Guatemala ha vivido una serie de procesos judiciales desde 2015 que han expuesto cómo funciona el Estado al servicio de un grupito corrupto-criminal, conformado por funcionarios, empresarios, operadores políticos que se ponen de acuerdo para repartirse los negocios de la manera más descarada posible, al mejor estilo de la serie House of Cards.
En las últimas semanas un movimiento telúrico en las altas esferas de la construcción se desató y algunos dueños decidieron por primera vez hablar del asunto, lo que ha puesto a medio mundo a temblar y eso que aún no ha salido a luz el distinguido caso Odebrecht, que puso en jaque a buena parte del continente.
El caso “Construcción y Corrupción” (el nombre de cada caso remueve muchas tripas) se trajo abajo una mafia que ya se sospechaba: pago de sobornos a cambio de otorgar contratos para la edificación de carreteras sumado a otro pago para luego cobrar las obras.
Según cuatro propietarios que han hablado frente a una jueza, el exministro Alejandro Sinibaldi les pedía un porcentaje del monto de la obra para tramitarles el cheque. Y ellos pagaban. Nadie sabe a ciencia cierta desde hace cuándo. Al parecer, una porción de este dinero se destinó a la campaña de Sinibaldi para alcalde en 2011, se preveía que fuera para su propia contienda presidencial de 2015 y otra parte se destinó a asuntos que todavía se desconocen.
Que hayan hablado José Luis Agüero y Álvaro Mayorga no es poca cosa. Supone que empresarios conocidos en el reducido mundo corporativo nacional le dieran la razón a los argumentos del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG, un ente apoyado por las Naciones Unidas para combatir los aparatos criminales dentro del Estado) y desencadenó un temblor dentro de las élites económicas del país, quienes, como dice un estudio de Harvard con el BID, son las que más fuerza tienen en América Latina para vetar leyes y promover políticas públicas.
Dentro de sus declaraciones mencionaron que Rodrigo Arenas y su ONG Movimiento Cívico Nacional (MCN, un grupo libertario que ha defendido los intereses empresariales, lucha por la transparencia y ha criticado la labor de la CICIG) recibieron un estimado hasta el momento de 100 mil dólares provenientes de los sobornos para llevar a cabo una campaña contra un ex candidato presidencial opositor que decía que “le tocaba” ganar la presidencia.
Arenas dijo desconocer el origen de los fondos y antes de la semana de saberse de la noticia, cinco de sus más cercanos colaboradores renunciaron y explicaron que no sabían cómo se había conseguido la plata del movimiento. Lo dejaron prácticamente solo y se decretó arraigo en su contra luego de que declarara ocho horas ante la Fiscalía.
Esto es relevante ya que se evidencia los vínculos de grupos políticos de jóvenes cercanos a la élite económica con el gobierno anterior, que llevó al país a una corrupción exagerada; los mismos jóvenes que llamaron insistentemente al voto en 2015, cuando muchos de quienes salieron a manifestar pedían una reforma a la ley electoral antes de los comicios -o incluso suspender las elecciones- para evitar la reproducción del sistema. Luego fue público que Arenas asesoró al actual presidente Jimmy Morales para los nombramientos de su gabinete y vemos cómo este gobierno sin dirección va también en picada.
Este momento crítico abre la puerta para que el empresariado local (que se ve embarrado de acusaciones de corrupción) se sume a este cambio en el que habrá de reconfigurarse los valores de la sociedad. No es posible que casi todo el gabinete del gobierno anterior, dos presidentes de bancos, decenas de representantes legales de contratistas públicos y operadores políticos estén en la cárcel y aun así haya una negativa de parte del empresariado a sumarse a las transformaciones que el tiempo demanda ante una crisis que revela lo más podrido de un país cimentado en la impunidad y los privilegios.
Se llevó a cabo una propuesta de reforma constitucional al sector justicia para crear una carrera judicial, separar funciones dentro del sistema de justicia, para romper con el tráfico de influencias, y el sector privado organizado no apoyó decididamente este proceso y en momentos lo bloqueó hasta que se paralizó la discusión, por supuesto con la ayuda de los diputados, quienes se encuentran atrincherados en el hemiciclo creando leyes para protegerse de futuros casos judiciales que podrían perjudicarlos.
Ahora hay otra demanda concreta, de cara a 2019, que es un año electoral: bajar las entradas para que nuevos liderazgos puedan tener oportunidad de llegar a puestos en el Congreso y así romper con esta clase política nefasta que prefiere irse a la cárcel antes que reinventarse. Para esto se requiere una reforma profunda a la ley electoral y mucha vigilancia ciudadana porque los diputados ya manifestaron los deseos de maquillar esta ley para buscar controlar el Tribunal Supremo Electoral.
La trama política sigue candente dos años después de las protestas masivas que ayudaron a la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, ya que se va conociendo que las redes de corrupción son cada vez más grandes de lo que se creía. Y una nueva ley electoral, con posibilidad de abrir espacios, es de momento la única salida institucional a la crisis que cada día se profundiza.
*Álvaro Montenegro es periodista. Es uno de los siete guatemaltecos que crearon el movimiento #RenunciaYa, después rebautizado como #JusticiaYa, central en las protestas que impulsaron la renuncia del presidente de Guatemala Otto Pérez Molina.
