La fiscalía de Guatemala y una comisión de la ONU pidieron este viernes 25 de agosto levantar la inmunidad al presidente Jimmy Morales por supuestamente cometer una serie de transacciones irregulares durante su campaña con el partido FCN-Nación, con el que llegó al poder en 2015.
'Se ha presentado la solicitud de antejuicio (levantar fueros) contra el señor Jimmy Morales Cabrera', explicó el exmagistrado colombiano Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente adscrito a la ONU que lidera junto con la fiscalía una inédita lucha contra la corrupción.
Según la investigación, el partido Frente de Convergencia Nacional (FCN), del cual Morales era secretario general y representante legal, incumplió al entregar contabilidad de transacciones financieras relacionadas al manejo de dinero recaudado para la campaña. El FCN llevó a Morales al poder y el delito presuntamente ocurrió cuando él dirigía este instituto político.
En una conferencia de prensa conjunta con Thelma Aldana, la fiscal general, Iván Velásquez señaló que “hubo seis millones de quetzales (unos 825 mil dólares) de financiamiento que se ocultó” y agregó que hay otros gastos que no logran explicar cómo se pagaron.
La Cicig y el MP detallaron que el FCN ocultó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) los informes contables que corresponden con el período en el que dos bancos reportaron actividades sospechosas en cuentas bancarias del partido. Una cuenta era la denominada “Cuenta de campaña electoral FCN-Nación” de Banrural que reportó operaciones sospechosas entre el 27 de septiembre y el 31 de octubre de 2015, cuando faltaba más o menos un mes para las elecciones. La otra cuenta estaba identificada como “Cuenta de gastos permanentes FCN-Nación” que reportó transacciones sospechosas entre el 1 de mayo de 2015 y el 31 de octubre de 2016.
La fiscal Aldana indicó que el partido de Morales no entregó los informes contables necesarios para practicarle una auditoría y que el presidente, en su calidad de secretario general, “actuó dirigido a incumplir obligaciones legales y a obstaculizar la función del control del TSE”.
“Estas actuaciones nos pueden llevar al lavado de dinero, hay que hacer una investigación profunda para saber qué hechos vamos a tipificar, contra qué personas vamos a imputar. De ahí la necesidad de que se levante la inmunidad para poder hacer una investigación a profundidad”, señaló Aldana.
El Tribunal detectó en total ocho irregularidades en las finanzas del partido. El partido no permitió que el TSE tuviera acceso a la información contable, tampoco presentó informes bimestrales de ingresos o informes mensuales de gastos de los diversos candidatos en todo el país, según lo manda la ley electoral. Y cuando el partido presentó información contable, lo hizo de manera incompleta o desordenada, o no tenían las firmas de las autoridades administrativas de la institución.
Entre las transacciones sospechosas que llamaron la atención del MP-Cicig están dos cheques que fueron depositados en las cuentas del partido de Morales el 22 de octubrte de 2015, y que provienen de dos socios de la empresa COCISA, vinculada a una presunta trama de corrupción también investigada por las autoridades. Aldana y Velásquez dijeron que entre otros gastos que hay que investigar se encuentra el arrendamiento del helicóptero matrícula TG-ANM, propiedad de “Distribuidora Piper S.A.”, en el que se trasladó el entonces candidato Morales. Las autoridades señalan que se desconoce quién pagó cerca de 24 mil dólares.
El partido, en informes enviados al TSE, admitió que no había llevado los informes contables respectivos en el momento de la campaña.
El anuncio de la investigación contra Morales ocurrió en la tarde del viernes, en un contexto en el que la tensa relación entre la Presidencia, el Ministerio Público y la CICIG provocó movilizaciones de cientos de guatemaltecos que denunciaron un intervencionismo de la presidencia para destituir Velásquez, precisamente por la investigación que ha sido revelada esta tarde.
La conferencia de ambos funcionarios coincidió, además, con una visita de Jimmy Morales a la sede de las Naciones Unidas, en donde se preveía solicitaría la destitución de Velásquez, cosa que según Thema Aldana no habría sucedido. Medio guatemaltecos reportaron que el presidente Morales se negó a dar declaraciones a la prensa tras su reunión con el secretario general de la ONU, António Guterres.
La solicitud de antejuicio se presentó a las 4:29 pm del viernes 25 de agosto ante el congreso de la república.
Horas previas a la conferencia, la posible petición del gobierno de Guatemala a la ONU para remover al exmagistrado colombiano como jefe de la misión contra la corrupción ensombrecía el panorama político y amenazaba con desatar una crisis por el amplio rechazo que provocaba la medida. Tras el anuncio de antejuicio, el panorama ahora está servido para que Guatemala entre, de nuevo, a un escenario en el que la plaza pública ya comienza a levantar sus banderas a favor (o en contra) de las investigaciones anticorrupción.
Hasta el momento, Velásquez cuenta con el apoyo de la secretaría general de la ONU, quien por medio del vocero Stéphane Dujarric, expresó el jueves 24 el respaldo a Velásquez y señaló que no ha recibido ninguna 'queja' sobre la labor del exmagistrado.
Morales, un excomediante de televisión, ganó la presidencia en 2015 en medio de una crisis política por la revelación de un escándalo de corrupción que puso fin al gobierno del entonces gobernante Otto Pérez, señalado como cabecilla de una red que cobraba sobornos en las aduanas para evadir impuestos.
Las presuntas intenciones de Morales para sacar de la CICIG al comisionado Velásquez hicieron estallar las redes sociales guatemaltecas y, bajo la etiqueta #IvánSeQueda, varios grupos protestaron en la noche del jueves, y han convocado a manifestaciones en el centro de la capital.
La convocatoria hace recordar las masivas protestas callejeras que antecedieron a la caída de Pérez (2012-2015) y su vicepresidenta Roxana Baldetti. Ambos acumulan en prisión otros procesos por corrupción destapados por la fiscalía y la CICIG.
El ahora mandatario, de tendencia derechista y de religión protestante, venció en el balotaje a la exprimera dama Sandra Torres, pero su popularidad ha caído considerablemente al no responder a las demandas ciudadanas que exigen transparencia en el gasto público.
Helen Mack, una de las voces más respetadas de la política guatemalteca, asegura, a partir de las nuevas revelaciones del Ministerio Público que “Estamos claros que este sistema político ha fracasado y colapsado”. Mack es la directora de la Fundación Myrna Mack, una de las organizaciones que han llamado a los guatemaltecos a manifestarse mañana en la Plaza Central. Por ahora, explica, su petición principal es Iván se queda. Lo único que queda por afinar son algunos detalles del lugar donde se llevaría a cabo ya que, según los organizadores, grupos afines al presidente han montado desde hoy por la tarde una “jornada de oración por Guatemala”, y quieren evitar a toda costa que una movilización pacífica se convierta en una confrontación ideológica.
El Faro le preguntó si esto representaría también una solicitud de renuncia de parte de Morales, y al respecto dijo que aún están esperando confirmación de si realmente el presidente pidió en su reunión con el Secretario de la ONU la destitución de Velásquez: “Pareciera que el presidente no ha comprendido el impacto político que la salida de Iván tendría para Guatemala, luego de que hace unos meses distintos representantes de organismos internacionales le dieran su respaldo”.
Por su parte, Elena Dies, del Movimiento Semilla, dijo confiar “plenamente en el sistema de justicia y esperamos que el órgano competente para conocer el antejuicio actúe con prontitud y apegado a la ley para evitar profundizar la sensación de caos en la ciudadanía”. Semilla busca desde noviembre del año pasado convertirse en partido político para participar en las próximas elecciones.
