El Estado salvadoreño se desligó de las violaciones a derechos humanos cometidas por elementos de sus cuerpos de seguridad -Policía y Ejército- e intentó minimizar las actuaciones de sus miembros, pese a que la información con la cual se le ha cuestionado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) arroja pruebas de una política represiva que ha permitido excesos y una larga lista de denuncias, entre las que destacan 47 por ejecuciones extrajudiciales entre 2015 y 2016.
Para el Estado salvadoreño, sin embargo, lo que ocurre en el país son escenarios aislados y responden más a actuaciones individuales de algunos elementos. Así se lo hizo saber a la CIDH, que este 5 de septiembre realizó una audiencia temática, en Ciudad de México, para evaluar las ejecuciones extrajudiciales en El Salvador.
“Descarto y niego, ilustres comisionados, descarto y niego totalmente cualquier responsabilidad del Estado salvadoreño en actos ilegales que violenten derechos fundamentales o los derechos humanos de las personas”, dijo Raúl López, viceministro de Seguridad.
López fue el funcionario de mayor rango en una comisión integrada también por tres funcionarios de Cancillería: Alfredo Pineda, embajador salvadoreño en México; Tania Camila Rosa, directora general de derechos humanos y Gloria Martínez, directora de sistemas internacionales de protección de derechos humanos. López, no obstante, fue el único que habló, salvo una breve introducción formal del embajador Pineda.
La negación de López llegó tras 15 minutos de exposición de Verónica Reyna, del Servicio Social Pasionista (SSPAS), y Arnau Baulenas, del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), que presentaron ante la CIDH cifras y casos concretos para ilustrar la situación salvadoreña. Dos de los tres primeros casos mencionados en la audiencia fueron reportados por El Faro: la masacre de San Blas; el asesinato de la hermana de un policía y su esposo en San Felipe; y la muerte de Ángel Ábrego de 27 años, a quien le dispararon por no atender a un retén policial, en febrero de 2016.
Pero los señalamientos contra las fuerzas de seguridad de El Salvador no solo vienen de investigaciones periodísticas ni de instituciones ligadas a la iglesia católica. La Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos investiga, desde 2015, 47 casos de ejecuciones extrajudiciales, y en tres ya ha resuelto fallos condenatorios. Cifras oficiales de la Fiscalía General además confirman un aumento del 630% de policías y militares acusados del delito de homicidio, entre 2014 y 2016.
Reyna además expuso datos que ayudan a dimensionar la batalla que se libra en las calles de El Salvador. 169 policías y 69 militares fueron asesinados, presuntamente por pandilleros entre 2014 y 2017. Del otro lado de las bajas, desde 2015, 1415 personas en supuestos enfrentamientos, 90 % de ellos pandilleros según las cuentas oficiales. En 2016, eso significa que por cada policía o militar muerto, murieron 59 pandilleros.
La comparación de fatalidades en cada bando no se puede entender como una queja ni un pedido para que se emparejen los números. Es una herramienta estadística que ayuda a sacar conclusiones. Para James Cavallaro, comisionado de la CIDH, la conclusión es evidente: esas cifras indican que no pueden ser enfrentamientos.
“Me ha tocado estudiar las cifras de enfrentamientos reales en el hemisferio y en otras regiones”, comenzó su exposición Cavallaro, quién es fundador de la escuela de derechos humanos internacionales, en la prestigiosa universidad de Stanford. “La verdad es que la proporción de personas muertas —cuando se trata de enfrentamientos reales— puede ser más o menos dos o tres veces más personas civiles que policías, en función de la capacitación que se supone es superior cuando se trata de un policía”, dijo.
La proporción salvadoreña es 59 a 1. Los datos sorprendieron tanto a Cavallaro que hizo repreguntas solo para asegurarse que había entendido bien. Una proporción de “cinco veces más, diez veces más: muy, muy muy difícil. ¿Cincuenta veces más? Yo puedo afirmar que no es posible. No es posible que se traten de enfrentamientos”, aseveró el comisionado.
“Cuando hay cifras así, se trata de algunos enfrentamientos y muchos casos de ejecución. Ya estamos trabajando con un patrón de uso extremadamente excesivo de la fuerza letal por parte de los agentes del Estado”, concluyó durante la audiencia.
Vea la intervención del comisionado Cavallaro:
La reprimenda de Cavallaro no inmutó a López. “No nos sentimos cuestionados porque nuestra política ha sido siempre de respeto a la ley, la Constitución y los derechos humanos”, contestó.
Según López, una prueba de que el Estado salvadoreño no tolerá violaciones a los derechos humanos es que se persigue a quienes transgreden las leyes. “Por cada acción ilegal que realice un miembro de la PNC, Ejército son investigados, capturados y encarcelados por los delitos violatorios de los derechos fundamentales, y humanos que cometen”. Arnau Baulenas expuso cifras que contradicen al Estado: entre 2014 y 2016, de 194 policías y militares acusados de homicidio, la Fiscalía pidió sobreseimiento para 134 de ellos, es decir, el 69 %. Además, desde cuando en 2015 el gobierno anunció que implementaría una política represiva para combatir a las pandillas, al mismo tiempo las autoridades enviaron este mensaje a los policías: siempre que se justifique que se disparó en cumplimiento del deber, nadie sería investigado.
Quizá le ejemplo más reciente de no persecución sea la liberación de cuatro policías que, según una investigación de Factum, participaron en un grupo de exterminio. El director de la Policía, Howard Cotto, anunció que habían sido detenidos poco después de la publicación, pero no se ha iniciado un proceso penal contra ellos.
López también dijo que el plan “El Salvador Seguro” ha sido solicitado en Honduras y Guatemala para implementarlo, dados los buenos resultados que este plan de seguridad integral ha destacado en El Salvador. Pero esta versión no es coherente con la realidad.
Honduras, por ejemplo, tuvo una tasa de 86 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2013; la tasa se redujo a 70.4 en 2014; a 60, en 2015; a 59.1 en 2016, y este año podría tener una tasa de 50.5, según datos del observatorio de violencia de la Universidad Nacional Autónoma, que cita el periódico El Heraldo.
Guatemala ha tenido un descenso sostenido en su tasa de homicidios desde 2009. En 2013, tuvo una tasa de 39.3 homicidios por cada 100 mil habitantes, según cifras del INACIF, su instituto forense; en 2014, la tasa bajó a 37.5; a 35.3, en 2015 y a 33.3 en 2016.
El Salvador, desde la tregua de pandillas de 2012, no ha tenido años sostenidos de descenso de la violencia. Por el contrario. En 2013, cuando más se sintieron los efectos de la tregua la tasa fue de 39.4 homicidios por cada 100 mil habitantes. Al siguiente año, rota ya la tregua, la tasa fue de 61.1. En 2015, el año más violento del siglo, la tasa fue de 103 por cada 100 mil. El año pasado esa cifra descendió aunque sigue siendo espectacular: 81 por cada 100 mil. La tasa proyectada este año es de 56 por cada 100 mil, un descenso considerable, pero una cifra que sigue siendo superior a la de los países que supuestamente han pedido consejo a El Salvador para mejorar su seguridad.
La única concesión que López hizo ante la CIDH es la misma que dan los funcionarios en El Salvador cuando se descubren casos de corrupción policial: la teoría de los casos aislados. “No pretendemos afirmar que se encuentra totalmente a salvo el clima de paz en nuestro país. Sabemos que existe una crisis de violencia y que pueden existir excesos o mal proceder de algunos miembros de la autoridad. Eso, hay que dejarlo claro, es una decisión personal, no de una política del Estado”, dijo López.
Pero esa explicación también es difícil de creer, según los representantes de la sociedad civil. No solo por lo laxos que son los controles de la Policía: la unidad de control interno, sujeta a la dirección general de la PNC; y la Inspectoría General, en manos de un hombre afín al partido de gobierno. La versión merece ser vista con escepticismo por las expresiones de los funcionarios de seguridad. Como Jaime Martínez, director de la academia policial, que instruyó a los policías a “no andar pensando en los derechos humanos” cuando salgan a patrullar, o como el ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez, que presumió de las celdas -sin ventilación ni iluminación- donde piensan encerrar a quienes atenten contra policías.
El mismo López reforzó esa versión en su argumento de cierre. “Estamos haciendo esfuerzos para garantizar a nuestra ciudadanía honrada un ambiente pacífico”, repitió, como para enfatizar que en El Salvador existen dos clases de personas, y que -a su entender- solo una de ellas merece paz.
