Domingo por la tarde. La ciudad de Guatemala trepida a punta de rumores y ansiedad. La Corte de Constitucionalidad acaba de poner freno a la decisión que a las seis de la mañana anunció el presidente Jimmy Morales. En un video que hizo rememorar las cadenas nacionales de los golpistas en los años ochenta, Morales declaró persona non grata en Guatemala al comisionado internacional contra la impunidad, el colombiano Iván Velásquez.
La resolución de la Corte impide provisionalmente expulsar del país al jefe de la CICIG y, aunque la decisión definitiva de los magistrados se conocerá en una semana, es un poderoso revés político para el presidente. Un revés que hay quien quisiera que precipite la dimisión de Jimmy Morales, justo dos años después de la renuncia de su predecesor, Otto Pérez Molina.
Pero esta es una crisis que se desarrolla a velocidad del vértigo, en la que las cosas cambian a cada instante. El viernes, apenas treinta minutos después de que el Presidente se quejara en Nueva York, ante el secretario general de ONU Antonio Guterrez, de supuestos excesos de Iván Velásquez en las atribuciones de su cargo, el Comisionado y la Fiscal General anunciaron una solicitud de antejuicio en contra de Morales por financiamiento electoral ilícito. Y en este domingo de locura, tres ministros y un secretario han renunciado en rechazo al intento de expulsión de Velásquez.
El Presidente enfrenta una crisis de gabinete, la reprobación de Washington y la comunidad internacional y el rechazo de un porcentaje incierto de ciudadanos. Jimmy Morales vive su peor momento político.
La reacción del presidente ha sido insuficiente. Ha sugerido, sin decirlo claramente, que la Corte de Constitucionalidad no puede ponerle límites en la conducción de la política internacional y que, por tanto, puede, dice, expulsar al comisionado Velásquez. Pero un movimiento en falso suyo podría dar lugar a una declaratoria de desacato por parte de la Corte, una certificación de lo conducente y el despojo de su investidura presidencial. El presidente se mueve en arenas que se mueven.
Sabedor de que la calle fue un importante actor político en 2015, se presume que Morales baraja decretar un Estado de Excepción para impedir manifestaciones públicas bajo la excusa de que estas pueden derivar en desórdenes. Desde el gabinete se filtran informaciones contradictorias: que han logrado convencerle de no limitar las garantías constitucionales; que el Presidente insiste en ellas en aras de garantizar la estabilidad...
Las primeras protestas públicas de apoyo a Velasquez son, en todo caso, modestas en comparación con las ocurridas dos años atrás, cuando más de 100 mil personas colmaron la Plaza de la Constitución para exigir la salida de Pérez Molina, hoy en una prisión militar junto a decenas de exministros y proveedores del Estado acusados de corrupción, felices todos, cabe imaginar, con la acción de Jimmy Morales.
La CICIG no tiene todo el apoyo de 2015. Perdió respaldo en las clases media y media alta —de manera notoria— desde que impulsó una reforma constitucional al sector justicia que incluía el reconocimiento pleno al derecho indígena (la justicia maya, practicada en decenas de comunidades de todo el país). Guatemala es una país profundamente racista. El Estado guatemalteco, históricamente, también.
Aupado en el racismo la ultraderecha guatemalteca logró asentar la idea de que el embate contra la corrupción (acompañado por el reciente fortalecimiento del cobro de impuestos no pagados) ocultaba una agenda de izquierda destinada a satisfacer a quienes ni por las armas ni por las urnas han logrado, históricamente, cuota alguna relevante de poder en el país.
Grandes empresarios, como el presidente de la mayor firma asfaltadora o el de una de las principales constructoras de carreteras del país, se encuentran y han pasado por prisión. Banqueros, proveedores de medicinas y de combustible, productores de acero, hoteleros, agroindustriales, muchos se han visto en dificultades para evitarlo, acusados de financiamiento electoral ilícito, cohecho activo o impago de impuestos. En cambio, alegan los críticos de CICIG, sólo un funcionario del único gobierno autodenominado socialdemócrata, el de Alvaro Colom, se encuentra preso, y quienes adversan a CICIG exigen un proceso contra Sandra Torres, antigua esposa de Alvaro Colom y candidata eterna a la presidencia por el partido Unidad Nacional de la Esperanza, a quien consideran una izquierdista irredenta.
No importa que La CICIG y el Ministerio Público hayan acusado al diputado Orlando Blanco, cercano a Torres, de los mismos delitos que atribuyen al presidente Morales. La consigna es repetir que el embate contra la corrupción ha sido unidireccional e ideológicamente dirigido. Un rápido recorrido por las principales bancadas del Congreso —integrado por 158 diputados, 35 de ellos oficialistas— da cuenta que Jimmy Morales puede dormir tranquilo: los adversarios de la CICIG suman mayoría y de ninguna manera se reunirían hoy los 105 votos necesarios para autorizar el antejuicio.
La correlación de fuerzas
Dos años atrás, presionados por las efervescencia popular a pocas semanas del proceso electoral, los diputados se precipitaron a aprobar sin demasiada dilación los antejuicios contra la vicepresidenta Roxana Baldetti y contra Pérez Molina. Esta vez, la situación es distinta.
Una mayoría notable del Congreso cree que Jimmy Morales permanecerá en su cargo pese al notorio disgusto de Washington y la comunidad internacional en general por su intento de expulsar al comisionado de la CICIG. Los diputados anticipan que la Fiscal General —cuyo mandato concluye en mayo de 2018— se vería debilitada con la salida del comisionado y prevén que el gobierno se tomará unos meses antes de dar el beneplácito a un nuevo comisionado antiimpunidad.
Los diputados nunca van a admitirlo, pero adversan la lucha de la CICIG contra un régimen en el cual se movían con facilidad pasmosa. Algunos de ellos cobraban a voluntad por aprobar leyes y préstamos y ahora se encuentran contra la cuerdas frente al embate contra la impunidad. Es comprensible su disgusto, si se toma en cuenta que se prevé que al menos 17 diputados más sean encausados por recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Con ello, uno de cada cinco miembros de la actual legislatura estaría enfrentando un proceso penal.
Menos sencillo es entender por qué Jimmy Morales ha tomado la intempestiva decisión de expulsar al comisionado teniendo las cuentas a favor —un virtual blindaje— en el Congreso.
El lunes 21 de agosto Morales se reunión con los empresarios que viajaron junto a la comitiva presidencial a la cumbre convocada por Estados Unidos en Miami, y les adelantó su idea de modificar la relación con CICIG. En la reunión se encontraban también ministros de su gabinete, que se mostraron desconcertados por lo que decía el Presidente. Según dos fuentes presenciales, Jimmy Morales sostuvo ese día que Velásquez no lo dejaba gobernar. Su lenguaje, aseguran las fuentes, fue impreciso pero determinado y parece haber comprendido la reacción de su audiencia como una aceptación tácita o la aquiescencia que desea. .
Habló de la dificultad para cobrar liderazgo en el país debido a los obstáculos que enfrenta. Habló de la falta de coordinación con CICIG y el MP en cosas tan concretas como el combate al narcotráfico en la frontera con México, o del entrampamiento de un acuerdo con Odebrecht para la ampliación de la carretera al puerto fronterizo de Tecún Umán, que se enlaza con Chiapas.
Habló de las pandillas y la delincuencia. Y de la necesidad de revisar el mandato de la CICIG para diluir su énfasis en la lucha contra los corruptos y orientarlo al combate de criminalidad común. Habló del efecto pernicioso de la lucha contra la corrupción sobre la economía y mencionó, de manera vaga que en la labor de CICIG en Guatemala había “habido excesos”.
Nadie le preguntó si por excesos el presidente se refiere a la acusación penal contra su hijo por cargos menores y contra su hermano por lavado de dinero.
Los empresarios respondieron, según dos fuentes presentes en la reunión, que respecto a CICIG lo único que no podría cambiar era la lucha contra la corrupción. El nombre de Iván Velásquez no fue pronunciado.
Al día siguiente, el martes 22, el Nuncio Apostólico en Guatemala convocó a empresarios a una cena y les expresó su preocupación por la expansión y el alcance de las pandillas. Explicó que, a su juicio, el país no afrontaba con la debida urgencia un problema social que amenaza con ahogarlo. En esas estaba cuando llegó el Presidente. Morales, cuya intención de deshacerse de Iván Velásquez había sido ya revelada en una columna de José Rubén Zamora, del diario elPeriódico, volvió sobre la necesidad reformar el mandato de CICIG, su reclamo de que no le dejan gobernar y su preocupación porque el país no define una agenda propia.
A pocos escapa sin embargo que a Jimmy Morales le mueve la intención de frenar el proceso legal contra sus familiares. Y ahora, se intuye, contra sí mismo.
El país ha quedado dividido en dos bandos. Junto al Presidente han quedado los extremistas de la Fundación contra el Terrorismo —activos siempre en defensa del Ejército cuando enfrenta casos de crímenes de guerra— y presumiblemente los precanditados de extrema derecha que aspiran a sucederlo, como la hija del exdictador Efraín Ríos Montt, Zury Ríos, o el exdirector de presidios Alejandro Giammatei. Ambos han guardado silencio los últimos días.
En el otro bando quedan un sector más modernista del empresariado, la sociedad civil organizada en mil y una organizaciones no gubernamentales y las asociaciones que en los años de la guerra dieron cuerpo al movimiento de masas de la insurgencia.
Jimmy Morales, que llegó inesperadamemte a la presidencia por el castigo en las urnas al candidato favorito, Manuel Baldizón, al que se consideraba continuador del régimen corrupto de Pérez Molina, asumió el cargo con el único encanto de ser un neófito en la política, y un chusco pero popular cómico de televisión que supo promoverse como alguien distinto al sistema. Ni corrupto, ni ladrón, decía en sus spots.
Hoy enfrenta una solicitud de antejuicio y pretende expulsar del país al Comisionado que los acusa a él y a su familia de actos semejantes a los que tanto criticó en su camino hacia el poder. A los que terminaron con su predecesor en la cárcel.
En juego se encuentra la continuidad de un proceso que ha democratizado la acción de la justicia en Guatemala —antes reservada en exclusiva para quienes carecían de poder y capital notorios— y cierta sensación de igualdad ante la ley que por otra parte algunos resienten. Iván Velásquez se queda por ahora, pero el presidente Morales se resiste a someterse.
*Juan Luis Font es periodista. Dirigió elPeriódico de Guatemala y la revista Contrapoder. Actualmente dirige y presenta el programa de radio y televisión ConCriterio.
