Mélida López volvió a ver a su hermano Chungo 37 días después de empezar a buscarlo. Un pickup doble cabina se estacionó frente a su casa. Eran las 11 de la mañana del 6 de enero de 2017. A bordo del pickup Toyota Hilux, color café claro y placas P 603 576 viajaban cinco hombres. Tres dijeron ser detectives policiales, dos portaban fusiles y ninguno usaba uniforme. Los otros dos pasajeros eran reos, aunque no iban esposados ni vestían la ropa blanca habitual en las cárceles y bartolinas de El Salvador. Uno de los detenidos era Chungo. El otro era Toño, su primo.
El conductor del vehículo se anunció:
—¡Buenas! Aquí les traemos una visita.
Mélida escuchó desde la ventana que da a la calle, donde despacha a quienes llegan a su pequeña tienda, en Sensuntepeque, Cabañas. Tras la sorpresa, a Mélida le entró la determinación: salió a la calle a encarar a los policías armados, que intentaron entrar a su casa. Les dijo que no podían pasar porque había niños dentro y aceptó la contraoferta de los policías: entrar al vehículo que aún tenía el motor encendido, para platicar con su hermano.
Lo hicieron rodeados de policías. Mélida preguntó a los dos jóvenes si estaban bien de salud. Ellos contestaron que estaban bien, aunque Mélida pensó que lo hacían para no añadir a la angustia. Los vio, dice, “bien bañaditos”. Se preocupó por su salud mental. Los policías se inmiscuyeron en la charla: “No hagan nada, no gasten en abogados, no comprometan sus escrituras, digan que ellos están detenidos en un penal”, recuerda Mélida que le pidió uno de ellos. Ella ya había entendido que era una amenaza, pero el policía insistió: “Estas acciones los van a perjudicar a ellos y a ustedes”.
Por “estas acciones” el agente se refería a las constantes visitas que durante los 37 días anteriores, Mélida y su familia habían hecho a la delegación policial de Sensuntepeque, al departamento de personas desaparecidas en San Salvador, a la sede central de la Policía Nacional Civil, a la Procuraduría de Derechos Humanos y a cuanto lugar se les ocurrió, sin obtener nunca respuesta a su pregunta martilleante: ¿dónde están?
Como no era la primera vez que las oía, las sugerencias de los hombres armados no intimidaron a Mélida. ”Para mi tranquilidad y para la seguridad de ellos, los abogados van a seguir trabajando”, contestó a aquel agente vestido de civil. Las amenazas contra su familia habían empezado el 2 de diciembre, una semana después de la captura Chungo y Toño, que ocurrió en la madrugada del 25 de noviembre.
Ese día, los dos hombres habían auxiliado a un hombre que acababa de ser herido en un tiroteo y lo llevaron al hospital nacional de Sensuntepeque. El hombre murió en el vehículo de Chungo y la Policía capturó a sus improvisados rescatistas: a Toño por la tenencia ilegal de un revólver y a Chungo por supuesta resistencia al arresto. Una jueza decidió liberarlos solo cinco días después, pero la Policía y la Fiscalía volvieron a la carga y los acusaron por un doble homicidio: el crimen en que acababa de participar el hombre al que habían auxiliado.
En la acusación no figura prueba alguna de que los dos hombres hayan participado en aquel doble homicidio. Y durante seis meses, los policías escondieron a Chungo y Toño de sus familiares y les impidieron tener contacto con sus abogados. La Policía ocultó la ubicación de los detenidos hasta a la jueza del caso, que un mes después de que desaparecieran, amenazó a un jefe policial con procesarlo por desacato. “Es como estar jugando a las escondidas”, dijo a El Faro la jueza de Primera Instancia de Sensuntepeque, Patricia Bardales, el 27 de abril.
Hasta la misma PNC, en voz del inspector de seguridad adjunto, reconoce las irregularidades. “La Policía no puede disponer así libremente de movilizar o desplazar a una persona si no es por autorización de un juez”, dice el inspector Bárbaro Leiva. La Inspectoría de Seguridad, la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría de Derechos Humanos abrieron expedientes para revisar las actuaciones de funcionarios en este caso.
En la práctica, Chungo y Toño estuvieron desaparecidos forzosamente en manos de la Policía. Por eso, sus familiares, abogados y la comunidad de Santa Marta denuncian que la Policía Nacional Civil tiene cárceles clandestinas.
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La eliminación de las cárceles clandestinas era un tema tan importante durante la guerra civil que los Acuerdos de Paz de hace 25 años la aludieron directamente. Está dentro de las atribuciones de la PDDH y compromete a esta institución a “identificar y, en su caso, suprimir y desmantelar toda cárcel o lugar de detención clandestina”.
La Policía Nacional Civil fue creada por los Acuerdos de Paz para reemplazar a los cuerpos de seguridad que hasta entonces estaban adscritos al Ministerio de la Defensa: Policía Nacional, Policía de Hacienda y Guardia Nacional, responsables de innumerables violaciones a los derechos humanos. 25 años más tarde, la Policía realiza detenciones arbitrarias, implanta evidencias para fabricar casos y perpetra asesinatos. La cantidad de policías y militares investigados por homicidio tuvo un aumento del 630 % entre el primero y el tercer año de gestión del presidente Salvador Sánchez Cerén. La conducta de algunos de sus miembros es comparable a la de los antiguos represores. El aislamiento arbitrario de personas es otro paso atrás en la institucionalidad.
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Este 29 de mayo de 2017 han pasado casi cinco meses de la última visita del pickup Hilux, color café claro y placas P 603 576 a la casa de Mélida. Afuera del juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque hay unas 50 personas que han llegado del cantón Santa Marta -el pueblo natal de los imputados- y que esperan impacientes porque les han dicho que hoy llegarán los detenidos. El juzgado ha programado para hoy una audiencia en la que deben comparecer Manuel de Jesús López y José Antonio Bonilla. En la comunidad, a Manuel de Jesús le conocen como Chungo, y a José Antonio como Toño, y después de seis meses de detención, sus amigos y parientes abrigan la esperanza de, finalmente, volver a verlos. Pero la audiencia se suspende, por segunda vez, porque la Policía, según explican los defensores, dice que no encuentra a Chungo y Toño en el lugar donde supuestamente están detenidos: en la Unidad Antipandillas de Antiguo Cuscatlán, La Libertad.
Uno de los abogados de Chungo sale del juzgado. “Agradezcamos que quedó para el jueves 1 de junio”, dice. Pero hay una mujer en el grupo que no está para agradecimientos: Oneida Leiva, la pareja de Chungo. Oneida está iracunda y piensa que el abogado es excesivamente pasivo. Cinco meses sin ver al padre de su hijo le parecen demasiado como para esperar tres días más. Se vuelve a todos los asistentes: “¡Vámonos para la delegación!”, ordena, y de inmediato comienza a caminar hacia el puesto policial de emergencias 911, que está a pocas cuadras de ahí. Camina. Luego corre. Y, tras ella, los vecinos de Santa Marta. Unos van a pie y otros sobre un desvencijado pickup del 93 que conduce Juan, primo de Chungo. Llegan al puesto policial y no ven a nadie. Avanzan un par de cuadras y ahí descubren el mismo Hilux placas P 603 576 en que sus parientes habían llegado escoltados por policías a Sensuntepeque. Y empieza la locura. Oneida se pone junto al Hilux y el conductor amaga con embestirla. Oneida abre la puerta y el conductor la cierra de nuevo con violencia. El Hilux, con todos sus vidrios polarizados, logra huir a prisa. Oneida está determinada: sabe que Chungo y Toño van en aquel vehículo y desanda sus pasos hasta donde está el pickup de Juan, a quien ordena:
—¡Seguilos!
Y Juan los persigue. Persigue durante un par de kilómetros, ya fuera de la ciudad, hasta que se acaba el municipio de Sensuntepeque y empieza el de Guacotecti. Allí pierde el rastro y se detiene. Oneida se resiente ahora de un magullón en la mano que le causó el Hilux cuando inició la persecución.
—¿Y vio a los muchachos? —le pregunto.
—No, solo al policía.
Seis meses después de que la Policía se llevara a Chungo y Toño, están persiguiendo fantasmas.
Los asesinatos
Santa Marta, en el municipio de Victoria, ha sido un lunar incómodo en la política salvadoreña desde que empezó la guerra civil en 1980. En aquel entonces, acosado por el ejército, el pueblo entero se refugió en la vecina Honduras hasta 1987, cuando empezó su retorno. Ahora Santa Marta es una comunidad de exguerrilleros, una isla de simpatizantes del FMLN en un municipio gobernado por el derechista partido Arena, que rige seis de los nueve municipios de Cabañas.
Victoria tiene unos 12,800 habitantes y registró seis homicidios en 2015, el año en que El Salvador fue el país más violento del mundo; pero al año siguiente, cuando las cifras de homicidios descendieron a escala nacional, en Victoria se duplicaron: 12 en 2016. En contraste, durante los primeros cinco meses de 2017 no hubo ningún homicidio. 2016 fue un año muy violento para un lugar que usualmente no lo es.
La Fiscalía acusa a Manuel de Jesús López y a su primo José Antonio Bonilla de dos de esos homicidios.
Transcurrían los primeros minutos del 25 de noviembre de 2016 cuando un grito desde fuera de su vivienda despertó a José Antonio Morales y a su esposa María Elena Reyes de Morales.
—¡La Policía! ¡Abran la puerta! —ordenaba alguien, mientras golpeaba la puerta de lámina de la casa de los Morales Reyes, en la colonia Los Laureles, de Santa Marta. Eran las cero horas con 45 minutos y así inicia la historia que ha reconstruido la Fiscalía de Ilobasco. Un grupo armado fingió un allanamiento policial.
José Antonio Morales sabía de procedimientos policiales porque trabajaba en el Cuerpo de Agentes Municipales de Soyapango, así que pidió que le mostraran la orden de allanamiento por debajo de la puerta. Como respuesta, el grupo la tumbó de dos patadas. Uno de los hombres entró y ordenó a los esposos que se tendieran sobre el suelo.
Morales luchaba para ponerse la prótesis en su pierna izquierda mientras seguía con su reclamo por la ilegalidad: pidió otra vez que le enseñaran la orden de cateo. Pero aquello no era un operativo policial. Los hombres se abalanzaron contra él, mientras María Elena Reyes les gritaba que su esposo estaba lisiado. Además de la pierna izquierda, a Morales le faltaba la mano izquierda.
Morales buscó la pistola que cargaba en la cintura y el forcejeo se concentró en desarmarlo. María intervino en defensa de su esposo y la gresca se complicó.
Los testigos describen a cuatro hombres entre los agresores. Uno tenía piel blanca y ojos amarillos debajo del gorro navarone que cubría su rostro; medía cerca de 1.80 metros de estatura; vestía ropa camuflada, con una bandera de El Salvador en la manga de la camisa y botas de estilo militar; portaba un arma de fuego grande y caminaba con la firmeza que caracteriza a un soldado. El segundo tenía piel morena y gorro navarone; medía 1.70 metros de altura, vestía como soldado y portaba al frente de su cuerpo un fusil colgado con una cincha. El tercero era un hombre de quien los testigos no dicen más que portaba un corvo. El cuarto actuó como vigilante: se quedó cerca de la puerta y portaba un fusil.
Mientras Morales y Reyes forcejeaban con los dos hombres vestidos como militares, sonó un disparo. Esto distrajo a los atacantes y Morales tuvo una oportunidad. Tomó con su única mano la pistola y jaló con su brazo izquierdo a uno de los atacantes. Le disparó. Acto seguido, el hombre que vigilaba junto a la puerta disparó su fusil. María Reyes dejó de gritar. Los testigos dicen que ya no se sabía quiénes disparaban, pero la muerte volaba de un lado al otro en esa casa de Santa Marta.
El hombre del machete lo dejó en el suelo y huyó. El vigilante y uno de los que vestían como militares lo siguieron. El único que no corrió fue el hombre al que Morales había disparado. Huyó despacio, como agachado. Esa fue la última vez que los testigos lo vieron, según la investigación de la Fiscalía.
La Policía llegó poco después. José Antonio Morales había muerto por los tres balazos que recibió. María Reyes estaba herida y los policías la llevaron al hospital nacional de Sensuntepeque. Murió dos días más tarde en el hospital Rosales, de San Salvador.
La Fiscalía solo ha identificado a uno de los cuatro supuestos agresores. Se trata de José Érick Rodríguez Cortez, un hombre que estaba por cumplir cuatro meses en su nuevo trabajo: soldado en el Destacamento Militar Número 2, de Sensuntepeque. No hay ninguna otra mención de Rodríguez Cortez en todo el expediente. La Fiscalía no quiso responder ninguna pregunta de El Faro sobre su investigación, con el argumento de que el caso está bajo reserva judicial.
El Faro preguntó al ministro de Defensa, David Munguía Payés, si Rodríguez Cortez estaba en una asignación de la Fuerza Armada la noche en que murió. El general contestó por medio del oficio SG/ OIR-041 que Rodríguez Cortez tenía permiso de cinco días cuando ocurrió el asesinato de los Morales Reyes. “Rodríguez Cortez había sido herido de bala en un hecho no especificado, siendo trasladado por particulares al hospital nacional de Sensuntepeque, falleciendo en el parqueo del referido nosocomio”, respondió el ministro. Sobre la presunta participación del soldado en el asalto a los Morales Reyes, respondió que es responsabilidad de la Fiscalía determinar qué ocurrió y si participó Rodríguez Cortez.
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En el pueblo de Santa Marta, a Chungo no le faltaba trabajo. Si alguien necesitaba levantar un muro, lo llamaban a él. Cuando hubo que construir un techo para el comedor de la escuela de El Rodeo, Chungo lo hizo. Si hacían falta manos para ampliar un tramo de una de las calles del cantón, Chungo estaba ahí. Cuando alguien se enfermaba en medio de la noche o tenía que hacer un viaje a San Salvador, Chungo se ponía gorra de chófer e iba en su pickup, en busca de unos ingresos extra.
Contrario a lo que la Fiscalía dice de él en la acusación -que es una persona sin oficio-, Chungo es un hacelotodo. Fue aprendiz de Nelson González, dueño de un taller de estructuras metálicas en Sensuntepeque. “Él estuvo como cuatro años trabajando conmigo. Nunca tuve una queja de él. Yo lo dejaba solo a él: mirá, voy a ir a hacer un mandado, ahí quedate. Y quedaba él a cargo”, dice González. Fue alumno de Julio Zavala, en una escuela de liderazgo que coordinó la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta, con fondos de cooperación de Austria, entre mayo y julio de 2016. “Él era de los que encaminaba el trabajo con niños, encuentros deportivos, campañas de limpieza de la comunidad”, dice Zavala. Chungo tiene conocimientos de mecánica automotriz, de agricultura y de albañilería. Zavala y González responden lo mismo a la pregunta de si meterían las manos al fuego por él: sí.
La Fiscalía también dice que Toño es un sin oficio, pero Toño es un agricultor. Cuando fue capturado, estaba por cumplir dos meses como miembro propietario del Consejo Directivo Escolar (CDE) de la escuela de El Rodeo, que atiende a 52 alumnos, según informa el director Sixto David Mejía. Como miembro del CDE, Toño debía participar en las compras que se hacen con presupuesto escolar y en otras actividades de la escuela, como el programa de alimentación. Para llegar a ese puesto, Toño resultó elegido después de una votación secreta en asamblea general de todos los padres de familia de los alumnos. ¿Los requisitos? “Tener hijos en la escuela, ser una persona conocida en la comunidad y tener buena conducta”, dice el director Mejía.
Ellos son los hombres que la Fiscalía cree homicidas.
La Fiscalía dice que Chungo y Toño formaban parte de una organización de asesinos y que el día de su captura trasladaban al hospital a uno de los gatilleros. Son los únicos acusados en el caso.
Sobre el posible móvil para matar al agente del CAM, la Fiscalía no dice nada. Un testigo ha dicho a la Fiscalía que la familia del agente del CAM recibió amenazas de pandillas en Soyapango, San Salvador. Las amenazas, según el testimonio, se deben a que dos hijos del agente rehusaron unirse al Barrio 18. Los fiscales no han ahondado más en esa hipótesis y su historia dice que Chungo y Toño “participaron en los hechos que tuvieron como resultado la muerte del agente del CAM Morales y su esposa (...)” y que “actuaron de forma conjunta para quitarle la vida a la víctima”. Chungo y Toño no tenían nada en común con el agente del CAM y su esposa, más allá de vivir en Santa Marta.
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La balacera en la que murieron los esposos Morales rompió la tranquilidad de la noche de Santa Marta. Habían pasado unos 15 minutos desde que cesaron los disparos cuando Toño escuchó los gritos de auxilio de un hombre en la calle, afuera de su casa, a menos de un kilómetro de la casa de la familia Morales. De acuerdo con sus familiares, Toño salió a la calle polvorienta donde encontró, tendido, al soldado José Erick Rodríguez Cortez, que agonizaba. Toño entonces llamó a quien se llama en Santa Marta cuando hay una emergencia médica en medio de la noche: a Chungo, su primo.
Chungo había llegado a su casa, en la colonia La Ceiba, a las 6:30 de la tarde. Llegaba de una jornada rutinaria de trabajo como albañil. “Nos pusimos a ver tele y a comer, y luego a las horitas nos acostamos”, recuerda Oneida Leiva, pareja de Chungo desde hace siete años. Como la 1:30 de la mañana recibió la llamada de Toño, quien le pidió que trasladaran a un “enfermo” al hospital.
“Se levantó, dijo a ponerse zapatos y ropa. Yo le pregunté: ¿para dónde vas? Para el hospital, a hacer un viaje, me dijo. Eso era normal, él así me decía cuando iba a hacer un viaje”, dice Oneida.
Además de Oneida, una vecina de Chungo lo recuerda saliendo de su casa. “Salí yo ligero afuera, ya iba saliendo de esta puerta y le digo yo; '¿para dónde vas?'. 'Voy a hacer un viaje', me dijo y corrió adelante a donde va a sacar el carro”, dice María Isidora Leiva, la vecina.
Chungo no tiene espacio para guardar su pickup en casa. Por eso lo guarda en casa de Gerardo Leiva Recinos. Leiva dice que estaba dormido profundamente cuando Chungo sacó el carro, pero que su hijo Juan -el dueño del desvencijado pickup que meses después persiguió al pickup policial- se había despertado por la lluvia de balazos. Juan sí escuchó a Chungo sacar el vehículo.
La esposa, la madre y el hermano de Toño también lo ubican a él lejos de la casa de los Morales.
Chungo recogió a Toño y al herido y se dirigió al hospital de Sensuntepeque. Eran alrededor de las 2 de la madrugada. Una hora más tarde, a las 3, Chungo llamó a su madre para informarle que el herido que llevaba, el soldado Rodríguez, había muerto en su pickup.
Ninguno de los testigos de la Fiscalía contradice esas coartadas; refieren haber visto a Chungo no en la escena del homicidio, sino manejando su vehículo a toda velocidad en la carretera. La Fiscalía acusa de homicidio a dos personas, que según los testigos que han declarado, no estaban en la escena del crimen cuando sucedieron los hechos.
“La Policía quería identificarles porque tenía que dejarse sentado quién llevaba a esa persona herida”, recuerda sobre esa noche Bárbaro Leiva, el segundo al mando de la Inspectoría General de Seguridad, el organismo encargado de verificar las actuaciones de la PNC. “La Policía les exigió que colaboraran y que les facilitaran la información y ellos se pusieron violentos. Entonces la Policía procede”, dice Leiva. Las familias de Chungo y Toño entienden que una investigación es lógica si uno tiene a una persona herida de bala que fallece en su vehículo. Los reclamos y las denuncias son, dicen, por todo lo que sucedió después de esas primeras indagaciones.
Por ejemplo, la familia de Toño reclama por un arma que supuestamente fue implantada. El acta policial dice que a Toño le encontraron un revólver Taurus .38 en la cintura. La familia dice que eso es falso: que Toño nunca ha tenido un arma, que la Policía registró su casa el mismo día de la captura y no encontró nada. El arma está registrada a nombre de José Atilio Iraheta Cruz, según un informe del Ministerio de la Defensa que consta en el expediente judicial. No hay ninguna otra mención de Iraheta Cruz en todo el proceso. El Faro buscó información adicional sobre Iraheta Cruz pero su documento de identidad (DUI), tal como aparecía en el Registro Nacional de las Personas Naturales hasta 2008, no mostraba residencia conocida ni número de teléfono, datos esenciales de cualquier persona en este registro. Su DUI fue emitido en Anamorós, La Unión.
La desaparición
El 30 de noviembre de 2016 empezó con buenas noticias para los primos Bonilla. Habían pasado cinco días después de la captura y la comunidad de Santa Marta esperaba que ese día se resolviera todo. La jueza de Paz de Victoria decidió liberarlos. A Chungo, de forma definitiva, porque consideró que no había evidencia de que se hubiera resistido al arresto. A Toño, de forma provisional, para que enfrentara en libertad la acusación de portar ilegalmente un revólver.
Fue una alegría efímera. Cuando iban saliendo del juzgado, Chungo y Toño fueron recapturados. En la primera captura, los arrestos estuvieron a cargo de policías de Sensuntepeque, con su rostro descubierto. La segunda vez fueron policías encapuchados.
La tarde del 30 de noviembre, Mélida y Oneida repitieron la rutina de los cinco días anteriores y llevaron cena para Chungo y Toño a las bartolinas de Sensuntepeque. Pero ellos ya no estaban ahí. Un oficial les explicó que era posible que se los hubieran llevado a otra delegación y que los regresarían. Entonces, al día siguiente, ellas preguntaron por sus familiares. No regresaron. “Íbamos y no nos decían nada. Que sí, ahí estaban, y volvíamos a llegar, que no, que no estaban. O sea: estaban jugando con nosotros”, dice Mélida. La noche del 30 de noviembre fue la primera en que los primos Bonilla pasaron en custodia policial sin que nadie más que la PNC supiera donde estaban. Esa noche fue la primera en que su familia los tuvo como desaparecidos.
El 2 de diciembre, Mélida y Oneida viajaron los 100 kilómetros que separan Sensuntepeque de San Salvador y pusieron una denuncia en el Departamento de Verificación Penitenciaria de la Procuraduría de Derechos Humanos, a las 2:10 de la tarde. La denuncia la firmó Mélida, sola. Oneida tuvo sus dudas sobre si era conveniente denunciar. La fuente de sus dudas era una llamada telefónica que recibió poco antes de las 2 de la tarde.
Recibió la llamada de un número que no tenía registrado y escuchó a Chungo. “Me decía que estaba bien, que no me preocupara. Siempre me decía unas dos palabras para decirme cómo estaban, y luego me hablaba un oficial”, recuerda Oneida. El oficial no la consolaba como Chungo. 'No vaya a abrir su boquita, me dijo, porque los va a meter en un problema a ellos y a usted', la amenazaba. Las instrucciones del policía eran: no paguen abogado, porque no va a servir de nada, no denuncien, no hagan nada. Oneida le contó a su cuñada, pero ella no quería saber nada de eso. Estaba determinada a denunciar.
Ese mismo 2 de diciembre, personal de la PDDH realizó llamadas telefónicas a la PNC para constatar el estado de Chungo y Toño. Le informaron a Mélida y Oneida que habían hablado con ellos y que estaban bien físicamente. Pasaron cuatro días hasta que el juzgado de Victoria realizó la primera audiencia de ese nuevo caso, con resultados negativos para los detenidos: el juzgado decretó que Chungo y Toño debían permanecer detenidos mientras eran investigados por homicidio.
En los primeros días de diciembre, antes de la audiencia por el doble homicidio, Oneida recibió una invitación. “Me dijeron: ‘si usted quiere venirlo a ver, véngase para San Salvador. Tráigale ropa, tráigale comida y cuando esté aquí, me llama, me dice dónde está para irla a recoger”, cuenta Oneida. El policía incluso le pidió que le llevara a Chungo su inhalador: Chungo padece asma. Pero Oneida no fue. Tuvo miedo.
Hasta el 15 de diciembre Oneida recibió más llamadas amenazantes de números desconocidos que le pedían lo mismo: no denunciar, retirar a los abogados contratados. “Al final, yo decidí apagar el teléfono unos días. No aguantaba que me dijeran tanta cosa”, dice Oneida.
El abogado Saúl Rivas, defensor de Chungo, asegura que, con la ayuda de la Inspectoría de Seguridad, corroboró que los números desde los que llamaban a Oneida pertenecen a la Policía. El inspector adjunto Leiva dice que desconoce esa gestión o sus resultados, aunque admite que es posible que alguien de la Inspectoría o de otras unidades policiales “haya podido colaborar efectuando llamadas telefónicas y preguntando a quién corresponde el número”.
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El 13 de diciembre de 2016, unos policías llevaron a Chungo -sin Toño- por primera vez en el Toyota Hilux, a convencer a su familia de que las amenazas telefónicas iban en serio.
Tres agentes vestidos de civil anunciaron que llevaban visita y preguntaron por los padres de Chungo, José y Virginia, unos ancianos que se dedican a la agricultura y que ahora tienen una panadería. Ellos salieron de su casa y entraron a la cabina trasera del pickup. Vieron a Chungo, sin uniforme de reo, sin esposas. Virginia no habla de eso. A José se le quiebra la voz cuando lo hace, pero recuerda que los policías les pidieron entrar a la casa y ellos se negaron. “Yo creo que les querían hacer algún tipo de sicología (al traerlos)”, dice José. Y los policías pedían lo mismo: no denuncien, no paguen abogados. Ríndanse.
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Pese a las amenazas, Oneida y Mélida siguieron denunciando las arbitrariedades del caso.
Para mediados de diciembre de 2016, el ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde; el director de la Policía, Howard Cotto; la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la PDDH sabían que la comunidad de Santa Marta denunciaba la existencia de cárceles clandestinas. Solamente Raquel Caballero, la procuradora de derechos humanos, respondió.
Caballero recibió a la familia el 23 de diciembre, en una reunión en la que también participó el procurador adjunto de Vigilancia Penitenciaria, Gerardo Alegría. La PDDH dice que constató la condición física, seguridad física y seguridad jurídica de los jóvenes desde ese día. Alegría hace tres afirmaciones que los familiares y la defensa de Chungo y Toño rebaten. Una: que se estableció un mecanismo directo de comunicación entre los detenidos y un miembro de su familia, a través de la Procuraduría. Tanto Mélida López, hermana de Chungo, como Samuel Bonilla, hermano de Toño, lo niegan.
Dos: Alegría dice que la Procuraduría visitó “frecuentemente, al menos una vez por mes” a los jóvenes durante su detención. El 27 de abril, Luis Mejía, delegado de la PDDH de Cabañas, dijo a El Faro que esas verificaciones se hicieron en la unidad Antipandillas de Antiguo Cuscatlán. El 9 de junio, el procurador adjunto Alegría desdijo esa versión pero explicó que no podía revelar en qué lugar se hicieron esas verificaciones, por motivos de seguridad y porque se trata de una investigación en desarrollo. El abogado defensor Saúl Rivas asegura que solo hubo dos visitas: una en diciembre y otra en febrero.
Y tres: Alegría dice que Chungo y Toño tuvieron acceso a su defensor. El abogado Rivas y la familia lo niegan.
Aunque el procurador reconoce que hay irregularidades en el proceso, como las “movidas” de la Policía para trasladar a los prisioneros, y la falta de información, la PDDH ha pasado seis meses sin un pronunciamiento público por este caso. Alegría solo tiene una promesa para justificar el silencio: que emitirán pronto una medida cautelar para evitar coacción de la Policía o la Fiscalía hacia Chungo y Toño. Pese a todo, la Procuraduría se resiste a calificar este caso como uno de desaparición o de existencia de cárceles clandestinas. En vez de eso, lo clasifica como una posible violación del derecho a la intimidad y la integridad persona. “Alegría dijo que sabíamos dónde estaban ellos. Yo le dije que si hubiéramos sabido no habríamos hecho todo este proceso”, dice Mélida, la hermana de Chungo. “Nosotros dejamos de ir a la Procuraduría porque no sentimos apoyo”, asegura.
La Policía juega a las escondidas
La Policía se ha contradicho sobre el paradero de Chungo y Toño desde que inició el caso. La jueza de Sensuntepeque exigió por primera vez el 21 de diciembre de 2016 que el jefe Antipandillas de la PNC le informara la ubicación de los imputados. Nada. El 12 de enero reiteró esa petición pero le subió el volumen. “Habiendo transcurrido el tiempo prudencial para que hubiesen rendido informe, previénesele al jefe Antipandillas de la PNC de San Salvador que rinda informe a la mayor brevedad sobre la ubicación actual de los imputados, so pena de informar a la instancia correspondiente por desobediencia a mandato judicial”, se lee en el expediente.
Esconder a los detenidos e impedir que sus abogados los contacten es ilegal. Así lo acordaron las partes que negociaron el fin de la guerra civil en 1992. Esa prohibición surgió de la obligación de garantizar el bienestar de los detenidos y de la necesidad de erradicar la práctica de la tortura y permitir a los defensores acceder al reo para conocer los hechos de los que se le acusa y preparar su defensa. En este caso específico la Policía, además de violar la ley y traicionar su propia carta de nacimiento, estaba ignorando una orden judicial directa.
Pasaron más de tres meses desde esas peticiones de la jueza hasta que el 27 de abril Francisco Fuentes, jefe de la Unidad Antipandillas, envió un oficio. Ese mismo día, la audiencia se había suspendido porque la Policía no trasladó a los jóvenes. En el documento, Fuentes informó a la jueza que Chungo y Toño habían ingresado a esa unidad y que, por lo tanto, podrían estar en las bartolinas de la Unidad Antipandillas, ubicada en el Edificio Merliot, en el bulevar que lleva el mismo nombre, a unos 50 metros del redondel El Platillo, en Antiguo Cuscatlán. Los abogados defensores de Chungo y Toño ya habían intentado visitarlos en ese lugar antes. Nunca lo lograron.
Un mes después, el 29 de mayo, la audiencia se suspendió de nuevo porque la unidad de traslado de reos de la Corte Suprema de Justicia no encontró a los jóvenes en la Unidad Antipandillas, donde supuestamente estaban recluidos. El Faro visitó la sede de Antipandillas y un agente de la unidad dijo que ahí no hay bartolinas.
Ese 29 de mayo, la Policía informó al defensor Rivas que sus clientes estaban detenidos en las bartolinas del puesto policial de la playa Conchalío, en La Libertad. Pero eso tampoco era cierto. El 30 de mayo el abogado Rivas preguntó en las bartolinas de Conchalío por sus clientes y le respondieron que no se encontraban ahí.
El 12 de mayo El Faro había visitado la sede de la Unidad Antipandillas de la Policía en Merliot. El edificio no tiene rótulo, está coloreado de blanco sucio y tiene portones negros. En una pared de la recepción había un memorando que el inspector jefe Francisco Antonio Fuentes Morán envió a los miembros de la Unidad Antipandillas el 9 de febrero de 2017. “Queda terminantemente prohibida la visita a estas instalaciones de algunos familiares de testigos criteriados” debido a “incidentes en casas de resguardo”, donde policías habían decomisado teléfonos celulares a testigos. Los “criteriados” son testigos que reciben beneficios penales a cambio de su declaración. Las familias de los primos Bonilla tienen la convicción de que Chungo y Toño estuvieron detenidos en una de estas casas. Pero ellos no son testigos criteriados.
Solo la Fiscalía puede iniciar el proceso para que un imputado se convierta en testigo. La condición es que el testigo criteriado 'contribuya decisivamente al esclarecimiento de la participación de otros imputados en el mismo hecho o en otro más grave', según el artículo 18 del Código Procesal Penal. Si la Fiscalía negocia con los imputados, los defensores deben avalar el acuerdo y una jueza debe aprobarlo. Los defensores de Chungo y Toño dicen que no ha existido un acuerdo y que ningún juez ha aprobado una petición de ese tipo. El fiscal del caso no quiso responder a preguntas de este medio, alegando que la reserva judicial -que él mismo solicitó imponer- se lo impedía.
El Faro buscó dos veces a Howard Cotto, director de la PNC, para consultarlo sobre este caso. La primera fue el 4 de mayo, en la rendición de cuentas del gabinete de Seguridad, por el tercer año de gobierno. Cotto eludió preguntas de El Faro y se limitó a decir que no contestaría preguntas, mientras caminaba con prisa hacia su camioneta para marcharse. La segunda vez fue el 1 de junio, en la Asamblea Legislativa. El Faro le preguntó “¿dónde están los jóvenes Manuel de Jesús López y Antonio Bonilla?” Cotto dijo que no tenía conocimiento del caso y se marchó. El Faro pidió por medio del equipo de comunicaciones de la Policía una versión oficial sobre el ocultamiento de Chungo y Toño, pero tampoco hubo respuesta.
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Mélida cree que la Policía está tratando de culpar del doble homicidio a su hermano y a su primo porque no han encontrado a los verdaderos culpables. “Hallaron dos presas fáciles”, dice. Esa posibilidad no es descabellada en este país.
El Salvador es un buen lugar para matar. Si hubiera que apostar a la Fiscalía o a un homicida, las casas de apuestas divulgarían en 9 a 1 las apuestas a favor del homicida. Así fueron las probabilidades en 2015, un año con 6,657 homicidios del que, hasta febrero de 2016, solo 598 habían llegado a tribunales. Las cifras de la impunidad son consistentes desde al menos 2005, según demuestran estudios realizados por personas que hoy ocupan altos cargos en el sistema judicial salvadoreño. El sistema está desbordado. Un fiscal puede tener a su cargo hasta 500 casos de asesinatos. Son superados, por la falta de recursos, o por la saturación, o por la falta de información gracias un sistema de protección de testigos que no protege a nadie.
El endeble sistema judicial salvadoreño ya le dio a la Fiscalía su primer revés por este caso.
El 8 de junio de este año, la jueza Patricia Bardales sobreseyó provisionalmente a Chungo y Toño por los dos homicidios. El defensor Saúl Rivas dijo que la jueza no encontró elementos para vincular a sus clientes con el crimen. Solamente Toño enfrentará juicio por la tenencia ilegal de arma. La jueza decidió que Toño enfrente ese juicio en libertad. Lo único que impide su libertad es la apelación que la Fiscalía interpuso. La decisión final recaerá en los magistrados de la Cámara de Cojutepeque, que pueden confirmar la decisión de la jueza o revertirla y enviar a los jóvenes a juicio.
Al igual que en las audiencias previas, unas 50 personas de Santa Marta se plantaron ese 8 de junio sobre la avenida Libertad, de Sensuntepeque, donde se ubica el juzgado. La audiencia empezó a las 10 de la mañana y terminó a las 5 de la tarde. Cerca del mediodía, algunas personas colgaron una sencilla manta en la esquina: “Exigimos ¡¡¡Libertad!!! Para Manuel y Antonio - comunidad Santa Marta”.
Cuando Chungo y Toño salieron, una patrulla los recogió frente al juzgado. Durante todo el día, policías que resguardaban el juzgado exigieron a los manifestantes que se alejaran hasta la esquina, pero los santamarteños son tercos y estaban frente al juzgado, rodeando la patrulla. Chungo y Toño iban esposados, vestidos con una calzoneta y camiseta blancas, descalzos. Cuando los subieron a la cama del pickup, pregunté a Toño cómo se sentía después de que la jueza los tuvo por inocentes. 'Bien', me dijo, y esbozó una sonrisa. Chungo solo me miró y señaló a los policías con un gesto para indicarme que no podía contestar. La gente formó un pasillo alrededor de la patrulla para aplaudir a Chungo y Toño como héroes. Con la barba larga y desprolija, Chungo parece un hombre camino a Gólgota en vía de crucifixión. Una mujer de la concurrencia se acerca a darle la mano. Una de sus sobrinas llora. Los hombres también quieren llorar, pero en vez de eso gritan: “¡Dale con todo, hermano!” “¡Estamos con ustedes!”
El abogado fantasma
En la acusación contra Chungo y Toño hay un arma cuyo dueño no ha sido investigado; un soldado muerto del que no hay indagaciones; denuncias de amenazas desde teléfonos que pertenecen a la Policía; dos visitas de reos en poder de la Policía a las casas de sus familiares; nada de información sobre el lugar donde los reos permanecen detenidos; testigos que aseguran que los acusados no estaban en la escena del doble homicidio; más de dos meses de alargue a la resolución del caso; la imposición de secreto sobre el expediente, y un abogado defensor que encontró la forma de sacar del caso a los defensores nombrados por las familias de Chungo y Toño y que, al parecer, comparte oficina con unos policías.
El 7 de marzo de 2017, el abogado Ricardo Rivas Idiaquez pidió por escrito al juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque que lo acreditara como defensor de Chungo y Toño, y acompañó su solicitud con poderes firmados por ambos. Rivas Idiaquez pidió que su nombramiento sustituyera al de “cualquier otro defensor nombrado con anterioridad”. Con ese documento, los abogados Saúl Rivas y Antonio Ortega quedaron fuera de juego.
En su texto, Rivas Idiaquez solo puso un número de teléfono para recibir notificaciones: el 2231- 8208. En el expediente contra Chungo y Toño, la Fiscalía ofrece como testigos a dos investigadores policiales de la Unidad Antipandillas que pueden ser citados al mismo número: 2231- 8208. Es decir, que dos testigos contra Chungo y Toño pueden ser contactados al mismo teléfono que el abogado defensor que logró desplazar a los defensores originales.
Los abogados contratados por la familia volvieron a tomar la defensa después de que los parientes aclararon que no los habían cambiado por Rivas Idiaquez. María Laínez viuda de Bonilla –madre de Antonio- y Virginia Bonilla de López -madre de Chungo- acudieron a la sección de Investigación Profesional de la Corte Suprema de Justicia, para pedir que investigue la actuación del abogado Rivas Idiaquez.
El 15 de marzo, la Corte citó a Rivas Idiaquez para el 6 de abril. El abogado no se presentó. La Corte no pudo notificarle al teléfono que él había registrado. El Faro también marcó varias veces a ese número, pero nadie contestó. La Corte tampoco pudo contactar a Rivas Idiaquez con la información que tiene en su base de datos. Al no poder notificarlo, la Corte delegó la responsabilidad de ubicar al abogado a los denunciantes y se desentendió. La sección de Investigación Profesional archivó el caso AP-05-RR-17 el 18 de abril de este año.
El Faro sí encontró al abogado Rivas Idiaquez, quien accedió a una entrevista a mediados de mayo. Rivas Idiaquez dijo a este periódico que se acercó al caso de manera fortuita. “Yo andaba haciendo unas diligencias en la Procuraduría de Santa Tecla, y unos agentes andaban a dos muchachos, jóvenes”, dijo. “Al parecer, ellos no querían que les nombraran a un defensor público. Uno de los policías se acercó y me dijo que si yo quería (hacerme cargo)”, dijo.
Rivas Idiaquez dice que sí pudo conversar con sus clientes, en la Unidad Antipandillas de Antiguo Cuscatlán. Dice que llegó a un acuerdo de honorarios con ellos y que le pagarían el día de la audiencia preliminar. Pero Rivas Idiaquez no llegó al juzgado ni el 27 de abril, ni el 29 de mayo, las dos fechas en que la audiencia fue programada y luego suspendida por falta de acusados.
El Faro preguntó a Rivas Idiaquez sobre la coincidencia del número de su oficina con el de los investigadores contra sus clientes. El abogado no puede explicarlo.
—El número de teléfono que usted deja para notificación en el escrito en que se muestra parte es el mismo número de teléfono que la Policía pone para que citen a dos de sus investigadores
—Eso no sé. Yo puse el teléfono de mi oficina en los escritos. No sé qué teléfono están usando ellos.
—Han puesto el mismo número que usted puso ahí. No sé si la Policía puso que los podían contactar a ellos en su oficina, o si usted puso que podían contactarlo a usted en la oficina de los policías. Pero es el mismo número.
—No, Nelson.
—Cómo no. Se lo estoy afirmando porque yo vi los dos documentos.
—Mmm... no tiene razón de ser. Yo puse el de mi oficina.
—¿El 22 31 82 08 es el suyo?
—Sí.
—Pues la Policía ha puesto ese mismo número de notificación para dos de sus investigadores. Usted lo puede ver en las diligencias del expediente.
—Mire, yo no sé si esto me va a generar problemas. Si es así, yo lo que puedo hacer es renunciar. Miire, no, yo nunca he sido policía, ni soy policía.
—¿No se había percatado de eso?
—No, hasta ahorita que usted me está diciendo.
—Vaya. No sé si usted está al tanto de que los familiares lo han citado a usted en Investigación Profesional.
—¿De verdad? Ja ja ja...
—Le puedo dar la referencia si quiere.
—Ja ja ja... ¡a la gran puta! Estoy de suerte. Le voy a agradecer, Nelson, porque no lo sabía.
***
La Policía trasladó a Chungo y Toño a las bartolinas de Sensuntepeque el jueves 1 de junio, un día antes de la audiencia donde fueron sobreseídos. Ambos permanecen ahí hasta la fecha de esta publicación. La Procuraduría de Derechos Humanos ya verificó que ambos han empezado a sufrir de sarna en la piel. Pese a las malas condiciones del lugar, sus familiares están más tranquilos: prefieren esto a no saber dónde están.
Cuando Chungo finalmente recupere su libertad, tendrá otro problema que resolver: una promesa que hizo a su hijo.
La primera vez que la Policía lo llevó a la casa de sus familiares en Sensuntepeque, los padres de Chungo, la mamá de Toño, Oneida, la pareja de Chungo, y su hijo, se turnaron para hablar con él.
El hijo de Chungo, que tiene cinco años, había visto a su papá desde la ventana y no se aguantó las ganas de estar cerca de él. Hasta la captura, el niño siempre seguía a su papá a donde este fuera. Oneida lo dejó entrar al pickup. Chungo entonces se transformó en actor y encarnó a Guido, aquel padre que en la película italiana “La vida es bella” hace creer a su hijo que todo cuanto sucede en un campo de concentración nazi es un juego. Chungo dijo a su hijo que el policía que lo llevaba capturado era en realidad su jefe, y que él le estaba construyendo una casa de dos plantas. Chungo prometió a su hijo que, a su regreso, con la paga de ese trabajo inventado, le compraría una motocicleta.
