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El ex viceministro de Seguridad de El Salvador, coronel Inocente Montano, fotografiado por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos, el martes 28 de noviembre, día en que fue extraditado a España. El país europeo reclama a Montano por la masacre de los jesuitas, ocurrida en noviembre de 1989, cuando el batallón Atlacatl del Ejército salvadoreño mató a seis sacerdotes -cinco de ellos españoles-, una de sus colaboradoras y la hija de ella.

La Audiencia Nacional de España abrió en 2008 el proceso por la masacre de los jesuitas contra 20 militares salvadoreños. En 2011, esa misma instancia giró órdenes de captura internacionales contra los imputados, pero Montano es el primero en ser extraditado. Almudena Bernabéu, querellante del caso con su organización Guernica 37, confirmó a El Faro que Montano está en prisión en Madrid y está convocado para rendir su declaración indagatoria este 30 de noviembre.

En 2013, una investigación del departamento de Seguridad y del Centro de crímenes de guerra y violadores de derechos humanos de ICE, determinaron que Montano mintió para aplicar a un programa de protección migratoria: el TPS. Durante el juicio, las pesquisas de ICE encontraron que tropas y unidades bajo el mando de Montano cometieron 1,150 violaciones a derechos humanos, incluidas 65 ejecuciones extrajudiciales, 51 desapariciones y 520 casos de tortura. Tras esa condena, Montano luchó contra la extradición durante años, pero perdió su última apelación el pasado 15 de noviembre.

Tanto la Comisión de la Verdad como las investigaciones estadounidenses señalan a Montano como uno de los oficiales que participó de la decisión de ejecutar a los jesuitas y de encubrir a los autores materiales de la masacre.

En un comunicado de prensa, ICE describe la masacre de los jesuitas como “uno de los crímenes de derechos humanos más notorios en la historia de El Salvador”.

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