La policía hondureña tiene dos bartolinas en Amapala. Una la usa como bodega. La otra, casi siempre, está vacía. Amapala es una perfecta isla volcán, al fondo del golfo de Fonseca, en la que la vida aún transcurre muy despacio. En paz. Una verdadera isla en Honduras, uno de los países más violentos del mundo. Pero en esta isla no pasa nada. “La mayor parte de los casos que atendemos son por borrachos o por violencia doméstica”, dice la jefa policial. “Aquí hay poco trabajo”. ¿Ni siquiera robos? Ella mira a dos de sus compañeros agentes, asignados a la isla hace tres meses. Todos ríen: “No, casi nada. Aquí es bien aburrido”.
Mientras la tasa nacional de homicidios cerró el año pasado en 60 por cada 100 mil habitantes, en Amapala ni siquiera se ponen de acuerdo en cuándo sufrieron el último asesinato. Según la policía, sucedió hace tres años, cuando un minutero que venía de tierra firme asesinó a un pescador en una borrachera. Los pobladores concuerdan con el hecho, pero algunos creen que fue hace cuatro años, o hace más. Hablan de los anteriores homicidios como si se tratara de leyendas pasadas de generación en generación: Un marido celoso que mató a un cadete de la escuela naval que se enredó con su esposa; un hombre con discapacidad mental que arrojó una roca en la cabeza de su cuñado “que lo molestaba mucho”. Y nadie recuerda más.
Para todo el municipio, que también se llama Amapala y que incluye la mayor Zacate Grande y las otras pequeñas islas hondureñas en el golfo, la policía registró dos homicidios en 2015. Ninguno el año pasado. Amapala es el municipio menos violento de Honduras. En esta isla no pasa nada.
El letargo de la tarde es apenas roto por una parvada de guacamayas que pasa volando sobre nosotros. Pájaros rojos y hermosos que gritan con un descaro que sería suicida en Tegucigalpa o San Salvador.
La isla sería idílica de no ser por la decadencia del casco urbano, la miseria de sus habitantes y los promontorios de basura acumulándose en la playa, a la entrada de las casas alejadas del casco urbano. Porque el tren de aseo no abarca más que el centro.
En toda la isla solo hay un bar y un restaurante; lo demás son champas de playa que ofrecen mariscos preparados al lado de casetas que cumplen la función de baños y en los que los orines caen directamente a la arena. La mayoría de las casas del municipio no cuentan con drenaje y en algunas propiedades el agua se acumula por semanas en fétidas charcas donde los niños juegan extrayendo basura que pelean a enormes zopilotes.
Una carretera de casi 20 kilómetros circunda el volcán. A pesar de la escasa población y de los también escasos turistas, hay una epidemia de mototaxis que circulan todo el día vacíos o con mercancía. O transportando a pobladores de las áreas rurales que van al pueblo a hacer compras, o a la iglesia, o a recibir remesas en el banco. Como no hay gasolineras, algunos lancheros aprovechan los viajes a tierra firme para obtener combustible y venderlo a los taxistas.
Hay un solo cajero automático que no sirve desde hace meses; ni siquiera el hotel más caro de la isla acepta pagos con tarjeta y cuando se va la energía eléctrica, algo frecuente, se paraliza toda la actividad económica. Fuera del pequeño casco urbano, que se dedica a la burocracia y a proveer de servicios básicos a los turistas ocasionales y a quienes viven en la base naval, los amapalenses viven de una economía de subsistencia: pescan rudimentariamente para alimentar a su familia y vender; y siembran en sus pequeñas parcelas. Hay viviendas hechas con tablas de madera entrecruzadas, dejando enormes huecos por los que entra libremente la lluvia en invierno. Es una isla de pobres. Pero aquí, el gobierno hondureño y un grupo de extranjeros con ideas radicales piensan iniciar un experimento del que poco o nada saben los amapalenses.
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Durante una reciente gira por Washington, el presidente hondureño Juan Orlando Hernández publicó en Twitter una foto en la que se encontraba reunido con algunos congresistas estadounidenses. Puede verse sentado, al fondo del salón, a un hombre calvo de mediana edad. Se llama Mark Klugmann. Es estadounidense y asesor del presidente Hernández. Ningún otro miembro de la delegación hondureña conoce tan bien algunas de las oficinas visitadas en la gira, que incluyó reuniones con el Secretario de Estado, Rex Tillerson, y el vicepresidente Mike Pence. Tres décadas después de trabajar en esas oficinas, Klugmann volvió como miembro de una delegación hondureña.
A mediados de los años ochentas fue miembro del equipo que redactaba los discursos del presidente Ronald Reagan. Experto en estrategias políticas, lleva décadas trabajando con la derecha centroamericana, prometiendo elevar los índices de popularidad de candidatos y presidentes a través de medidas efectistas y radicales.
En El Salvador fue asesor del presidente Armando Calderón Sol y durante la administración del presidente Francisco Flores se vio envuelto en un escándalo cuando el efemelenista Schafik Hándal denunció que CEPA lo había contratado por casi $30 mil dólares mensuales “para modernizar los puertos” del país. El presidente Flores explicó posteriormente que ese monto era para pagar al equipo de Klugmann, quien era, dijo el presidente, “un consultor especializado en proyectos de modernización”.
En algunas entrevistas, Klugmann se ha autodefinido como “periodista”. Pero a La Prensa Gráfica, en 2007, le aseguró ser “un consultor político de campaña”. Lo hizo en Honduras con Porfirio Lobo, durante dos campañas: la que perdió contra Manuel Zelaya en 2006 y la que ganó, después del golpe de Estado, en 2009. En El Salvador, a decir de algunos allegados al gobierno del presidente Francisco Flores, su trabajo como asesor era justamente en temas de campaña y de mejorar los índices de popularidad de presidente. Una de sus contribuciones fue el plan Mano Dura: un programa diseñado para aumentar la popularidad del presidente Francisco Flores, golpeado por las elecciones parlamentarias de medio periodo en las que Arena perdió la mayoría.
En Guatemala asesoró la campaña de Otto Pérez Molina, cuyo mensaje central era la promesa de una mano dura contra la delincuencia. Después el asesor recaló en Honduras, donde se quedó con el gobierno de Lobo, al que le montó la misma campaña. Hoy, que asesora a Juan Orlando Hernández, le ha convencido de que una de sus promesas centrales para la reelección sea endurecer las penas contra la delincuencia.
A la cabeza de un grupo de libertarios norteamericanos -entre los que se encuentra el hijo de Reagan-, y con el beneplácito de sus protectores presidentes hondureños, Klugmann tiene autoridad legal para concesionar y autorizar zonas enteras del territorio hondureño a corporaciones que tendrán su propia policía; en las que no aplicará la ley hondureña ni pagarán los impuestos previstos para el resto del territorio. El régimen, conocido como Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, Zedes, fue presentado por el gobierno hondureño como un modelo para atraer inversión extranjera con condiciones de seguridad jurídica y pública por encima de los estándares nacionales. En otras palabras, a la medida de los inversionistas.
“Se trata de zonas francas con extraterritorialidad fiscal, con autonomía aduanera y jurisdiccional”, dice Octavio Sánchez, el principal promotor hondureño de las Zedes.
El Puerto de Amapala es la única Zede conocida hasta ahora, aunque aún no cuenta con concesionarios. Honduras prevé convertirse en el gran receptor regional de carga en el Pacífico, como parte de un megaproyecto logístico que incluye también un canal seco para transportar mercadería hasta el Atlántico. Y lo hará concesionando todo el territorio que requiera el inversionista.
Juan Orlando Hernández, un populista de derecha con políticas -y con un discurso- que recuerdan al expresidente salvadoreño Antonio Saca, ha dicho que Honduras se convertirá en una alternativa al canal de Panamá y que esa alternativa comienza en Amapala. “Aspiramos a captar no menos del 5 % de la necesidad de trasladar mercancía de un océano a otro”, dijo Hernández ante la Asamblea General de Naciones Unidas en 2014.
Esta Zede, diseñada por la agencia de cooperación coreana KOICA, incluye además un puerto seco en el municipio de Alianza, fronterizo con El Salvador, para centralizar la recepción y distribución de contenedores que lleguen a Amapala, más los que lleguen por vía terrestre desde El Salvador, Nicaragua y Guatemala. Unos 35 kilómetros al este de Alianza, en Nacaome, los coreanos sugieren el desarrollo de un centro logístico y de vivienda para producir y satisfacer las necesidades del puerto y de miles de empleados.
En la ONU, Hernández anunció que su gobierno está construyendo una autopista que permitirá el ágil traslado de contenedores desde Alianza hasta Puerto Cortés, en el Atlántico, en menos de seis horas. Las autoridades hondureñas aseguran que más de 80 % de la autopista ya está terminada. De los otros tres proyectos, en cambio -Amapala, Nacaome y Alianza-, aún no se ha colocado una sola piedra.
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Dos estadounidenses con muy distintas carreras se disputan la paternidad de las Zedes. Uno de ellos es Klugmann. Pero es comúnmente aceptado que el concepto tiene su origen en una oficina de la Universidad de Nueva York. El profesor Paul Romer lo creó en su escritorio le llamó Ciudades Charter. Eran centros urbanos que serían construidos en lugares despoblados, convertidos básicamente en una gran zona franca con administración y legislación internacional. Era la solución, dijo, para atraer inversión a países subdesarrollados.
Poco después de la toma de posesión del presidente Porfirio Lobo, Romer se encontró con Octavio Sánchez, un joven graduado de Harvard que había escalado meteóricamente en el poder hondureño y era uno de los principales asesores de Lobo. Honduras intentaba entonces normalizar su situación política y económica, duramente golpeada como consecuencia del golpe de Estado de 2009. “El golpe nos aisló internacionalmente y no venían inversiones”, dice Sánchez. “Andábamos buscando proyectos que pudieran atraer inversiones y en ese momento nos encontramos con Romer”.
En una Ted Talk, Romer explicó su proyecto. Partía de la noción de que algunos países no pueden desarrollarse debido a sistemas de reglas y condiciones políticas que les impiden crear un entorno positivo para la inversión. Con Hong Kong como modelo, Romer pensó que ciertas regiones de un país pueden atraer capitales si funcionan bajo reglas distintas que el resto del país subdesarrollado. En teoría, esto atraerá inversionistas para desarrollar toda la infraestructura (energía eléctrica, carreteras, puertos, escuelas etc…) en la región y consecuentemente se instalarán negocios y se construirán ciudades. Atraídas por las oportunidades, muchas familias se mudarán a la nueva región para vivir y trabajar allí. En teoría. “No se trata de un nuevo colonialismo, porque no hay ni coercitividad ni concesiones especiales”, dijo Romer en su charla. Lo que el ingenuo profesor no tomó en cuenta son las razones por las cuales los países subdesarrollados lo son. Y no es por falta de reglas, sino por cómo son utilizadas. Es decir, el tráfico de influencias y la corrupción endémica en esos países, practicada incluso por las corporaciones que aterrizan desde el llamado primer mundo. Esa ha sido la historia de Honduras y esa fue, a la larga, la razón por la que Romer abandonó su proyecto allí.
“No deberían dejar a los académicos sueltos en tierras salvajes”, dijo el profesor Romer, a manera de broma, en su presentación. Eso fue exactamente lo que sucedió. Romer se involucró directamente en el proyecto hondureño y salió escandalizado.
Con miras a una entrevista formal, intercambiamos algunos correos el año pasado. En uno de ellos Romer escribió: “Me he distanciado del proyecto (en Honduras) porque, la última vez que revisé, estaba yendo hacia una dirección que yo no apoyaba. Específicamente, temo que pueda ser utilizado de una manera que creo que es intolerable, como una vía para que un pequeño grupo de personas con acceso al poder en Honduras puedan distorsionar la voz democrática de manera indefinida”. Poco después de aquel intercambio, el profesor fue nombrado jefe de economistas en el Banco Mundial. Pocos días antes de que nos reuniéramos, uno de sus asistentes canceló la entrevista alegando que, debido a sus nuevas labores como funcionario internacional, “tengo la impresión de que (Romer) no querrá discutir ese proyecto pronto”.
¿Qué pasó? Justo lo que Romer dijo en su charla que no pasaría: Antes siquiera de que las Zedes iniciaran, se otorgaron concesiones especiales. Y lo hicieron otros norteamericanos, que se embarcaron pronto en el proyecto gracias a los oficios de Mark Klugmann.
Entre muchas otras cosas, Klugmann se atribuye también la paternidad de las Zedes y se queda corto de acusar a Romer de plagio. Ha dicho que, debido al “inmediato éxito” del proyecto, “un prominente profesor con conocimiento de los medios de comunicación” inventó una versión alternativa de la paternidad. (Aunque Octavio Sánchez dice haber ido personalmente a convencer a Romer de que trajera su idea de las ciudades modelo a Honduras). El Faro intentó hablar con Klugmann por varias vías, pero nunca respondió.
“El modelo de las Zedes nació de mi experiencia en el mundo real, ayudando a países a llevar a cabo reformas económicas”, escribió Klugmann en una revista financiera de las islas Caimán.
Pero ese proyecto, para ser convertido en ley en Honduras, ocasionó eventos traumáticos para la nación.
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A las siete de la noche del 12 de diciembre del año 2012, tres contingentes del Ejército hondureño rodearon el Congreso Nacional en Tegucigalpa. El entonces presidente de la Asamblea, Juan Orlando Hernández, llamó a sesión extraordinaria para discutir un asunto grave: la destitución de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional. Las cámaras de televisión transmitieron en vivo la llegada de los militares y la de los diputados. Honduras estaba en vilo, apenas tres años después de un golpe de Estado.
El legislativo, en contubernio con el Ejecutivo, estaba por destituir a cuatro magistrados incómodos. El pretexto: una resolución que declaró inconstitucional las pruebas de polígrafo aplicadas a agentes policiales durante un proceso de depuración.
A la 1:30 de la madrugada Hernández abrió el debate: “Es una conspiración y estamos obligados a debatir este tema. Unos de nosotros trabajando, exponiéndonos… ¡Y otros conspirando contra los que estamos haciendo por recuperar la paz y la tranquilidad! Tenemos que seguir trabajando hasta encontrar a los responsables finales de esta conspiración”.
El resto de la sesión, que duró varias horas, fue un mero trámite. Más de tres horas de intercambios y acusaciones entre diputados. Gladys Aurora López , la actual vicepresidenta del Congreso y presidenta del Partido Nacional en el poder, dijo en aquella sesión que el momento de la destitución era oportuno porque el país no había podido aplicar “otras siete leyes que declararon inconstitucionales”, entre ellas las llamadas Ciudades Modelo.
Allí mismo fueron reemplazados los magistrados y poco tiempo después las Ciudades Modelo fueron rebautizadas como Zonas Especiales de Empleo y Desarrollo, las Zedes; y tras una modificación constitucional convertidas en ley por aquel mismo Congreso apenas un mes después, el 30 de enero de 2013.
Para entonces, y tras meses de campaña pública en su contra desde los otros dos poderes del Estado, los magistrados destituidos comenzaron a sufrir amenazas y ataques armados.
“Sí, había amenazas. Alguien de las Fuerzas Armadas llamó al magistrado (José Francisco) Ruiz Gaekel y le dijo que nos fuéramos del país, que venían por nosotros”, dice Rosalinda Cruz Sequeira, una de las destituidas. “Del Congreso nos advirtieron que nos fuéramos de nuestras casas. Yo me fui a la del magistrado (José Antonio) Gutiérrez Navas, porque su esposa es española”.
Los cuatro magistrados tenían una carrera notable. Desde su cargo en la Corte Suprema de Justicia vivieron (y tácitamente avalaron) el golpe de Estado de 2009 contra el presidente Manuel Zelaya; Gutiérrez Navas, además, fue el jefe del equipo de abogados que litigó en La Haya en el diferendo con El Salvador; y Rosalinda Cruz Sequeira es, además, hija de un expresidente hondureño que también fue presidente de la Corte Suprema (Ramón Cruz Uclés).
Las amenazas, dice Gutiérrez Navas, iniciaron el día en que iban a resolver sobre las Ciudades Modelo, el 22 de agosto de 2012. “El presidente Lobo y Juan Orlando Hernández llegaron a la Corte para presionar para que el fallo no fuera de inconstitucionalidad. Nos amenazó (Lobo), que nos atuviéramos a las consecuencias. El 12 de octubre, en una recepción, me encontré con el presidente Lobo. Me dijo: ‘usted se va a tener que ir del país, pero no tendrá problemas para eso porque su esposa es española’”. El entonces presidente del congreso, Juan Orlando Hernández, los acusó públicamente de estar coludidos con el crimen organizado. Gutiérrez Navas abandonó el país.
Cruz Sequeira ha denunciado el intento de secuestro a una de sus hijas, y que dos patrullas hicieron disparos contra su casa.
Los cuatro magistrados destituidos han documentado las amenazas y denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ni siquiera los ex magistrados confían en el sistema judicial hondureño.
El quinto miembro de la Sala de lo Constitucional, el único que votó a favor de todas las enmiendas declaradas inconstitucionales y el único que permaneció en su cargo, es hoy el fiscal general de Honduras, bajo la presidencia de Juan Orlando Hernández.
Las enmiendas constitucionales resueltas por los nuevos magistrados han sido tan controversiales que hasta el sector privado hondureño tiene reparos. Armando Urtecho, el director Ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Cohep, abandona los protocolos cuando habla de ello: “Desde que modificaron la Constitución, que no se podía modificar, pues ya pueden hacer lo que quieran”, dice. “Perdone que le sea tan franco. Pero solo en Honduras han declarado inconstitucional a la misma Constitución”.
Juan Orlando Hernández, desde su silla en el Congreso, abanderó en 2009 el golpe de Estado contra el presidente Zelaya, oficialmente destituido porque pretendía hacer una consulta popular sobre la reelección, prohibida por la Constitución. Menos de una década después, Hernández es presidente de Honduras y se encuentra ahora en plena campaña para su propia reelección, avalada ya por la nueva Sala de lo Constitucional. La de los magistrados juramentados aquella noche de diciembre de 2012 en la que el ejército rodeó el Congreso.
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No importa para dónde se camine en Amapala, uno termina siempre encontrando ruinas de lo que alguna vez fue esplendor: Al fondo de la plaza, frente al mar, se encuentra el Casino de Amapala, inaugurado en 1933 con su gran salón en el que la alta sociedad hondureña, venida desde Tegucigalpa, San Pedro o Comayagua, celebraba elegantes bailes. Ahora ha desaparecido la mitad del techo y la entrada está remendada con láminas. De los balcones se ha desprendido el cemento y apenas sobreviven vigas oxidadas por la sal marina. El salón sirve hoy de tendedero a tres familias que ocupan ilegalmente el edificio desde hace varios lustros y que dedican el día a jugar cartas en el patio frontal y la noche a dormir en camastros colocados donde antes fueran los comedores y la cocina.
A siete kilómetros del casino, en una pequeña bahía llamada Playa Negra, se encuentra un hotel de 50 habitaciones que permanece abierto por inercia. No hay un solo huésped desde el fin de semana pasado, cuando una pareja ocupó uno de los cuartos; y del fondo de la piscina vacía crece una alfombra de hierbas. Sus vecinos en la playa son pescadores que viven en cuatro viviendas de lámina rodeadas de basura.
Amapala fue capital de Honduras y también de la efímera República Federal de Centroamérica, a finales del Siglo XIX. Era, hasta entrados los años 70 del Siglo XX, el principal puerto hondureño en la costa del Pacífico. Aquí atracó el presidente electo estadounidense Herbert Hoover, durante su viaje de buena voluntad por Centroamérica, después de visitar Cutuco en El Salvador, en 1928. En el centro del casco urbano aún se conservan algunas casas de madera de la antigua colonia alemana dedicada al comercio, en una de las cuales se hospedó Albert Einstein. Los días de prosperidad terminaron hace mucho. Pero el presidente, Juan Orlando Hernández, les ha prometido que pronto volverán.
El alcalde de Amapala, Santos Alberto Cruz Guevara, visitó Busán el año pasado, junto con los alcaldes de Alianza y Nacaome, invitados por el gobierno coreano. “Pudimos ver cómo un país devastado por la guerra pudo levantarse en 50 años”, dice. Pero no tiene claro cuál será su rol si el puerto termina bajo el marco legal de una Zede. “No nos han dicho nada de eso. Supongo por lo que vimos allá que el puerto estará en el mar, flotante, pero no hay claridad”. El alcalde no sabe si le tocará lidiar con la basura generada por un puerto de esas dimensiones, ni con las heces producidas por los trabajadores. “Ni siquiera tengo claro si ese puerto ya no será de mi municipio ni hasta dónde llegará el territorio de mi jurisdicción”, dice.
El gobierno hondureño solo le ha dicho que este es un momento idóneo para aprovechar el golfo de Fonseca (y el fracaso del puerto de Cutuco, en El Salvador) y ampliar la capacidad de recepción de carga marítima en el Pacífico. “(El puerto de) La Unión no va a dar abasto”, dice Ebal Díaz Juárez, el jefe de gabinete del gobierno de Hernández. “Honduras no renuncia a la posibilidad de un megapuerto, y Nicaragua también necesita uno”.
Pero es muy difícil imaginarse una Busán en Amapala. Lo que todos los pobladores piden es apenas un puente que una a la isla con tierra firme para que el comercio fluya, para que lleguen los buses y las pipas con gasolina y los carros con turistas. Ese es su sueño.
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Mark Klugmann conoció a Octavio Sánchez en la Casa Presidencial de Lobo. Sánchez le atribuye una maniobra extraña que terminó sacando al profesor Romer del juego. De acuerdo con esta versión, Klugmann convenció al presidente Lobo de otorgarle una Zede a un empresario estadounidense llamado Michael Strongman, para fundar en Honduras un parque de alta tecnología. Strongman es, como Klugmann, un libertario.
Debido a las controversias generadas por la posible concesión de una Zede de manera arbitraria y sin procesos, Strongman ya no pudo invertir en Honduras. Klugmann, sin embargo, se quedó al frente de un grupo diseñado para arbitrar todo lo concerniente a las Zedes.
El llamado Comité para la Adopción de las Mejores Prácticas, o CAMP, fue creado por decreto ejecutivo en enero de 2014 y posteriormente convertido en ley por la Asamblea Legislativa. Entre sus funciones está la de producir un listado de nombres de jueces expertos en derecho británico, es decir, al menos en un principio, extranjeros, para que el Consejo de la Judicatura elija de entre esa lista quiénes aplicarán las leyes británicas en los tribunales instalados por las Zedes.
El CAMP está compuesto por 21 miembros, nombrados por el presidente Lobo y ratificados por el Congreso. El decreto que oficializa su nombramiento parece la lista de invitados a una reunión de libertarios en California o en las islas Caimán. De los 21 miembros solo hay cinco hondureños; entre ellos Octavio Sánchez; el jefe de gabinete Ebal Díaz y el expresidente Ricardo Maduro. Los demás son todos extranjeros, traídos por Klugmann. Y todos libertarios. Entre ellos está Michael Reagan, el hijo del expresidente estadounidense; y Grover Norquist, veterano del escándalo Irán Contra, colaborador cercano del republicano Newt Gringich y fundador de la organización Americans for Tax Reform, que se opone a todo tipo de impuestos.
Además están los libertarios Surse Pierpoint, exgerente de la Zona Libre de Colón, en Panamá; Lars Seier Christensen, un banquero danés; y Barbara Kolm, académica austriaca, cuyo nombramiento el gobierno hondureño tuvo que salir a defender después de que en Austria se le vinculara con el partido nacionalista.
Hay dos latinoamericanos no hondureños, libertarios también, y ambos profesores eventuales de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala: el peruano Enrique Ghersi; y el argentino nacionalizado estadounidense Alejandro Chafuen, columnista de Forbes y presidente de Atlas Networks, una organización en Estados Unidos que promueve alianzas entre tanques libertarios de pensamiento; es miembro de varias organizaciones de este tipo.
Los libertarios creen en la mínima, prácticamente nula intervención del Estado en la vida de los ciudadanos y en la eliminación total de los impuestos porque estos, dicen, atentan contra los derechos y la libertad de los ciudadanos. Algunos libertarios son miembros del ala más derechista del partido Republicano de Estados Unidos; otros influyentes empresarios y cabildeadores.
Hasta el final de la Guerra Fría eran considerados un grupo extremista y marginal, pero han ganado mucha influencia en los últimos años en el Partido Republicano a través del llamado Tea Party y, desde el triunfo de Obama en 2009, han multiplicado su capacidad de financiamiento y de influencia para resistir a la agenda progresista. Tienen mucha presencia en la administración Trump.
Entre sus principales financiadores y líderes están los hermanos Koch, propietarios de Koch Industries, uno de los mayores capitales globales y quienes han liderado en los últimos años los esfuerzos por imponer la agenda libertaria en la política estadounidense.
¿Pero qué hacen en Honduras tantos libertarios? Octavio Sánchez dice que todos aceptaron de buena voluntad formar parte del CAMP, atraídos por Klugmann, aunque algunos de ellos ni siquiera sabían qué implicaciones tendría su nombramiento. “Esos son los que fueron ratificados por el Congreso, sí, pero en ese listado hay ya uno fallecido y otros que nunca han asistido a ninguna convocatoria, por lo que una nueva lista deberá ser aprobada pronto”.
A juzgar por las recientes fotografías de Washington, el perfil de los miembros del CAMP no cambiará mucho, porque Klugmann sigue siendo un hombre muy cercano al poder. Fue Klugmann quien los invitó a participar en este proyecto, en el que se combinan todos los elementos por los que abogan los libertarios: mínimos o nulos impuestos y una mínima intervención del Estado, apenas en la figura del CAMP, que son justamente ellos.
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El artículo 22 de la ley de creación de las Zedes es el más controversial. Advierte que ellas “deben establecer sus propios órganos de seguridad interna con competencia exclusiva en la zona, incluyendo su propia policía, órganos de investigación del delito, inteligencia, persecución penal y sistema penitenciario; así como la vinculación con la estrategia de seguridad del país”.
Esto significa que los concesionarios, aquellos que tengan suficiente poder económico para invertir en un proyecto de esta envergadura, tendrán no solo un régimen libre de impuestos, sino también un sistema político, jurídico y de seguridad pública a su medida. De manera, aclara la ley, “exclusiva”.
El artículo es de especial preocupación en un país cuyos más grandes capitales sostienen graves conflictos con campesinos por la tenencia de la tierra, como en la zona del Bajo Aguán .
“No le des muchas vueltas. Las Zedes son una repetición grotesca del enclave bananero”, dice Víctor Meza, ex ministro del depuesto gobierno de Zelaya y director ejecutivo del Centro Hondureño de Documentación. “Como el enclave bananero, pero con más facultades”.
Entre las facultades de los concesionarios de las Zedes están las de comprar tierras de privados para ser explotadas en el proyecto y, en caso de que estos se nieguen a vender, pueden expropiar. Es decir, si un concesionario es autorizado para desarrollar un proyecto agroindustrial en una zona poblada, o cuyas tierras están en disputa, el régimen especial de las Zedes permite que el concesionario obtenga las tierras. Comprando o expropiando.
Los conflictos podrían estar más cerca de lo previsto: Frente a la isla del Tigre se encuentra Zacate Grande, probablemente la parte del municipio de Amapala donde más resistencia hay contra el puerto. Decenas de pescadores de la comunidad de La Flor mantienen allí un litigio legal contra la familia Facussé, una de las más poderosas de Honduras, que reclama la propiedad de las tierras. Bertín Osorio, uno de los pescadores, nació en esta playa. También, dice, su papá y su abuelo. Pero, de la nada, una noche de 2005 la policía llegó a su casa y a las de sus vecinos y detuvo a 12 personas. Los acusó de usurpar las tierras de la familia Facussé. Recobraron su libertad con medidas sustitutivas. “Imagínese si esto es ahorita qué pasará cuando vengan todos esos inversionistas a quererse quedar también con nuestras tierras”, dice.
Uno de los líderes de la comunidad es Pedro Canales, un hombre mayor al que este conflicto le tiene visiblemente mermado de salud. “Hace 25 años los ricos nos despojaron de las playas de Zacate Grande bajo promesas de desarrollo. Hoy estamos en resistencia porque no nos quieren dejar vivir en ningún lado. ¿Ha visto la maqueta del puerto de Amapala? Uno se pregunta: ¿Adónde va a vivir uno? ¿Desarrollo para quién va a ser ese?”.
Osorio y Canales y los demás pescadores viven, por tierra, lejos de todo. Pero con sus lanchas navegan por las aguas de tres distintos países. Frente a su casa hay más de 20 metros de playa cuando la marea es baja. Pero cuando sube llega hasta su pequeño muro. Hoy hay una bandada de garzas pescando moluscos en la playa húmeda. Enfrente, hay un pequeño islote unido a tierra firme por un puente de concreto, que mandó a hacer la familia Facussé cuando reclamó estas tierras. Ese islote, antes campo lúdico para las familias de los pescadores, hoy es zona prohibida.
“Los pobladores tienen miedo de que les expropien sus tierras y tampoco sabemos cómo va a quedar el tributo al municipio”, dice el alcalde de Amapala, Santos Cruz.
A esto es a lo que le temen también los magistrados destituidos, que creen que su expulsión solo puede ser explicada por la obsesión de los grupos de poder en aprobar las Zedes para beneficiarse.
El gobierno dice estar consciente de los históricos problemas que siembran sospechas sobre el proyecto. “Los ricos se han hecho ricos a costa de los contratos del Estado”, admite Ebal Díaz, el jefe de gabinete del presidente Hernández; “Honduras sufre de la concentración de la riqueza en pocas manos y necesitamos una ley para limitarla”. Pero esa ley ni siquiera ha sido propuesta por nadie. En cambio la de las Zedes es ya parte de la legislación hondureña.
La idea de las Zedes, repite Octavio Sánchez, surge de la necesidad de atraer inversión extranjera. “Esa es la idea”.
Ebal Díaz, el secretario presidencial, asegura que ya hay varias iniciativas para obtener una ZEDE. Se niega a decir cuáles son. Le pido que al menos me diga de qué países provienen esos capitales dispuestos a invertir en Honduras bajo este nuevo régimen. “Los tres más fuertes son grupos hondureños, dueños de las tierras”.
