El pasado domingo, como parte de una investigación global coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en la que paticiparon 390 periodistas de 67 países y que se ha dado a conocer como Paradise Papers, El Faro publicó el reportaje “Fusades se llevó a Bermuda $50 millones de la venta de su financiera”, que informa sobre la existencia en las islas Bermudas de dos sociedades, Fusades International Trust y Fusades Limited, propiedad de la fundación matriz salvadoreña y usadas para administrar y rentabilizar el fideicomiso con el cual se financia esta en El Salvador. Además, el texto revela que las Bermudas fueron el destino de más de 50 millones de dólares obtenidos por Fusades por la venta en 2007 de su microfinanciera Propemi, y reabre el debate sobre si el fruto de esa venta debió pagar impuestos por tratarse de utilidades obtenidas por actividades distintas a las finalidades propias de la fundación, así como sobre el hecho de que a esta institución financiera nunca se le aplicara el Impuesto Sobre la Renta en El Salvador, al amparo de la exención de la que goza Fusades por ser una institución de utilidad pública expresamente declarada como tal por la autoridad tributaria.
El reportaje fue resultado de varios meses de investigación a partir de documentos del bufete internacional Appleby, de documentos públicos y reservados en El Salvador, y de entrevistas con especialistas; y hace revelaciones que el periódico consideró y considera valiosas. Por un lado, el tanque de pensamiento más influyente del país, clave en la promoción del acceso a información pública y la transparencia durante la última década, tiene dos sociedades offshore en un país cuyas leyes garantizan el secreto del registro comercial, ocultan la identidad de los directivos de sociedades e impiden seguir el rastro de sus inversiones. Por otro, sin necesidad aparente puesto que tiene exención de impuestos en El Salvador, una de las organizaciones de mayor influencia en el debate sobre políticas públicas en el país, especializada en el análisis y discusión de la situación financiera nacional, aloja sus fondos en un paraíso fiscal, fuera del detalle de su estado anual de resultados, lejos de cualquier posible cambio de legislación en El Salvador y protegidos, gracias a la opacidad que garantizan las Bermudas, de debate alguno sobre si el uso de esos fondos está incluido o no en esa exención.
El Faro no afirma que Fusades haya cometido ilegalidad alguna, pero considera de interés público y relevancia suficiente esta información. Por ello, tras buscar la reacción de los protagonistas, y junto a una extensa entrevista con el actual presidente de Fusades, la dimos a conocer.
El reportaje publicado tiene, sin embargo, importantes errores de método periodístico y forma. Como consecuencia de una injustificable sucesión de fallos en el proceso de edición, publicamos un texto confuso en su estructura y con ligerezas de tono, que caracteriza de forma excesivamente simplista a Fusades, concatena hechos no siempre relacionados, y por ello permite o incluso alimenta la especulación sobre la intención y naturaleza de los hechos dados a conocer, en lugar de consagrarse, como debe hacer siempre el periodismo, a disiparla.
Nos faltó rigor. Aun siendo ciertas las revelaciones principales y legítimo el cuestionamiento que debió ser central en el texto, El Faro no estuvo a la altura de la importancia de la información y de la complejidad del tema. En un asunto que requería un trato cuidadoso y preciso (por su relevancia, por su especificidad y por su previsible impacto en el debate nacional), fallaron los controles de calidad que acostumbramos aplicar a todo nuestro trabajo y que merecen siempre nuestras fuentes, las personas citadas en nuestras publicaciones y nuestro lectores.
Me hago enteramente responsable de esos errores. Doy la razón a quienes ven en nuestro texto debilidad argumentativa. Comprendo a quienes nos acusan de desequilibrio en el trato a Fusades como institución o hacia quienes la han conformado o conforman y son nombrados en el texto. Sin dejar de defender las razones para publicar este caso, desafiar la opacidad, cuestionar las explicaciones dadas por Fusades y abrir espacio a la crítica, reconozco que dentro del cuestionamiento y la crítica cometimos esta vez injusticias.
El Faro ya está tomando medidas para evitar que errores como estos vuelvan a suceder. Pero ojalá la comprensible y legítima discusión que se ha abierto sobre el trabajo de este periódico no se utilice para devaluar o dar por resuelto el cuestionamiento de fondo que el reportaje del pasado domingo pretendía hacer, al que Fusades no ha respondido aún con completa claridad y que el conjunto de la sociedad debe discutir.
Las revelaciones que en los últimos años han hecho el ICIJ y los medios y periodistas que forman o colaboramos con el consorcio desnudan un espacio de opacidad en el que los capitales ilícitos conviven con regímenes legales de arbitrariedad y privilegio reservados para corporaciones e individuos con el poder y el dinero suficientes para escapar a la territorialidad de los sistemas fiscales de sus países. ¿Cómo operan, a quiénes favorecen y qué controles tienen los paraísos fiscales, naturalizados y legalizados por el sistema financiero internacional? ¿Hasta dónde es legítimo recurrir al mundo privilegiado del secreto offshore mientras se reclama transparencia y se alecciona sobre política fiscal? ¿Hasta dónde la transparencia de los actores privados considerados de interés público o con valor de servicio público, como las fundaciones, o incluso como los medios de comunicación, debe ser un asunto también de dominio público?
*José Luis Sanz es director de El Faro
