El sueño de la pintora salvadoreña Julia Díaz se ha vuelto a turbar. El gobierno de El Salvador quiere convertir la casa que alberga al Museo Forma en una oficina del Banco Hipotecario, y ha dado un ultimátum a la fundación que dirige el museo para que abandone el recinto, que resguarda más de un centenar de piezas de artistas nacionales, una de las coleciones pictóricas más importantes del país.
La postura de la Presidencia golpea fuerte a los artistas plásticos, pero también al público en general, que sería privado del museo en el que se repasa todas las corrientes artísticas y presenta a los grandes maestros de la plástica nacional, que van desde Valero Lecha, el maestro de Díaz y de la generación de artistas clásicos a la que perteneció, pasando por Camilo Minero, Antonio García Ponce, Enrique Aberle, Salarrué, Carlos Cañas, y exponentes del expresionismo y surrealismo, como Rosa Mena Valenzuela, Antonio Bonilla, César Menéndez y Rodolfo Molina.
Julia Díaz fue una de las grandes representantes de la plástica nacional, ya que a través de sus interpretaciones del mundo cotidiano, la visión fantástica y de la realidad, repasó el impresionismo, el realismo francés y el surrealismo. Díaz perfeccionó estas técnicas en su recorrido por Francia, Alemania, Holanda y Bélgica, como parte de una beca concedida por el Estado. Esa experiencia fue vital para ella, ya que a su regreso a El Salvador en 1953, resintió la falta de espacios de formación artística y de lugares de exhibición, de ahí que decidiera abrir su estudio y posteriormente convertirlo en la primera galería de artes.
La casa de estilo neocolonial tipo californiano en donde se ha alojado la colección de la pintora desde mediados de los noventa, primero fue acogida por el Patronato Pro-Patrimonio Cultural, quien la tuvo en comodato hasta que se disolvió en 2006. Desde entonces, la Fundación Julia Díaz ha insistido en que se les conceda en comodato el inmueble a ellos, pero solo consiguieron un contrato por arrendamiento prorrogable cada cinco años.
'La casona', ubicada en el pasaje Senda Florida Sur, sobre la alameda Manuel Enrique Araujo, es, desde el 25 de abril de 2017, según publicación en el Diario Oficial, propiedad de la presidencia de la República, que en la reunión del Consejo de Ministros del 1 de diciembre de 2016 pidió en donación al Comité Administrador del Fosaffi (Fondo de Saneamiento y Fortalecimento Financiero) dicho inmueble por ser considerado “necesario e indispensable para la consecución de los objetivos institucionales”. Ese mismo día, el museo había impedido los trabajos de intervención en el área del jardín del inmueble, con el que el banco pretendía instalar una verja que le permitiera definir físicamente el límite entre sus instalaciones y las del museo.
El interés de la administración del Banco por hacer uso de las instalaciones del Museo se había puesto de manifiesto el 18 de abril, cuando solicitaron que se les permitiera realizar un mercado de víveres para sus colaboradores en el área del parqueo principal. La Fundación negó el permiso: “Cómo voy a permitir un mercadito dentro de las instalaciones del Museo, aseguró Anabella de Martín, vicepresidenta de la Fundación Julia Díaz, si eso puede traer plagas, llámese ratones o cucarachas, que implican un riesgo latente para el inmueble y, sobre todo, las piezas de la colección”.
La negativa de los inquilinos estaba fundamentada en que “La Casona” es un bien protegido por la Ley de Protección de Bienes Culturales Monumentales, que aplica a todos aquellos inmuebles, como el Teatro Nacional o el Palacio Tecleño, que tienen una placa con el sello azul de la Unesco. “Consideramos que es importante que las autoridades del banco sean conscientes del daño que estarían ocasionando al inmueble solamente por demostrar que es parte de sus propiedades, y que de ninguna manera corre peligro de ninguna naturaleza al no ser separado, pero que va contra toda intención de preservar el bien cultural”, reza la carta fechada el 25 de abril.
Dos días más tarde, el 27 de abril, la Fundación recibió una carta de parte de Fosaffi, en donde le pedían desocupar el inmueble ya que este había sido donado “en forma gratuita, simple e irrevocable, a favor del Estado y Gobierno de El Salvador, en el ramo de la Presidencia de la República”. La decisión les pareció desafortunada y los tomó por sorpresa, ya que en junio 2016, la institución gubernamental había renovado el contrato de alquiler por cinco años más.
Este museo es para todos, pero en especial para la juventud que debe encontrar en él fuente de inspiración y un ejemplo constante de lo que es un ideal. Deseo que estas puertas estén abiertas por siempre”, manifestó Julia Díaz el día de la inauguración. Y aunque el espacio no duró mucho tiempo, siempre encontró un hogar. El terremoto de 1986 derribó la casa, pero Díaz logró mudar la piezas a su actual sede a mediados de los 90, cuando el inmueble lo administraba el Patronato Pro-Patrimonio Cultural. Evacuar el Museo Forma sería ponerle un obstáculo más a la historia de un esfuerzo por promover el arte que siempre ha sido peregrino. En 1958, Julia Díaz convirtió su estudio, ubicado en la calle Rubén Darío, en San Salvador, en la primera galería de arte de El Salvador. Siete años más tarde, el terremoto de 1965, marcó el inicio de su itinerancia, y fue entonces que la artista la trasladó a su casa de habitación, en la calle El Escorial de la colonia La Providencia, en donde se inauguró como museo en 1983.
Para Roberto Galicia, director del Museo de Arte (Marte), 'quienes están queriendo recuperar el inmueble no tienen idea de qué es un museo ni de lo valioso que es el trabajo de la Fundación. No consideran el daño que se le hace al país'. La decisión de la Presidencia elimina uno de cuatro espacios para la difusión de las artes plásticas. Como el Museo Forma, en El Salvador solo existen tres más de su tipo: la Sala Nacional de Exposiciones Salarrué, el Museo de Arte (Marte) y la Pinacoteca Roque Dalton de la Universidad de El Salvador.
A nivel de colecciones, el curador Jorge Palomo, enumera cuatro más de su tipo: la del Museo Marte, la del Patronato Pro-Patrimonio Cultural (actualmente en comodato y exhibida en parte en el MARTE), la Colección Nacional y, 'de manera mucho más limitada, varias piezas en otras instituciones gubernamentales pero que no son parte oficial de la Colección Nacional per se, por ejemplo: algunas pinturas y esculturas del MUNA, la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia, el Banco Central de Reserva y el Centro de Historia de Defensa de El Salvador'. Las colecciones en poder del Estado, de hecho, son las de menor acceso al público: la Colección Nacional de Pintura y Escultura permanece, en su mayoría, embodegada y los dos espacios públicos en donde se exhibían están cerrados. En octubre 2013, la Secultura inauguró la Pinacoteca Nacional con el afán de hacerla visible al público, pero fue clausurada 11 meses más tarde por la gestión de Ramón Rivas; mientras que la Sala Nacional permanece cerrada desde abril 2016, luego de que la Secretaría decidiera cerrarla dos días antes de la inauguración de la exposición La Última Cena, un acto que la comunidad artística calificó como censura.
La importancia de la colección, explica Palomo, es que por medio de estas piezas, Julia Díaz intentó contar la historia del arte 'muchas de ellas son, sin duda alguna, obras maestras'. Así, pues, además de ser aquella con la cual se estableció el primer museo de arte del país en medio del conflicto armado, 'fue la primera colección constatada en el catálogo que se imprimió en 1984, el cual además de ilustrar las obras, describió las biografías de los artistas incluidos en ella, una importante aproximación a contar la historia del arte nacional por el artista Carlos Cañas', agrega. La colección ha crecido en los últimos años con donaciones de artistas contemporáneos, entre otros. En 2013, Cañas decidió, antes de su muerte, donar 15 de sus piezas y algunos bocetos a la Fundación.
Por ahora, la Secretaría de Cultura, prefiere no dar declaraciones. La Directora Nacional de Artes, Marta Rosales, se limitó a decir que ya estaban realizando las gestiones pertinentes para resolver la situación. Anabella de Martín, por su parte, dice que Rosales se hizo presente a la instalaciones del Museo el viernes 30 de junio para manifestarle su compromiso para ayudarles a resolver su situación. La Secultura, en este sentido, tiene un compromiso doble: el Museo Forma es parte del Programa de Transferencia de Recursos (PTR) de la Asamblea Legislativa, que por medio de Secultura entrega fondos a instituciones culturales para el desarrollo de proyectos de formación y protección del patrimonio. Uno de los principales proyecto de Forma es la exhibición itinerante de la colección Julia Díaz, que se traslada al interior del país con réplicas de las obras elaboradas por jóvenes talento.
Pese al ultimátum, la Fundación ha decidido, por recomendaciones de sus abogados, no desalojar el inmueble y seguir pagando la cuota por el arrendamiento. Mientras tanto, ha activado su red de contactos y amigos para conseguir una reunión con la Presidencia para pedir, una vez más, que les entreguen en comodato la casa. Hasta el cierre de esta nota, no se ha concretado ninguna fecha.
