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Congreso EUA pide investigar “movimientos de cientos de millones de dólares” de José Luis Merino

Congresistas republicanos y democrátas de los Estados Unidos afirman que José Luis Merino tiene tiene "larga data" de estar relacionado con "redes organizadas de crimen transnacional" que son "objeto de investigaciones criminales de Estados Unidos por tráfico de cocaína y lavado de dinero". 

 
 

Estados Unidos tiene en la mira a José Luis Merino, uno de los tres máximos dirigentes del FMLN, por sus nexos con el crimen organizado y el narcotráfico. Un grupo de 14 congresistas de los Estados Unidos (entre democrátas y republicanos) firmaron este 19 de junio una carta en la que piden al Secretario del Tesoro estadounidense, Steven T. Mnuchin, que investigue las "actividades bancarias" de Merino, juramentado en octubre de 2016 como viceministro para la Inversión Extranjera y Financiamiento para el desarrollo, un cargo ad hoc creado en octubre de 2016 y que le concede inmunidad diplomática a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador. 

Según los congresistas, miembros del Subcomité para Asuntos del Hemisferio Occidental, "las estructuras financieras controladas por el señor Merino han adquirido cientos de millones de dólares en riqueza inexplicada al tiempo que han ayudado a la guerrilla de las FARC en Colombia, a elementos corruptos del gobierno venezolano, y a otros grupos criminales a mover fondos a puertos seguros”. 

La carta fue difundida este 22 de junio por el portal InterAmerican Security Watch y un colaborador de prensa de Joaquín Castro, uno de los congresistas firmantes, confirmó a El Faro la autenticidad del documento. Una copia de la carta fue enviada al secretario de Estado, Rex Tillerson. Lo congresistas piden al secretario del Tesoro que "utilice la autoridad que le confiere la ley Kingpin para investigar las actividades bancarias relacionadas con Estados Unidos del ciudadano salvadoreño José Luis Merino, conocido también por su seudónimo de guerra Ramiro Vásquez”.

"Creemos que dicha investigación cabe dentro de los intereses por la seguridad nacional de los Estados Unidos y ayudaría a que las agencias gubernamentales encargadas de hacer cumplir la ley identifiquen, y detengan, actividades ilegales que pasan a través del sistema financiero estadounidense", agregan los congresistas.

Hasta este día el único salvadoreño vinculado a la Kingpin List, elaborada por el Departamento del Tesoro a partir de la Kingpin Act (o ley kingpin) es José Adán Salazar Umaña, conocido como Chepe Diablo. En mayo de 2014, Salazar Umaña fue nombrado por el expresidente Barack Obama como 'capo internacional de la droga'. Salazar Umaña ahora guarda prisión en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, mientras enfrenta un juicio por el lavado de de más de 200 millones de dólares. 

Las personas o empresas vinculadas esta lista no pueden tener contacto con el sistema financiero de Estados Unidos, incluyendo la prohibición de transacciones financieras, tarjetas de crédito y cuentas bancarias. La inclusión en esta lista depende sólo de Estados Unidos; es decir, no es un trabajo propiamente colaborativo, no hay un proceso penal ni un juicio, pero una vez que una persona o empresa entra en la lista, el proceso para salir de ella es difícil y engorroso. Salazar Umaña, por ejemplo, pidió revisión de su caso en 2014 pero no salió de esta lista sino hasta abril de 2017, casi tres años después de haber ingresado. Aunque a través del Departamento del Tesoro Estados Unidos nunca llegó a decir que Salazar Umaña ya no se dedicaba al narcotráfico, señaló que "en el curso de la nueva investigación, la OFAC (Oficina de Control de Bienes Extanjeros) encontró que la información actual era insuficiente para apoyar el fundamento que él sigue desempeñando un papel significativo en el tráfico internacional de narcóticos (por ejemplo, al mismo nivel del cártel de Sinaloa en México o de Los Cachiros de Honduras)"

En julio del año pasado, el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, anunció que la FGR ha retomado  las acusaciones que hizo un senador estadounidense contra José Luis Merino, para incluirlas en una investigación abierta por drogas y armas que data desde enero de 2014.

Meléndez hizo referencia a las declaraciones del 29 de junio de 2016 el senador estadounidense, Marco Rubio. El senador acusó al dirigente del FMLN de lavado de dinero y tráfico de armas. En una sesión del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, en la que fue recibido Tomasz P. Malinowski, secretario adjunto de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado, Rubio aprovechó para cuestionar a la gestión Obama por no combatir a aquellos políticos vinculados a casos de corrupción y su posible relación con casos de drogas y tráfico de armas en Venezuela, El Salvador, Haití y Colombia.

Merino, exdiputado del Parlacen y secretario de Organización del FMLN (una de las estructuras más relevantes del partido), fue juramentado como viceministro de inversión extranjera en octubre del año pasado. El cargo le confirió inmunidad diplomática.

José Luis Merino es una pieza clave en Alba Petróleos, una empresa con un corazón financiero que ha bombeado millones de dólares hacia otras compañías que manejan estaciones de servicio, invierten en producción de alimentos, le apuestan a los títulos valores, a proyectos urbanísticos y a la generación de energía con fuentes alternativas. También participó con dinero en el nacimiento de la aerolínea de bajo costo de Centroamérica, VECA, ya en quiebra.  Una investigación de El Faro detectó que los negocios de Alba han movido unos 800 millones de dólares y han enviado $290.6 millones hacia empresas domiciliadas en Panamá que no pagan impuestos. Según dirigentes del FMLN, en El Salvador, para 2014, los negocios Alba registraban pagos al fisco por 224 millones. 

Los congresistas también hicieron referencia al cargo de José Luis Merino y aseguran que es sus asociociones son de "larga data" con "redes organizadas de crimen transnacional" que son "objeto de investigaciones criminales de Estados Unidos por tráfico de cocaína y lavado de dinero".

El Ministerio de Relaciones Exteriores difundió un comunicado en la tarde del 22 de junio en el que dice desconocer las acusaciones en contra de Merino y que al no tener una información compartida de manera bilateral y por los canales diplomáticos, entiende este asunto como un asunto interno de los Estados Unidos. "No se conocen fundamentos que sustenten los señalamientos efectuados y, no existe tampoco, ningún proceso judicial en contra del Viceministro José Luis Merino, ni en El Salvador, ni en Estados Unidos". 

Según Relaciones Exteriores, "ante cualquier investigación en el marco de nuestra legislación y los instrumentos internacionales de que somos signatorios, el Ministerio de Relaciones Exteriores siempre ha colaborado y lo seguirá haciendo".

Con José Luis Merino ya son tres altos funcionarios y líderes del FMLN vinculados por autoridades nacionales o extranjeras a presuntos narcotraficantes. En abril de 2017, el fiscal salvadoreño Douglas Meléndez declaró que investiga por lavado de dinero las sociedades que José Adan Salazar Umaña, Chepe Diablo, y Óscar Ortiz (hoy vicepresidente de la República) crearon en el año 2000, y con las cuales se compraron y revendieron terrenos en la zona costera del departamento de Usulután.

La Fiscalía también confirmó a El Faro que investiga por lavado de dinero al exdiputado y expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes. En octubre de 2013, Reyes, uno de sus hermanos y uno de sus hombres de confianza fundaron una empresa que compró terrenos a Asmael Arturo Bercián, alias "coronel Bercián", un hombre vinculado al narcotráfico por autoridades salvadoreñas, guatemaltecas y estadounidenses. Tres meses después de que la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía abriera el expediente 02-UIF-2017 en contra de Reyes por lavado, la Presidencia nombró al actual presidente de Proesa como 'embajador en misión especial', un cargo que lo dota con fuero diplomático e inhibiría a la Fiscalía de presentar un caso ante un juzgado sin el aval legislativo.


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