Este jueves 17 de agosto, la Asamblea Legislativa aprobó una serie de reformas históricas al Código de Familia en beneficio de las niñas y adolescentes salvadoreñas. Con 76 votos a favor, la Asamblea Legislativa cerró la puerta que permitía esquivar penas a los violadores de menores.
Las reformas contaron con el aval de todos los partidos, pese a que no todos los diputados dieron sus votos. La moción fue aprobada con 76 de 84 votos posibles. Una vez que el decreto sea sancionado por el presidente y publicado en el Diario Oficial, El Salvador erradicará por fin el matrimonio con menores de edad en caso de que hubiera un hijo de por medio o que la menor estuviera embarazada.
Desde 2014, el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer en conjunto con el Comité de los Derechos del niño de Naciones Unidas habían urgido a El Salvador que reformara las leyes para impedir que las víctimas se casaran con sus agresores, pero fue hasta 2016 que los diputados se dispusieron a discutir la manera de erradicarlo.
Pese a que el Código Penal salvadoreño tipifica como delito de violación a menor o incapaz tener relaciones vía vaginal o anal con menores de 14 años, el Código de Familia establecía una salvedad para aquellos que lo hacían con la intención de formar una familia. Las reformas aprobadas hoy por el pleno desahucian, por ahora, la posibilidad de constituir en matrimonio estas uniones.
Las modificaciones aprobadas abarcan incluyen la derogación del inciso segundo del artículo 14 de la referida normativa, en el cual se establece que, excepcionalmente, “los menores de edad podrán contraer matrimonio si siendo púberes, tuvieren ya un hijo en común, o si la mujer estuviere embarazada”.
El embarazo a tempranas edades en muchos casos está vinculado con las uniones tempranas o matrimonio infantil. En 2015, el Mapa de Embarazos en niñas y adolescentes en El Salvador, del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), reveló que de las niñas que tenían 10 y 12 años, el 29 % ya estaban en unión antes del embarazo y el 17 % se encontraba con una pareja que tenía 10 o más años que ellas. De este grupo, 1 de cada 10 estaban unidas formalmente mediante el matrimonio.
Esta unión evidentemente perjudicial para los derechos de las niñas, sin embargo, ha sido considerado por años por los jueces como un motivo que anula el dolo del agresor. “Si va pensando en amor, ni por la edad puede saber que está cometiendo un delito”, dijo en enero a El Faro el juez Wilfredo Sagastume, del tribunal de sentencia de Cojutepeque.
El Faro reveló en enero de 2017 que el 90 % de las violaciones a menores de 15 años queda impune, en una investigación que dejó al descubierto la permisividad de los juzgadores en el Órgano Judicial. La presidenta de Sala de lo Penal, Doris Luz Rivas, aseguró a este periódico que fallos como el de Sagastume responden a “estereotipos patriarcales, machistas”. El Departamento de Investigación Judicial, según confirmaron distintas fuentes, inició un proceso contra algunos jueces por la interpretación de la ley a la hora de impartir justicia en favor de los victimarios, con el fin de depurar el sistema. Hasta la fecha aún no hay resultados.
A partir de la entrada en vigencia de estas reformas, que corrigen una normatica con más de 20 años de vigencia, los diputados corrigen la plana a los jueces, que se verán obligados a sacar de sus argumentos que el afán del imputado por formar una familia es causal suficiente para absolverlo de un delito de violación probado.
La reforma encontró en el partido Arena una evidencia de lo dubitativa que puede ser la fracción del principal partido de oposición a la hora de defender los derechos de la niñez. Un día antes de la votación, cuando todos los partidos ya estaban en sintonía para avalar el dictamen que sería votado en el pleno, Arena pidió un compás de espera para estudiar la propuesta. Al respecto, Mayteé Iraheta, diputada tricolor y secretaria de la Comisión de Familia, dijo que ella representaba al partido y que no podía dar una posición sin haber decidido antes junto a su fracción. Previo a la votación de este jueves, sin embargo, aseguró que siempre había estado de acuerdo con la prohibición del matrimonio infantil y que se congratulaba de que sus compañeros tricolores la hubieran apoyado unánimemente: “Soy una mujer satisfecha por el acuerdo que hemos logrado”.
Por su parte, la diputada efemelenista Karina Sosa se encargó de recordarles que la iniciativa de promover las reformas había entrado a la Asamblea en 2016 y les reprochó que después de 15 meses aún necesitaran tiempo extra. “Hemos cumplido con las niñas de El Salvador, que ya no serán sometidas al flagelo del matrimonio sin estar preparadas”, dijo.
Lorena Peña fue la encargada de dar iniciativa a la propuesta y si bien reconoció que esto significa un paso importante para garantizar los derechos de las niñas salvadoreñas, enfatizó en que no es suficiente, ya que si bien se les libera de unirse en matrimonio con sus agresores, eso no elimina las violaciones ni impide que tengan que llevar a término los embarazos. “Tenemos que seguir legislando para garantizar integralmente los derechos de los más vulnerables”, dijo.
