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El candidato

Jan Schakowsky (para The New York Times) *

 
 

La Constitución de Honduras prohíbe la reelección presidencial. De hecho, el documento requiere incluso de la finalización inmediata del mandato de un presidente en funciones que se atreva a abogar por una modificación a esa prohibición. Hace solo ocho años, el expresidente Manuel Zelaya fue destituido después de planear un referéndum no vinculante sobre si cambiar ese artículo de la Constitución o no. Sin embargo, eso no ha detenido al presidente Juan Orlando Hernández de intentarlo.

La campaña de Hernández para reelegirse comenzó hace años –aun antes de que fuera presidente–, cuando él y sus acólitos se amontonaron en la Corte Suprema de Honduras junto con sus partidarios con el objetivo de conservar el poder más allá de un periodo.

En 2015, la Corte Suprema respaldó el esfuerzo de Hernández al determinar que los límites de los periodos violan el derecho de las personas de postularse para algún cargo. Ahora Hernández está usando esa sentencia para justificar su campaña de reelección. Los hondureños votan este domingo 26 de noviembre.

Mientras desempeñaba el cargo de presidente del Congreso de Honduras en 2012, Hernández encabezó el esfuerzo por despedir ilegalmente a cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia en mitad de la noche. Al siguiente día, fueron sustituidos por miembros leales a Hernández, que más tarde emitieron la sentencia a la que ahora recurre para legitimar su postulación.

Los hondureños han protestado contra la decisión de la Corte Suprema de Justicia sin éxito. Grandes grupos de la sociedad civil le han pedido a la autoridad electoral que anule la candidatura del presidente, citando la violación a la Constitución. Sus solicitudes han sido ignoradas también por los funcionarios leales al presidente.

De cara a las protestas, el gobierno de Hernández ha estado haciendo aún más rígido su de por sí firme control sobre la sociedad. Observadores internacionales y defensores de los derechos humanos han sido amenazados y expulsados del país. La Policía Nacional ha dispersado violentamente las manifestaciones estudiantiles. El gobierno ha aprobado leyes que podrían restringir el derecho a protestar.

A pesar de esto, se está gestando una poderosa oposición. Se fundamenta en movimientos sociales arraigados y dos nuevos partidos políticos fundados en 2012, el partido de centro-izquierda Libertad y Refundación y el de derecha conocido como PAC (Partido Anticorrupción). Estos dos partidos se han unido para las elecciones, formando la Alianza Opositora que tiene por candidato a Salvador Nasralla, del PAC.

Es posible que Nasralla pudiera ganar unas elecciones libres y justas, puesto que hay una gran oposición a que Hernández se reelija: casi dos tercios de los hondureños están en contra de la reelección. No obstante, Hernández y sus aliados controlan el proceso altamente debatido del conteo de votos, la comisión de vigilancia de las elecciones, el ejército –que de acuerdo con las leyes hondureñas transporta las urnas– y todos los procesos de apelación. Dado este control total del proceso electoral, no se puede esperar que Hernández y sus manipuladores corruptos permitan elecciones libres y justas que decidan su destino.

Para el gobierno hondureño de Hernández no es nuevo el negocio de silenciar a los disidentes. En octubre, el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas, o GAIPE, publicó un detallado reporte sobre la muerte de una amiga mía en Honduras, Berta Cáceres. La asesinaron por sus esfuerzos como activista ambiental y de los derechos indígenas. El reporte del GAIPE subraya cómo el gobierno ha sido deliberadamente lento para llevar a los autores intelectuales de su asesinato ante la justicia. Son hombres y mujeres poderosos que viven por encima de la ley en el gobierno de Hernández. El caso de Cáceres es emblemático de la impunidad y la represión que existen hoy en día en Honduras, pero se trata de solo uno entre muchos.

Con la violencia, la corrupción y la represión de la sociedad civil como telón de fondo, los hondureños se dirigirán a las casillas. Se les entregará una boleta que incluye de manera ilegal a Hernández como candidato y es posible que enfrenten coerción, intimidación y sobornos para desviar su voto a favor del presidente en funciones.

Aun así, los hondureños siguen comprometidos. Se libran vibrantes campañas políticas. Muchos votantes valientes irán a las casillas y harán todo lo que esté en sus manos para hacer oír su voz. Les aplaudo y los admiro.

La comunidad internacional tiene la obligación moral hacia estos ciudadanos de ser prudente, escéptica y estar bien informada cuando estén listos los resultados de las elecciones. Durante demasiado tiempo Estados Unidos ha estado presto a apoyar a Hernández ciegamente, considerándolo un socio útil. Él confía en el apoyo internacional, y cualquier indicio por parte de Estados Unidos y sus aliados de que pudieran revocar su apoyo podría hacerlo reconsiderar sus siguientes pasos.

A la vista de la comunidad internacional, y en un descarado desafío a los documentos fundacionales de su propio gobierno, Hernández se acerca cada vez más al autoritarismo y la total dictadura. Si tiene éxito reeligiéndose, Estados Unidos debe dejar en claro que considera su toma del poder como lo que es. Debe retirar su apoyo incondicional, retirar los millones de dólares enviados anualmente a Honduras como ayuda a la seguridad y no dejar duda de que no tolerará el comportamiento autocrático de sus aliados.

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