La Asamblea Legislativa aprobó una reforma al sistema de pensiones y emisión de bonos por 168 millones de dólares que dará un respiro a las finanzas del Estado y evitará que caiga en impago este año, luego de una jornada maratónica que cerró con un desenlace positivo para las Administradoras de Fondos de Pensiones, para el Estado, pero que trastocó las cotizaciones de los trabajadores, quienes deberán aportar más dinero de su salario, pero verán disminuida su pensión en su cuenta de ahorro individual.
La reforma aprobada por todos los partidos políticos -y ratificada casi de inmediato y de madrugada por el presidente Salvador Sánchez Cerén- establece que los trabajadores aportarán el 15% -ya no el 13%- de su salario, pero ya no recibirán en su cuenta de ahorro individual el 10.8% sino que el 8.1%. Es una disminución de 2.7 puntos en su cuenta individual.
La reforma plantea que el Estado, a cambio de recortar el ahorro individual, le ofrece a los trabajadores que a la hora de calcular su pensión no tomará como referencia el 8.1% sino que hará de cuenta que el trabajador aportó el 11.1%. El Estado aportaría esta diferencia del 3% a través del 1.7% de los ingresos del Estado en el Presupuesto. En 2020, la reforma plantea que esta redistribución podría alcanzar hasta un tope de 2.5% de los ingresos del Estado.
Con la reforma, un trabajador que tenga como salario base $500 ya no ahorrará cada mes en su cuenta individual el 10.8% ($45) sino que destinará el 8.1% ($40.5) mes a mes. Pero, a la hora de jubilarse, el Estado reconocerá que ahorró no $40.5 sino que depositó $55 mes a mes hasta que llegó a la edad de retiro (que en el caso de las mujeres se mantiene en 55 años y lo hombres en 60). El 3% de diferencia (que en el caso del trabajador que gana $500, equivale a $14.5 mes a mes) es el que será reconocido a través del Presupuesto.
El 15% del ingreso base de la cotización -el salario base sobre el cual se aplicarán los descuentos que administrasn las AFP- se repartirá de la siguiente manera: 8.1% para la cuenta de ahorro individual, el 1.9% lo van a repartir entre las AFP y las aseguradoras y el 5% irá a un fondo colectivo que oxigenará las finanzas del Estado, y que será usado para pagar las pensiones mínimas si se agotan las cuentas individuales. Conforme avance el tiempo, ese 5% irá reduciéndose, hasta que en el año 2050 no sobrepase el 2% del salario de los trabajadores. Es decir que este beneficio solo será asequible para aquellos cotizantes que no hayan alcanzado ni la edad ni el tiempo trabajado para jubilarse en el año 2050.
El decreto plantea la creación del fondo colectivo -llamado Cuenta de Garantía Solidaria- y que recogerá el 5% del total de las cotización de cada trabajador. En esencia, este fondo se convierte en un fondo multiusos, ya que será utilizado para mitigar el pago de las pensiones mínimas y, además, para asumir 'el riesgo de longevidad'. Es decir que si una persona vive más de 20 años después de que se jubiló, esta cuenta va a asumir el pago de su pensión.
Según la diputada Lorena Peña, 2% de este 5% de este fondo va a ayudar a que la pensión no se reduzca hasta llegar a la mínima de 207 dólares. 'Debe tomarse en cuenta que no es renta programa sino renta vitalicia, por tanto, las pensiones en esta segunda etapa no caen a la mínima. La tasa de reemplazo va a quedar fija en alrededor de un 48%', dijo.
Si se cumple la promesa de la reforma, según los cálculos de la diputada Peña, significa que un trabajador que recibe un salario promedio de mil dólares, obtendría una pensión de 480 dólares.
La primera gran medida de la reforma ha sido aumentar el porcentaje de la cotización de los trabajadores, una de las recomendaciones que desde 2008 sugería el Fondo Monetario Internacional, y que la Asamblea plasmó de un 13 % a un 15 %. La entidad tabién advirtió al gobierno que el sistema de pensiones haría entrar en crisis las finanzas del Estado y que El Salvador se vería obligado a aumentar la edad de retiro. Los diputados esperaron 8 años para cumplir uno de los dos puntos recomendados por el FMI. El segundo, el aumento de la edad de retiro, lo dejaron abierto en el artículo 34: dentro de 5 años un comité actuarial evaluará si esto ocurre para el año 2022.
Antes de la reforma, aprobada en la madrugada del 28 de septiembre, el empleador aportaba 6.75% de la cotización y el empleado el 6.25%. Con la nueva reforma, ambos aportarán un punto más. Eso hace un total de 15%.
El gobierno había pedido en su última propuesta que el 8% fuera al fondo colectivo y que el 5% a la cuenta individual, pero no tuvo lo que quería -más fondos para la cuenta solidaria-. Tampoco lo lograron los partidos de derecha y las AFP, que planteaban que ese 5% no contara como ahorro sino como una especie de impuesto para crear un fondo y pagar pensiones mínimas cuando se agotaran las cuentas individuales.
Al final fue aprobado a la inversa, 8.1% a la cuenta individual y 5 % al fondo colectivo, de forma similar a otra de las propuestas de los partidos de derecha, contenida en su borrador de decreto apoyado por las Administradoras de Fondos de Pensiones. El cambio estriba en que ese 5% es tomado en cuenta como un ahorro como lo exigió el gobierno y el FMLN.
En abril pasado, el gobierno -a través del superintendendente del Sistema Financiero, Ricardo Perdomo- atacó esta propuesta de distribución de fondos, porque manifestaba que era insuficiente destinar solo el 5% a un fondo colectivo.
En una presentación entregada a la Comisión de Hacienda decía que con el 5% que iba a ir al fondo colectivo iban a generarse 312 millones de dólares de ingresos en 2017, pero en ese mismo año harían falta 443 millones de dólares para cubrir los egresos. En la única modificación establecida a este fondo colectivo, en la reforma que se aprobó, quedó establecido que el Estado le entregará parte de sus ingresos corrientes netos y se programará esta entrega de dinero en el Presupuesto General de la Nación de cada año. En 2017 y 2018, va a aportar el 1.7% (que equivale a 84.8 millones de dólares) hasta llegar a un máximo de 2.5% a partir del año 2020.
'Las series apenas se están construyendo. Cualquier presentación antigua no va a servir para evaluar, porque hubo otras modificaciones en el decreto', dice Lorena Peña.
De la población de trabajadores, quienes van a ver reducidos sus beneficios son los optados. Se trata de pensionados y trabajadores que cotizaron en ISSS e INPEP pero que fueron forzados o se fueron voluntariamente a una AFP. Ellos tienen una pensión que es mayor al 70% del último salario devengado. En cambio, quienes toda su vida cotizaron a una AFP, se estimaba que sin reforma solo iban a recibir el 30% de su último salario.
No es toda la población optada la que se verá afectada sino que solo quienes tengan ingresos a través de una pensión cuyo monto es mayor a tres pensiones mínimas (621 dólares) quienes van a entregar una parte de su pensión.
Los optados que ganen hasta 3 pensiones mínimas entregarán el 3% en forma de cotización; quienes su pensión es mayor a 3 pensiones mínimas y menor a 6, entregarán el 5% de su pensión; los que ganan más de 6 y menos de 8 pensiones mínimas, entregarán el 7% de su pensión; y quienes ganen más de 8 pensiones mínimas, les retendrán el 10% de la pensión. Si alguno de estos pensionados logra vivir hasta los 81 años, el Estado les aumentará el 10% de su pensión como premio.
Los optados son alredededor de 160 mil cotizantes y junto con los nuevos pensionados del INPEP tendrán que acostumbrarse a estas nuevas reglas. 'No se puede tener el 70% de pensión habiendo cotizado 13% a costillas de los más jóvenes', explicó la diputada Lorena Peña en Twiter. Con este cambio, las pensiones de este grupo quedarían alrededor del 55% del último salario.
El Fideicomiso de Obligaciones Previsionales seguirá existiendo y tendrá como límite emitir títulos valores (Certificados de Inversión Previsional) equivalentes al valor del 45% del fondo de pensiones, que esté en las cuentas de ahorro individual.
El FMLN logró que quedara establecido en la ley que si un trabajador no cumple con uno de los requisitos para jubilarse y pide la devolución de saldo no solo le entreguen el 8.1% ahorrado en su cuenta individual sino también el 5% que aportó al fondo colectivo con intereses. Esa fue una de las banderas que asumió Peña y fue el punto en discordia con los partidos de oposición.
En la misma plenaria, los diputados aprobaron emisión de bonos por 168 millones de dólares para cubrir pagos del IPSFA, devolución de la renta e IVA, subsidios y deuda pública. También fue reestructurada la deuda de Certificados de Inversión Previsional. El pago de 91 millones que el gobierno debía subsanar en los próximos días, y que tuvieron al Estado a punto de impago, se comenzarán a pagar hasta abril de 2018.
