San Juan, PUERTO RICO. “¡Esa deuda es ilegal!”, “¡Dictadura colonial!”, cantan los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico sobre la avenida bordeada de palmeras que acaban de bloquear. Entre ellos crece la indignación por ver su isla sumida en la quiebra y sometida a los dictámenes de Washington.
“Vienen a cortar el presupuesto público para dárselo a los grandes bonistas”, protesta Mariana del Alba, refiriéndose a los supervisores de deuda enviados desde la capital estadounidense. “Todo para pagar una deuda que ahora mismo no sabemos ni siquiera si es ilegal o si es legítima”, añade.
Esta estudiante de derecho de 27 años señala el edificio donde se reúne la comisión encargada por Washington para supervisar la recuperación de las finanzas de Puerto Rico, el estado libre asociado de Estados Unidos que padece una deuda de más de 70,000 millones de dólares.
La llamada Junta de Control Fiscal es vista como una imposición colonial por muchos puertorriqueños, que defienden con orgullo su identidad cultural.
Como ocurrió en Grecia, donde la llegada de ‘La troika’ fue rechazada por gran parte de la población, los boricuas han ignorado por mucho tiempo los préstamos descontrolados y las acusaciones de corrupción. Hasta que todo explotó.
Pero a diferencia del país mediterráneo, Puerto Rico no es independiente.
Excolonia española convertida en territorio estadounidense a fines del siglo XIX, la isla de 3.5 millones de habitantes tiene su propio gobierno –bajo el estatuto de estado libre asociado– desde de la década de los cincuenta.
Y el próximo domingo 11 de junio, sus habitantes serán convocados a un referéndum no vinculante para pronunciarse sobre esta relación.
“Recortes a ciegas”
Son ciudadanos estadounidenses, pero no pueden votar en las elecciones presidenciales a menos que residan en tierra firme. Y la isla, bañada por las aguas turquesa del Caribe y el Atlántico, parece demasiado lejana a Washington.
Pero los lazos económicos son estrechos, y es en esta relación privilegiada con Estados Unidos donde yace el origen de la crisis.
Puerto Rico gozó durante décadas de exenciones de impuestos federales, lo cual impulsó a muchas empresas estadounidenses a instalarse allí. Pero esas ventajas fueron eliminadas en 2006.
Para compensar la pérdida de ingresos, Puerto Rico buscó alivio en el mercado municipal estadounidense de bonos, y ofreció atractivos papeles libres de impuestos que proveyeron efectivo a la isla, pero la sumergieron en una onerosa deuda.
A medida que aumentaba el desempleo y se intensificaba la recesión, los puertorriqueños comenzaron a abandonar la isla. Uno de cada diez emigró en los últimos 10 años. La mayoría de ellos se asienta en Florida, particularmente en Orlando.
Este éxodo agravó la crisis fiscal porque se redujo el número de contribuyentes. Ahora hay más puertorriqueños en Estados Unidos que en su isla.
Incapaz de honrar sus deudas, Puerto Rico se declaró en quiebra a principios de mayo. La bancarrota no afecta por el momento a Estados Unidos, pero en la isla la crisis se hace sentir con fuerza. Ahora corresponde a la justicia estadounidense decidir sobre este asunto espinoso.
En la Universidad de Puerto Rico, cerrada por protestas estudiantiles desde fines de mayo, sillas y mesas encadenadas a los portones bloquean el ingreso. “Que no sigan recortando a ciegas”, pide Mariana del Alba.
En shock
Los dos partidos que se han alternado en el poder desde los años 1950 (el Partido Nuevo Progresista del gobernador Ricardo Rosselló y el opositor Partido Popular Democrático) se acusan mutuamente de este desastre financiero.
El gobernador Rosselló “tuvo que hacer en dos meses el trabajo que la pasada administración no hizo”, asegura Christian Sobrino, su principal asesor económico y presidente del Banco Gubernamental de Fomento.
La administración de Rosselló espera estabilizar la situación económica en cuatro años, a través de alianzas con el sector privado y en particular gracias al turismo, que aún no está tan desarrollado como en islas vecinas, explica Sobrino. “Es un gran reto, pero lo vamos a poder atender”, dice.
Revitalizar la economía de la isla será más difícil bajo la presidencia de Donald Trump, quien aboga por recortes en asistencia alimentaria y programas de salud para los más pobres.
“La gente está en estado catatónico, en shock, nunca se había experimentado una situación como esta”, dice Gerson Guzmán, presidente de la UGT, el sindicato mayoritario de empleados de la salud de Puerto Rico. Los recortes “pueden provocar un colapso en el sistema de salud del gobierno de Puerto Rico”, que enfrenta amenazas como el virus del zika, advierte.
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