Dos instituciones ligadas a la Iglesia católica (el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana –Idhuca– y el Servicio Social Pasionista) sentarán al Estado salvadoreño este martes 5 de septiembre en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que se abordará un único tema: ejecuciones extrajudiciales.
“Estamos preocupados porque las ejecuciones extrajudiciales amenazan con desnaturalizar la Policía Nacional Civil (PNC), y eso sería un atentado muy grave contra los Acuerdos de Paz”, dijo en conferencia de prensa el sacerdote José María Tojeira, actual director del Idhuca. “La PNC es uno de los frutos más importantes de los Acuerdos, y no puede ser que se esté abocando a situaciones parecidas a las que cometían las policías anteriores”, agregó Tojeira, en alusión a lo cuerpos de seguridad desmantelados en 1992: la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda y la Policía Nacional.
Para la UCA, las ejecuciones extrajudiciales cometidas por la PNC no se limitan ya a casos puntuales, sino que se trata de una práctica habitual que amerita ser denunciada ante organismos internacionales.
El discurso del 5 de enero de 2015 del presidente Salvador Sánchez Cerén marcó el inicio simbólico de la apuesta represiva del actual gobierno para abordar el fenómeno de las maras. Aquel día, el presidente de la República descartó el diálogo (“Nosotros no podemos volver al esquema de entendernos y de negociar con las pandillas”, dijo) y le apostó al manodurismo. La universidad jesuita enmarca sin matices el aumento en los abusos de las fuerzas de seguridad dentro de esta estrategia represiva.
“Nos consta que en El Salvador hay ejecuciones extrajudiciales; como Idhuca, nos hemos visto en la necesidad de defender a algunas víctimas”, dice Tojeira.
Arnau Baulenas, el coordinador del Equipo de Procesos de Justicia del Idhuca, detalló que en la actualidad son diez casos de ejecuciones extrajudiciales que tienen sobre la mesa. Investigaciones periodísticas como las realizadas por El Faro, Revista Factum y La Prensa Gráfica, resoluciones firmes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y denuncias procesadas por otras oenegés son los insumos que llevarán a la CIDH.
“Los patrones de conducta en la mayoría de estos casos son muy similares”, dijo Baulenas.
Además de la contundencia con la que la UCA se está expresando en este tema en los últimos meses, hay dos elementos relativamente novedosos en la denuncia de las ejecuciones extrajudiciales.
Por un lado, la UCA cree que la PNC es la institución más involucrada en estas prácticas, por lo que se abandona el discurso de repartir culpas a partes iguales entre la Policía y la Fuerza Armada. “Si bien es cierto que hay casos con militares involucrados, quien tiene la dirección o el control de las escenas o de los patrullajes siempre son los miembros de la PNC”, explicó Baulenas.
Por otro lado, y esta es una de las razones por las que la denuncia se hará ante la CIDH, la universidad jesuita ha concluido que hay complicidad, por acción u omisión, de otras instituciones del Estado. “El sistema judicial, incluida la Fiscalía, no está respondiendo adecuadamente a la situación actual, prestándose a modalidades de manodurismo, lentitud en las resoluciones, plegamiento ante formas policiales abusivas, una Fiscalía que acepta investigaciones policiales con nulas o escasas pruebas, dependiente de testigos criteriados con poca credibilidad”, dijo Tojeira.
“De seguir así las cosas”, enfatizó el director del Idhuca, “habrá que denunciar también al Poder Judicial y a la Fiscalía como violadores frecuentes de los derechos humanos”.
La audiencia
Los representantes del Idhuca y del SSPAS serán recibidos a las 10:15 a.m. de martes 5 de septiembre, en un edificio ubicado en la colonia San Jerónimo Lídice, en Ciudad de México. La audiencia forma parte del 164º período de sesiones de la CIDH.
Las dos oenegés salvadoreñas solicitaron la audiencia en mayo de 2017, y el pasado 3 de agosto recibieron confirmación de que serían recibidas. Esta rapidez, interpretó Baulenas, “denota la preocupación y el conocimiento que hay ya a nivel internacional sobre las numerosas ejecuciones extrajudiciales que se pueden estar cometiendo”.
El acusado es el Estado salvadoreño en su conjunto. No es obligatorio que envíe a algún representante, pero ha sido convocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por el tipo de denuncia, Tojeira cree que debería asistir personal del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Fiscalía General de la República.
La sesión está prevista que se prolongue durante una hora.
“Las audiencias temáticas no son para tratar casos concretos, sino para exponer una situación que entendemos que se está dando en todo el país”, dijo Baulenas.
Repercusiones internacionales
En julio pasado, la UCA y la Universidad Internacional de la Florida (FIU) presentaron un estudio titulado ‘Legitimidad y confianza pública de la policía en El Salvador’, basado en una encuesta a 1,200 salvadoreños.
“Algunos sectores significativos de la población parecen favorecer el uso de medidas extralegales en la lucha en contra del crimen: el 40.1 % aprobaría el uso de tortura para lidiar con miembros del crimen organizado; el 34.6 % aprobaría ejecuciones extrajudiciales; y el 17.2 %, consentiría la práctica de limpieza social”, reza el informe.
Si bien las ejecuciones extrajudiciales no parecen ser una práctica que genera rechazo en la sociedad salvadoreña, en el plano internacional sí podría tener consecuencias para sus promotores o ejecutores.
Los crímenes de lesa humanidad no solo ocurren en contextos de guerra, advirtió Manuel Escalante, asesor e investigador del Idhuca, y las ejecuciones extrajudiciales podrían terminar siendo juzgadas en La Haya (Holanda), en la Corte Penal Internacional, ya que El Salvador tiene ratificado el Estatuto de Roma desde finales del año 2015.
“Sería penoso para el país que en pleno siglo XXI un grupo de salvadoreños terminara siendo juzgado con motivo de algún crimen de lesa humanidad, solo porque el sistema judicial y la Fiscalía no se han depurado, no se han modernizado y no han roto los círculos de la impunidad”, dijo Escalante.
De hecho, el padre Tojeira aprovechó la conferencia de prensa para pedir que El Salvador suscriba lo antes posible el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, otra herramienta jurídica supranacional apadrinada por Naciones Unidas. “Somos el único país de Centroamérica que no lo ha ratificado”, dijo Tojeira, “y nos parece urgente la ratificación”.
Paradójicamente, el Estado salvadoreño estará sentado en el banquillo de los acusados de la CIDH, en un tema tan sensible como el de la ejecuciones extrajudiciales cometidas por sus fuerzas de seguridad, mientras El Salvador preside el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
