Julio Humberto Rank, exsecretario de comunicaciones de la presidencia entre 2004 y 2009, quien está acusado de lavar 4.45 millones de dólares, dijo ante el juez Cuarto de Instrucción de San Salvador que los millones de dólares que recibió de Casa Presidencial y que metió a sus cuentas bancarias personales lo utilizó para financiar actividades públicas del expresidente Antonio Saca y de su gobierno, entre ellas, el pintado de edificios multifamiliares del área metropolitana.
Rank, que fue detenido en octubre de 2016 junto al expresidente Saca y funcionarios de Casa Presidencial por el delito de lavado de dinero, dijo este miércoles 27 de septiembre que 2 millones de dólares que fueron depositados en sus cuentas personales los utilizó para financiar el 'Plan Social Urbano', un programa de obras menores en el Gran San Salvador que incluía la pinta de edificios multifamiliares como los de la colonia Zacamil, en Mejicanos, y los de la colonia IVU, en San Salvador.
La Fiscalía General de la República ha acusado a Rank de lavar 4.45 millones de dólares que salieron de la partida de gastos reservados de Casa Presidencial. Ese monto forma parte de una suma mayor de 246 millones de dólares que, según la Fiscalía, fue malversado por el expresidente Saca y otros funcionarios de alto rango que eran de suma confianza. Los fiscales aseguran que, de ese monto de 246 millones, Rank intentó borrar el rastro de que se habían sustraído 4.45 millones de dólares de la partida de gastos reservados. 'Se logró determinar que [Rank] recibió, en el período comprendido del 23 de junio de 2004 al 13 de marzo de 2009, 54 cheques por un monto que asciende a la cantidad de 4 millones 459 mil 641 dólares', dice el requerimiento que la Fiscalía presentó en noviembre de 2016.
Ahora Rank no niega que recibió ese dinero pero dice que lo usó en proyectos del gobierno y en actividades públicas del presidente.
'Del monto que le están imputando, llevamos desvanecidos 3 millones de dólares que hemos comprobado que se ocuparon en todas las funciones de la Secretaría', dijo Lisandro Quintanilla, su abogado defensor. 'Julio Rank ejecutó un aproximado de 2 millones de dólares en el Plan Social Urbano que consistía en pintar todos los edificios de la metrópoli de San Salvador: Monserrat, Málaga, el IVU, Zacamil, y en hacer pequeñas obras en las comunidades del Gran San Salvador', añadió el abogado.
Sobre 1.45 mil dólares restante, Quintanilla se limitó a decir que ha tenido dificultades para acceder a información de Casa Presidencial sobre la manera en que se gastó el dinero. 'Casa Presidencial no nos quiere dar la información, ese es uno de los aprietos que tenemos, no lo considero justo, porque cada gobierno tiene que dejar sus archivos, y sin embargo tenemos ahora ese tropiezo', declaró.
Ese millón 45 mil dólares que Rank por ahora no tiene manera de probar su correcta utilización fueron usados, según el abogado Quintanilla, para costear los eventos a los que asistía el presidente Saca: pago de viáticos, contratación de asesores, alquiler de equipos de sonido, pago planillas de personal de producción, pago de fotógrafos, reservación de hoteles, y cualquier contratación para cubrir necesidades eventuales. El abogado asegura que la información de respaldo de esos gastos está en Casa Presidencial y señaló que la Fiscalía no tiene manera de probar que el dinero se usó de manera inadecuada.
'No había tenido la oportunidad de presentarme ante un juez y declarar mi versión de los hechos. Soy inocente, no hay pruebas contra mí todavía', dijo, escuetamente, Rank, durante un breve receso en las afueras del tribunal. Y cuando un periodista le preguntó sobre el destino del dinero que, según la Fiscalía, lavó, Rank respondió: '¿Cuál dinero?', y acto seguido entró en el despacho del juez para continuar con su testimonio.
Rank rindió ese testimonio en una audiencia que había solicitado a través de su abogado Lisandro Quintanilla para declarar y presentar pruebas de descargo. La Fiscalía General de la República lo acusa a él y a dos técnicos del área contable de Casa Presidencial del delito de 'caso especial de lavado de dinero' por 4.45 millones de dólares. Según los fiscales, Rank y los técnicos contables intentaron borrar los rastros de que esa cantidad de dinero había sido sustraída de las arcas del Estado de manera ilegal. El requerimiento fiscal dice el expresidente Saca, su secretario privado Élmer Charlaix y otros funcionarios -entre los que se encontraba Rank- sustrajeron 246 millones de dólares de la partida de gastos reservados de la presidencia a lo largo de los cinco años que duró la administración Saca y lo hicieron circular en cuentas personales sin ningún tipo de control institucional.
'Este caso se ha montado con informes bancarios que muestran que en sus cuentas bancarias Julio Rank recibió 4.4 millones del presupuesto general de la nación y viene la Fiscalía y dice no sabe en qué se ha gastado ese dinero. Ahora, le hemos dado respuesta a todos esto', señaló Quintanilla.
El abogado, además, ha solicitado al juez que se efectúe una inspección de los lugares en los que el Plan Social Urbano de la presidencia Saca desarrolló obras de infraestructura. El resultado de ese peritaje servirá para incorporarlo al proceso que se encuentra en la etapa de instrucción. 'Tenemos declaraciones de personas que ejecutaron el Plan Social Urbano. De hecho hemos solicitado una inspección en esos lugares para demostrar que sí existen, que no son inventos, y tenemos la declaración del ingeniero que ejecutó esos proyectos', dijo el defensor. El nombre de ese ingeniero es Julio Ernesto Mena Campos, quien es propietario de la firma 'Mena y Mena', y aparece en el requerimiento fiscal como una de las personas que recibió el dinero de manos de Rank.
Rank admite que dinero entró en sus cuentas
Junto al expresidente Saca, la Fiscalía acusa al secretario privado Élmer Charlaix Urquilla y a tres empleados del área de tesorería y finanzas de la Casa Presidencial: Francisco Rodríguez Arteaga, Pablo Gómez y Jorge Alberto Herrera por el desvío de 246 millones de dólares. Según la Fiscalía, ese dinero salió de una cuenta de la Presidencia denominada “cuenta subsidiaria institucional del Tesoro Público de la Presidencia” hacia 14 cuentas privadas del exsecretario Charlaix, del contador Pablo Gómez y de Francisco Rodríguez Arteaga. Charlaix ha dicho que un reglamento interno de la presidencia lo autorizó a usar dinero de la partida de gastos reservados.
De ese dinero, según la Fiscalía, Rank recibió 4.45 millones de dólares en 54 cheques y luego de depositarlos en sus cuentas bancarias del banco Hipotecario y Cuscatlán lo distribuyó a otras personas o lo cobró en efectivo. Rank no negó estos hechos en su declaración ante el juez juez Rigoberto Chicas, pero intentó justificar el uso de todo ese dinero como algo propio de su labor como secretario de comunicaciones.
Sin embargo, eso no explica el por qué Rank depositó el dinero en sus cuentas personales si era dinero del Estado. Según el abogado defensor, eso fue así porque la secretaría de comunicaciones no tenía personería jurídica en ese momento y no tenía la potestad legal para abrir cuentas. 'Miren, en todo caso, es una responsabilidad administrativa que debe ser señalada por las instituciones competentenes, pero no es una práctica de lavado de dinero… No le veo cuál es el problema de que se puedan usar cuentas privadas, es decir, eso no significa que el dinero haya sido blanqueado. Porque esa es la acusación: haber usado un dinero del presupuesto general de la nación para blanquearlo, para convertir el dinero lícito que provenía de una actividad ilícita', dijo Quintanilla.
La Fiscalía sostiene que el peculado, o sea el origen ilegal del dinero, ocurre cuando los funcionarios lo sacaron de la custodia estatal y lo pasaron a sus cuentas privadas. Después de eso, según los fiscales, funcionarios como Rank intentaron diluir cualquier rastro de origen ilícito. Pero desde la defensa del expresentador de noticias, la interpretación es otra: 'El ministerio de Hacienda le coloca una cantidad millonaria de dinero al presidente para el puresupuesto de la Casa Presidencial. De este dinero, a través del secretario privado, utiliza y reparte todo ese dinero en las diversas unidades de casa presidencial…¿cómo puede haber peculado en eso? Cosa diferente si se usa los fondos públicos en beneficio propio', dijo Quintanilla.
Ante la pregunta de por qué las cuentas de Rank no fueron autorizadas por el ministerio de Hacienda, como lo estipula la Ley Orgánica del Sistema Financiero, Quintanilla respondió que esas cuentas no eran irregulares porque ninguna entidad contralora las objetó. 'Esas cuentas nunca fueron objetadas, y la Corte de Cuentas nunca encontró una irregularidad en el manjeo de esos fondos. Cada seis meses se hacía una auditoría al respecto', dijo el abogado.
El expresidente Saca y el exsecretario privado rendirán también una declaración indagatoria ante el juez Cuarto de Instrucción el 24 y 26 de octubre respectivamente.
