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Fusades se llevó a Bermuda $50 millones de la venta de su financiera

De 1986 a 2007, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) operó una microfinanciera que vendió en noviembre de 2007. Por la transacción obtuvo más de 50 millones de dólares que luego trasladó a Bermuda, donde dos offshore se encargan de trabajarle el capital. Las inversiones secretas de Fusades salen a la luz gracias a una filtración de documentos del bufete de abogados Appleby.

 
 

Edificio de operaciones de Fusades, en el bulevar Santa Elena, en Antiguo Cuscatlán. Foto de El Faro, por Víctor Peña.
 
Edificio de operaciones de Fusades, en el bulevar Santa Elena, en Antiguo Cuscatlán. Foto de El Faro, por Víctor Peña.

A finales de 2007, Fusades, el tanque de pensamiento más poderoso de El Salvador, que agrupa los intereses de las grandes corporaciones privadas y del gran capital salvadoreño, vendió su microfinanciera y luego trasladó los más de 50 millones de dólares obtenidos por la transacción hacia un paraíso fiscal. La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social nunca pagó impuestos por la operación de su financiera, tampoco por el producto de su venta en 2007 y tampoco ha pagado tributos por los réditos que obtiene de sus inversiones manejadas por dos sociedades offshore en Bermuda. Y aunque cobradores de impuestos del Ejecutivo y de al menos una alcaldía ya la han puesto en la mira por esa razón, hasta ahora se encuentra invicta.

En 1989, cuando estaba por asumir el primer gobierno del partido Arena, Fusades planteó que las tasas impositivas altas desincentivan la inversión y propician la evasión fiscal. El Salvador siempre ha estado entre los países de Latinoamérica con menor carga impositiva y, no obstante, 18 años después de aquella advertencia, Fusades prefirió sacar sus millones de este país de baja tributación a uno de nula tributación.

Las revelaciones sobre las operaciones de Fusades en Bermuda provienen de registros financieros y contables del bufete de abogados Appleby, en Bermuda, obtenidos por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung a través de una filtración de 1.4 terabytes de documentos -denominada "Paradise Papers". La filtración fue compartida con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) para coordinar un proyecto de colaboración global en el que participaron más de 390 periodistas de 96 medios del mundo, incluido El Faro.

Los "Paradise Papers" evidencian cómo políticos, estrellas del espectáculo, líderes religiosos, empresarios y gobernantes han utilizado territorios libres de pagos de impuestos para administrar negocios secretos o para manejar su capital con la ventaja de no tener que preocuparse por la posibilidad de pagar tributos en sus países de origen.

Fusades es solo uno de centenares de clientes que buscaron a Appleby para administrar su capital en un paraíso fiscal. En ese club de clientes destacan funcionarios del gobierno de Donald Trump ligados a Moscú, negocios secretos del asesor del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, negocios secretos de la reina Isabel II, de artistas como Bono y Madonna, y de empresarios ligados a la evasión de impuestos y al tráfico de diamantes en zonas de guerra en África, los llamados "diamantes negros".

En el caso de Fusades, el punto de debate desde 2006 es si la Fundación, por ser una institución de utilidad pública, tiene derecho a que se le exima del pago de impuestos por cualquier actividad que realice, como lo reclama la organización. La controversia es sobre el ser y sobre el hacer.

En 2006 la alcaldía de San Miguel reclamó pago de impuestos por la operación de la financiera de Fusades, Propemi. En 2010, dos especialistas del Ministerio de Hacienda concluyeron que la venta de Propemi al Banco de América Central debía gravarse. Más recientemente, el Banco Azul le hizo retención en concepto de pago de impuesto sobre la renta, y ahora mismo un exdirectivo de Fusades y algunos expertos consultados por El Faro coinciden en que la exención de impuestos no es una prerrogativa del contribuyente para utilizarla en actividad que realice, sino que es una concesión que se otorga a actividades específicas.

La operación de la financiera Propemi, su venta en 2007 y las operaciones de las dos offshore de Fusades en Bermuda involucran a un puñado de tecnócratas, empresarios y políticos que tienen en común tres cosas: una, haber sido parte de los equipos técnicos o de dirección de la Fundación que emitían informes para recomendar políticas públicas en las áreas económica y fiscal. Dos, haber formado parte de algunos de los gobiernos del partido Arena que echaron a andar aquellas políticas económicas y fiscales. Y tres, haber sido personas clave en la venta de Propemi y en la creación de las dos offshore en Bermuda.

Entre esas personas están el exvicepresidente Carlos Quintanilla Schmidt, el empresario Francisco de Sola, el expresidente del Banco Central de Reserva Rafael Barraza, la exministra de Relaciones Exteriores María Eugenia Brizuela de Ávila y el hoy presidente de Fusades, Miguel Ángel Simán.

Simán asegura que la exención impositiva corresponde a la Fundación como persona jurídica. Niega que hubiera una contradicción entre el discurso de Fusades de 1989 y la decisión de sacar aquellos 50 millones de dólares más tarde, y sostiene que ese traslado de capital a Bermuda pretendía nada más garantizar mejores posibilidades de inversión para seguir financiando sus programas en El Salvador.

Los tecnócratas de los gobiernos de Arena

En 2007, los estados financieros de Fusades en El Salvador reflejaban activos por 61.2 millones de dólares. En 2008, se desvanecen de las cuentas 50 millones 69 mil dólares. Una nota al pie de página consigna el destino de ese dinero: "Fondos en Fideicomiso-Fusades International Trust". Esa es la pista que hasta ahora nadie siguió para saber que esa nota marcaba la ruta hacia un paraíso fiscal.

Fusades nació en 1983 como una institución de utilidad pública. Esto significa que sus fines son para el bien de la comunidad y que no persigue el enriquecimiento de sus miembros, fundadores o administradores, y que por lo tanto no distribuye entre ellos beneficios, utilidades o remanentes. Los fines deben quedar definidos en la escritura de constitución y en los estatutos de la entidad, y para que todo quede formalizado requiere que la Dirección General de Impuestos Internos emita una certificación de que la institución es de utilidad pública.

Gracias a esa caracterización Fusades logró la exención de pagar impuesto sobre la renta desde 1984, que hoy correspondería al 25 % sobre sus utilidades anuales. Cuando Fusades creó Propemi en 1986, el gobierno estaba en manos de la Democracia Cristiana, que tenía en el partido Arena a su más grande rival, y Arena representaba los intereses de la élite económica de El Salvador.

Los fundadores de Fusades no fueron solo miembros de la élite económica de El Salvador sino que también han ocupado importantes cargos públicos y han sido los arquitectos e implementadores de las políticas de corte neoliberal de la posguerra. Las más emblemáticas las llevaron a cabo durante los primero tres gobiernos de Arena. Fueron políticas fiscales y tributarias que generaron la privatización de la banca, de las telecomunicaciones, de la distribución de la energía eléctrica y del sistema de ahorro para pensiones.

Fusades logró gran incidencia en las políticas públicas una vez que Arena llegó al poder. Cuando en mayo de 1989 estaba a punto de asumir la presidencia de El Salvador Alfredo Cristiani, Fusades planteó al país que las tasas impositivas altas desincentivaban la inversión y propiciaban la evasión fiscal. Una vez Cristiani tomó el poder el 1 de junio de 1989, Fusades propuso la privatización de la banca y eliminar el impuesto al patrimonio. El gobierno privatizó la banca y eliminó el impuesto al patrimonio. Fusades propuso sustituir el impuesto al patrimonio por un impuesto al consumo, y en 1995 el segundo gobierno de Arena logró el incremento del IVA del 10 al 13 %.

Desde 1989, Fusades ha sido el cerebro de detrás de las decisiones importantes -de política fiscal y tributaria- de gobiernos del partido Arena. El arribo de Cristiani al poder significó el arribo de tecnócratas de Fusades a puestos ministeriales y burocráticos. El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) contó en un libro -“Política Fiscal, expresión del poder de las élites"- la llegada de por lo menos 17 personas vinculadas a Fusades al gobierno de Alfredo Cristiani. Uno de ellos fue Roberto Orellana Milla, que también aparece en la escritura de constitución de Fusades legalizada ante el Ministerio del Interior de septiembre de 1983. Orellana Milla ocupó la presidencia del Banco Central de Reserva del 1 de junio de 1989 hasta el 31 de mayo de 1998, es decir, fue titular de dicho banco durante los gobiernos de Alfredo Cristiani y Calderón Sol.

A pesar de la influencia de Fusades en las políticas de corte de neoliberal que experimentó El Salvador durante la década de 1990, Simán pidió que no se alinee a Fusades con un solo partido político. También pidió que tampoco se asocie con Arena a la junta directiva que decidió la venta de Propemi, por el hecho de que hayan ocupado cargos importantes durante los gobiernos de ese partido. Dijo que eso no los hace "per se" miembros del partido Arena y pidió precisar que Fusades nunca ha financiado a ningún partido político. "Eso es ilegal. Nosotro jamás nos prestaríamos a con dinero de Fusades financiar a un partido político", dijo.

-Tú estas queriendo hacer una vinculación que no tiene nada que ver de los que fuimos servidores públicos y que hoy seguimos sirviendo a través de diferentes instituciones, como Fusades. Quiero dejar eso bien claro y también quiero dejar bien claro como te he dicho antes que dentro de nuestra membresía, dentro del grupo de asesores y dentro de los miembros de la junta directiva han habido servidores públicos de diferentes gobiernos con diferentes denominaciones, no podes alinear a los integrantes de la junta directiva con un solo propósito y vinculado solamente hacia un partido político.

Quintanilla Schmidt también pidió -en la carta enviada a ICIJ- que se precisara que Fusades nunca ha dado financiamiento a partidos políticos, en concordancia con legislaciones internacionales tributarias y de prevención del lavado de dinero. “Está prohibido proveer apoyo financiero a partidos políticos en El Salvador o en otra parte del mundo”, dijo.

Pero la influencia de Fusades detrás de las políticas públicas de los gobiernos de Arena forma parte de los libros de historia de El Salvador. En mayo de 1989, por ejemplo, Fusades recomendó que el estado debía limpiar las cuentas de la banca nacional y que tras sanear esas cuentas los bancos debían ser puestos en venta para que el sector privado los adquiriera. Cristiani acató la recomendación de la fundación que ayudó a nacer en 1983.

El grupo familiar de Alfredo Cristiani, según Icefi, fue uno de los principales beneficiarios de la venta de la banca, ya que logró hacerse de un porcentaje importante de las acciones del Banco Cuscatlán.

Icefi reseña que a finales de la década de 1990 esta venta de bancos posibilitó el surgimiento de una nueva élite financiera, y que logró su consolidación como élite transnacional, debido a que vendieron a corporaciones extranjeras los bancos que habían adquirido a bajo costo. Orellana Milla fue el encargado de implementar la Ley del Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero (Ley Fosaffi) y de supervisar la venta de la banca. Para sanear la banca estatal, el BCR emitió bonos -deuda pública- y luego procedió a la venta.

Hacienda amagó; alcaldía golpeó

Tras 20 años de construir políticas públicas con el partido Arena, en 2009, por primera vez el FMLN -la ex guerrilla convertida en partido político- ganó una elección presidencial. Un exentrevistador de televisión, Mauricio Funes, asumió la presidencia de El Salvador y nombró como su ministro de Hacienda a un banquero, Carlos Cáceres. En 2010, dos auditores tributarios del primer gobierno de izquierdas en la historia reciente de El Salvador consideraron que había irregularidades en la venta de la financiera Propemi, y que eran suficientes para abrir una investigación contra Fusades por presunta evasión del IVA y del impuesto sobre la renta. Pero esa opinión de los especialistas no trascendió y Simán la utiliza como "prueba" de que Fusades tiene la razón al declararse exenta del pago de impuesto sobre la renta.

"La contribuyente FUNDACIÓN SALVADOREÑA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL no dio cumplimiento a las obligaciones tributarias contenidas en la Ley al Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA)... La venta del programa denominado PROPEMI (Programa para la Pequeña y Microempresa) durante diciembre de 2007 no cumple con los objetivos definidos en la escritura de constitución de la contribuyente investigada y por lo tanto no estaría exenta del impuesto sobre la renta", dice el escrito de la Dirección General de Impuestos Internos, fechado 16 de noviembre de 2010.

La venta de Propemi al Banco de América Central fue por un monto superior a los 63 millones de dólares: 51 millones 485 mil 96 dólares que recibió Fusades en concepto del valor de los saldos de la cartera de créditos, y 11 millones 700 mil dólares en concepto de "premio" por la transacción.

En su conclusión de noviembre de 2010, los dos auditores de Impuestos Internos concluyeron que Fusades debía pagar 1 millón 521 mil dólares en concepto del 13 % del IVA sobre aquel "premio" de 11.7 millones. También concluyeron que la transacción había reportado a Fusades utilidades por 9 millones 192 mil 171 dólares, y que por lo tanto debían gravarse con el 25 % en concepto de impuesto sobre la renta. Esto significaba 2 millones 298 mil dólares adicionales. En total, establecían que Fusades debía impuestos por más de 3.8 millones de dólares a raíz de la venta de Propemi. El gobierno del presidente Funes contaba con poco tiempo para iniciar un litigio, pues la ley da un plazo de tres años a partir de la transacción reclamada, pero la administración nunca formalizó el reclamo y todo quedó en un asunto interno de Hacienda.

El Faro pidió entrevista al ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, para preguntarle por qué la secretaría que dirige desde 2009 nunca concretó el reclamo de impuestos. El funcionario se negó a conversar sobre un tema que, según dijo, alude a información sobre los contribuyentes y, por lo tanto, está inhibido legalmente de comentar.

En 2006, sin embargo, la alcaldía de San Miguel sí judicializó su reclamo del pago de impuestos por las actividades de Propemi en este municipio del oriente del país. La municipalidad hacía notar que la financiera hacía, en esencia, lo mismo que la banca comercial que sí pagaba impuestos.

“Que Fusades ha establecido en esa ciudad una oficina en la cual se desarrolla el "Programa de promoción a la pequeña y Microempresa" (PROPEMI), el cual otorga préstamos a título de mutuo al mismo interés establecido por la Banca e inclusive al veintidós por ciento anual. Se está dedicando a través de PROPEMI a actividades crediticias y financieras, por lo que tal Fundación se encuentra sujeta a cumplir una obligación tributaria en su calidad de sujeto pasivo”, dice el acuerdo del Consejo Municipal de San Miguel mediante el cual le cobraron 26 mil 557 colones (a tasa de cambio que fijó la ley en 2001, eso sería unos 3 mil 35 dólares, pero para entonces el colón tenía mucho más valor).

El 25 de enero de 2006, los magistrados de la Sala de lo Contencioso dieron la razón a la alcaldía, pero no se pronunciaron sobre el fondo del litigio, sino que expusieron que Fusades había presentado un reclamo extemporáneamente y por lo tanto dijeron que Fusades debía pagar impuestos municipales. Fusades reclamó que aunque Propemi realizaba actividades financieras, no era supervisada por la Superintendencia del Sistema Financiero y, por lo tanto, eso evidenciaba que no se le podía dar el mismo tratamiento. Además, subrayó que dos resoluciones de los años 80 -la que la declaró institución de utilidad pública en 1984, y la que también en 1984 la declaró exenta de pago de impuesto sobre la renta- la eximían de esos tributos.

Se llegó 2007 y comenzó a crecer la competencia de entidades bancarias que ofrecían créditos a microempresas, pequeños negocios y medianos negocios. Entonces, la directiva de Fusades decidió que era el momento para dejar esa actividad. El 29 de diciembre de 2007, el Banco de América Central pagó 51 millones 485 mil dólares por la cartera de clientes de Propemi.

Aquella venta coincidió con los días en que los principales bancos salvadoreños fueron vendidos a grandes corporaciones internacionales como Nova Scotia Bank, HSBC y Citibank. El Banco Cuscatlán, el Banco de Comercio y el Banco Agrícola pasaron a nuevas manos entre 2007 y 2008. Poco tiempo atrás, en 2005, la exministra de Relaciones Exteriores salvadoreña, María Eugenia Brizuela de Ávila, había sido parte de quienes en nombre de los bancos -en su caso el Banco Salvadoreño- habían pedido a la Corte Suprema de Justicia que retirara a la sección de Probidad del Órgano Judicial la atribución de pedir informes de cuentas bancarias para sus investigaciones sobre enriquecimiento ilícito. La exministra era una de una veintena de exfuncionarios del gobierno de Francisco Flores cuyas declaraciones de patrimonio mostraban algunas inconsistencias y por eso Probidad requería información bancaria. La Corte Suprema atendió el clamor de los banqueros.

Ante la pregunta de por qué consideraron necesario vender Propemi, tomando en cuenta que en comparación con bancos comerciales que comenzaban programas de créditos para microempresas Fusades no tenía la obligación de pagar impuesto sobre la renta, Simán respondió que no considera la exención en la que se ampararon como un privilegio.

-¿A qué te refieres con privilegios? Nosotros comenzamos este programa cuando nadie quería dar préstamos a microempresas y lo hicimos asumiendo los riesgos que conllevaba durante el tiempo de la guerra -dijo.

Admitió que fue un asunto de competencia por el mercado. Que decidieron vender porque cada vez más bancos entraban al negocio de ofrecer programas de créditos a microempresas y pequeños y medianos negocios.

-Llegó un momento en que para competir debíamos inyectar más capital y consideramos que ya el programa había conseguido su objetivo: hacer que la banca se fijara en este segmento que no tenía acceso a créditos. Consideramos que era el momento oportuno de vender.

-¿Debido a que ya no iban a poder competir decidieron vender Propemi?

-No es que no pudiéramos competir por falta de capacidad humana, sino por falta de capital adicional para hacer las inversiones adecuadas que te permitieran seguir creciendo en un mundo competitivo cuando nosotros no somos una empresa privada como tal, somos un centro de pensamiento y no podíamos distraernos de nuestra labor por estar atendiendo digamos una actividad económica que nos desenfoca de nuestra labor fundamental, que es la investigación y promoción de políticas públicas.

Un exdirectivo de Fusades que pidió que no se revelara su nombre, dijo a El Faro que para él está claro que la operación de una microfinanciera se salía de "la línea" de trabajo de la Fundación y que, por lo tanto, debía pagar impuestos sobre la renta por sus utilidades. 

Las dos offshore en Bermuda

En 2008, la directiva de Fusades acordó crear dos sociedades "offshore" en Bermuda, un territorio considerado por la normativa técnica del Ministerio de Hacienda de El Salvador como de nula tributación. Como patrimonio inicial, transfirieron a estas dos sociedades 50 millones 69 mil dólares. El directorio de clientes del bufete Appleby registra que las dos sociedades offshore son Fusades International Trust y Fusades Limited, creadas el 22 de julio de 2008.

Como responsables de los trámites de inscripción aparecen Francisco Ricardo Roberto de Sola, Carlos Quintanilla Schmidt, Rafael Barraza, Miguel Ángel Simán, Roberto Orellana Milla y María Eugenia Brizuela de Ávila. Quintanillas Schmidt fue vicepresidente de El Salvador entre 1999 y 2004, durante el gobierno del presidente Francisco Flores, que fue procesado por el millonario desvío de más de 10 millones de dólares de la cooperación taiwanesa que terminaron financiando la campaña presidencial de Antonio Saca. Orellana Milla y Barraza fueron presidentes del Banco Central de Reserva de El Salvador, el primero durante los gobiernos de Alfredo Cristiani y de Armando Calderón Sol y el segundo durante el gobierno de Francisco Flores. Y Brizuela de Ávila fue ministra de Relaciones Exteriores durante la administración Flores.

Miguel Ángel Simán fue presidente del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local durante el gobierno de Francisco Flores. Es hermano de Javier Simán, uno de los dos precandidatos presidenciales del partido Arena. Miguel Ángel coordinó el "Plan País" de Norman Quijano, candidato presidencial de Arena en 2014.

A Fusades International Trust le pertenece Fusades Limited y esta última sociedad fue constituida con el propósito de administrar e invertir de forma diversificada el patrimonio, títulos valores, bienes raíces, bonos soberanos y otra clase de instrumentos financieros. Con las utilidades que pudiera obtener financiarían los programas de Fusades en El Salvador.

Según Simán, para fines impositivos habría dado igual que constituyeran el fideicomiso en El Salvador, debido a que Fusades, desde que nació en 1983 hasta la fecha, ha estado exenta del impuesto sobre la renta. "En El Salvador no hay tantas opciones de inversión, por eso elegimos Bermuda, porque ofrecía las condiciones para invertir en títulos valores de forma diversificada. El fondo ayuda a consolidar un patimonio, garantiza nuestra independencia, pero en ningún momento debe interprestarse que fue constituido con fines de evasión de impuestos".

Fusades Limited reportó en Bermuda como "Net Investment Income" -utilidades por inversiones- en el año 2009, 2.1 millones de dólares; 2010 1.6 millones de dólares; en 2011, 1.17 millones de dólares; en 2012, 821 mil 371 dólares; en 2013, 522 mil 431 dólares. En El Salvador, el artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que deberán gravarse con el 10 % las rentas por títulos valores o instrumentos financieros en el exterior obtenidos por sujetos o entes domiciliados en El Salvador. De haberse cumplido este artículo, Fusades debió tributar en 2009, 213 mil dólares; en 2010, 160 mil dólares; en 2011, 117 mil; en 2012, 82 mil y en 2013, 52 mil dólares. En total, un poco más de medio millón de dólares.

Miguel Ángel Simán, presidente de Fusades, y Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales de Fusades, durante la entrevisata ofrecida a El Faro, el 31 de octubre de 2017. Foto de El Faro, por Víctor Peña.
 
Miguel Ángel Simán, presidente de Fusades, y Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales de Fusades, durante la entrevisata ofrecida a El Faro, el 31 de octubre de 2017. Foto de El Faro, por Víctor Peña.

En la entrevista con El Faro realizada el martes 31 de octubre, Simán se hizo acompañar del director de asuntos legales de Fusades, Javier Castro. Castro afirmó que los dos documentos de la década de 1980 los cubren y que debido a que son una fundación sin fines de lucro, que no tiene accionistas y que por tanto no reparte entre ellos dividendos, este "Net Investment Income" no debe pagar de forma anual el 10 % de impuesto sobre la renta.

El exdirectivo de Fusades que accedió a hablar con El Faro bajo condición de anonimato aseguró que la obligación de tributar el 10 % sí existe, pero que no nace de la de la Ley del Impuesto sobre la Renta sino que está contenida en el Código Tributario.

“El Código Tributario dice que pagas 10 % por los intereses de tus inversiones en el exterior. La ley está mal hecha. No habla de ganancias de capital sino de intereses", dijo.

Desde su nacimiento Fusades ha pregonado que el motor del desarrollo debe ser el sector privado y que el Estado debe ser lo más pequeño posible. En mayo de 1989, cuando estaba por asumir el primer presidente de El Salvador proveniente del partido Arena, publicó un documento que 28 años después bien puede considerarse un manifiesto. "Hacia una economía de mercado en El Salvador", se titulaba aquella propuesta, cuyas principales ideas en temas fiscales y tributarios pueden parafrasearse de la siguiente forma: mientras haya menos impuestos para las empresas habrá menos motivos para evadir impuestos y más incentivos para trabajar las ganancias en el país.

Ese documento planteaba la idea de mantener bajos los impuestos a las empresas y apostar a gravar el consumo mediante el IVA. Estas ideas se fundamentan en la teoría del rebalse, que se basa en que a mayor riqueza en las capas altas sobrevendrá un desbordamiento de esta a las clases medias y bajas. "No hay que olvidar que tasas impositivas altas son un desincentivo al trabajo y un incentivo a la evasión, por lo que no necesariamente aumentan la recaudación. La "fatiga fiscal" hoy presente en el sistema puede significar que disminuyendo las tasas se aumente la recaudación fiscal", dice el documento elaborado por el Departamento de Estudios Económicos y Sociales de Fusades.

-En 1989, Fusades pregonaba que altas tasas impositivas desincentivan la inversión y podían propiciar evasión. Desde su nacimiento en 1983, Fusades no ha pagado impuesto sobre la renta. ¿No considera como una flagrante contradicción que a pesar de no tener que pagar impuesto sobre la renta en El Salvador hayan decidido sacar más de 50 millones de dólares a Bermuda?

-No. No hay ninguna contradicción. La única razón por la cual nosotros tuvimos que constituir un fondo en el exterior era para consolidar un patrimonio que creciera y que le diera la independencia y la continuidad a nuestra institución.

El exvicepresidente Carlos Quintanilla Schmidt no aceptó entrevista con este medio para conversar sobre la decisión de crear las dos offshore en un paraíso fiscal. En cambio, sí envió el miércoles 25 de octubre una carta al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación en la que dijo que las dos sociedades en Bermuda son auditadas por instituciones financieras y firmas auditoras internacionales con estricto apego a las legislaciones tributarias y a las regulaciones para prevenir el lavado de dinero.

Quintanilla Schmidt era en 2008 secretario de la junta directiva de Fusades y uno de los primeros directivos de Fusades International Trust en Bermuda. A las preguntas sobre el propósito de constituir sociedades en Bermuda, Quintanilla Schmidt respondió: "Fueron establecidas para consolidar, proteger, diversificar y hacer crecer un "financial endowment" (fondo patrimonial) para apoyar la misión y los objetivos de Fusades y para mantener la independencia institucional para formular políticas públicas, investigaciones y análisis".

El 24 de octubre, Appleby emitió un comunicado en el que afirma que sus prácticas están apegadas a las regulaciones internacionales. "Appleby opera en jurisdicciones altamente reguladas y estamos sujetos a revisiones regulatorias frecuentes. Asesoramos a clientes sobre formas legítimas y legales de realizar sus negocios", dice el comunicado.

Simán aseguró a El Faro que todas las salidas de dinero de Fusades International Trust y Fusades Limited son donaciones que regresan a El Salvador y que en los estados financieros de estas sociedades offshore están consignadas como “contributions” (contribuciones).

Los balances de Fusades Limited reflejan salidas de dinero que en 2009 ascienden a 2 millones 741 mil 98 dólares; en 2010, 3 millones 365 mil 408; en 2011, 3 millones 415 mil 408 dólares; en 2012, 3 millones 215 mil 557 dólares y en 2013, 3 millones 276 mil 407 dólares.

Los impuestos en disputa

Javier Castro facilitó el martes 31 de octubre a El Faro un documento -del 11 de septiembre de 1984- de la extinta Dirección General de Contribuciones Directas, que durante la década de 1990 fue absorbida por la Dirección General de Impuestos Internos, mediante la cual esa oficina declaró a Fusades "exenta del pago del Impuesto sobre la Renta". "Considerando los estatutos de la fundación del 6 de septiembre de 1983, ésta reune las cualidades y requisitos estipulados en esta dirección general. Declárese a la "Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social" exenta del pago del Impuesto sobre la Renta". Compartió también un decreto del Ministerio del Interior del 22 de agosto de 1983 que dice lo siguiente: "Declárese legalmente establecida la entidad de utilidad pública "Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social"".

"Fusades está exenta como sujeto excluido del pago de impuestos; o sea, aquí es bien importante tener claro de que no nace la obligación tributaria para Fusades porque estamos excluidos del pago del impuestos. Y eso la misma ley lo establece y lo repite la ley de asociaciones y fundaciones. No nace, debido a esa certificación que le estoy entregando de la Dirección General de Impuestos Internos. Entonces, en ese sentido somos sujetos excluidos del pago de impuestos", aseguró Castro.

En su informe de 2010, los auditores de Hacienda ponen en duda que la exención que tiene Fusades pueda aplicarse para todas sus actividades y establecen como límite las que generen ingresos que sí estén contempladas en los objetivos de la Fundación.

Propemi nació como una financiera -nunca pudo captar fondos del público, por lo cual no la vigilaba la Superintendencia del Sistema Financiero- en enero de 1986, con capital semilla construido a partir de una donación de Estados Unidos más aportes de privados. Durante 21 años de operaciones otorgó 36 mil créditos por un monto global de 298 millones de dólares.

El Faro consultó a dos especialistas en ingeniería fiscal, que trabajan asesorando empresas sobre estrategias para aprovechar vacíos legales para disminuir su factura tributaria. Ambos concluyeron que la venta de Propemi es un caso que pone a prueba hasta dónde una fundación puede utilizar una exención de impuestos. "Las exenciones no pueden interpretarse que pueden utilizarse para todo", dijo uno de ellos.

El segundo experto manifestó que debe evaluarse el propósito de la creación de las dos sociedades offshore y si estas fueron creadas como "vehículos de propósito especial" para evitar el pago de un impuesto. "Debe evaluarse si las sociedades fueron creadas con la única finalidad de materializar la operación de venta, pero que en el fondo la transacción persiga cobrar por la venta de un bien a través de una triangulación de dinero. El artículo 17 y 18 del Código Tributario establece que debe estudiarse el fondo -el propósito de la transacción-. Es dinero que se llevan de El Salvador, aunque lo hagan a través de un vehículo en una jurisdicción de nula tributación y por tanto en 2007 debían pagar el 25 % de la utilidad obtenida en concepto de impuesto sobre la renta".

Simán negó que las dos offshore fueron creadas como vehículos con el propósito especial de llevar a cabo la venta de Propemi y así evitar el pago de IVA y Renta en El Salvador.

-No, a ver, a ver... Vehículos de propósitos especiales se les llama, pero no significa que sea un propósito malo o negativo en sí mismo. Es sencillamente un propósito. En el caso de nosotros el vehículo se crea con un propósito de consolidar un fondo patrimonial que le asegure a Fusades ese patrimonio para su sostenibilidad, entonces en sí mismo no tiene nada de malo. Es el vehículo que se utiliza justamente para crear el fideicomiso como lo hacen miles de otras instituciones, fundaciones, academia y centros de pensamiento. No hay nada misterioso en eso, lo misterioso es si tu tenés un vehículo que se está ocupando para malos propósitos, eso es otra cosa. Que ocupen vehículos similares para propósitos nefastos, esa es otra historia.

Castro y Simán aseguran que nunca Hacienda reclamó a Fusades el impuesto al que aludían aquellos técnicos en 2010. "Ese escrito apareció misteriosamente en una sala de reuniones de la Asamblea Legislativa y fue publicado por diversos medios de comunicación. Denunciamos en febrero de 2011 ante la Fiscalía General de la República la divulgación de ese documento, porque interpretamos el uso de información confidencial como un intento de desprestigiar a la institución", aseguró Simán.

Información financiera de Fusades en El Salvador muestra que en 2016, Fusades fue un contribuyente de renta, a pesar de la exención de impuestos. Banco Azul le hizo una retención y en ese año tributaron 388.06 en concepto de impuesto sobre la renta.

-Si Fusades es un sujeto excluido de pagar impuesto sobre la renta, ¿por qué pagaron 388.06 producto de una cuenta en Banco Azul? - preguntó El Faro a Simán.

-Lo que estás diciendo es que aparentemente Fusades sí ha pagado un impuesto en una cuenta que tenemos en Banco Azul. Y entonces ese es un hecho generador, o es un hecho de precedente que dice... lo estás extrapolando diciendo “bueno, si ustedes pagaron un impuesto por una cuenta en un banco "X", entonces ustedes mismos están reconociendo que son sujetos de..." Habría que ver de qué estás hablando porque también estás haciendo un planteamiento de una cuenta que no sabemos a qué te referís y qué pagó... Habría que revisar eso, pero con mucho gusto. Y ojo, si en efecto nos han cobrado ahí algo te agradecemos que nos estés informando porque hay que ir a reclamar.

El miércoles 1 de noviembre Simán envió una carta a El Faro, en la que afirma que por error Banco Azul les hizo una retención. "Revisamos nuestra documentación y confirmamos que el sistema automático del banco aplicó equivocadamente ese cargo y fue oportunamente corregido en enero de 2017, pues tal como le confirmamos, no somos sujeto de pago de impuesto sobre la renta. Reiteramos que Fusades a lo largo de sus 35 años de historia siempre ha respetado y cumplido con todas sus responsabilidad fiscales y las leyes que rigen a las instituciones sin fines de lucro".

El exdirectivo de Fusades que habló bajo condición de anonimato cree que en el fondo hay un problema de deficiencia del marco legal y que se complica con la dificultad para vigilar adecuadamente qué se hace con los capitales en paraísos fiscales: "¿Y cómo sabemos que Fusades lo que repatria son intereses de sus inversiones y no, por ejemplo, una ganancia por venta de un activo, o una parte que está reduciendo de su fondo? Si están repatriando capital no deberían pagar impuestos... Pero claro, al estar en Bermuda no tenemos cómo saberlo". 

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