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La reelección de la discordia

Honduras elige este domingo 26 de noviembre a su presidente con pronósticos de una crisis política por el empeño del mandatario Juan Orlando Hernández de conseguir una reelección que la Constitución prohibía, lo que amenaza con reabrir las heridas del golpe de Estado de 2009.

Noé Leiva (AFP) / El Faro

 
 

Hondureños marchan contra el polémico fallo de la Sala de lo Constitucional local que avaló que el actual presidente de la República, Juan Orlando Hernández, pueda optar a la reelección, algo que la Carta Magna prohíbe. Foto Orlando Sierra (AFP).
 
Hondureños marchan contra el polémico fallo de la Sala de lo Constitucional local que avaló que el actual presidente de la República, Juan Orlando Hernández, pueda optar a la reelección, algo que la Carta Magna prohíbe. Foto Orlando Sierra (AFP).

Tegucigalpa, HONDURAS. Como candidato del derechista Partido Nacional, el actual presidente Juan Orlando Hernández –quien encabeza el gobierno 136 desde la proclamación de la República de Honduras en 1824– busca la reelección facultado por un polémico fallo judicial que contradice la literalidad de la Constitución que rige desde 1982.

De diez candidatos, solo tres tienen posibilidades: Hernández; el periodista Salvador Nasralla, de la izquierdista Alianza de Oposición contra la Dictadura, que lidera el expresidente Manuel Zelaya; y el académico Luis Zelaya, del derechista Partido Liberal, que junto al Partido Nacional son los partidos tradicionales de Honduras.

“Por primera vez hay tres fuerzas equilibradas, y cada uno cree que ya ganó, que las elecciones son solo un formalismo. Es por eso que el resultado puede dar lugar a protestas callejeras”, dice el analista político Raúl Pineda Alvarado.

Los dos aspirantes opositores acusan al Tribunal Supremo Electoral (TSE) de tener preparado un fraude para declarar ganador a Hernández, algo que esta entidad niega.

El presidente del TSE, David Matamoros, garantizó en cadena nacional de radio y televisión que las elecciones serán “libres y transparentes”, así como “las más observadas de la historia”, por más de 15,000 personas, incluyendo a 500 extranjeros.

Delegaciones de la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA), el Centro Carter y de varios países están llegando para observar los comicios.

El TSE ha sido calificado de parcializado con el Partido Liberal. Los tres magistrados que lo integran se rotan un año cada uno en la presidencia, y los tres años de elecciones 2009, 2013 y 2017 le ha correspondido a Matamoros, afiliado al Partido Nacional.

“Ante aquellos rumores de algunos grupos que quieren impedir que acudamos libremente a ejercer el sufragio les hacemos ver que las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional tienen instrucciones precisas de garantizar la paz” con 35,000 efectivos, sentenció Matamoros.

Pineda Alvarado considera que si Hernández gana las elecciones, los partidarios de los otros dos candidatos saldrán a las calles a protestar y “si hubiera un fraude, la conflictividad será mayor”.

Lamentó que exista “un discurso rabiosamente confrontativo porque no se aprendió de la crisis del 2009”, con el golpe de Estado que depuso a Manuel Zelaya. Al contrario, se están reabriendo heridas por la decisión de Hernández de buscar la reelección.

El golpe de Estado provocó una crisis política cuyas secuelas, según el investigador Marvin Barahona, persisten nueve años después y estas elecciones han configurado “un nuevo proceso de conflictividad social”.

Jinetes del apocalipsis”

La influyente organización humanitaria católica Cáritas mencionó en un comunicado “cuatro jinetes del apocalipsis” que amenazan el proceso: un sistema electoral arcaico en que el TSE “sigue dando señales de parcialidad política” y “un sistema de pactos nefastos”.

También “la insensibilidad de la clase política”, por “despreciar a los votantes”; y “la sombra de la reelección” del presidente porque “no ha sido aceptada por un alto porcentaje de la población”.

La reelección está prohibida en la Constitución vigente, pero un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, ante un recurso presentado por diputados cercanos a Hernández, le permitió volver a lanzarse.

Manuel Zelaya fue derrocado por promover una consulta para decidir si se convocaba a una asamblea constituyente para redactar una nueva Constitución que estableciera la reelección.

El golpe provocó una crisis de más de cien días de manifestaciones de sus partidarios, que ahora integran la Alianza de Oposición.

En estos comicios hay riesgo “de una nueva crisis porque ha habido otros pequeños golpes de Estado”, como el fallo de la Sala Constitucional que permitió la reelección, alertó Barahona.

Seis millones de hondureños están convocados a las urnas, incluyendo 51,000 en siete ciudades de Estados Unidos. La oposición denuncia que el padrón electoral está inflado porque más de un millón de hondureños viven en el exterior y también figuran muchos muertos.

Además de presidente, serán elegidos el domingo tres vicepresidentes, 128 diputados del Congreso y sus suplentes, 20 miembros del Parlamento Centroamericano y los jefes de 298 municipios.

© Agence France-Presse

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