En mayo de 2018 debe nombrarse a la persona que suceda a Thelma Aldana, actual fiscal general y jefa del Ministerio Público de Guatemala, quien ha actuado históricamente en contra de la corrupción, a tal punto que, recientemente en Viena, fue electa presidenta de la Conferencia de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
Cientos de funcionarios (incluido un expresidente y vicepresidenta), empresarios, financistas y operadores políticos se encuentran en la cárcel vinculados a estructuras criminales, en una embestida judicial que arrancó en 2015, que ha desnudado un sistema político-económico diseñado para favorecer a las mafias.
Estos casos han tenido tal impacto que despertó a una ciudadanía que se ha manifestando no solo en las calles de manera inédita, sino organizada en redes cada vez más fuertes en donde se van articulando consensos entre organizaciones estudiantiles, campesinas, movimientos urbanos y grupos empresariales con visiones modernizadoras.
Ahora termina el mandato de Aldana, una de las líderes de esta cruzada, quien ha trabajado de la mano de Iván Velásquez, jefe de la CICIG (una organización con el apoyo de las Naciones Unidas que trabaja con la Fiscalía) y esta elección será la batalla más fuerte de todas, pues quienes han sido acusados de corrupción intentarán cooptar la Fiscalía para que todos los avances se esfumen y volvamos al reino de impunidad.
El problema fundamental es que el presidente Jimmy Morales debe ser quien elige al nuevo fiscal general de una sexteta que nomina una Comisión de Postulación, que deberá quedar instalada en enero próximo. El mandatario es uno de los acusados por financiamiento electoral ilícito y por recetarse un sobresueldo ilegal de más de $6 mil al mes, por lo que usará toda su influencia (junto al resto de acusados que son muchos y poderosos) para lograr un nombramiento que debilite al Ministerio Público.
Los asesores de Morales (militares contrainsurgentes, muchos de ellos acusados de delitos) le han venido trabajando la cabeza al presidente diciéndole que esta es una lucha que no puede dejar pasar pues en 2019 dejará el gobierno y, aunque los diputados lo protejan rechazando las peticiones para retirarle la inmunidad, si existe un fiscal general independiente lo más seguro es que lo procesará por corrupción.
Todas las miras están puestas en esta elección, en donde ya empezaron los cabildeos. Suenan candidatos presidenciales como Acisclo Valladares, José Luis González Dubón, Conrado Reyes o Julio Rivera Clavería, todos ellos cercanos al presidente y parte de una fuerza antireformas que ha venido operando como respuesta a los casos que se han destapado, levantando una contra ofensiva que busca restaurar el statu quo.
El lance en el tablero que destapó a esta agenda regresiva fue la decisión de Morales de declarar non grato al comisionado Iván Velásquez, en donde el presidente declaró la guerra a la lucha contra la corrupción y se mostró ante el mundo como alguien dispuesto a expulsar a un funcionario internacional incómodo. A los días, el partido de gobierno aprobó unas reformas en el Congreso para desvanecer causas penales contra secretarios generales de partidos políticos y beneficiar a parientes del presidente que enfrentan juicios; pero tuvieron que dar marcha a ambas intenciones por la respuesta de la ciudadanía y de la Corte de Constitucionalidad que declaró los intentos como afrentas a la Constitución.
Desde entonces, al presidente solo se le ve inaugurando carreteras ya que se mantiene evadiendo a los medios de comunicación a tal punto que el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, llamó al encargado de comunicación de la presidencia a que deje de tener las puertas cerradas a la prensa. Esa misma semana, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas los Derechos Humanos Zeid Ra'ad Al Hussein en su visita al país externó preocupación por esta misma elección elogiando la labor de Aldana, Velásquez y los riegos de que la Fiscalía pase a manos de los corruptos.
El trabajo de la sociedad civil, las nuevas energías jóvenes, junto a los abogados y observadores tienen una tarea impostergable para fiscalizar exhaustivamente estas comisiones de postulación (denunciando a los candidatos cuestionados y alentando a abogados idóneos a competir para el cargo) compuestas por decanos de las facultades de derecho -que muchas veces responden a redes clientelares- y por miembros del Colegio de Abogados que han demostrado -y sobre todo en este último periodo- estar del lado de los gobiernos de turno.
Por eso decimos que en esta elección de Fiscal General Guatemala se juega la vida porque se definirá si puede dársele continuidad a un proceso de depuración-edificación de un nuevo régimen basado en la justicia y la transparencia o bien se regresa a las criptas inmundas, que ya conocemos bien todos los centroamericanos, donde las leyes han sido una ficción aprovechada para proteger a tantos poderosos que labraron sus fortunas aprovechándose del Estado.
