—Ever Edilberto, ¿va a hacer uso de su derecho a la última palabra? –pregunta Cruz Pérez Granados, el juez titular del Tribunal de Sentencia de Santa Tecla.
—Sí, su señoría –responde Ever R. L., un agente del Grupo de Reacción Policial (GRP) con aire de universitario aplicado–. Con todo respeto, su señoría, señores fiscales y demás personas que nos encontramos acá presentes... Tengo que decir que es bien difícil pasar por estos casos...
Estos casos son los similares al caso San Blas. Ever R. L. es, de hecho, uno de los cinco policías enjuiciados por la participación en la masacre de la finca San Blas, ocurrida en la madrugada del 25 al 26 de marzo de 2015, destapado por una investigación periodística cuatro meses después, y que la Fiscalía General de la República decidió judicializar en julio de 2016.
Ahora son las 2:30 de la tarde del miércoles 13 de septiembre, tercer y último día de la audiencia en la que se decide si los cinco agentes del GRP son culpables de homicidio agravado, como cree la Fiscalía. Tras tres días de juicio, solo queda tiempo para que los acusados digan lo que estimen oportuno. Nadie podrá rebatir ni matizar. Es una especie de desahogo amparado en el artículo 391 del Código Procesal Penal. Es voluntario. Tan así que el agente Geovanni S. M., el primero al que ha preguntado el juez Pérez Granados, no quiso hacer uso de su derecho.
—Tenemos una ola delincuencial –prosigue Ever R. L.–, nos están asesinando. Las autoridades hacen poco por nuestros compañeros que están muriendo. Con nuestro salario, nosotros cumplimos órdenes, cumplimos misiones velando por el respeto a los derechos de las personas, de la ciudadanía... ¡No importa el lugar al que nos manden! ¡No importa las carencias en el equipo! Ponemos en riesgo nuestras vidas y nuestra libertad. Y ahora durante más de un año hemos pasado detenidos. ¿¡Cómo es posible!? Disculpe, sin pruebas concretas y directas de mi participación, ¿verdad? Solamente eso quería decir, su señoría. Gracias.
El juez Pérez Granados, metido por completo en su rol de juzgador imparcial, muy serio e impasible.
—Y usted, José Dolores, ¿va a hacer uso de su derecho a la última palabra?
—Sí, su señoría –responde José C.–. Buenas tardes. La verdad es que... es bastante difícil estar en estos momentos en frente de personas que lo acusan a uno sin saber... sin saber el momento... lo que pasa en el terreno. Nosotros, como autoridad. Es bastante difícil ser acusados por algo de lo que no hay pruebas. Y ahora sabemos que podemos ir a pasar ¿cuántos años dentro de una cárcel? Y vamos a dejar una familia sufriendo. Yo soy padre de cuatro hijos; mi esposa y yo, seis. Esa familia me está esperando y me ha esperado a mí más de un año, sobre 15 meses que tenemos ya de detención. Debemos tomar en cuenta, su señoría, el trabajo que nosotros desempeñamos. No es fácil. Nosotros la vida la andamos vendida por muy poco dinero. Y sin embargo, cumplimos nuestra misión. Porque... nosotros estamos ya dispuestos a salir y cumplir una misión, y no regresar, ¿verdad? Entonces, su señoría, yo... mi sugerencia es que tome bien en cuenta que para que a mí se me haga justicia, tiene que haberse comprobado, legítimamente, conforme a la ley. Muchas gracias, señoría.
—¿Pablo Geremías?
—Sí, su señoría. Buenas tardes a usted, señoría, a los señores de la Fiscalía y a nuestros defensores. Quiero decir, respetable señoría, que desde el momento en el que yo decidí ingresar en la Academia Nacional de Seguridad Pública, el fin era poder ayudar a la ciudadanía, que sus derechos se cumplieran, libremente. Ahí nos enseñaron, y recuerdo el artículo 159 de nuestra Constitución, inciso tercero, que nosotros, como policías, tenemos a nuestro cargo la función de policía urbana y de policía rural, con apego a la ley y estricto respeto a los derechos humanos. Entonces, en los 16 años que tengo de ser policía, orgullosamente para nuestro país, El Salvador, que en este momento está sufriendo una gran ola delincuencial, pues desde ese momento yo he cumplido con mi juramento cuando me gradué como agente de policía, que era servir y proteger a las personas de mi país. Asimismo, respetable señoría, quiero decir que en caso de que falle en contra de nosotros y nos imponga una sentencia condenatoria, considero que sería la peor injusticia que podría haber. Ya se ha visto en esta audiencia que la Fiscalía no ha comprobado nada. ¡No se ha comprobado nuestra culpabilidad, ni directa ni indirectamente! Y, como manifestaban los compañeros, cada quien tiene su familia que lo está esperando. Yo tengo mi familia que depende económicamente solo de mi salario. Tengo una hija con discapacidad, su señoría, en silla de ruedas. Es mi hija mayor. En ella mensualmente gasto como 80 dólares solamente en pámpers. También en sus citas que ella tiene, en el Hospital Bloom, solo yo soy quien la puede llevar, su señoría...
Al agente Pablo S. O. se le quiebra la voz. Calla dos, tres segundos.
—Mi hija ha perdido sus citas, su señoría... porque no he estado con ella para poder llevarla...
Respira. Solloza. Se toma cuatro o cinco segundos antes de continuar.
—Ella está grave, su señoría... Ella me está esperando y... solamente eso, su señoría. Gracias.
Impasible, el juez termina la ronda.
—¿Misael Abisai?
—Sí, su señoría –responde Misael S. L.–. Buenas tardes. Yo solo quiero hacer referencia, señor juez, a que cuando la Fiscalía General de la República dio las órdenes de captura en contra de nosotros, en mi caso no se hizo efectiva porque no me encontraba en mi residencia. Mas sin embargo, me enteré a través de las redes sociales de que estaba siendo procesado, y aunque me considero inocente de lo que se me imputa, yo me hice presente al juzgado de paz de San José Villanueva. Me consideré inocente y me considero inocente hasta este día, después de esta audiencia. Solo quisiera, señor, que usted considerara que detrás de nosotros hay hijos, hay esposas, hay padres de familia... que detrás de nosotros... quisiera, su señoría, que hiciera justicia en nuestro proceso. Y solo si las pruebas son contundentes en contra de mí y en contra de mis compañeros, pues usted haga justicia. Entonces... gracias, señoría.
Son ocho los agentes del GRP que participaron en la masacre de la finca San Blas, dos equipos de cuatro, según la acusación. Cinco policías están en esta sala ahora y los otros tres se dieron a la fuga antes de que las órdenes de captura de la Fiscalía se hicieran efectivas.
El juez Pérez Granados tiene que decidir si el caso presentado por el nutrido grupo de cuatro fiscales es lo suficientemente sólido. Los policías acusados se enfrentan a una pena de hasta 50 años de cárcel. La lectura del fallo tiene fecha: la tarde del 22 de septiembre, un viernes.
