La oposición salvadoreña contra la dictadura, de la cual formaban parte el Partido Comunista salvadoreño y las llamadas organizaciones populares, unió en su momento a todos aquellos que se oponían a un régimen militar dictatorial, represivo, corrupto, que cometía fraudes electorales y que controlaba el sistema judicial para que nunca tocara a sus socios y en cambio se utilizara para frenar a los opositores. Hoy estas mismas características definen a Venezuela.
Las diferencias entre aquellas dictaduras latinoamericanas y el actual gobierno venezolano es que este régimen autoritario se dice de izquierdas y aquellos eran de derechas; y que el presidente no es el hombre fuerte. Maduro es un títere del ejército. La cabeza visible de una cleptocracia.
Aislado cada vez más por la comunidad internacional, el gobierno de Maduro cuenta apenas con algunas escasas simpatías en América Latina; entre ellas la de El Salvador. El gobierno de Sánchez Cerén ha felicitado “al pueblo venezolano” por el reciente golpe al Congreso ejecutado por el poschavismo y ha declarado su apoyo y solidaridad con el régimen venezolano.
A las deudas políticas del FMLN con el chavismo, que pasan al menos por los programas Alba y al encumbramiento de los gobiernos de izquierda en los mejores años del boom petrolero, no debe responder el gobierno como representante del Estado aplaudiendo los graves atentados contra la democracia y contra los derechos humanos que ha perpetrado el régimen encabezado por el presidente Maduro.
En cuatro meses, en Venezuela, 120 personas han sido asesinadas en las manifestaciones contra el gobierno; casi todas ellas por disparos perpetrados en su mayoría por la policía y el Ejército venezolano y en menor medida por grupos de civiles armados, tanto leales como opositores; el gobierno de Maduro ha restringido los derechos de reunión y participación política; de libertad de expresión; y negó el ingreso al país a varios periodistas extranjeros críticos al régimen.
A la derrota en la última elección parlamentaria, que instaló hace dos años a una mayoría opositora en el Congreso, Maduro respondió llamando inconstitucionalmente a una Asamblea Constituyente para la que no solo prohibió las candidaturas desde partidos políticos, sino que además los candidatos tuvieron que ser aprobados por el Consejo Electoral. Los candidatos seleccionados y electos “desde la sociedad civil” son simpatizantes del gobierno; incluyendo a la esposa de Maduro y a varios ministros que dejaron sus cargos para participar en el proceso. Maduro también se negó, contra lo que establece la constitución redactada a la medida de Chávez, a someter la convocatoria a un referéndum. Pero el fraude desde el diseño del proceso no fue suficiente; la crisis del régimen es tan grave que tuvieron que manipular las cifras.
El fraude ha sido tan escandaloso que la empresa contratada desde los años de Chávez para los recuentos electorales, Smartmatic, ha salido públicamente a decir que los resultados anunciados por la autoridad venezolana no son los que arrojó el procesamiento de votos de su empresa; y que la diferencia es de al menos un millón de votos.
El primer acto de la instalada Constituyente fue destituir a la fiscal general, que en los últimos meses ha denunciado graves violaciones al Estado de Derecho por parte del gobierno de Maduro y que, según sus propias declaraciones, fue destituida por la información que estaba procesando contra altos funcionarios.
Ante tales atentados contra la democracia, la comunidad internacional europea y latinoamericana se ha manifestado mayoritariamente en contra de reconocer los resultados de este proceso. Una de las escasas naciones que reconocen esta elección constituyente es El Salvador.
No solo es una torpeza política por lo que nos aleja de la comunidad latinoamericana, sino que es una traición a la propia historia salvadoreña de lucha contra las dictaduras. El FMLN, que ahora administra el Estado, no puede seguir apoyando a un gobierno autoritario como el de Maduro. No si pretende representar los intereses de nuestro país. No se trata de cálculos electorales, se trata de congruencia, de decencia y de compromiso con los principios democráticos que acordaron respetar en 1992.
El domingo pasado hubo ya un intento de rebelión militar en un cuartel venezolano, cuyos detalles son aún desconocidos. Pero esperar que la solución pase otra vez por un golpe orquestado por el ejército es también contrario a las lecciones de la historia latinoamericana. Lo urgente es la unidad latinoamericana para exigir el respeto a la democracia y comenzar el desmantelamiento de un régimen militar corrupto, abusivo, represor, fraudulento y antidemocrático.
El Salvador debe unirse a esa comunidad, que es además la mejor manera de alejar de una vez por todas el fantasma de la absolutamente indeseable intervención estadounidense; y de abrir la puerta a que el proceso de restablecimiento democrático en Venezuela se haga con el acompañamiento de los latinoamericanos. Eso se acercaría mucho más al sueño de Bolívar, que Maduro ha traicionado.
