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Trabajadores cotizarían más y ahorrarían menos con la nueva propuesta de pensiones del gobierno

El gobierno desistió de su primera propuesta de reforma de pensiones que desmantelaba el negocio de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y presentó una nueva, que les permitiría mantener la administración de los ahorros de los trabajadores. Esta nueva propuesta aumentaría la cotización de los trabajadores y reduciría a la mitad el aporte a las cuentas individuales con que se construye las pensiones.

 
 

El gobierno está negociando una nueva propuesta de reforma al sistema previsional que mantendría la administración de los fondos de pensiones en manos del sector privado, pero que aumentaría el aporte que los trabajadores deben hacer al sistema, mientras que reduciría a casi la mitad el monto de la cotización que se destinaría a las cuentas de ahorro individuales.

La propuesta, que aliviaría a corto plazo las obligaciones de deuda del gobierno, también contempla quitar a los trabajadores la mitad de todo lo ahorrado hasta ahora, y esos aproximadamente 4 mil 500 millones de dólares formarían parte del fondo para pagar las pensiones de quienes ya están jubilados.

Aparte de esta propuesta hay otras tres en manos de la Asamblea Legislativa, una de ellas presentada por el sector privado -incluidas las administradoras de fondos de pensiones-, otra por el partido Gana, y una cuarta por dos economistas apoyada por sindicatos de trabajadores.

La diputada Lorena Peña, del FMLN, anunció esta semana en su cuenta de Twitter que la nueva propuesta del gobierno, remitida por la Presidencia de la República vía Ministerio de Hacienda, ya se puede consultar en la página de la Asamblea Legislativa.

El documento suscrito por el ministro Carlos Cáceres plantea subir la cotización para pensiones de un 13 % a un 15 % del salario. Del 13 % actual, el trabajador aporta el 6.25 % y el empleador un 6.75 %. El anteproyecto contempla aumentar en un punto el aporte que hacen trabajador y empleador, y de esa manera se llega al 15 %.

El sistema vigente de pensiones data de 1998, cuando se privatizó y se creó las administradoras de fondos de pensiones, que iban a cobrar una comisión por el manejo de cuentas individuales de los cotizantes. La virtud presunta del sistema privado, según lo prometió el gobierno de Armando Calderón Sol, estaba en que finalmente el cotizante iba a tener protegidos sus ahorros para la jubilación y que el monto de su pensión iba a depender, esencialmente, de la capacidad de ahorro de cada quien.

El sistema, sin embargo, fue incapaz de generar una rentabilidad importante para los trabajadores debido a las restricciones de inversión que se impuso a las AFP, y se volvió insostenible porque cada año tenía que responder a una obligación mayor de pago de pensiones a los jubilados. Desde 2016 el gobierno se ha visto ante la inminencia de no poder pagar las pensiones, y por eso ha estado intentando reformar el sistema con urgencia. Solo en 2017, la estimación de pago de pensiones es de más de 600 millones de dólares, pero esta suma crece cada año.

La nueva propuesta llegó después de que el anteproyecto inicial fuera rechazado por todos los partidos políticos y el FMLN se quedara sin respaldo para echar a andar un sistema mixto en el que el gobierno iba a administrar una buena parte del fondo de pensiones. Este es uno de los puntos de giro en el documento que ha llegado a la Asamblea Legislativa.

En el sistema vigente, del 13 % del salario que se convierte en tasa de cotización, el 10.8 % se destina a la cuenta individual de ahorro. En la nueva propuesta gubernamental, ese destino se recortaría a casi la mitad, pues solo el 5.5 % se iría a las cuentas manejadas por las AFP.

Lorena Peña, presidenta de la Comisión de Hacienda y vicepresidenta de la junta directiva de la Asamblea, dijo en su cuenta de Twitter el martes 18, que según esta segunda propuesta del gobierno, "el ahorro pasaría del 10.8 al 13.5 %". Esa declaración podría engañar a quienes crean que se incrementaría el aporte a las cuentas individuales. Y no es así. Ese 13.5 % surge de sumar el 5.5 % que sí iría a la cuenta de la persona cotizante, y un 8 % adicional que iría a engrosar el fondo para pagar pensiones de los ya jubilados y, si el sistema marcha bien, para mantener nutrido un fondo que eventualmente garantice el pago para los pensionados del futuro.

El gobierno promete que, del aporte que cada cotizante haga el fondo colectivo, cuando se jubile se tomará una parte proporcional a lo que haya entregado a dicho fondo para sumarlo al valor de la pensión construida con la cuenta individual. "Las instituciones administradoras llevarán un registro donde se acrediten las cotizaciones y aportaciones que individualmente hayan realizado los afiliados al sistema", dice el artículo 24. Y el artículo 131 establece que la pensión se va a calcular dependiendo de lo aportado en la cuenta de ahorro individual y a partir del saldo aportado al fondo colectivo. 

En la nueva propuesta hay una omisión importante: no precisa el monto de la comisión que cobrarían las AFP por administrar tanto las cuentas individuales como el fondo colectivo. Por ahora, se llevan un 1.255 % del salario, y en el régimen que lanza a debate el gobierno solo se hace alusión a un 1.5 %, pero esa proporción incluiría tanto el pago de la comisión como el pago por un contrato de seguro de invalidez.

El gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén renunció, entonces, a su pretensión original de crear un instituto nacional de pensiones que iba a fundarse con un capital inicial de 4 mil 700 millones de dólares sustraídos de las cuentas individuales de los trabajadores. Ese sistema, según expuso en El Faro Radio la diputada Lorena Peña en su momento, iba a tener una sostenibilidad de apenas unos 10 años, al cabo de los cuales iba a ser indispensable un nuevo modelo.

¿Qué sucedería con el salario mensual de los cotizantes si se aprueba lo que propone el gobierno? Con el sistema vigente, por ejemplo, un trabajador de maquila que gana 300 dólares aporta 18.75 dólares y el empleador 20.25 dólares. Con el régimen propuesto, trabajador y empleador incrementarían su aporte en tres dólares cada uno.

El nuevo anteproyecto de reforma tiene por título "Sistema de Ahorro Individual y Colectivo", y requiere del respaldo mínimo de 43 de los 84 diputados para convertirse en ley. Gana, PCN y PDC rechazaron el sistema mixto que impulsaba la administración anteriormente. El nuevo, coincide con la propuesta del sector privado en cuanto a la creación del fondo colectivo.

La creación de este fondo aparece en la propuesta de la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones, un organismo en que participan la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), las AFP Confía y Crecer, y Contradefop, un organismo de trabajadores cercanos al sector privado.

La ICP y el gobierno también coinciden en que el sector empleador aporte un punto más de cotización.

En una entrevista que el abogado Enrique Anaya, miembro de ICP, brindó a El Faro en junio pasado, relató lo difícil que fue que la ANEP aceptara que los empleadores aportaran un punto más a la cotización en la propuesta de ICP. "Para que fuera posible convencerla fue durísimo porque acababa de ser el aumento al salario mínimo. Te imaginás decirle: les acaban de pegar un porrazo con el salario mínimo y ahora les traemos una propuesta en la que ustedes van a pagar un 1 % más. No, están locos…", dijo Anaya.

La nueva propuesta incluye un punto que va en el camino de corregir algunos defectos del sistema actual, pues ahora mismo hay personas que se jubilaron con pensiones de más de dos tercios de su último salario devengado. Esto contrasta con las pensiones que está obteniendo quienes se están jubilando en este momento, que solo pueden aspirar a obtener alrededor de un tercio de su salario último. El gobierno propone un límite para las pensiones: no podrán ser mayores a 2 mil dólares, independientemente del salario de la persona retirada. El proyecto de Hacienda, sin embargo, no establece si este artículo se aplicaría retroactivamente, y tampoco deroga los decretos 100 y 1217 que permitieron que existan pensiones altas -que según el ministro de hacienda Carlos Cáceres pueden considerarse como pensiones VIP-, que no se corresponden con lo aportado y que fueron concedidas a cerca de 160 mil trabajadores -conocidos como optados- que cotizaron en el sistema público, pero que se pasaron a una AFP.

Este techo de 2 mil dólares para las pensiones solo aplicaría a 19 mil personas -de los 160 mil trabajadores- que son considerados como optados, que verían reducida su pensión si esta asciende a más de 2 mil dólares. 

Dos fuentes de la Asamblea Legislativa que acordaron hablar bajo condición de anonimato y que tuvieron conocimiento de las negociaciones afirmaron que el desistimiento del gobierno de su intención de arrebatarle la administración de buena parte del fondo de pensiones a las AFP se debió a que se tornó imposible convencer a los partidos minoritarios de derecha (Gana, PCN y PDC). El pasado 13 de julio, el diputado Mario Tenorio, de Gana, fue consultado si su partido apoyaría la reforma anterior que promovía el gobierno. "Que el FMLN sueñe con que se va a aprobar esa propuesta. Nosotros no la apoyamos", afirmó. 

El Sistema de Ahorro Individual y Colectivo -al igual que el sistema mixto que promovió anteriormente el gobierno y al igual que la propuesta de la ICP- fue diseñado para disminuir la carga que representa para las finanzas del gobierno el pago de las pensiones en curso. Al igual que las propuestas anteriores, no propone nada para resolver dos problemas fundamentales del sistema previsional actual: ni mejoraría la cobertura ni ofrece conjurar el peligro de que muchas personas terminen con pensiones de miseria.

Actualmente el fondo de pensiones tiene poco dinero, debido a que desde el año 2006 las AFP han usado el 60 % del fondo para comprar títulos del Estado y con eso se ha pagado pensiones desde ese año. En su nueva propuesta, el gobierno establece que una vez sea aprobada, el 50 % del fondo se va a transferir al Estado a través de la entrega de estos papeles al gobierno, con lo cual el gobierno anularía una parte de su deuda previsional. 

Con la reforma, las pensiones que paguen las AFP van a seguir dependiendo de lo que cada trabajador aporte mes a mes al sistema de pensiones, por tanto coloca en riesgo a los trabajadores debido a que un volumen mayor de los ahorros va a ser usado para atender necesidades urgentes. Más ahorros de los trabajadores van a ser usados para atender el pago de las pensiones de los jubilados del ISSS y del INPEP, un compromiso que este año alcanza los 607.15 millones de dólares. 

A pesar de que se crea un fondo colectivo, al que van a aportar todos los trabajadores, el gobierno va a mantener el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales creado en 2006 y el 50 % del fondo de pensiones que se acumule en las cuentas de ahorro individual va a ser obligatoriamente invertido en la compra de Certificados de Inversión Previsional. "Los Certificados de Inversión Previsionales emitidos por el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales tendrán un límite máximo de 50 % de los fondos de pensiones", dice el artículo 16. 

Esto es cinco puntos por encima del techo actual. El límite tiene el propósito de evitar la concentración de la inversión de los fondos de pensiones para reducir riesgos.

Aún con el aumento del porcentaje de cotización, con la creación del fondo colectivo y con el incremento del techo del fondo de pensiones que puede usarse para comprar Certificados de Inversión Previsional, el gobierno no va a lograr cubrir el pago de las pensiones en curso. Para complementar estos pagos, el artículo 116-A contempla en uno de su literales la creación de una subvención anual.

El gobierno va a fijar en el presupuesto que cada año debe apartar "hasta" el 5% de los ingresos corrientes netos  -que para este año equivale a 235 millones de dólares- de cada ejercicio fiscal para afrontar el pago de las pensiones y aún así no va a lograr cubrir el pago de las pensiones sin recurrir a deuda. Entre el año 2018 y el 2050, deberá prestar una cifra que va a variar entre 2 millones de dólares hasta llegar a un monto de 528 millones de dólares en 2050. 

La nueva reforma traslada las obligaciones a los futuros gobiernos. A partir del año 2030, las cuotas que va a pagar el gobierno comenzaran a aumentar drásticamente. En ese año, le va a faltar 160 millones de dólares; en 2040, 311 millones de dólares y en 2050 alcanzará su punto máximo de 528 millones de dólares. A partir de ese momento, las cuotas -que se van a financiar con emisión de deuda- bajarán debido a que se espera que -debido a la esperanza de vida de los pensionados- habrá disminuido de forma considerable la población jubilada.

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