Este juicio termina con un juez que dice: “Doy por probado que el joven Dennis Alexander Hernández Martínez no era pandillero, sino que era un empleado de la finca San Blas”. Un juez que dice: “Doy por probado que Dennis estaba en completa indefensión, que no opuso resistencia y que suplicó por su vida a los policías”. Un juez que dice: “Doy por probado que el teléfono de Dennis desapareció de la escena”. Un juez que dice: “Doy por probado que Dennis ni tenía armas ni las sabía usar”. Un juez que dice: “Doy por probado que en la finca San Blas hubo una ejecución sumaria, extralegal o arbitraria”.
Pero ese mismo juez, después de hablar tan claro, absolverá a ocho agentes del Grupo de Reacción Policial (GRP) por no poder individualizar quién de ellos asesinó a Dennis. Y, quizá lo más relevante, despreciará el trabajo de la Fiscalía General de la República en este caso y la perfilará como la responsable de que no se pueda dar una condena.
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Los policías no llegaron a la finca San Blas por casualidad. Un informante los llevó, literalmente: no sólo interpuso la denuncia y facilitó información, sino que aquella noche los condujo en la oscurana por veredas, entre cafetales, para acceder sin ser detectados al casco de la finca en la que se consumó la ‘masacre de San Blas’.
Ese informante fue bautizado con el nombre en clave ‘León’. Al mediodía del miércoles 25 de marzo de 2015, León llegó a la delegación de la Policía Nacional Civil (PNC) de Santa Tecla, se reunió con la comisionada al frente, y esta delegó en el jefe del departamento de investigaciones: Edgar Prado Ortiz. Prado corroboró que tanto León como su soplo eran confiables, gestionó el apoyo del GRP, luego definieron un plan de intervención, y él mismo se sumó al operativo de 19 hombres –18 policías armados hasta los dientes más León– que en torno a las 22.45, en vehículos sin identificativos policiales, partieron desde la delegación hasta el kilómetro 17 de la carretera al puerto La Libertad.
—El desembarco lo hicimos frente a la residencial Tuscania –dice Carlos Ramírez Flamenco, veterano policía asignado a la Fuerza Móvil de la delegación tecleña.
Campo a traviesa, León encabezó el grupo de ocho geerrepés, siete agentes de la Fuerza Móvil y dos uniformados más que caminó casi dos horas hasta el casco de la finca, donde había entre diez y quince integrantes de la Mara Salvatrucha, pero también siete civiles, tres de ellos niños abajo de los 13 años.
León los guió porque conocía esa zona mejor que nadie: vivía desde hacía lustros en el poblado más cercano a la finca, el cantón El Matazano 2 de San José Villanueva; él era el mandador de San Blas; y estaba harto de los mareros que desde hacía un par de semanas habían usurpado la finca para ocultarse, le robaban fruta y hasta tenía que procurarles alimentación bajo amenazas cada vez menos veladas.
De los siete civiles, seis eran familia directa de León. Los policías lo supieron en la reunión de Santa Tecla. Desde hacía año y medio, en una champa vivían como colonos Consuelo–la hermana de León– y Fidencio –el cuñado–, con sus tres hijos pequeños. En un cuarto de la casa principal del casco vivía su sobrino más querido, Dennis, de apenas 20 años pero que sumaba cinco como escribiente en San Blas, mientras terminaba su bachillerato a distancia en el Centro Escolar Margarita Durán, de Santa Tecla.
Como mandador, León había contratado primero a Dennis, y luego a Consuelo y a Fidencio, los tenía en planilla, les daba techo, luz y agua, y les pagaba $75, $60 y $60 quincenales, respectivamente.
Pero esta información, clave para comprender lo que sucedió aquella madrugada, no será del conocimiento de Cruz Pérez Granados, el juez que dos años y medio después de la masacre juzga si los geerrepés ejecutaron extrajudicialmente a Dennis. Y el juez Pérez no tendrá la información por una sencilla razón: los cuatro fiscales asignados al caso dejarán consumir tres días de audiencia y el desfile de diez testigos propuestos –todos– por ellos sin establecer algo tan sencillo como la relación familiar entre León y Dennis.
La Fiscalía negará al juez Pérez conocimientos vitales para determinar si los policías ejecutaron a Dennis de un disparo en la cabeza mientras estaba arrodillado o si, como sostuvo la defensa de los policías procesados, murió en fuego cruzado durante un enfrentamiento en el que hubo disparos de ambos lados.
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El Tribunal de Sentencia de Santa Tecla no está juzgando si hubo una masacre en la finca San Blas. Sólo juzga lo que la Fiscalía le pidió que juzgara.
En la noche del 25 al 26 de marzo de 2015, ocho agentes del GRP acabaron con la vida de ocho personas, tras una balacera que se prolongó por unos 40 minutos. Murieron seis pandilleros de distintas clicas del programa La Libertad de la Mara Salvatrucha, una joven de 16 años que se había ennoviado con un pandillero y Dennis.
El Faro destapó la masacre en julio de 2015. Un exhaustivo expediente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (el SS-0309-2015) avaló el trabajo periodístico en abril de 2016 y tiró la primera pedrada a la Fiscalía: “El entonces fiscal general de la República [se refiere a Luis Martínez] se negó a proporcionar la información solicitada y no permitió la verificación de sus actuaciones. La negativa de la Fiscalía a proporcionar información, así como la de impedir el acceso a los casos, ha sido reiterada en diversos requerimientos efectuados por la PDDH”.
Douglas Meléndez asumió como fiscal general en enero de 2016 y, por razones que más adelante se detallarán, decidió en julio reabrir el expediente y acusó a los ocho geerrepés de homicidio agravado por una sola de las ocho muertes: la de Dennis. Cinco de los agentes fueron capturados 16 meses después de la masacre. Los otros tres huyeron.
La Fiscalía dio credibilidad absoluta a la versión oficial de que en San Blas hubo un enfrentamiento. Pasó por alto las conclusiones de la PDDH, a pesar de que las pruebas balísticas confirmaron que de los ocho fusiles del GRP salieron 311 disparos, mientras que de las otras seis armas de fuego presentes en la escena salieron tres; a pesar de que varias armas que aparecieron junto a los cadáveres tenían los cargadores llenos tras 40 minutos de presunto enfrentamiento; a pesar de que uno de los mareros muertos sumó no menos de 20 balazos calibre 5.56 sin ningún arma de fuego alrededor; a pesar de que se concluyó que la escena había sido alterada; y a pesar de que Consuelo escuchó también cómo Sonia, la joven ennoviada de 16 años, rogaba por su vida antes de morir de un único tiro en la boca que le destrozó la parte alta de la columna vertebral.
La Fiscalía acusó a los geerrepés por un único homicidio: el de Dennis. Y eso es lo que en teoría está tratando de demostrar ante el juez Pérez en esta audiencia celebrada entre los días 11 y 13 de septiembre de 2017.
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Anécdota I. Cuatro agentes del GRP uniformados y armados con fusiles y pistolas garantizan la seguridad en la sala 10 del Centro Judicial Integrado de Santa Tecla. Están, en teoría, para cuidar a sus cinco compañeros procesados y que visten de civil. Tras el primer receso del primer día de audiencia, las fiscales Claribel Martínez y Cecilia Fernández regresan a sus asientos, cuando un geerrepé uniformado, uno chaparro y canoso, se acerca y les dice: “No sean duras con los compañeros”. Las fiscales desvían la mirada y se van en silencio a sus asientos.
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11 de septiembre de 2017. La sesión dura ocho horas densas como atol, solo interrumpidas por 60 minutos para el almuerzo y un breve receso a media mañana.
En las primera horas, Fiscalía y defensa acuerdan el número de pruebas y testigos. Esta vez llegan 17 testigos, pero solo da tiempo para entrevistar a cuatro: la testigo clave Zenit, una civil presente en la finca aquella madrugada. Ella declara oculta de la vista de los acusados y con su voz distorsionada, aunque todos sabemos su identidad; el subinspector Prado, que organizó el operativo; un veterano instructor del GRP que nunca estuvo en San Blas; y un investigador de la División Central de Investigaciones (DCI) de la PNC que procesó la escena al amanecer del 26 de abril: Joel Vásquez.
Zenit, la primera en responder, narra con detalle cómo escuchó cuando mataron a Dennis, mientras suplicaba que le dejaran explicar que él era el escribiente.
Pero lo más significativo viene después, con las declaraciones de los tres empleados de la PNC. Prado detalla el papel fundamental que tuvo el informante León para que aquella noche los policías llegaran a la finca San Blas. El investigador Joel Vásquez, por su parte, habla sobre el mandador, Jesús Hernández Martínez, que con los rayos del sol llegó a la finca para comprobar que habían asesinado a su sobrino, a Dennis, con quien habló por teléfono repetidas veces durante los 40 minutos de balacera, y al que sugirió que abriera la puerta de su cuarto a los policías, que nada le iba a pasar.
En los interrogatorios se habla mucho del informante León y se habla mucho del mandador, pero se hizo como si se tratara de dos personas distintas. Ni los compañeros de los geerrepés procesados establecieron la conexión por iniciativa propia, algo de alguna manera lógico, ni ninguno de los cuatro fiscales se atrevió siquiera a plantear preguntas que ante los oídos del juez Pérez amarraran esa realidad.
El primer día de audiencia termina con la sensación de que todo está cocinado.
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El contexto es importante.
Como ya se apuntó, la Fiscalía procedió a detener a los policías que participaron en la masacre de San Blas 16 meses después de que está hubiera ocurrido. ¿Por qué?
En abril de 2016, el Departamento de Estado de Estados Unidos presentó su informe anual sobre el respeto a los derechos humanos en el mundo. En el capítulo ‘El Salvador’, se incluyó una referencia expresa a la investigación de El Faro: “El 26 de marzo, miembros del Grupo de Reacción Policial ingresaron en la finca cafetalera San Blas, en San José Villanueva. Informes de testigos publicados por El Faro señalaron que la policía disparó contra miembros de pandillas desarmados y otros jóvenes en la finca mientras intentaban huir. Ocho personas murieron y un oficial de policía resultó herido. El caso seguía siendo investigado por el fiscal general, PDDH, y la Unidad de Asuntos Internos de la PNC. Según la PNC, los oficiales involucrados permanecieron en servicio activo. No se realizaron arrestos”.
La Embajada de Estados Unidos no ha disimulado su apoyo al fiscal Douglas Meléndez. La resurrección del expediente del caso San Blas y las detenciones de los agentes del GRP se dieron menos de tres meses después del informe del gobierno estadounidense. Muy pocas semanas después del anuncio de que la masacre de San Blas sería enjuiciada, en agosto de 2016, el propio Departamento de Estado publicó el aviso en el que certificaba El Salvador como un estado que “está dando pasos efectivos para investigar y enjuiciar en el sistema de justicia civil a miembros de las fuerzas militares y policiales que presumiblemente han violado los derechos humanos”.
Esta certificación era un requisito para poder calificar a los millonarios fondos del Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, que la administración Barack Obama diseñó para mejorar las condiciones de vida en El Salvador, Honduras y Guatemala, y así frenar la migración irregular.
Ante los ojos vigilantes de Estados Unidos, lo conveniente para el Estado salvadoreño era judicializar San Blas. De hecho, el mismo informe sobre derechos humanos presentado en abril de 2017 explicita esa satisfacción del Departamento de Estado: “El 9 de julio de 2016, el fiscal general ordenó la detención de siete policías [son ocho en realidad] acusados de cometer ejecuciones extrajudiciales en el caso San Blas, por cargos de homicidio y obstrucción de la justicia”.
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12 de septiembre de 2017. La sesión arranca a las 9 de la mañana, puntualidad británica.
La jornada es extenuante:13 testigos presentes, 12 propuestos por la Fiscalía y el último, por la defensa.
Hasta el almuerzo desfilan seis, todos empleados de la Policía Nacional Civil, excepto uno, Manuel Antonio Mendoza Rivas, el médico forense del Instituto de Medicina Legal que realizó la autopsia de Dennis. Su intervención podría considerarse el único momento de la jornada en el que los procesados se ven en dificultades, por dos motivos: uno, porque Mendoza Rivas se atreve a decir que la posición más probable al momento de la muerte era arrodillado y con las manos en la nuca; y dos, porque constata que Dennis tenía en el cuello dos heridas (“escoriaciones” o “rozones”, dice) producidas por golpes o un violento agarrón, incompatibles con la teoría de la defensa de una muerte de una balazo en medio de un enfrentamiento.
Los testimonios de los otros cinco testigos propuestos por la Fiscalía –los cinco en la planilla de la PNC– oscilan entre la calculada ambigüedad, el paso de puntillas sobre los indicios que más comprometen a sus compañeros, y la indisimulada convicción de que los geerrepés no merecían una condena. La defensa los usa con tino para sus intereses, mientras que la Fiscalía resulta condescendiente y en absoluto incisiva.
El caso paradigmático es el de Rosa María Estévez, perito con 21 años de trabajo en la PNC y la persona que firmó el análisis físico-químico de lo que se conoce como el frotado de manos, para determinar si Dennis tenía en sus manos las partículas que quedan cuando alguien dispara un arma de fuego. A preguntas del fiscal Juan Antonio Reyes, Estévez responde: “Se encontró bario y plomo en la mano derecha de Dennis”. Ni Estévez ni ninguno de los cuatro fiscales plantea siquiera como idea que los restos de bario y plomo no solo se impregnan cuando alguien dispara, sino también cuando se recibe un disparo a corta distancia. Ante los oídos del juez Pérez, la Fiscalía permite que Dennis quede retratado como alguien que disparó un arma aquella noche, para regocijo de la defensa, cuya tesis principal en los tres días de audiencia es presentar al joven escribiente como un integrante de la Mara Salvatrucha.
Justo antes del receso por el almuerzo, y aunque no hace falta ser un experto jurista para concluir que la Fiscalía está perdiendo el juicio, la fiscal Margarita Lara Alfaro solicita al juez Pérez permiso para renunciar a seis de sus testigos, bajo el argumento de que sus testimonios serán “redundantes”.
Al regreso del almuerzo, el abogado defensor, José Manuel Cruz Azucena, anuncia que también renuncian a su único testigo de descargo, que espera turno en una sala contigua para hablar a favor de los geerrepés procesados.
Tras los interrogatorios a diez testigos de la Fiscalía –ocho empleados de la PNC, la testigo clave Zenit y el forense de Medicina Legal–, el equipo de abogados encabezado por Cruz Azucena está tan seguro de que sus defendidos saldrán airosos de esta audiencia que renuncian a su único testigo de descargo “a fin de potenciar la economía procesal”.
Cerca de las 3 de la tarde, la Fiscalía solicita un receso para preparar los alegatos finales. El juez Pérez, con el aval de la defensa, convoca para el miércoles a las 8 de la mañana.
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Anécdota II. Desde su detención en julio de 2016, los cinco geerrepés recibieron un trato poco habitual entre los privados de libertad salvadoreños. Los encerraron en las bartolinas de la sede del GRP y no en un penal; recibieron la visita y el respaldo de Guillermo Gallegos, actual presidente de la Asamblea Legislativa; y contaron con el apoyo jurídico de la Fundación Mujer Legal, que preside Silvia de Bonilla, abogada de ilustres procesados como el expresidente Antonio Saca o el empresario Enrique Rais.
Ya en la audiencia, y ante la negativa del juez Pérez a que los policías llevaran gorros navarones en la sala, la Fiscalía gestionó por escrito ante la Corte Suprema de Justicia que se prohíba la toma de fotografías, una deferencia insólita y hasta paradójica en la institución que terminaría pidiendo para esos hombres el máximo de años que el Código Penal establece por homicidio agravado: 50.
Con todo esto en el ambiente, los compadrazgos y las sonrisas cómplices entre los geerrepés procesados y los geerrepés que los custodian, o que compartieran el agua y hasta los cafés que un empleado del Tribunal entrega para los uniformados, suenan a simplemente eso: anécdotas.
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Los honorarios del abogado Cruz Azucena son inalcanzables para salvadoreños que ganan unos 600 dólares al mes, como es el caso de un agente del GRP. Clientes suyos en los últimos años han sido, por ejemplo, el exdiputado Roberto Silva Pereira, el exfiscal general Luis Martínez o el diputado Reynaldo Cardoza.
En los alegatos finales del miércoles 13, último día de audiencia, sucede algo fuera del guión: entre otros giros imprevistos, la Fiscalía plantea por primera vez como hipótesis, para sorpresa de Cruz Azucena, que el informante León y el mandador son la misma persona. Lo deja caer la fiscal Margarita Lara Alfaro y lo escuchan en la sala una decena de periodistas, que por primera vez en tres días de audiencia han sido convocados formalmente.
Cuando Cruz Azucena toma la palabra, no oculta su incomodidad, y anticipa que se tomará más tiempo del que tenía previsto.
“La versión de que fue una ejecución sumaria carece total y absolutamente, en este proceso, de prueba directa”, dice de entrada Cruz Azucena.
“Con los elementos aportados por la Fiscalía, el mandador Jesús Hernández nunca denunció ante las autoridades que había miembros de estructuras delictivas en la finca”, dice.
“Hasta hoy, hasta estos alegatos finales en la audiencia de vista pública, no antes en la acusación, no antes en la audiencia preliminar... Hoy Fiscalía pretende hacer una identidad entre la fuente identificada como León, asumiendo que ese informante, y el señor Jesús Hernández. Hoy dicen que son la misma persona, pero esa es una situación que antes de esta oportunidad nunca se había planteado”, dice.
“¡Qué extraño que en este juicio la Fiscalía no ha propuesto una entrevista con el dueño de la finca!”, dice.
“El testigo Prado, que era un testigo de la Fiscalía, cuando los fiscales lo interrogaron, dijo que León era un informante habitual y que había registros de él en Inteligencia de la Policía Nacional Civil, pero eso de parte de la Fiscalía no se ha investigado. Si realmente existiera una coincidencia entre el informante León y Jesús Hernández, tuvieron todo el tiempo del mundo para investigarlo y establecerlo aquí, no hoy a través de una hipótesis sin fundamento”, dice Cruz Azucena.
Los fiscales en efecto tuvieron “todo el tiempo del mundo” para investigar que Dennis era el más querido de los sobrinos de León, incluso para haberlo amarrado con las declaraciones de los testigos que desfilaron por la audiencia.
Pero no lo hicieron.
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Ninguno de los cuatro fiscales quiso dar declaraciones a la prensa ni el lunes ni el martes, pero el miércoles deciden hablar durante el breve receso tras los alegatos finales. Una decena de periodistas se arremolina ante el sacrificado: el fiscal Reyes.
—¿Busca la Fiscalía con este caso sentar un precedente? –se anima una colega tras una primera batería de preguntas inocentes.
—No, no, no... Nosotros investigamos cada caso y, si hay elementos, judicializamos. No es nuestra intención sentar precedentes.
El fiscal Reyes responde en voz baja, sin mucho entusiasmo.
—¿Por qué se cambió el equipo de fiscales para esta audiencia? –pregunto–. Ni usted ni sus dos compañeras que más han intervenido estaban asignadas al caso hace apenas dos meses.
—Eso es… es algo normal en la Fiscalía. Es normal que en un momento determinado nos involucremos varios compañeros en un mismo caso. No es nuevo.
—¿Ha habido presiones? –apuntala una colega.
—No, no –enfatiza el fiscal Reyes y eleva su tono de voz–. ¡Para nada!
—Fiscal Reyes –retomo la palabra–, en la audiencia ha habido dos figuras relevantes: uno, el informante clave Léon; y dos, el mandador de la finca. Solo ahora, en los alegatos finales, la Fiscalía ha planteado como hipótesis que son la misma persona.
—¿Perdón? No le entendí ahí…
—El informante y el mandador son la misma persona.
—Ah… ¿Ajá? No, no… nosotros no lo hemos dicho.
—Hace unos minutos su compañera lo ha planteado como una hipótesis.
—Eh… de acuerdo a todo lo que se ha vertido acá… nosotros solamente deducimos… digamos… llegamos a… a la deducción de acuerdo a lo que se tiene, ¿va? –el fiscal Reyes cantinflea.
—¿Por qué no aprovecharon a los testigos para apuntalar esa hipótesis?
—¿De cuáles testigos?
—De los 16 que llamó la Fiscalía.
—¿Para apuntalar qué?
—Para apuntalar que son la misma persona y que eso no haya quedado, ante los oídos del juez, como una simple conjetura.
—Lo que pasa es de que…
—A la testigo clave Zenit, por ejemplo, no se le hizo ni una pregunta sobre este tema.
—Ummm…. El mandador falleció unas semanas después, y a él se le habría dado crédito… pero ya no hubo la oportunidad. No le puedo predecir qué hubiera pasado… sería aventurado de mi parte decir: “Miren, habría pasado esto”. Nosotros pretendemos que el juez llegue a esa conclusión, ¿sí? Claro… ¿por qué mataron al mandador? Claro eso acá no… porque sería aventurado decir, sino que queda planteado nomás.
Al mandador de la finca lo mataron. Era el tío de Dennis. Era el informante clave León que literalmente llevó al GRP a la finca San Blas. Pero ni en esta audiencia ni en los 14 meses transcurridos desde las primeras detenciones la Fiscalía hizo apenas nada para que el juez Pérez tuviera la certeza.
Finalizada la audiencia, el juez Pérez fija la lectura de su fallo para el viernes 22 de septiembre, nueve días para analizar y tomar una decisión.
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Este mensaje circuló en uno de los grupos de la red social WhatsApp integrado mayoritariamente por elementos de la Policía Nacional Civil:
“El viernes 22/09/2017, a las 13:30 horas; necesitamos de tu apoyo. Ese día, el juez de Sentencia de Santa Tecla; emite la resolución y esperamos todos que sea a favor de los 5 héroes del GRP; que están procesados, por matar pandilleros en el caso San Blas. Ese día, celebraremos si libertad y lo haremos, frente al nuevo centro Judicial de Santa Tecla (Carretera Panamericana, abajo del hospital San Rafael). Se espera que medios de comunicación, tanto nacionales; así como internacionales abarrotes el lugar. Pues los Policías, también llenaremos los contornos; de ese Juzgado. Yo casi no envío cadenas, pero he descubierto que si le pasas este mensaje a 30 amigos y 10 grupos y todos llegan, en verdad demostraremos unión. *COMPARTELO*.”
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22 de septiembre de 2017. Más de dos horas se toma el juez Pérez para explicar su fallo, quizá las horas más largas en la vida de los cinco geerrepés presentes. Largas porque el juez Pérez opta por el suspense y, amparado en la credibilidad cuasi absoluta que otorgó a la testigo clave Zenit, da por probado que Dennis era un buen muchacho, que uno de los policías lo asesinó, y que no tiene dudas de que el GRP cometió una ejecución extrajudicial aquella noche en San Blas. Solo en el tramo final dice que, por no poder probar quién de los ocho apretó el gatillo, el que lo hizo y los siete que lo encubrieron serán absueltos.
—Ordeno su libertad a partir de esta misma tarde –dice el juez Pérez.
Pero antes, no desaprovecha la oportunidad para despreciar el papel de la Fiscalía y de los cuatro fiscales asignados. Dice que estudiando el expediente por cuenta propia supo que el DUI de Dennis establecía con claridad que desde el año 2012 vivía en la finca San Blas y que era escribiente, algo que la Fiscalía nunca mencionó. Dice que el interrogatorio de la Fiscalía a la testigo clave Zenit fue muy flojo. E incluso se anima a hacer un par de sugerencias a los fiscales para individualizar al geerrepé que asesinó a Dennis: una reconstrucción pormenorizada de los hechos para saber qué policías estaban en esa parte de la finca; o haber pedido otra opinión –una ajena al personal de la PNC que hizo los análisis– para determinar de qué fusil salió la bala que se extrajo del brazo de Dennis.
—Perfectamente la Fiscalía pudo haber realizado más diligencias –dice el juez Pérez.
Pero no las hizo.
En consecuencia, los ocho geerrepés que participaron y/o encubrieron la ejecución extrajudicial volverán a las calles.
Mientras tanto, Consuelo, la madre de Dennis que se atrevió a pedir justicia, sigue recibiendo amenazas y enterrando a familiares, con la convicción de que su desdicha guarda relación directa con lo que ocurrió aquella noche en la finca San Blas.
