Durante casi doscientos años de vida independiente, las relaciones entre México y los países centroamericanos se han desarrollado de manera oscilante, alternándose prolongados periodos de distanciamiento y letargo con lapsos más breves de interacción muy intensa. No obstante, desde la malograda anexión de la audiencia de Guatemala al Imperio de Iturbide, entre 1821 y 1823, hasta el momento actual en que el ingreso continuo de transmigrantes a través de la Frontera Sur constituye una emergencia humanitaria de vastas proporciones, Centroamérica nunca ha dejado de ser una región altamente sensible para los intereses nacionales de México. Por lo mismo, de tanto en tanto el gobierno mexicano se ha visto involucrado en los asuntos del istmo cuando circunstancias críticas o conflictos de cierta proporción han configurado situaciones de riesgo o de emergencia política para nuestro país.
Entre finales de los años setenta y mediados de los noventa del siglo pasado, tanto el gobierno mexicano como diversas fuerzas políticas y grupos de la sociedad civil tomaron parte activa en los procesos de cambio político y confrontación militar que sacudieron Centroamérica. Por su parte, Estados Unidos buscó evitar a toda costa que la causa revolucionaria obtuviera un nuevo triunfo en Centroamérica. Con esa intención respaldó el golpe de Estado de octubre de 1979 en El Salvador, que a la vuelta de unos meses condujo al establecimiento de un gobierno encabezado por la Democracia Cristiana.
A instancias de Washington, Costa Rica y Venezuela retiraron su apoyo a los sandinistas y respaldaron firmemente al nuevo régimen salvadoreño. Paralelamente el apoyo económico y militar de Estados Unidos a sus aliados en la región se incrementó de manera exponencial. De hecho, este país estacionó tropas y aviones en Honduras, que se convirtió en una importante plataforma de operaciones para atacar a la Nicaragua sandinista. Incluso en ciertos momentos unidades de fuerzas especiales, agentes de la CIA y asesores militares estadounidenses entraron en combate en Nicaragua y El Salvador.
Al esfuerzo por contener el avance revolucionario en la región también se sumaron otros países como Argentina, Taiwán, Israel y Venezuela, que brindaron apoyo logístico y asesoría en contrainsurgencia a los gobiernos salvadoreño y guatemalteco.
El involucramiento militar de distintos gobiernos en favor de uno y otro bando hizo patente que, si bien los conflictos de Nicaragua, El Salvador y Guatemala tenían orígenes internos y seguían cada uno pautas particulares, también estaban articulados a una trama muy compleja de intereses y enfrentamientos de orden internacional. Más allá de las delirantes denuncias de la administración norteamericana en el sentido de que el conflicto obedecía a la injerencia soviética, era un hecho que la crisis política y la guerra en Centroamérica se habían terminado por vincular de distintas maneras con la confrontación estratégica entre Estados Unidos y el Bloque Socialista.
Las tres guerras
En cuanto se refiere a México, el involucramiento del gobierno en el conflicto centroamericano fue más profundo y comprometido de lo que suele admitirse usualmente. Lejos de ser un actor neutral, México fue un protagonista. La intención de favorecer el cambio político en Centroamérica condujo al presidente José López Portillo a desempeñar un rol activo en los procesos revolucionarios que se desarrollaban en la región, aun a riesgo de confrontar con Estados Unidos.
Desde finales de 1978 el mandatario comprometió su respaldo al movimiento sandinista. Tras el derrocamiento de Somoza, México se convirtió en uno de los principales aliados del gobierno revolucionario de Nicaragua, proporcionándole importante apoyo económico y diplomático. Asimismo, durante 1980 y 1981 nuestro gobierno acompañó las iniciativas políticas de la insurgencia salvadoreña y estableció secretamente acuerdos iniciales con la guerrilla guatemalteca.
Puede afirmarse que el involucramiento oficial mexicano en el conflicto centroamericano tuvo intenciones y alcances que solo se equiparan al apoyo prestado a la República Española durante la Guerra Civil de 1936-1939. A ello cabe añadir que la actuación del gobierno contó con la aprobación de amplios sectores políticos y de opinión, lo cual le brindó a este posicionamiento activo consenso social y legitimidad. La insurrección sandinista y los procesos revolucionarios de El Salvador y Guatemala motivaron fuertes simpatías entre agrupaciones políticas, organizaciones sociales, comunicadores, académicos, funcionarios, intelectuales, sindicalistas y personalidades públicas de muy distinta orientación política. La escalada intervencionista de Estados Unidos motivó un fuerte repudio. Las matanzas de civiles y el drama de los refugiados suscitaron indignación y rabia. En toda la república se organizaron grupos de solidaridad. En esos años del conflicto los pueblos de México y Centroamérica estrecharon relaciones como nunca hasta entonces había sucedido.
En el apoyo a los procesos de cambio político en el istmo convergieron desde personeros del partido oficial, diplomáticos y funcionarios del “último gobierno de la Revolución Mexicana” –como se conoció al gobierno de José López Portillo–, hasta grupos clandestinos de la izquierda radical, pasando por todo el abanico de la izquierda partidaria y de la izquierda sin partido. La solidaridad con los procesos revolucionarios centroamericanos colocó en una misma trinchera a personas y agrupaciones francamente disímbolas.
La participación directa de mexicanos durante el proceso insurreccional de Nicaragua fue ciertamente reducida, pero muchos colaboraron de manera entusiasta con el gobierno sandinista durante los años ochenta. En los casos de El Salvador y Guatemala, la prolongación de la guerra y el desplazamiento de miles de refugiados permitió al FMLN y la URNG establecer estructuras permanentes en México, a las cuales se incorporaron varios cientos de mexicanos. Muchos de ellos colaboraron de formas muy comprometidas con los rebeldes de Centroamérica. Incluso un número significativo de mexicanos se hizo presente en los frentes de guerra, participando como médicos, radiotécnicos, maestros y combatientes. Alrededor de treinta voluntarios mexicanos perdieron la vida peleando en Guatemala y El Salvador.
En el año 2012 un grupo de investigadores y estudiantes de la UNAM y el Instituto Mora, así como de otras instituciones nacionales, dieron inicio al proyecto “México ante el conflicto centroamericano, 1976 - 1996. Una perspectiva histórica”. En el curso de las investigaciones se consultó, en distintos archivos nacionales, documentación relativa a la participación del gobierno mexicano en el conflicto centroamericano y a la presencia y actividades en México de los grupos insurgentes centroamericanos. Se trataba de información reservada que no había sido contemplada anteriormente y cuyo conocimiento condujo a cuestionar aspectos importantes de los trabajos elaborados en los años ochenta del siglo pasado. Al complementar dichos hallazgos con los testimonios de antiguos diplomáticos y activistas de los grupos de solidaridad mexicanos, así como de militantes revolucionarios de Nicaragua, El Salvador y Guatemala, se pudo ver con claridad que el involucramiento de México en el conflicto regional estaba lejos de ser un episodio resuelto en términos del conocimiento histórico.
El interés del equipo investigador no se limita a dilucidar los aspectos concernientes a la esfera diplomática. Por el contrario, considera necesario incorporar al análisis otras variables que hasta ahora escasamente se habían tomado en cuenta. Por ejemplo, el examen de distintas formas de involucramiento de la sociedad mexicana en los procesos sociopolíticos de Centroamérica, desde la cobertura de prensa y el análisis académico hasta las diversas expresiones de solidaridad y colaboración entusiasta de muchos mexicanos con los proyectos revolucionarios centroamericanas, incluyendo la incorporación directa de muchos de ellos a las fuerzas rebeldes.
Del mismo modo el equipo investigó la actividad conspirativa que desarrollaron en territorio nacional, a lo largo de tres décadas, los grupos insurgentes centroamericanos, la cual representó un asunto muy sensible de seguridad interna para el gobierno mexicano. Al incluir esta temática en el programa de investigación se busca hacer un aporte significativo a la historia de los procesos sociopolíticos centroamericanos, sacando a luz elementos novedosos acerca de la presencia y actividades en México de militantes, refugiados y exiliados políticos, y recopilando en México documentos y testimonios relevantes para la historia de los movimientos revolucionarios de Nicaragua, El Salvador y Guatemala.
*Mario Vázquez Olivera es Secretario Académico del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe (CIALC) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Fabián Campos Hernández es profesor de la Universidad Iberoamericana y del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Son los coordinadores del libro México ante el conflicto centroamericano, Testimonio de una época. (México: Bonilla Artigas Editores : UNAM, Centro de Investigaciones Sobre América Latina y el Caribe, 2016) que se puede descargar en este enlace: unam.academia.edu/MVazquez
