El general Bustillo se enfrenta a El Mozote

 
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El general Juan Rafael Bustillo, sentado en el banquillo de los acusados, muestra un ejemplar del informe de la Comisión de la Verdad, en el que se narran los casos ejemplificantes de violaciones a los derechos humanos cometidas en la guerra civil salvadoreña (1980-1992).

Bustillo llegó a presentarse ante el Juzgado de Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera para responder, al igual que otros 17 militares, por la masacre de El Mozote y caseríos aledaños, en la que participaron diversas unidades del Ejército salvadoreño y en el que se asesinó a alrededor mil campesinos en la zona norte del departamento de Morazán, en diciembre de 1981.

Los cargos contra Bustillo son violación agravada, privación de libertad, robo, daño agravado, terrorismo, actos preparatorios de terrorismo y estragos especialmente sancionados.

—¿Cómo se declara, general? –preguntó El Faro.

—Ahí el juez les va a hablar a ustedes -dijo Bustillo.

En la audiencia, Bustillo respondió al juez de la causa que daría testimonio, pero luego se abstuvo por recomendación de sus abogados. Esta era la última oportunidad de comparecer para el general, para escuchar los cargos en su contra. Hasta la mañana del 19 de octubre, Bustillo había enfrentado el proceso en ausencia, desde que el caso fue reabierto a mediados de 2016. 

Bustillo fue comandante de la Fuerza Aérea Salvadoreña entre 1979 y 1989, y en aunque en la narración sobre la masacre de El Mozote que hizo la Comisión de la Verdad no aparece señalado como uno de los responsables (por eso llevó el documento, como prueba de descargo), Bustillo sí ha sido vinculado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este caso. También ha sido vinculado por las víctimas sobrevivientes.

En su sentencia del 25 de octubre de 2012, la Corte IDH determinó que se “daba por establecido que entre el 11 y el 13 de diciembre de 1981, se habría llevado a cabo un operativo principalmente por parte del BIRI Atlacatl, con apoyo de otras dependencias militares, incluida la Fuerza Aérea Salvadoreña, en el cual se habrían perpetrado masacres sucesivas en siete localidades del norte del Departamento de Morazán con extrema crueldad, principalmente mediante el uso de armas de fuego, pero también a través de golpes con palos, degollamientos e incluso incendios en lugares en los cuales aún se encontraban personas con vida”.

A diferencia del caso de las masacres de El Mozote, Bustillo sí aparece en otros casos reseñados por el informe de la Comisión de la Verdad que carga en sus manos. Ahí se responsabiliza a miembros de la Fuerza Aérea bajo su mando, en un ataque ocurrido el 15 de abril de 1989 a un hospital del FMLN en el que fue asesinada la enfermera francesa Madeleine Lagadec y el médico argentino José Ignacio Isla Casares. Este hecho contravino las reglas del derecho internacional humanitario, que protege al personal médico en zonas de conflicto.

El informe también establece la responsabilidad de militares bajo el mando de Bustillo, en la desaparición de Miguel Ángel Rivas Hernández, de 17 años, visto por última vez el sábado 27 de noviembre de 1986 en las cercanías dela Base de la Fuerza Aérea de Ilopango.

Bustillo, además, fue uno de los militares del más alto rango que la noche del 15 de noviembre de 1989 se reunieron en el Estado Mayor de la Fuerza Armada salvadoreña para discutir el curso de la ofensiva militar que había lanzado la guerrilla del FMLN sobre San Salvador. En esa reunión, según el informe de la Comisión de la Verdad, se decidió dar muerte a los sacerdotes jesuitas. El homicidio de los seis religiosos -cinco de ellos de origen español- se produjo la madrugada del día siguiente, y como la orden supuesta fue de no dejar testigos, los militares también dieron muerte a una empleada de los sacerdotes y a la hija de esta, que se encontraban en las instalaciones de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

*Con reportes de Nelson Rauda

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