlo es mínimo, discrepa con la idea de que la defensa del patrimonio cultural debe dejarse a un lado para priorizar el desarrollo. Su postura, en esa reunión, por tanto, era clara.
Ventura, Díaz y Escamilla armaron frente. Estaban convencidos de que tenían que actuar de oficio, que la ley los asistía. Casa Presidencial, sin embargo, había dado a Regalado la orden de “conciliar”, un término más bien ligero para matizar lo que realmente fue: bajar la guardia aunque el alcalde haya pasado sobre la Ley de Patrimonio. “Nosotros le explicamos a la secretaria en la parte técnica que no podemos retroceder. El marco legal nos asiste. Le dijimos que no nos íbamos a echar para atrás en cuanto a lo técnico”, relata Díaz.
En cuestión de días, la negociacón política se impuso al cumplimiento de la ley. Regalado, explica uno de los presentes en la reunión, no estaba complacida con la decisión, pero aún así suscribió una carta en la que, en honor a la armonía, accedió a no hacer su trabajo. Dejar sin efecto la ley para privilegiar la remodelación de la plaza implica perder la oportunidad de conocer más sobre la historia de la plaza, un terreno que ha sufrido modificaciones en los últimos 475 años, y que puede aportar contextos prehispánicos, coloniales y republicanos a la historia de El Salvador.
El punto medio entre la discordia lo puso Flores sobre la mesa. En su papel de técnico asesora, y apegándose al mandato de capres, propuso concertar, abandonar el conflicto, aún cuando ellos no lo habían generado. “A nosotros ahorita lo que nos interesa es retomar la conversaciones con la alcaldía, que vean que tenemos más puntos en común que en convergencia. Esa es también la razón por la que no quisimos tomar de bandera la plaza Libertad, sabiendo que podíamos tener después esos datos”, aclara. Las palabras de Flores perfilan cómo el guardián del patrimonio decidió rendirse ante el infractor a partir del manejo público que Bukele hizo de la situación. “En lo que estamos trabajando -agrega- es en la concertación y que la cultura no sea un elemento de discordia”. Cuando la venia de Capres para favorecer al alcalde, Escamilla puso su renuncia. No iba a ser parte del juego.
En una entrevista concedida a El Faro en 2015, al inicio de su gestión como director de patrimonio, el arqueólogo señalaba que en la protección del patrimonio cultural 'se han cometido errores, probablemente se están cometiendo y se van a cometer. Creo que lo importante, más allá de señalar ese error en casos emblemáticos que permitieron la destrucción del patrimonio cultural, es aprender de esos casos y buscar permanentemente la manera de no cometer esos errores nuevamente'. A punto de cumplir dos años en el puesto, no lo logró. Desde el pasado lunes 6 de marzo, Flores lo relevó en el cargo.
La plaza que cada 15 de septiembre se llena de flores y funcionarios está, por ahora, reducida a tierra y algunos escombros producto de la remoción del concreto. El 10 de enero de 2016, Edwin Ramírez y el equipo de arquitectos que conforman el Programa de Revitalización del Centro Histórico empezaron a reunirse con la Secretaría de Cultura para plantearle sus ambiciones de remodelación de la plaza Libertad. Las ideas de la alcaldía iban desde cambiar el diseño de la traza francesa por uno más moderno, hasta techarlo o incluir una pared mural para que los jóvenes hicieran grafitis. “Esta plaza tiene medidas de protección integral en donde se protege la traza y por tanto ese diseño que ustedes nos presentan no puede ser”, observó Nolvia Ventura al diseño. Los técnicos de la alcaldía hicieron las adecuaciones necesarias y, el 15 de abril, Secultura entregó la resolución SS-003-2016. En ella, la dirección de patrimonio daba el visto bueno al proyecto, especificando que esa factibilidad no significaba que estaban autorizados a iniciar obras físicas, ya que estas estaban condicionadas a la presentación y aprobación de los planos. El 30 de septiembre, Secultura selló y aprobó los planos.
Tanto Secultura como la alcaldía dan fe del trato cordial y colaborativo entre las instituciones. El 21 de abril de 2016 ambas suscribieron un convenio de cooperación para restaurar y conservar los monumentos, plazas e inmuebles del Centro Histórico de San Salvador “velando por el respeto de la Ley de Patrimonio Cultural y otras normativas”. Incluso, la alcaldía había accedido a pagar el transporte para que los arqueólogos viajaran desde el Museo Nacional de Antropología hacia el Centro de San Salvador y viceversa. “Les hemos dejado claro en todo momento nuestra disposición para apoyar cualquier tema de investigación arqueológica, pero no es el procedimiento correcto intentar detener una obra que esté en ejecución cuando ya se han hecho todas esas consultas en su momento”, argumentó Ramírez.
La versión del funcionario de la alcaldía entra en conflicto con la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural. En el artículo 8 se establece que la institución encargada de velar por él “adoptará las medidas de protección que estime necesarias, mediante providencias que se notificarán al propietario o poseedor de dichos bienes y a las instituciones' y que las municipalidades están “obligadas a velar por el cumplimiento de las disposiciones”. La normativa se aplica, en teoría, igual para todos: micro, pequeños, medianos y grandes empresarios, alcaldes, personas naturales; de derecha e izquierda. Y en el centro de San Salvador, la administración pública tenía un precedente reciente. En 2011, al último alcalde de derechas, Norman Quijano, la Secultura le negó los permisos de construcción del centro comercial Libertad.
El centro histórico, específicamente los alrededores de la plaza Libertad, es una de las zonas de las que menos detalles se tiene a nivel arqueológico. El interés de Secultura por excavar y hacer cumplir la ley tiene asidero en trabajos de excavación en el excine Libertad, la plaza de los Relojeros, la Casa Rey Prendes y la plaza Gerardo Barrios, realizados entre 2013 y 2016. A la última administración arenera, la Secultura le condicionó la factibilidad del proyecto a la “realización de un estudio arqueológico con el objeto de rescatar o confirmar posibles hallazgos prehispánicos o coloniales, así como replantear el proyecto arquitectónico con base a criterios técnicos que se establezcan a partir de los resultados de dicho estudio”.
Existiendo este precedente, la institución pudo haber incluido desde el principio la necesidad de hacer pozos aqueológicos previo a que se iniciaran las obras. Sin embargo, por tratarse de proyectos estructuralmente distintos, explica Nolvia Ventura, las restricciones variaron: “Era porque iba a ser un mercado, y los planes que ingresaron no eran un anteproyecto, ingresaron todito el proyecto con una cantidad de hojas y detalles constructivos que hacían unas excavaciones en sótano. Ahí había documentación clara para definir y condicionarlo. En ese momento no se conocía nada. Y el sótano se llevaba absolutamente todos los vestigios”.
En el caso de la plaza Libertad, aclara, lo que sucedió fue que se otorgó una licencia sin conocer detalles de excavación y se aprobaron planos de intervención que no explicaban a detalle que se realizaría una remoción completa de la plaza, sino donde solo se incluye un corte donde se establece una excavación de tierra de 0.63 m sobre la calle y acera, pero no se extiende al área de plaza. Al cuestionarle por qué se otorgó la licencia y se autorizaron los planos sin tener certeza de todo lo que se iba a hacer, Ventura se resguarda en el convenio firmado en abril: “Tenemos un convenio con ellos y ha habido desde enero del año pasado una franca comunicación técnica. Aún los planos que están aprobados en el momento de ejecución de una obra, puede encontrarse alguna situación que hace que se modifique las hojas, se reevalúa criterios”. Asegura que no se trata de un elemento aislado que no quedó cubierto, ya que la ley cubre cualquier tipo de hallazgos, y que “la resolución no está sobre el marco de la ley”.
La resolución de abril, aunque no advierte la necesidad de los pozos, sí obliga a la alcaldía a notificar por escrito el inicio y finalización de las obras. La municipalidad, en cambio, dio la orden de ejecución a la empresa constructora sin que la Secultura se enterara. 'El inicio de la obra es posibile que no se hiciera como dice el numeral 35 de la resolución. Pero te dan un permiso, estás acompañado por ellos, estás con técnicos de ellos, lo has comunicado por todos lados... Es posible que a alguien se le olvidó hacer un papel, pero no vas a detener una obra porque a alguien se le olvidó un papel', asegura Bukele. De nuevo, la versión de la comuna entra en conflicto con la legislación vigente. En el artículo 20, el reglamento de la Ley Especial de Protección al Patrimonio establece que los municipios, además de estar 'especialmente obligados' a la conservación y salvaguarda de los bienes culturales de su circunscripción, también lo están a 'facilitar la comunicación pública de los mismos, de acuerdo a los términos y condiciones que se establezcan a través de la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural'.
El convenio de cooperación entre la alcaldía y Secultura, sin embargo, se convirtió en letra muerta. En tres ocasiones distintas, la Secretaría advirtió a la alcaldía de los pasos que ellos tenían, por ley, que acompañar en el proceso de remodelación. Esas mismas tres ocasiones, la municipalidad decidió obviarlas.
La primera se dio el sábado 11 de febrero, cuando el jefe del departamento de arqueología recibió una 'denuncia ciudadana' de que hay máquinas presentes en las plazas. La Licencia otorgada obliga a la alcaldía a notificar por escrito el inicio de las obras. La comuna, en cambio, no habían notificado nada. Pese a la omisión de la alcaldía, la institución se limitó a emitir una advertencia.
El lunes 13 de febrero, Secultura explicó a la municipalidad el contexto arqueológico que subyace sobre la plaza y la importancia de que un arqueólogo acompañara los trabajos de remodelación. Ramírez estuvo de acuerdo y para dejar evidencia por escrito, el siguiente día envió una carta en donde solicita al entonces director de patrimonio que “delegue oportunamente al personal del departamento de arqueología para que brinde el acompañamiento que corresponde a los proyectos que se están ejecutando en el Centro Histórico”. Para Díaz, esta carta deja constancia de cómo la Alcaldía de San Salvador incumplió el acuerdo de mantenerlos informados a la hora de remover el concreto en la plaza Libertad. Para Ramírez, en cambio, la institución confundió los procesos. El acompañamiento lo estaban pidiendo, asegura, para que acompañaran los trabajos de otro proyecto: el del cableado subterráneo. Secultura se había anticipado a lo peor, pero amparados en el convenio y la 'buena comunicación' entre ambas partes, de nuevo, optaron por no imponerse.
La segunda sucedió el 16 de febrero, mientras el arqueólogo designado hacía sus rondas por la zona. Escuchó ruidos al interior del perímetro bordeado con láminas de la plaza Libertad. Una vez adentro, descubrió que las retroexcavadoras estaban removiendo el concreto. El concreto abarcaba alrededor de 15 centímetros. Esa profundidad para los arqueólogos no era significativa, ya que forma parte de las intervenciones recientes. El suelo debajo del cemento, sin embargo, sí podía aportar información, y es por ello que Secultura advirtió a la alcaldía una vez más la importancia de que el arqueólogo estuviera presente cuando se removiera la tierra. 'Necesitábamos estar presente a la hora de que removieran la tierra para hacer efectivo lo del hallazgo fortuito'. Secultura tuvo enfrente una nueva oportunidad para imponerse y, de nuevo, la dejó pasar, aún cuando su contraparte no había dado señas de cumplimiento a los acuerdos.
La municipalidad pasó por alto una tercera vez la solicitud de los expertos en protección al patrimonio. El 27 de febrero, Nolvia Ventura visitó la plaza para hacer una nueva inspección. Cuando llegó notó que la tierra había sido removida. De inmediato, comunicó la situación a Díaz, quien en horas del mediodía llegó a hacer inspección arqueológica y encontró tres tipos de estrato: el primero (de arriba hacia abajo) corresponde al concreto de la acera que circundaba la antigua plaza, el segundo es un “suelo cemento” a base de tierra blanca utilizado para nivelar la última etapa constructiva, la que fue demolida. El tercero de ellos consiste en un posible relleno de tierra de color café oscuro, el cual contiene material arqueológico mezclado (fragmentos de cerámica prehispánica y republicana, teja, ladrillo de barro y huesos de res), similar a otras capas culturales localizadas en excavaciones realizadas en la periferia.
Después de esta tercera falta, la Secultura decidió, por fin, imponerse. El 28 de febrero se entregó a Ramírez un paro de obra. Aun así, después de una serie de negociaciones, llegó a un acuerdo con la municipalidad: se cancelaba el paro de obra pero se excavarían cuatro pozos mientras la empresa seguía con sus labores. Los 33 centímetros de finalmente se removieron de superficie no representaban un daño al Patrimonio, pero ya ofrecia datos relevantes. La Secultura publicó un comunicado informando la realización de estos trabajos. A las 10:41 de la noche de ese mismo día, sin embargo, Bukele anunciaba medidas de fuerza en repudio a lo que llamó 'vendetta ilegal'.
He ordenado al @cam_sansalvador que cierre el perímetro de las plazas y que no permita el ingreso a ninguna persona de @SECULTURASV.
— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 1, 2017
Por instrucciones del Alcalde @nayibbukele, elementos de mantenimiento del orden del CAM garantizan la continuidad de obras en el CH. pic.twitter.com/5lWwf6tNBh
— Gob. de San Salvador (@alcaldia_ss) March 2, 2017
El fin de esa acción, según dijo el alcalde a El Faro, era evitar 'acciones arbitrarias que iban a causar caos en la zona. Al final, eso generó la ventana para la negociación en donde todos ganamos'. La batalla, sin embargo, la perdieron los técnicos una vez más y se priorizó lo político por sobre lo que manda la ley. El lunes seis de marzo, la Secultura emitió una nota en donde, aunque reconoce la necesidad de la intervención arqueológica, decide posponer su intervención a partir de la posible afectación financiera y social del proyecto en caso de realizarla en este momento: 'La Dirección Nacional de Patromonio Cultural y Natural decide: posponer la ejecución del estudio arqueológico, el cual es esencial para el conocimiento del desarrollo histórico y cultural de la plaza Libertad, Centro Histórico y del país'.
La Ley Especial de Protección al Patrimonio y su reglamento son claros: la función del alcalde era acatar las medidas impuestas por la Secultura y dar trámite a todas las advertencias que se hicieron. El único que ganó fue él con la venia de Casa Presidencial. El Faro le explicó a Bukele que el nuevo acuerdo, al no permitir hacer la investigación en este momento, implicaba pasar sobre la normativa que él está obligado a respetar. '¿Si hay algo que sobrevivió 500 años, cómo no va a sobrevivir 6 meses más?', soslaya. La actuación de la alcaldía, en cambio, sí fue arbitraria y no por desconocimiento de la ley, sino por temor a ella. 'El problema -dice- es que la ley dice que si tú encontrás algo tenés que parar la obra. Y la ley te lo obliga, aunque tengás un acuerdo de que en tres días van a terminar.'
Arquélogos, historiadores y exfuncionarios de la institución se han pronunciado en medio de esta coyuntura para defender la necesidad de hacer cumplir la ley y realizar la investigación arqueológica en la zona. 'Si viésemos el centro histórico como un recurso cultural invaluable para el desarrollo educativo, turístico y social, tomaríamos su plaza principal como el principio de un discurso sobre la historia de la nación: su colonia y la república. Y es porque aquí, en esta plaza, lo bueno y lo malo ha encontrado su puesto a lo largo del tiempo', dice el arqueólogo Fabricio Valdivieso, quien entre 2006 y 2009 también se desempeñara como jefe del departamento de arqueología del extinto Concultura. Asegura que si bien tienen claro que la plaza ha sido modificada en distintas ocasiones desde 1911, 'cualquier excavación que se realice podría comprobar la existencia de evidencias arqueológicas o la carencia de las mismas. Esto último, en cuanto a la comprobación de carencia de evidencias, es también es información que aporta para interpretar el contenido del subsuelo y crear hipótesis en cuanto a las probabilidades de encontrar algo en la zona. Sirve también para proyectar futuros diseños urbanos sin la alteración de posibles evidencias arqueológicas en determinada zona y liberar áreas'.
Las excavaciones arqueológicas pueden y deben combinarse con un proyecto de remodelación de la plaza, aseguró Pedro Escalante, director de la Academia Salvadoreña de la Historia, en una entrevista en la radio 102.9, el pasado viernes 10 de marzo. El historiador enfatizó en la oportunidad que representa hacer las investigaciones en este momento, ya que puede darse con hallazgos importantes tomando en cuenta que 'El español nunca construyó en despoblado, siempre construyó ciudades donde había población indígena, no eran partes abandonadas en absoluto'.
El 3 de marzo, Carlos Cañas Dinarte, historiador salvadoreño radicado en Barcelona, adelantó en una columna de opinión en la revista Factum lo que podría suceder si se permitía a la alcaldía a seguir su proyecto de remodelación sin permitir que se realizaran las excavaciones antes, tomando de referencia lo ocurrido en gestiones del extinto Concultura en la década de los 90: 'Ojalá en esta ocasión, la prepotencia, el cemento y la maquinaria pesada no nos impidan conocer más de nuestra historia. En 1994 perdimos los vestigios de la capital del señorío pipil y no tuvimos ocasión de conocer más de esa civilización que floreció en las orillas de la laguna de Antiguo Cuscatlán. Ahora es cuando debemos rescatar lo que podamos de la herencia capitalina que aún tenemos y lo que desconocemos, porque yacen entre 50 centímetros y 5 metros bajo nuestros pies, pero mucho más lejos de nuestros ojos y mentes'.
Desde Nueva York, el antropólogo salvadoreño Jorge Colorado lamentaba la suspensión de las investigaciones por presión de la Alcaldía de San Salvador. 'No hay que poseer estudios superiores para caer en cuenta (de) que ese lugar posee una importancia científica más trascendental que la agenda política del alcalde. No se trata de evitar la mejora de la plaza Libertad, lo que los arqueólogos piden -y porque así manda la ley- es tiempo (para) realizar una exploración, extraer y rescatar algún objeto antiguo sobreviviente o proteger los que no se puedan rescatar de futuras intervenciones'. De nuevo, al cierre de su publicación, se planteaba la posibilidad de que un acuerdo favorable para la alcaldía como este sentara un precedente equivocado: '¿Mañana un privado podrá usar la fuerza contra la SEC y obligarla a llegar a un acuerdo a su favor? ¿La Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural es de obligatorio cumplimiento o se aplica a discreción?'
En distintas ocasiones, Bukele fue enfático en sus intenciones de incumplir la ley. Incluso llegó a asegurar que 'no nos detendremos ni aunque encuentren la tumba de Atlacatl', un mito de la sublevación indígena. Una vez que se salió con la suya, Bukele ofreció acatar lo que dice la ley e incluso financiar la investigación arqueológica en la plaza. Eso sí, una vez que esta haya sido inaugurada.
—Yo entiendo que a un arqueólogo le va a interesar la arqueología, eso no está mal, pero nos dieron permiso para remodelar plazas, y nosotros estamos diciendo que pagamos las excavaciones después.
—Pasar sobre la ley sienta un mal precedente para que en el futuro otros exijan el mismo privilegio, con la excusa de que si se lo dieron a usted, por qué a ellos no.
—Al contrario. Este acuerdo es uno donde se está respetando, por primera vez, el patrimonio cultural. Ojalá las empresas se sentaran a negociar con Secultura sobre cómo cuidar el patrimonio cultural y ofrecieran pagar las excavaciones.
