El 15 de septiembre miles de personas insultaban a su llegada al Congreso a los diputados. Miles más les impidieron salir del Palacio Legislativo ocho horas después. Hubo necesidad de evacuarlos bajo protección policial y mediante gases lacrimógenos. Los congresistas habían asistido a deshacer a toda prisa un entuerto de repercusiones legales para ellos, pero de consecuencias políticas todavía más graves.
El episodio supone una derrota clave para el plan urdido por el Presidente de la República y sus aliados. El gobernante de Guatemala, que se eligió tras la jornada de protestas de 2015 bajo el eslogan de “ni corrupto ni ladrón”, pareciera priorizar ahora un solo objetivo: erigir un muro de protección legal para sí y sus aliados. Frenar el embate a la corrupción y hacer más difícil la lucha contra la impunidad.
El Presidente, que en un año y ocho meses de gobierno no buscó aliados contra la desnutrición crónica, para mejorar el sistema educativo o para reconstruir las carreteras nacionales, ahora ha reunido una gran alianza de fuerzas políticas entre alcaldes y diputados (y en las sombra, algunos empresarios), desde que el 27 de agosto declaró non grato al de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), el colombiano Iván Velásquez.
Los alcaldes conservadores, encabezados por el ex presidente Alvaro Arzú quien gobierna la ciudad de Guatemala, le ofrecieron apoyo de inmediato. Una mayoría calificada de diputados (107 votos de un Congreso integrado por 158 representantes) se sumó a la alianza.
Ese respaldo se tradujo en el rechazo a la solicitud de desafuero del Presidente para ser investigado por el delito de financiamiento ilícito electoral cuyas evidencias presentaron el Ministerio Público y la CICIG.
Con la ayuda de los diputados, Morales salió indemne y su esfuerzo se vio fortalecido.
Gracias a ese impulso, el segundo paso de la gran alianza a favor de la impunidad también se escenificaría en el Congreso.
Los diputados decidieron cambiar la redacción en el Código Penal del delito de financiamiento electoral ilícito para dejar sin materia la acusación contra el presidente Morales, contra otros secretarios generales de partidos políticos (entre los que se cuentan varios diputados) y contra sus financistas. No pocos empresarios guatemaltecos temen enfrentar los tribunales por haber donado fondos por medio de empresas de cartón a gobernantes que luego se encontraban cooptados para actuar en su beneficio.
Un segundo decreto aprobado el mismo día permitiría la conmutación de sus penas a todas las personas condenadas a menos de 10 años de prisión, siempre que el juez considerara que no representaban una amenaza social.
El objetivo era ofrecer alguna esperanza de salir excarcelados a los diputados que ya enfrentan causa penal (1 de cada 6 congresistas del actual Congreso) y a quienes están por ingresar a ese grupo. Los diputados esperan con ansiedad las imputaciones que harán el Ministerio Público y CICIG por las coimas cobradas para aprobar los préstamos y el contrato de la firma brasileña Odebrecht en Guatemala. Personeros de la constructora han reconocido ya la entrega de US$18 millones en sobornos para diputados y autoridades guatemaltecas con tal de conseguir un contrato de US$356 millones.
Pero este segundo decreto trajo al piso la ejecución del plan tramado para apoyar en su esfuerzo anti CIGIG al Presidente. La conmutación de penas menores de 10 años para más de 400 delitos tipificados en el código podría haber beneficiado a extorsionistas, mareros y pedófilos, entre otros, y eso generó un rechazo masivo.
Ante los reclamos manifestados en ruidosas protestas públicas y en redes sociales, ante la condena expresa de las cámaras empresariales –que antes habían mantenido una posición ambigua frente al intento del Presidente de expulsar a Iván Velásquez- y ante la poco discreta amonestación de Estados Unidos, los diputados corrieron a enmendar su desacierto.
Y ahí se encontraron con la rabia y el rechazo de muchos ciudadanos.
El plan para apoyar la cruzada de Morales contemplaba después modificar la ley del Ministerio Público para permitirle al Presidente de la República sustituir a la fiscal Thelma Aldana.
Un cambio brusco en la dirección del Ministerio Público podría servir para romper la unidad de acción entre los fiscales y la CICIG.
Después de debilitar al Ministerio Público, los diputados se habrían podido dedicar a los festejos. El mayor de ellos, la aprobación de un presupuesto superior a US$11.4 millardos para el 2018. Entre las asignaciones se encuentra US$1 millardo destinado a reconstruir la derruida red vial del país. La obra pública en Guatemala ha sido una de las tres fuentes fundamentales de aprovechamiento corrupto de fondos públicos, junto a la compra de medicamentos y equipos médicos y el escamoteo de pagos en las aduanas.
Pero el proyecto favorecido por el presidente Morales encuentra ahora obstáculos para concretarse.
El movimiento estudiantil ha convocado a un paro nacional el próximo 20 de septiembre y las presiones para la depuración del Congreso van en aumento. Frente al clamor público, sustituir a los 107 diputados que favorecieron la impunidad con sus decretos precipitados no parece algo inalcanzable.
La protesta ciudadana resurgió en Guatemala. Los diputados encuentran rechazo en sus propios distritos, donde les declaran non-gratos, y ya tres cadenas de restaurantes anunciaron que no les servirán comida a ninguno de los 107.
El objetivo del presidente Morales está hoy más lejos de alcanzarse, pero no parece dispuesto a desistir aun del esfuerzo. Su hijo y su hermano se encuentran a punto de ser absueltos o condenados por cargos vinculados a la corrupción del gobierno pasado.
