La nota que este periódico publicó la semana pasada sobre dos cuentas offshore de Fusades en Bermudas ha reavivado el debate sobre las exenciones de impuestos a las asociaciones y fundaciones, y sobre la transparencia o la falta de ella en el manejo de las finanzas de la fundación más influyente del país.
El punto central es que Fusades, el think tank del gran empresariado salvadoreño, en sí mismo un centro de poder que ha sido norte económico y fiscal de varios gobiernos, haya ocultado por años en cuentas comerciales de un paraíso fiscal más de $50 millones de dólares.
Las cuentas offshore son por definición oscuras y, si algo confirmaron los Paradise Papers –y ya antes lo hicieron los Panama Papers-, es que son utilizadas de igual manera por el crimen organizado, por millonarios evasores de impuestos, políticos, deportistas, artistas, gobiernos y corporaciones; por fraudulentas redes y también por fundaciones y universidades que aumentan su patrimonio invirtiendo en empresas y fondos de inversiones igualmente opacos.
Es solo gracias a la colaboración entre periodistas y medios miembros del Consorcio Internacional para el Periodismo Investigativo, del que El Faro forma parte, que hemos logrado poner en evidencia a inversionistas de esta naturaleza que operan en Panamá y también en las Bermudas.
Fusades pertenece a la última categoría, a la de fundaciones e instituciones exentas de impuesto en sus países que esconden e invierten allí su dinero para obtener mayor rentabilidad, sin que ello represente beneficios tangibles para las comunidades a las que dicen servir. Pero no sabemos en qué lo han invertido, con quiénes se han asociado ni si la rentabilidad de sus socios por la inversión conjunta ha sido debidamente declarada. En otras palabras, no sabemos si Fusades obtiene su rentabilidad mediante sociedades con personas o instituciones honorables o con evasores de impuestos; porque lo hace a espaldas de nosotros.
Fusades ha expresado que sus actuaciones han sido apegadas a la ley de El Salvador que le ha concedido exención del impuesto sobre la renta, por considerarla una fundación de utilidad pública. El Faro no ha dicho que Fusades ha hecho nada ilegal. Pero como dijo el expresidente estadounidense Barack Obama, tras el escándalo de los Panama Papers: “Muchas de esas (operaciones) son legales, y ese es el problema”.
No escapa de nuestra valoración el hecho de que una fundación, que durante las últimas dos décadas se ha presentado como abanderado en temas de transparencia, haya decidido abrir dos empresas en un paraíso fiscal como Bermudas, lejos del escrutinio público que debe tener una fundación a la que El Salvador le concede, como a todas las demás fundaciones, el privilegio de exención de impuestos sobre la renta debido a su “utilidad pública”. En este caso, el dinero invertido en esas cuentas offshore proviene de la venta de una microfinanciera que Fusades operaba hasta el año 2008.
¿En qué se ha beneficiado el país con las inversiones de Fusades en el extranjero, que ascienden a más de $50 millones? ¿En qué con la exención del pago de impuestos por la venta de Propemi? ¿Por qué, si no pagan impuesto sobre la renta en El Salvador, decidieron los directivos de Fusades llevarse su dinero a otro lado? ¿Por qué no lo invirtieron en El Salvador, el país al que pretenden ayudar a desarrollarse?
Contrario a lo expresado por la fundación, no basta con saber que en Bermudas hay mayores opciones de inversión. También las hay en otros países que no son paraísos fiscales y donde las cosas se hacen a la luz. También las podrían crear aquí, donde ellos aseguran frecuentemente que es necesario atraer inversión. Tenían $50 millones para invertir, libres de impuestos.
Las exenciones a Fusades, como a todas las demás fundaciones, afectan a las arcas públicas y por tanto a los bolsillos de todos los salvadoreños. Mediante la ley que se los permite, el estado salvadoreño manifiesta que hace ese sacrificio a cambio de un bienestar para sus ciudadanos. Por eso Fusades está obligada a transparentar sus finanzas y responder, cosa que no ha hecho y que no parece creer que deba hacer.
No esperamos que fundaciones fantasma o desinteresadas en cuidar su prestigio nos respondan nada (esperamos que las autoridades lo hagan). Pero sí lo esperamos de aquellas que reivindican su buen nombre, como Fusades.
Además, la ley nacional que contempla exenciones a las actividades de las fundaciones merece ser reinterpretada a la luz de los hallazgos periodísticos mundiales tanto de los Panama Papers como de los Paradise Papers.
Tampoco escapa a nosotros que ha trascendido al público el debate periodístico que, al interior de El Faro, ha suscitado la nota en la que dimos a conocer esta información. No rehuimos a esos debates, son nuestra esencia.
Pero que quede muy claro: los debates son sobre las formas, sobre las estructuras de la nota, sobre la aplicación del método periodístico y de nuestros procesos editoriales. Nadie en El Faro discute la pertinencia, la legitimidad ni el valor del fondo de esa publicación: el hecho de que Fusades, la fundación más poderosa e influyente de El Salvador, integrante del Consorcio por la Transparencia, ha sido poco transparente; y mantiene su dinero en un paraíso fiscal. A espaldas de los ciudadanos. Ante esos cuestionamientos, Fusades aún nos debe respuestas satisfactorias.
