Chepe Diablo, el presunto líder del Cártel de Texis, sonríe todo el tiempo cada vez que los fiscales hablan. Se arrellana en su silla, apoya el brazo derecho en el barandal, como si estuviera en el estadio Jorge Calero Suárez, viendo a su equipo de fútbol, el Isidro Metapán, y ríe. Ríe en una sala del quinto nivel del edificio de audiencias del centro judicial de San Salvador. Oye la intervención de un equipo de fiscales que asegura que 216 millones de dólares pasaron entre 2003 y 2015 por las manos de él, de un grupo de sus familiares y amigos, y de dos de sus empresas, sin que puedan justificar una fuente legal del dinero.
El sábado 8 de abril, la jueza Cuarta de Paz de San Salvador, Nelly Pozas, decidió enviar a prisión temporal al empresario José Adán Salazar Umaña, mientras continúa el proceso judicial por lavado de dinero que tomó vuelo con las capturas del pasado 4 de abril. Durante la audiencia inicial, Pozas determinó la misma suerte para las otras tres personas imputadas ya capturadas: Sara Paz Martínez, excónyuge de Salazar Umaña; Susana Noemy Salazar de Cruz, hija de Salazar Umaña y de su excónyuge, y Romelia Guerra Argueta, madre de Wilfredo Guerra Umaña, prófugo de la justicia. Wilfredo Guerra Umaña también es hijo del alcalde de Metapán, Juan Umaña Samayoa, quien también huye. El alcalde es, según varias investigaciones acumuladas desde hace más de 17 años, otro de los jefes del Cártel de Texis. Un tercero, Roberto 'El Burro' Herrera, guarda prisión por narcotráfico y robo de autos.
La audiencia duró un poco más 10 horas: empezó a las 10 de la mañana y finalizó a las 8:30 de la noche. Pozas se tomó una hora y media para deliberar su decisión final una vez que fiscales y defensores habían terminado de hablar.
La investigación partió de una auditoría realizada por la Dirección General de Impuestos Internos a la empresa de granos básicos Agroindustrias Gumarsal y Hoteles Salvadoreños S.A. (Hotesa), en 2013 y 2014, respectivamente. Esa investigación llevó a los fiscales a concluir que Salazar Umaña, Wilfredo Guerra Umaña y el alcalde de Metapán Juan Umaña Samayoa -socios en ambas empresas- cometieron el delito de evasión de impuestos. Sin embargo, no purgaron ninguna pena porque llegaron a un acuerdo de pago.
Esa defraudación al erario público es la que, según la tesis fiscal, 'ensucia' el dinero que lavaron los imputados de este caso. Y mientras en la audiencia el equipo de fiscales de la Unidad Financiera explica esto, José Adán Salazar Umaña parece estar divirtiéndose. O al menos eso intenta que parezca. Y no es que tenga su mente en otra cosa. No: está escuchando la exposición, y reacciona ante lo que oye. Ríe, niega con la cabeza y contiene la carcajada. Siendo el único de los cuatro procesados que viste como reo -una camiseta y un pantaloncillo blancos, viste sandalias croc del mismo color-, se pone un suéter negro y bromea con David Morales, uno de sus abogados.
La defensa de Salazar Umaña es liderada por Miguel Ángel Flores Durel, un abogado que quiso ser fiscal general de la República en 2015 y que desde 2014 es perfilado como un especialista en casos de lavado de dinero. Flores Durel es, por ejemplo, abogado de Ana Ligia de Saca, la ex primera dama de la República que en febrero de este año también fue procesada por lavado de dinero. Ella, a diferencia de Salazar Umaña, sí mantiene su libertad mientras es procesada. Durante la audiencia, Flores Durel se enfocó en tratar de negociar esa libertad para su cliente. 'Si él no se fue del país estando en la lista 'kingpin', ¿qué le hace pensar que no se va a someter al proceso?', le dijo a la jueza.
Pozas, sin embargo alegó que 'la capacidad económica de los procesados hace posible que evadan la justicia, como se ha demostrado en otros casos'. La jueza desechó cinco incidentes que la defensa presentó para intentar anular el proceso, que iban desde una posible doble persecución -porque algunos de los imputados ya habían sido procesados por evadir impuestos- hasta un asunto de competencia, por considerar que un juez en Metapán es el idóneo para conocer de este presunto delito. A la jueza le bastaron supuestas consideraciones de salud que promovieron los imputados. 'No advierto ninguna situación especial', respondió a Salazar Umaña, quien le dijo que tiene diabetes y un problema en la columna vertebral.
La Fiscalía planteó ante la jueza que los acusados han lavado cientos de millones de dólares porque les es imposible justificar el origen legal de esa fortuna. Y en el requerimiento de más de 2 mil 500 páginas para obtener la detención provisional mientras el caso pasa a la fase de instrucción, los fiscales han perfilado cinco prácticas que etiquetan como evidencia del blanqueo de activos.
1. Préstamos prepago
Una de las modalidades de lavado que la Fiscalía advierte es la contratación de préstamos que se cancelaban mucho antes de la fecha de vencimiento, lo que indicaba una liquidez financiera que hacía innecesario adquirir la deuda. En muchos de estos casos se trata de créditos rotativos de corto plazo (a pagarse en cinco o seis meses), que son usuales en las empresas que necesitan liquidez. Sin embargo, dice la Fiscalía en el requerimiento a la jueza, la empresa Gumarsal cancelaba la deuda a veces incluso al día siguiente de adquirirla, y no tocaba sus cuentas bancarias para poder hacer los pagos. Entre 2003 y 2015, Gumarsal hizo 179 préstamos por un total de 54.4 millones de dólares. La Fiscalía ha documentado que 82 de esos préstamos –por 24.7 millones- son de estilo pregago. 'Esto denota que la empresa tenía efectivo y que no era necesaria la obtención de tales créditos', dice la Fiscalía.
Por ejemplo, el 31 de marzo de 2005, Gumarsal obtuvo un préstamo de 125 mil dólares del Banco Hipotecario. Ese crédito fue pagado solo un día después, el 1 de abril de 2005, aunque su fecha de vencimiento era el 16 de septiembre del mismo año.
Otros casos: el 21 de julio de 2005, el Banco de América Central dio un préstamo de 350 mil dólares que Gumarsal pagó ocho días después, el 29 de julio de 2005. El 26 de abril de 2007, el mismo banco otorgó un crédito de 150 mil dólares a Gumarsal, que fue cancelado cuatro días después, el 30 de abril de 2007.
La Fiscalía asegura que en ninguno de estos casos Gumarsal realizó retiros de sus cuentas para realizar estos pagos. Los acusadores se preguntan: ¿quién adquiere deudas si no tiene la necesidad? La respuesta para los fiscales es obvia: alguien que tiene dinero en efectivo que necesita ingresar al sistema bancario para legitimarlo.
La Fiscalía acusa a Gumarsal de ser responsable del 79 % del total de fondos –unos 170.9 millones de dólares del total de 216 millones objetados- que la estructura de Chepe Diablo no puede justificar. Además, la investigación señala que esta empresa compró 15 inmuebles por un total de un millón 56 mil dólares. Al igual que como sucedió con los pagos de los préstamos, para ninguna de estas compras hubo movimientos bancarios de las cuentas de la empresa.
El propio Salazar Umaña realizó cinco préstamos prepago. El ejemplo más claro ocurrió el 14 de julio de 2003. Ese día, Salazar Umaña realizó dos operaciones opuestas en el Banco Salvadoreño: un depósito a plazo y un préstamo, ambos por 200 mil dólares y con fecha de vencimiento 14 de julio de 2004. La Fiscalía dice que este hecho carece de 'razonabilidad contable', porque genera una deuda, lo que refleja 'la intención de introducir al sistema financiero dicho dinero, no importando las pérdidas por la operación'.
2. 'Empresa de papel' con el vicepresidente
La Fiscalía considera como una 'empresa de papel” a la sociedad que une a Salazar Umaña con el vicepresidente de El Salvador, Óscar Ortiz. El Faro reveló en 2016 la existencia de la sociedad Desarrollos Montecristo, S.A. de C.V. y ahora la investigación fiscal le señala 'un comportamiento bastante irregular'. ¿Por qué? Porque nunca generó recursos económicos, pero sí compró terrenos. Las 'empresas de papel' son sociedades que tienen nula o escasa actividad, y solo sirven como pantalla o plataforma para ocultar la identidad de inversionistas o el origen de recursos monetarios.
La Fiscalía ha reparado en la adquisición de tres inmuebles, todos en la isla Montecristo, en la zona de la Bahía de Jiquilisco, por parte de Desarrollos Montecristo. En su reportaje de 2016, El Faro documentó ampliamente la adquisición de esas propiedades. En el primer terreno, el vicepresidente Óscar Ortiz vendió la propiedad a Desarrollos Montecristo –en la cual Ortiz es accionista- por 40 mil dólares. Siete años más tarde, la sociedad volvió a vender esa propiedad a Ortiz en el mismo precio. Luego, en 2008, Ortiz vendió el terreno, en los mismos 40 mil dólares al otro socio de Montecristo, Rogelio Cervantes. Finalmente, Cervantes vendió en 2012 el inmueble a Ortiz -el propietario original-, pero por el precio de 10 mil dólares. Cervantes perdió el 75 % del valor del inmueble.
La empresa Montecristo perdió de manera similar un 78 % y un 75 % del valor de otras dos propiedades en ventas a Ortiz. Sobre estas extrañas operaciones, la Fiscalía saca una conclusión: 'Son altamente indicadoras de actividades de lavado de dinero y activos'.
La Fiscalía argumenta en dos sentidos. Uno: que Salazar Umaña ha formado 'sociedades de papel para la compra de inmuebles sobrevalorados y los vende subvalorados'. Esto cumple una misión: introducir al curso legal dinero en efectivo de origen desconocido. Dos: los fiscales recuerdan que la sociedad Desarrollos Montecristo no podía comprar, porque desde su constitución nunca realizó una operación que le generara dinero, de acuerdo con sus declaraciones de impuesto sobre la renta e IVA.
3. Compras de Porsche y Mercedes Benz sin mover dinero
El 19 de septiembre de 2012, Sara Paz Martínez, excónyuge de Chepe Diablo, consiguió una ganga. Ese miércoles, Sara Paz Martínez adquirió un vehículo deportivo Mercedes Benz, modelo C350, del año 2008. Se lo vendió una empresa llamada “Valores Industriales, S.A. de C.V.” que había pagado por él 57 mil 964.60 dólares cinco años antes, el 13 de septiembre de 2007. Sara Martínez pagó un dólar por el carro de marca alemana.
'Además de no ser una operación regular, denota interés en ocultar el verdadero propósito de la transacción', dice la Fiscalía. El requerimiento no incluye información adicional sobre el vendedor del auto, pero el requerimiento incluye otros casos de compras de automotores -algunos de lujo-, que constituyen otra práctica sospechosa de lavado de dinero: las compras se hacían sin necesidad de movilizar recursos, o se hacían a precios que atentan contra el sentido común.
Por ejemplo, la sociedad Hotesa compró tres vehículos de lujo en un período de 10 años. El 25 de julio de 2003 adquirió un Mercedes Benz del año 2002 en 57 mil 522 dólares. Lo vendió dos años después, en 50 mil dólares. En 2013 compró una camioneta Porsche del año, por la que pagó 98 mil 571 dólares. En 2015 compró un automóvil Mercedes Benz del año 2012, por 117 mil dólares. La Fiscalía no encontró depósitos ni retiros de dinero que sustenten estas adquisiciones.
Otra empresa mencionada en el requerimiento es la sociedad Servicios Turísticos, de la que Salazar Umaña es dueño del 70 %. El 7 de abril de 2005, dicha empresa compró un pickup Chevrolet, placas P132-564, en 25 mil dólares. Dos años más tarde, se lo vendió a Carmen Salazar Landaverde, primo de Chepe Diablo, en 13 mil dólares, la mitad del valor original. En 2011, El Faro identificó a Salazar Landaverde como el representante legal de la constructora Salazar Romero. De hecho, la historia de ese pickup Chevrolet es que terminó, el 10 de julio de 2009, en manos de la empresa Salazar Romero, que solo pagó 8 mil dólares por él, es decir, una cuarta parte del valor original cuatro años atrás.
Susana Salazar de Cruz, hija de Salazar Umaña, también compró un vehículo sin que quedase claro de dónde obtuvo los fondos. La Fiscalía la perfila como 'una persona asalariada promedio' hasta 2006, cuando sus depósitos bancarios pasaron de 48 mil dólares a casi un millón (970 mil dólares) el año siguiente.
El 10 de noviembre de 2014, Salazar de Cruz compró en Excel Automotriz un Toyota todoterreno del año 2014, por un precio de 46 mil 560 dólares. La Fiscalía comparó esa adquisición con las ganancias netas que Salazar de Cruz reportó ese mismo año: 20 mil 896, es decir, 25 mil 664 dólares menos que lo que le costó el auto.
4. El equipo de fútbol que dribla a Hacienda
El equipo de fútbol 'Asociación Deportiva Isidro Metapán' fue fundado en el año 2004 y ha sido ya 10 veces campeón de la liga mayor del fútbol salvadoreño. La junta directiva vigente del equipo tiene como presidente a Wilfredo Guerra Umaña, hijo del alcalde prófugo Juan Umaña Samayoa; al alcalde prófugo como séptimo vocal, y a José Adán Salazar Umaña, Chepe Diablo, como primer vocal. Los primeros, hijo y padre, lograron esquivar las capturas del martes.
Fue en partidos del Metapán donde Chepe Diablo fue fotografiado junto con su socio Óscar Ortiz, este último ligado a otro equipo de la liga mayor del fútbol salvadoreño, el Santa Tecla.
La Fiscalía incluye al equipo en su investigación como una de las sociedades vinculadas a Salazar Umaña. La información sobre su financiamiento es opaca, lo cual lo hace ideal para una estructura que busca colocar su dinero en negocios para legitimarlo. La Fiscalía asegura que el equipo 'no ha iniciado ningún trámite para autorización de sistema contable ni (ha) presentado ningún estado financiero'. En sus 13 años de existencia, el Metapán nunca ha presentado declaraciones del impuesto sobre la renta, ni está inscrito como contribuyente de impuesto de valor agregado (IVA), dice la Fiscalía.
¿Y cómo se financia el equipo de fútbol? Los datos del requerimiento son escasos, pero el documento da algunas luces. Entre 2011 y 2014, por ejemplo, Gumarsal dio 175 mil 932 dólares al Metapán. El equipo solo ha presentado tres reportes de donaciones, correspondientes a octubre, noviembre y diciembre de 2015. En ellos, refleja donaciones por un total de 133 mil 600 dólares. Sus mayores donantes incluyen a Gumarsal, con 35 mil dólares; la constructora Salazar Romero (propiedad de un primo de Salazar Umaña), con 20 mil dólares; la alcaldía municipal de Metapán, con 18 mil, y la empresa cervecera Industrias la Constancia (ILC), con 15 mil. ILC informó el 8 de abril que daba por terminada su relación de patrocinio con el Metapán, sin especificar las causas de dicha decisión.
— ILC (@ILCElSalvador) 8 de abril de 2017
5. Sobrevalorar las propiedades
Otra forma de operar fue por medio de la compra de inmuebles y el caso ejemplar es una propiedad de la sociedad Salazar Romero, en la Finca Chanmico, de San Juan Opico, La Libertad. La constructora Salazar Romero la compró el 24 de julio de 2009, a un precio de 28 mil 500 dólares. Un mes y cuatro días más tarde, Salazar Romero firmó una hipoteca sin intereses por ese inmueble con Juan Umaña, el alcalde de Metapán, y su hijo Wilfredo Guerra, que le prestaron un millón 200 mil dólares a la constructora.
Ese movimiento supuso un aumento de precio del 4 mil %. Además, la Fiscalía agrega que Juan Umaña no hizo ningún retiro de sus cuentas bancarias para aportar los 672 mil dólares que le correspondían del préstamo que hizo con su hijo.
Hay más casos. El 21 de agosto de 2009, Chepe Diablo fue vendedor, comprador y prestamista en una sola operación. La empresa Servicios Turísticos -de la que Salazar Umaña controla el 70 %- vendió el inmueble matrícula 30027498-00000 a la sociedad Hotesa, en la que Salazar Umaña controla el 60 % de acciones. El precio de esa venta se fijó en 250 mil dólares. Hotesa hizo un préstamo para realizar la adquisición, y el prestamista fue José Adán Salazar Umaña.
Romelia Guerra Argueta, la madre de Wilfredo Guerra, también adquirió inmuebles de forma extraña, según la Fiscalía. Por ejemplo, en 2004, Guerra Argueta compró tres propiedades inmuebles por un valor de 40 mil dólares, aunque no tenía ninguna fuente de ingresos en ese momento. Lo mismo al año siguiente: compró un inmueble por 11 mil 428 dólares en el barrio El Calvario, de Metapán, a pesar de que ese año solo reportó ingresos por 5 mil 333 dólares.
