Dos de las clasificadoras de riesgo crediticio más importantes del mundo, Fitch Ratings y Standard & Poor's, creen que el país está en camino a obtener la más baja calificación que sigue al impago, el default. En la práctica, el default significa que el país, al no honrar los pagos de su deuda, pierde la opción de obtener financiamiento vía préstamos para cubrir gastos en el presupuesto. Es decir, entra en la lista de países a los que ningún organismo internacional o país quiere prestar dinero.
Ambas firmas internacionales bajaron de la calificación a El Salvador de B/Negativo a CCC. La nueva calificación que otorgaron las dos calificadoras se debe a que, entre el viernes 7 y el domingo 9 de abril, el FMLN y Arena no llegaron a un acuerdo y el gobierno decidió no honrar una cuota de su deuda con el fondo de pensiones -con los Certificados de Inversión Previsional- que asciende $28.8 millones.
Las dos calificadoras interpretaron que el Estado no cuenta con la capacidad de pagar a tiempo sus compromisos y advirtió a los inversores de esta situación, bajando la calificación crediticia del país.
Fitch Ratings bajó la calificación del país el lunes 10 de abril y Standard & Poor's el martes 11 de abril, dos días en los que El Salvador decretó alerta tras sufrir casi 300 sismos -uno de 5.1 grados provocó un derrumbe que dejó un muerto y dos heridos- y en los que los políticos salvadoreños estaban de vacaciones por Semana Santa.
'El deteriorado ambiente político continúa erosionando la calificación crediticia de El Salvador', señaló Standard & Poor, que señaló como la causa de la crisis la incapacidad y la falta de voluntad del FMLN y de Arena a llegar a acuerdos en la Asamblea Legislativa.
Fitch Ratings y Standard & Poor’s responsabilizan por igual al FMLN y Arena. Según las calificadoras es la falta de acuerdos entre los dos partidos políticos mayoritarios -FMLN y Arena-lo que imposibilita que el país pueda arreglar a corto y mediano plazo el agujero en las finanzas del Estado. En 2016, por ejemplo, los gastos superaron los ingresos por $863.6 millones, que equivale a un déficit fiscal del 3.1% del PIB, un déficit puede repetirse este año debido a que se aprobó un presupuesto similar al del año interior, con sobrestimación de ingresos. Las proyecciones del Fondo Monetario Internacional es que este 2017 el gobierno cierre con un déficit mayor al 3% del PIB, que en cifras brutas es un monto superior a los $800 millones.
Tras aprobar un presupuesto parcial en 2017, pues no están incluidos los rubros que requieren financiamiento vía préstamos, el gobierno podría dejar de pagar pensiones a los militares, incumplir el pago de intereses a las Aseguradoras de Fondo de Pensiones y el subsidio a la energía eléctrica a un sector de la población más pobre.
Dice en su informe Fitch Ratings: 'De acuerdo con sus criterios, Fitch por lo tanto juzga a El Salvador en incumplimiento de sus obligaciones soberanas. Las cantidades debidas del 7 al 10 de abril de 2017 totalizan $ 28.8 millones'.
La segunda calificadora, Standard & Poor's, en cambio, otorgó un periodo de gracia de cinco días -debido a su metodología- para considerar a El Salvador en 'default selectivo' (cuando ante la imposibilidad de hacer frente a todos sus pagos, elige cuál no hacer), y en su análisis coincidió en responsabilizar a los partidos mayoritarios.
A medida disminuyen la calificaciones, al país se le cierran grifos de financiamiento debido a que hay menor interés de los inversores en prestarle dinero al gobierno y los pocos que le presten lo harán a tasas de interés exorbitantes. Estas nuevas tasas de interés van a absorber un porcentaje mayor del presupuesto, lo cual deja en una situación crítica al gobierno que necesita adquirir este año más préstamos para cubrir gastos para los que no hay financiamiento en el presupuesto 2017.
Hasta ahora el gobierno solo ha hecho público tres gastos que no cuentan con financiamiento y que suman $347.9 millones. Estos se desglosan de la siguiente manera: 230 millones para pagar su deuda de intereses con el fondo de pensiones (a las AFP), 52 millones para pagar las pensiones de los militares (pagos al Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada -IPFSA) y cubrir los costos de los subsidios a la energía eléctrica que en 2016 ascendieron a $65.9 millones.
Esta última calificación, CCC, implica -para Fitch Ratings- que El Salvador pidió prestado a inversores – a través de títulos valores- pero no tiene capacidad de pagar a tiempo. “Esta calificación corresponde a aquellos instrumentos en que sus emisores no cuentan con una capacidad de pago suficiente para el pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, existiendo un alto riesgo de pérdida de capital e intereses”, dice la nomenclatura de la Fitch.
'El 7 de abril de 2017, el gobierno no realizó pagos de intereses sobre la deuda con los fondos de pensiones privados locales emitidos de acuerdo con la legislación nacional, los Certificados de Inversión Previsional (CIPs)', justificó Fitch para bajar la calificación y responsabilizó de la situación a la falta de acuerdos que en este momento vive el país.
Fitch responsabilizó a los principales partidos -FMLN y Arena- de este incumplimiento y señaló los riesgos que va a traer. 'Este evento de crédito sigue a un período de mayor polarización política en El Salvador que ha resultado en un prolongado período de paralización del Congreso, ha obstaculizado medidas fiscales significativas para detener el deterioro de las finanzas públicas y ha limitado severamente las opciones de financiamiento del gobierno'.
Standard & Poor's mencionó a los dos partidos para contextualizar porque degradó la calificación de El Salvador. 'La polarización política aumentó desde el año pasado, disminuyó la voluntad y la capacidad de mantener los pagos de deuda'. También señaló que el presupuesto 2017 no incluyó todos los gastos que deben hacerse este año. 'El presupuesto del gobierno para 2017 no incluyó ninguna partida para el servicio de la deuda de los CIPs, debido en parte a la mentalidad política entre el partido gobernante FMLN y Arena'.
La referencia a la mentalidad del FMLN y de Arena para degradar la calificación de El Salvador se debe a que, según Standard & Poors, en este momento es inviable pensar que estos dos partidos se van a poner de acuerdo en una reforma fiscal que inyecte nuevos ingresos para detener la espiral de endeudamiento. También ve poco probable una reforma de pensiones. Las dos medidas son indispensables para salvar al país de caer en default, pero según la calificadora es poco probable que estas reformas pasen antes de marzo del próximo año, el mes de las elecciones de diputados y concejos municipales.
Para Standard & Poor´s, “las inversiones pueden ser estables y, de menor a mayor riesgo crediticio, en las categorías AAA, AA, A, BBB.” Son inversiones especulativas aquellas que se encuentran en las categorías BB, B, CCC, CC, C, ordenadas igualmente de menor a mayor por el riesgo de impago.
De acuerdo a los parámetros de Fitch Rating, los siguientes peldaños en los que está a punto caer la calificación de El Salvador -son CC, C y D. Este último significa 'default', cuando ya no se tiene capacidad de pago. Con el cambio de calificación, Fitch Ratings colocó a El Salvador a la par Venezuela, Congo y Grecia.
En una entrevista a Bloomberg sobre el cambio de calificaciones, el ministro de Hacienda Carlos Cáceres se disculpó con inversores y prometió que otras obligaciones de pago de deuda no van a resultar afectadas.
Según Bloomberg, Cáceres se comprometió este año a no regresar a los mercados internacionales a emitir bonos debido a que en febrero lograron colocar $600 millones. Además, dejo entrever que este año el gobierno salvadoreño planifica acabar el año gracias a emisiones deuda en el mercado local.
En una entrevista del 3 de abril, la economista, Carmen Aída Lazo, explicaba que cuando un país se declara en default, al gobierno se le cierran las fuentes de financiamiento y esto lo obliga progresivamente a recortes masivos de personal, recortar los montos de las pensiones que entrega y a recortar los presupuestos de educación y salud para seguir pagando su deuda.
