La mañana de este viernes 20 de octubre, amigos e instituciones aliadas de Karla Avelar recibieron un mensaje a Whatsapp con la última actualización de su gira por Europa. Esta vez no era un resumen de la jornada, era una carta que desde Irlanda notificaba: “El motivo de la presente tiene como fin informar a ustedes sobre mi decisión irrevocable de no volver a El Salvador”.
Karla es una activista LGBTI que desde 1994 aboga por el cumplimiento de los derechos de las mujeres trans en El Salvador, un país en donde más de 500 personas LGBTI han sido asesinadas los últimos 23 años sin que se investiguen sus casos. Ese país, en donde la misma la Fiscalía General de la República se niega a dar a las organizaciones de derechos humanos y a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) el número de homicidios cometidos contra miembros de la población LGBTI, es con el que ella ha decidido cortar vínculos.
'El motivo de la presente tiene como fin informar a ustedes sobre mi decisión irrevocable de no volver a El Salvador, por razones estrictamente de seguridad, pues no estoy dispuesta a perder mi vida por razones de amenazas, extorsión, condición de VIH, identidad y expresión de género', reza la misiva.
Avelar está de viaje desde el pasado 8 de octubre. En abril 2017, se convirtió en la primera mujer trans en ser nominada al premio de la Fundación Martin Ennals, que reconoce la labor de defensores de Derechos Humanos. Su viaje por Europa responde al cumplimiento de los deberes que el reconocimiento conlleva. Desde Comcavis (Comunicando y Capacitando a mujeres) trans ha asesorado y acompañado a mujeres trans que por su identidad de género han sufrido violencia de todo tipo: desde doméstica hasta institucional.
El Salvador es predominantemente homofóbico y transfóbico que le ha fallado en todas las etapas de su vida, explica, y por eso está decidida a no regresar a un país que en lugar de garantizar el pleno goce de sus derechos, la ha ignorado. “El Salvador me falló al no capacitar a mis padres a aceptar a que lo que tenían era una hija; me falló cuando me mandó a la cárcel sin oportunidad de defenderme; me falló cuando mataron a Tania y otras mujeres trans y no hizo nada por esclarecer su asesinato; me falló cuando le pedí protección y me la negó; me falló en darme un tratamiento integral de salud”.
La última vez que Karla intentó que el sistema de justicia salvadoreño la acuerpara fue en junio de 2017, cuando denunció ser víctima de extorsión por parte de pandilleros. El Estado, una vez más, le dio la espalda. La Fiscalía la envió a hacerse un peritaje psiquiátrico a Medicina legal: “me querían hacer creer que lo que había denunciado era producto de mi imaginación”, explica.
La activista no dio detalles de cuándo se iniciaron los trámites de solicitud de asilo en Ginebra ni si había hecho el trámite en otros países, se limitó a contar que ese país se encargará de brindarle la estabilidad y protección que por años El Salvador se negó a otorgarle. Espera que su caso sirva además de precedente a las autoridades para que entiendan que “no necesitamos más mujeres trans muertas, espero que las autoridades tomen conciencia de eso”.
De entre el amplio espectro de la población LGBTI, las mujeres trans son las que más se ven afectadas por la violencia. En lo que va de 2017, el país ha registrado 20 asesinatos de mujeres trans. Por esta violencia, este sector de la población huye todos los años hacia México y Estados Unidos con el afán de que, en sociedades de mentalidad más abierta, lograrán vivir con la libertad que su país de origen les limita.
