El primer juicio por enriquecimiento ilícito ordenado por la Corte Suprema de Justicia -en la historia de la ley de enriquecimiento ilícito- cayó en saco roto. Medio siglo después de promulgada, el primer juicio ventilado terminó con un resultado favorable para el diputado pecenista Reynaldo Cardoza, cuestionado por no poder justificar 1.5 millones de dólares en su patrimonio.
El viernes 3 de marzo, la Cámara de lo Civil de San Salvador resolvió 'no ha lugar' la pretensión de la Fiscalía de probar enriquecimiento ilícito en el patrimonio del diputado pecenista, un diputado sui generis por el departamento de Chalatenango, vinculado por informes de inteligencia del Estado al Cártel de Texis y que ha hecho campaña electoral recorriendo el departamento en helicópteros con su nombre.
Cardoza había pedido 'un milagro' en la víspera del inicio de su juicio, el domingo 26 de febrero. El milagro se le cumplió. Después de más de un año de juicio y de varios peritajes financieros, la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro resolvió que Cardoza sí había presentado las pruebas suficientes para justificar los ingresos cuestionados por la sección de Probidad, la CSJ y la Fiscalía.
Una de las conclusiones que incluyó la Cámara en su resolución es que Cardoza, en sus primeros dos legislaturas (2009-2012 y 2012-2015), se benefició de “excesivas prestaciones económicas que le brinda el cargo de diputado”.
La jueza Margarita Romagoza señaló en la resolución que “se comprobó que, además de LOS ALTOS INGRESOS QUE TENÍA COMO DIPUTADO (sic)”, Cardoza también “obtuvo otros ingresos por: (i) ventas de vehículos; (ii) aceptación de herencia; y (iii) arrendamientos, que le permitieron realizar mejoras en inmuebles de su propiedad”. Según el fallo de la Cámara, estos ingresos “no fueron desvirtuados con la prueba aportada por la representación fiscal, por lo que no es posible para este tribunal que exista un incremento injustificado, por haberse probado que son ingresos provenientes de actividades licitas y justificadas, en el patrimonio del demandado”.
En seis años, Cardoza obtuvo ingresos de más de 171 mil dólares en concepto de salario; viáticos que suman más de 140 mil dólares; gastos de representación por más de 67 mil; otras prestaciones del cargo por un poco más de 50 mil; un poco más de 65 mil 828 que la Asamblea le pagó en concepto de gastos de transporte y más de 256 mil dólares que recibió en concepto de deuda política. Es decir que Cardoza obtuvo tres cuartos de millón de dólares (753 mil 886 dólares con 71 centavos) en ingresos que no tenía antes de convertirse en diputado de la Asamblea.
Para la Cámara, el peritaje estableció que a Cardoza aún le sobra una suma exorbitante de dinero al restarle sus gastos de vida, la compra de inmuebles y muebles, y el pago de deudas adquiridas previo al ejercicio del cargo de diputado.
La resolución de la Cámara también falló en contra de la inhabilitación de correr por un cargo público en un periodo de diez años, aunque le pide al Tribunal de Ética Gubernamental investigar si existió irregularidades en todas los beneficios que ha obtenido en su cargo. También le pide al Tribunal Suprema Electoral una investigación sobre el debido uso de la deuda política que el Ministerio de Hacienda hace a los partidos políticos y pide a la Corte Suprema de Justicia que determine qué multa deberá pagar el diputado por haberse equivocado en sus declaraciones de patrimonio.
La resolución, irónicamente, declaró a lugar el enriquecimiento ilícito de Alma Yaneth Gutiérrez de López, la esposa del diputado, y le ordenó a restituir al Estado 78 mil dólares, le ordenó a la fiscalía iniciar una investigación y la inhibió de participar en elecciones en los próximos diez años.
El diputado del PCN, Reynaldo Cardoza, inició su carrera política en 2009 y en sus primeros seis años como legislador el patrimonio líquido de él y su grupo familiar se multiplicó por siete al pasar de poco más de 163 mil dólares a más de un millón.
En agosto de 2015, el diputado le explicó a El Faro que su patrimonio personal había aumentado un 744% gracias a una herencia, al dinero que su partido le da por cada voto obtenido en una elección y a los viáticos obtenidos como legislador.
En octubre del mismo año, la Corte Suprema de Justicia ordenó el primero de una serie de juicios por enriquecimiento ilícito. Este diputado, el primero enviado a juicio, debía esclarecer el origen de 1.3 millones de dólares de su patrimonio que, según la sección de Probidad, no estaban justificados. La Fiscalía elevó la cifra a 1.5 millones de dólares.
Este es el segundo enredo legal del que sale Cardoza en 11 años. El 13 de septiembre de 2005 fue capturado por la Policía acusado de pertenecer a una red de traficantes de personas y de la violación de dos menores de edad. Fue capturado junto a Juan Ovidio Cerón Moreno, un expolicía que fue arrestado y expulsado de la corporación por su vinculación con una banda de robafurgones liderada por Margarita Parada Grimaldi (asesinada en cárcel de mujeres en 2005). Al ahora diputado le decomisaron una pistola Jericho con una placa dorada con su nombre grabado. Según la Policía, esa placa es de oro. Además, le decomisaron una licencia de conducir mexicana, en la que la foto del diputado aparecía con un nombre diferente: Reinaldo Guerra Flores.
Cardoza quedó en libertad bajo fianza de 2 mil dólares en noviembre de 2005. Un año después, en noviembre de 2006, el caso se cerró definitivamente, ya que la Fiscalía no presentó la solicitud para reanudarlo. Dos años y dos meses después, en enero de 2009, fue elegido diputado del PCN. Informes de inteligencia del Estado también lo incluyeron como un aliado del Cártel de Texis.
