Tegucigalpa, HONDURAS. El Consejo de Ministros de Honduras decretó la noche del viernes un estado de excepción que restringe garantías de libre circulación, con el fin de frenar las violentas manifestaciones que se registran en diferentes regiones del país por la falta de transparencia en el proceso electoral.
Honduras celebró elecciones presidenciales el pasado domingo. Con el 57.0 por ciento de las actas revisadas, el primer conteo del Tribunal Supremo Electoral (TSE) daba una ventaja de cinco puntos al candidato opositor Salvador Nasralla sobre Juan Orlando Hernández, el actual presidente, quien tras una serie de maniobras políticas busca una cuestionada reelección bajo la bandera del Partido Nacional, de derecha.
El miércoles pasado, Nasralla denunció que el TSE ha colocado 1,800 actas en “monitoreo especial” y que uno de los magistrados ordenó sacar actas que le favorecen a él. La oposición también cuestiona una interrupción en el sistema informático, una de cinco horas, porque desde entonces los escrutinios favorecen al presidente Hernández. Según el último informe del TSE, con el recuento del 94.31 por ciento de las actas, Hernández sumaba 42.92 por ciento de los votos contra 41.42 por ciento de su rival, Nasralla.
La Alianza de Oposición contra la Dictadura, una coalición de partidos que postuló a Nasralla y que es coordinada por el expresidente Manuel Zelaya, derrocado en el 2009, convocó a sus simpatizantes para manifestarse en las calles. Las manifestaciones que denuncian un fraude electoral terminaron en desórdenes, cierre de calles con barricadas y saqueos de negocios.
Bajo el argumento de contener las manifestaciones y los actos vandálicos, el gobierno hondureño impuso el viernes a las 11:00 P.M un estado de excepción que continuará por los siguientes nueve días, desde las 6:00 P.M hasta las 6:00 A.M. “El decreto ejecutivo ordena detener a toda persona encontrada fuera del horario de circulación establecido por la autoridad, o que de alguna manera sea sospechoso de causar daños a las personas o sus bienes”, reza el decreto.
La medida del gobierno exceptúa a los representantes del Tribunal Supremo Electoral (TSE), representantes de partidos políticos, observadores nacionales e internacionales, cuerpo diplomático y periodistas acreditados para cubrir las elecciones. Tampoco se aplicará la restricción a los trabajadores del transporte de carga, cuerpos de socorro y al Comisionado Nacional de Derechos Humanos.
“Se ordena proceder al desalojo de toda instalación pública, carreteras, puentes y otras instalaciones públicas y privadas que hayan sido tomadas por manifestantes o se encuentren personas en su interior realizando actividades prohibidas por la ley”, dice el decreto, el cual faculta a que la Fuerza Armada conjunta o separadamente con la Policía Nacional mantenga el orden y garantice “el ejercicio de derechos democráticos”.
La capital amaneció el sábado sucia con restos de barricadas, piedras que los manifestantes lanzaron a la policía y paredes con leyendas pintadas como: “Fuera JOH” y “JOH fraudulento”, por las iniciales del presidente.
El expresidente Zelaya recomendó al TSE revisar 5,174 actas con las que existen dudas por las fallas del sistema de transmisión de resultados. El presidente del TSE, David Matamoros, convocó a Zelaya y al candidato Nasralla a revisar solamente 1,006 actas con inconsistencias en el número de votos o por falta de firmas de los delegados de las mesas de sufragio.
“El conteo que necesita el país es fundamental no seguirlo restrasando”, dijo Hernández la noche del viernes, tras una reunión con miembros de las delegaciones de los observadores de la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA), que buscan una salida al conflicto.
Hernández es cuestionado por distintos sectores porque la reelección estaba prohibida, pero logró lanzar la candidatura luego de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, con magistrados nombrados por él, levantaran tal prohibición.
