El Salvador / Crimen Organizado

Revelan comunicaciones internas y crímenes de grupo de exterminio en la PNC

Revista Factum monitoreó durante tres meses a dos grupos de chat en Whatsapp conformados por más de 40 policías de distintas unidades y comprobó la participación de una célula del grupo en tres homicidios, dos agresiones sexuales y al menos una extorsión. Las conversaciones internas dejan una enorme cantidad de indicios de una práctica extendida al interior de la PNC: ejecuciones extrajudiciales y alteración de escenas de homicidios. 


Miércoles, 23 de agosto de 2017
Carlos Martínez

La Revista Factum ha probado la existencia de un grupo de exterminio al interior de la Policía Nacional Civil en una amplia investigación que narra la participación de agentes de la Fuerza Especializada de Reacción de El Salvador (FES) en tres homicidios, pero también detalla las comunicaciones y maneras de operar de una célula del grupo élite para combatir a las pandillas, creado por el gobierno de Salvador Sánchez Cerén en abril de 2016.

Según la historia, publicada el martes 22 de agosto, un miembro del grupo de exterminio decidió traicionar a sus compañeros y denunciar sus actividades ilícitas ante la Fiscalía General de la República (FGR), al mismo tiempo que les facilitó a los reporteros acceso a dos chats privados en el que abundan audios, videos y fotografías que narran indicios del cometimiento de un gran número de delitos, que van desde asesinatos, amenazas, hasta la falsificación de escenas del crimen.

En los chats, Factum comprobó la participación de al menos 40 policías que van desde el nivel básico hasta unidades especializadas, además de varios colaboradores civiles. Esta infiltración a las conversaciones privadas permitió entrar hasta la intimidad de un grupo de policías que también habla libremente de compra y venta de armas y torturas a pandilleros.

Durante más de tres meses, los investigadores pudieron seguir, en tiempo real, todas las conversaciones del grupo, mientras confirmaban la participación de una de las células de las FES en tres homicidios -según la versión oficial fueron 'enfrentamientos' entre pandilleros y policías-, dos agresiones sexuales y al menos una extorsión. 

La publicación, “En la intimidad del escuadrón de la muerte de la policía”, se acompaña del testimonio de Rastreador, un testigo civil que participó y colaboró directamente en las actividades del grupo de la FES; pero también de relatos de testigos que presenciaron las ejecuciones extrajudiciales del grupo, bases de datos de la PNC, del Instituto de Medicina Legal y expedientes judiciales.

En las conversaciones participan policías de distintas ramas policiales: desde elementos de seguridad pública, miembros de la Sección Táctica Operativa (STO) o miembros de la FES. Según el codirector de Revista Factum, César Castro Fagoaga, el seguimiento a las conversaciones sostenidas en esos chats, evidencia una lógica extendida al interior de la corporación policial: “Hemos descubierto una lógica implantada dentro de la policía, vimos las entrañas de un grupo de exterminio que nos permitió entrar a numerosos grupos en todo el país, por lo que podemos afirmar que hay una lógica de normalización de las ejecuciones extrajudiciales”, dijo.

Castro Fagoaga cita como ejemplo una de las intervenciones hechas en el grupo, en la que uno de los miembros llama la atención de sus compañeros por haber montado mal la escena de una ejecución extrajudicial en la que dejaron desnudo el cadáver de un supuesto pandillero: “Compañeros ay q tener cuidado con las fotos seamos listos para montar escenas para q no salga clavoz después (sic)', se lee en el chat.

“Hemos dado con un protocolo de extermino dentro de la PNC”, dice Castro Fagoaga. 

En el texto de la investigación se lee: “Los videos en estas páginas son explícitos y numerosos: un chico que se arrastra semidesnudo por un camino de tierra mientras un policía lo obliga a cantar; una chica forzada a hacer sentadillas mientras sostiene una enorme piedra sobre su cabeza; dos chicos arrodillados dentro de una delegación policial siendo mordidos por un perro y electrocutados por uniformados; cuatro chicos forzados a acostarse en un hormiguero; un pandillero recibiendo las patadas de un policía  en el estómago y las costillas mientras está esposado y en el suelo; un policía élite torturando con un cuchillo a un pandillero esposado, y una larga lista de manifestaciones de la brutalidad. No es difícil encontrar información como esta. Basta con buscar en Google con el reactivo 'policía salvadoreña torturando pandilleros'”.

La investigación también encontró relación entre los grupos de chat y páginas webs como Noticias de El Salvador y Máximo Gladiador SV, que reproducen las fotografías que circulan por el grupo y que son administradas por miembros del mismo. En esas páginas se presentan las imágenes como escenas de enfrentamientos entre fuerzas del orden y pandilleros.  

Revista Factum también relata cómo una de esas páginas llamada Grupo de Exterminio de Pandilleros El Salvador ha recibido financiamiento de parte de al menos una salvadoreña radicada en los Estados Unidos, que decidió colaborar económicamente para apoyar las actividades ilegales de policías. Los reporteros consiguieron ponerse en contacto con esta mujer, que confirmó los hechos.

Castro Fagoaga dijo que la investigación prueba la existencia de una inercia de tolerancia a estas prácticas al interior de la Policía y, en su opinión, es muy difícil que estas acciones ocurrieran sin el conocimiento del director de la FES, el inspector jefe Elvis Cisneros.

El director de la Policía, Howard Cotto, entrevistado por Revista Factum, dijo desconocer los hechos y se comprometió a investigarlos.

La revelación de Factum se convierte en una de las pruebas más contundentes de una práctica sistemática de violaciones a los derechos humanos que ha calado hondo en las filas de la PNC, en un contexto en el que desde el Gobierno se promueve una política represiva contra las pandillas. De hecho, esta investigación periodística es la sexta, en dos años, justo los años en los que el Gobierno apostó a una guerra contra las pandillas, en la que cuerpos de seguridad del Estado aparecen retratados en el cometimiento de homicidios en 'enfrentamientos' con pandilleros, como llama la versión oficial a estos casos.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha condenado, en tres de estos casos, la práctica de 'ejecuciones extralegales'. Hasta la fecha, la Fiscalía ha llevado a juicio a los policías involucrados en uno de los casos y ha abierto dos expedientes de investigación para dos de los cinco casos restantes. 

En julio de 2015, febrero de 2016 y marzo de 2017, El Faro reveló cómo agentes de la Policía terminaron matando a un total de 14 personas en tres distintos operativos ocurridos en los municidios de San José Villanueva, Zaragoza (La Libertad) y San Pedro Masahuat (La Paz), en presuntos 'enfrentamientos' con pandilleros.

En el primero de los casos, la Policía masacró a ocho personas: seis pandilleros, una menor de edad y Dennis Alexander Martínez, el mandador de una finca, la finca San Blas, que no era pandillero.

En el segundo, agentes mataron a cuatro jóvenes, uno de ellos un trabajador que dormía en su propia casa. Este último fue sorprendido por tres sujetos que entraron a su propiedad perseguidos por los policías. Los agentes no distinguieron y lo mataron junto al resto, pese al ruego de sus familiares.

En el tercer caso, policías mataron a una pareja de esposos, familiares de un agente de la PNC. Cuando este último fue a reconocer a sus familiares, descubrió ajusticiamientos y una escena alterada por sus propios compañeros.  

En octubre de 2015, La Prensa Gráfica también publicó una investigación que narra los homicidios con disparos a quemarropa de cinco hombres, en un operativo conjunto entre elementos de la Policía y de la Fuerza Armada en el cantón Pajales, en Panchimalco. 

En mayo de 2017, Factum también publicó el reportaje 'A Chepe también lo mató la Policía', en el que se narra el homicidio de José Mauricio Salazar, una persona con discapacidad que fue abatida en el municipio de Zaragoza, La Libertad. 

 

 

 

 

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