Los partidos políticos —especialmente Arena— están jugando un papel muy triste al enfrentar la actual crisis financiera y fiscal del país; están poniendo los intereses de partido por delante de los de El Salvador. La Sala de lo Constitucional hace algo similar en su decisión sobre el SITRAMSS, al tomar una posición que no tiene explicación técnica. El costo de ello es muy alto para la nación y tendrá repercusiones a largo plazo. Lo digo con el conocimiento que me da mi función como director del país en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Históricamente, El Salvador ha financiado su gasto público principalmente con impuestos y deuda. Desde hace algunas décadas la deuda ha adquirido mayor realce en esa ecuación, ya sea por los ciclos económicos o, más recientemente, por un aumento en la inversión social. Los gobiernos del FMLN han dado prioridad al gasto social en educación, salud, subsidios, etc. Consideran que subsanar la deuda social con la población que se ha acumulado por muchos años es prioridad, y si no hay suficientes ingresos para hacerlo se debe contraer mayor deuda financiera. Ambos partidos, Arena y el Frente, han sido reacios a subir impuestos de manera conmensurable con las necesidades, aunque nuestra carga tributaria está debajo del promedio de América Latina y muy por debajo de la de los países desarrollados.
En El Salvador el sistema de pensiones, que solo beneficia a un 20 % de la población en edad de trabajar, repercute sustancialmente sobre la deuda pública a causa de leyes y resoluciones presidenciales que se dieron cuando se privatizaron las mismas, o poco tiempo después para hacer más atractiva esa privatización a los administradores privados. La deuda de pensiones representa alrededor de la cuarta parte de la deuda total de las finanzas públicas. Es por esto que la solución a la crisis fiscal pasa por renegociar la forma en que se administran las pensiones, lo que no implica necesariamente un cambio en las pensiones en sí, o por lo menos no en las pensiones de los actuales contribuyentes al sistema. Pero las administradoras de los fondos de pensiones, cuyos intereses defiende Arena con sus votos, se oponen a ese cambio.
Hay necesidad también de reducir el gasto. Aquí el Gobierno ha sido más reacio a tomar las medidas que ello implica. Hay muchas formas de reducir el gasto; la más significativa es hacer reducciones en las planillas de los funcionarios públicos. Resaltan acá los contratos colectivos que estipulan aumentos salariales automáticos anuales, negociados por gobiernos anteriores, y los gastos en las instituciones autónomas sobre las cuales existen pocos controles efectivos. Los subsidios se han racionalizado bastante en los últimos años, aunque todavía se puede hacer más, especialmente en el subsidio a los buses.
Reconociendo lo anterior, se promulgó a finales del año pasado la Ley de Responsabilidad Fiscal, que estipula que se debe reducir el déficit fiscal en un 3 % del PIB, que debe resultar en una mitad por la reducción del gasto y en la otra mitad por un aumento de los ingresos. Si ello no se realiza El Salvador no tendrá aval del Fondo Monetario, sin el cual no hay acceso a los fondos de los organizamos multilaterales y sin el cual se anula la posibilidad de subir la calificación financiera del país, lo cual repercute fuertemente en el costo del financiamiento que El Salvador puede obtener en los mercados.
No olvidemos que las principales fuentes de financiamiento para el Estado son, en orden de más baratas a más caras, los bancos multilaterales (BID, Banco Mundial, BCIE), las administradoras de pensiones y los bancos comerciales, locales e internacionales.
Para contraer deuda —incluyendo la opción de reprogramar la deuda que vence sustituyéndola por nueva— el Estado necesita autorización legislativa. Esa autorización es la que los partidos de oposición han negado a este gobierno, o la Sala de lo Constitucional ha bloqueado.
Lo primero que se paró fueron los préstamos con la banca multilateral, porque necesitan mayoría absoluta de votos en la Asamblea y, por tanto, requieren también de los votos de Arena. El financiamiento privado se hace cada vez más caro, por la situación de la economía internacional, en la cual los intereses están subiendo —y van a continuar subiendo; o sea, cuanto más tardemos en firmar préstamos más caros serán—, pero también, y sobre todo, porque los préstamos serán más caros cuanto más se deterioren las finanzas públicas, lo cual se mide por las calificaciones que dan las agencias internacionales especializadas. Esa calificación ha caído sustancialmente en el último año. Todas las agencias calificadoras reconocen que ello se debe a la falta de acuerdos políticos entre las principales fuerzas del país.
Al no autorizar al estado endeudarse con las multilaterales, por ejemplo, la oposición y la Sala obligan al país a buscar fuentes de dinero más caras. Su postura obligó, por ejemplo, a pasar de un financiamiento con un costo de alrededor de un 2 % de interés anual con las multilaterales, a uno de alrededor del 8.6 % en la última emisión de bonos con la banca internacional privada.
Solo con el BID, el país tiene préstamos ya aprobados, o planificados y listos para pronta aprobación, por más de $ 650 millones. Al no darse la aprobación de esos préstamos el Gobierno tiene dos opciones: o no ejecuta los proyectos (salud, carreteras, ciudad mujer, renovación urbana, agua, etc.), o paga más por ellos. Pagar más, solo en el posible financiamiento BID, significa en concreto, por esa diferencia en tasas de interés, alrededor de $ 42 millones más por año. Arena llegó al colmo de no votar para la aprobación de una donación por $ 30 millones que el Gobierno español ofrecía al país, lo que deja en evidencia que el objetivo de la negativa de Arena a un acuerdo fiscal no es proteger las finanzas públicas. Y no pagar la deuda pública afecta también el costo del financiamiento privado. Todo ello dificulta el desarrollo.
El reciente fallo de la Sala de lo Constitucional relativo al SITRAMSS tentrá también costos muy altos para el país, en especial para los usuarios de este sistema de transporte público. Sistemas como el SITRAMSS existen en muchos países de América Latina, y todos tienen como condición indispensable el uso de un carril exclusivo. Sin ello no se logra la velocidad y eficiencia que el sistema requiere. Prueba de ello es la ineficiencia con que el SITRAMSS ha funcionado en estos últimos días. En contraste, abrir el canal exclusivo a los vehículos particulares no ha resuelto el problema del tráfico en esos trazados, sino que lo ha agudizado. Si bien es cierto que el uso del carril exclusivo prioriza al transporte público sobre el automóvil privado, en El Salvador ello se justifica porque el 65 % de los desplazamientos se realizan en transporte público. El uso de un carril exclusivo llega hasta a triplicar la velocidad con que se mueve el transporte publico.
El SITRAMSS se financió con un préstamo del BID de $ 45 millones, sin incluir los costos de los buses. El proyecto es la primera parte de un sistema mucho más amplio que iría desde San Martín hasta Santa Tecla y del centro de San Salvador a Apopa. Esta primera parte, aún no concluida porque falta incorporar la mayoría de los buses, ha sido muy bien recibida por el público, lo que se refleja en su cota de unos 45,000 usuarios y en el hecho de que en sus primeros dos años está ya muy cerca de la capacidad de uso que se tenía planificada para diez años.
El decreto de la Sala echa a la borda este proyecto y sus futuras etapas. Sin entrar a discutir los argumentos jurídicos presentados por la Sala, que ya han sido muy cuestionados, un decreto como este desprecia el esfuerzo más significativo que se ha hecho en el país en varias décadas por empezar a solucionar el problema del transporte público. Y menosprecia el valor que los usuarios dan a ese sistema público de transporte. La Sala impone un proceso de “ley y orden” sobre un posible proceso de diálogo y busca de consensos. Todo ello, con costos muy altos para el país.
El Salvador está en una etapa de transición en su quehacer democrático. Componente importante de la nueva democracia que se quiere establecer son los partidos políticos y la separación de poderes, sin duda. Pero esa aspiración democrática no va avanzar mientras los partidos políticos, y órganos del Estado como la Sala de lo Constitucional, pongan por encima de los intereses de país otros intereses.
*Mauricio Silva es director por Centroamérica en en Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
